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La influencia de los cárteles en la política y la sociedad mexicana

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La influencia de los cárteles en México se infiltra en las estructuras políticas y sociales. El uso de la violencia contra funcionarios públicos debilita profundamente el Estado de derecho. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Francisco Javier Peña explica, explica el control municipal.

La relación entre el narcotráfico y la política en México constituye uno de los elementos más complejos para comprender la situación actual del país.

La influencia de los cárteles no se limita a un problema de seguridad pública o de simple criminalidad organizada. Se ha asentado profundamente en las estructuras políticas, administrativas y sociales del país. Afecta de forma directa a la gobernabilidad, al Estado de derecho y a las garantías democráticas. Desde mediados del siglo XX, los grupos criminales han desarrollado estrategias cada vez más elaboradas. Su objetivo es influir en la toma de decisiones públicas o, incluso, sustituir funciones propias del Estado.

En la actualidad, esta realidad ha alcanzado un punto en el que resulta posible delimitar mapas. Estos no se trazan en función de la división administrativa del país. Se definen atendiendo a la organización criminal que controla de facto una región determinada. Es importante destacar que la relación entre el narcotráfico y el poder político en México no es un fenómeno reciente.

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Durante gran parte del siglo XX, el poder político se concentró en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su hegemonía permitió una cierta tolerancia sobre las actividades del narcotráfico. Esta condición se mantenía siempre que estas no supusieran una amenaza directa para la autoridad del Estado.

Este modelo de convivencia informal posibilitó que las redes criminales incrementaran progresivamente sus capacidades logísticas, financieras y tecnológicas, expandiendo su influencia a lo largo de todo el territorio mexicano y estableciendo vínculos con otras organizaciones criminales internacionales.

Entre los años 1947 y 1985 operó en el país la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Esta agencia de inteligencia se creó con el objetivo de dotar al país de una institución similar al FBI estadounidense. Sin embargo, los altos niveles de corrupción interna terminaron por desacreditar a la organización. Estos hechos se relacionaban con la protección del narcotráfico y condujeron a su desmantelamiento.

Uno de los casos más relevantes previos al cierre de la DFS fue el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El agente sufrió previamente secuestro y tortura. Camarena se había infiltrado en el cártel de Guadalajara.

Esta organización criminal mantenía estrechos vínculos con el entonces director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez. El responsable material fue Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel. Quintero habría contado con apoyo institucional para abandonar el país, aunque fue finalmente detenido en Costa Rica.

En un primer momento, Zorrilla eludió a la justicia por presentarse como candidato a diputado federal por el PRI. Sin embargo, pudo ser detenido años después tras huir del país.

Además, se demostró su implicación directa en el asesinato del periodista Manuel Buendía. Este caso tuvo una enorme relevancia política y mediática. Buendía investigaba precisamente los vínculos entre la DFS y el narcotráfico.

Uno de los aspectos más graves del narcotráfico en México es el elevado número de asesinatos de periodistas. Esto convierte al país en uno de los entornos más peligrosos del mundo para el periodismo.

Los altos índices de asesinatos, desapariciones y amenazas están estrechamente relacionados con el narcotráfico. En estos hechos también influyen la corrupción política y la debilidad estructural del Estado.

Desde el año 2000, estos índices han experimentado un crecimiento sostenido, con picos especialmente significativos en los periodos electorales. El asesinato o secuestro de periodistas no responde únicamente a investigaciones concretas o a conflictos puntuales con determinadas organizaciones, sino que se ha convertido en una práctica sistemática orientada al control de la información.

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De esta manera, los cárteles logran evitar la publicación de datos sensibles sobre miembros, rutas, alianzas o disputas internas, así como la vinculación con personal funcionario de distintos niveles administrativos. En definitiva, el objetivo último es generar un efecto disuasorio generalizado a través del miedo y la autocensura.

Distribución de periodistas asesinados desde 1994

Según los datos oficiales recolectados por distintas organizaciones de defensa de la libertad de prensa, la distribución aproximada de periodistas asesinados desde 1994 es la siguiente:

  • Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI, 1994-2000): 3 asesinatos.
  • Presidencia de Vicente Fox Quesada (PRI, 2000-2006): 22 asesinatos.
  • Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (PAN, 2006-2012): 48 asesinatos.
  • Presidencia de Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018): 47 asesinatos.
  • Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (MORENA, 2018-2024): 47 asesinatos.
  • Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo (MORENA, 2024-actualidad): 8 asesinatos.

Por otro lado, la participación de los cárteles en procesos electorales representa otro de los aspectos más graves de su influencia política. En numerosas regiones del país, estas organizaciones criminales financian campañas políticas, imponen candidaturas y amenazan a aspirantes rivales con el fin de garantizar el acceso al poder de autoridades afines a sus intereses.

Este hecho ocurre con especial intensidad en el ámbito municipal. Allí, el control del gobierno local permite a los cárteles dominar las fuerzas de seguridad. También facilita el lavado de dinero y el ejercicio de un violento control territorial.

El asesinato de políticos, candidatos y funcionarios públicos es una herramienta habitual de los cárteles. Buscan condicionar de forma directa la vida política mexicana. Esto genera una sociedad profundamente marcada por el miedo y la desconfianza institucional.

Los principales cárteles del narcotráfico en México

A continuación se presenta una lista con los cárteles mexicanos más relevantes:

Cártel de Sinaloa (CDS):

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes de México. Surgió en el estado de Sinaloa en la década de 1980 y alcanzó notoriedad internacional bajo el liderazgo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. A diferencia de otros grupos, históricamente ha priorizado la corrupción institucional frente al uso indiscriminado de la violencia.

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Esta organización destaca por su extensa red de protección política, policial y empresarial. También resalta su gran capacidad de adaptación ante la detención o muerte de sus líderes. A nivel internacional, el CDS mantiene presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. Destacan especialmente sus vínculos regionales con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Ecuador.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG):

El cártel Jalisco Nueva Generación es actualmente una de las organizaciones criminales más violentas del país. Surgió a partir de escisiones del Cártel del Milenio y se consolidó bajo la dirección de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». Al contrario del Cártel de Sinaloa, el CJNG ha apostado por una estrategia de confrontación directa con el Estado.

Además del narcotráfico, desarrolla actividades delictivas como la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y el control coercitivo de economías locales. Su presencia internacional se extiende a regiones como Australia, China y el Sudeste Asiático.

Cártel del Golfo:

Es una de las organizaciones criminales más antiguas de México, con una fuerte implicación en el estado de Tamaulipas. Fue pionero por la creación de su propio brazo armado, los Zetas, que marcaron un punto de inflexión en el nivel de violencia criminal del país.

Aunque actualmente se encuentra fragmentado y debilitado debido a disputas internas y la presión estatal, el cártel del Golfo continúa manteniendo una influencia significativa en algunas zonas del norte de México.

Los Zetas:

Derivados del cártel del Golfo, representan uno de los ejemplos más claros del proceso de militarización del crimen organizado en México. Con influencia de desertores de las fuerzas especiales, introdujeron tácticas militares y niveles de violencia extrema.

A pesar de la fragmentación actual, siguen siendo una referencia para otros grupos criminales, especialmente en el uso del terror como herramienta de control territorial.

Cártel de Juárez:

El cártel de Juárez fue una de las organizaciones más relevantes durante la década de 1990, especialmente por su control de rutas estratégicas en la frontera con Estados Unidos.

Además del narcotráfico, destacó por su participación en el tráfico de personas. Tras la muerte de su líder, Amado Carrilo Fuentes, perdió gran parte de su capacidad operativa y fue relegado a un segundo plano frente a otras organizaciones emergentes.

La Familia Michoacana:

La Familia Michoacana surgió inicialmente como un grupo de autodefensa frente a otros cárteles, incorporando un fuerte componente ideológico y religioso. Sin embargo, rápidamente derivó en una organización criminal dedicada al narcotráfico y la extorsión.

Destacó por su capacidad para infiltrarse en las estructuras políticas del estado de Michoacán, combinando violencia, coerción y asistencia social selectiva. De esta organización emergieron los Caballeros Templarios, conocidos por el uso de referencias medievales y por el abuso sistemático de la población civil bajo su control.

Cártel de Tijuana:

Históricamente ligado a la familia Arellano Félix, el cártel de Tijuana fue uno de los grupos más violentos durante los años noventa. Su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos lo convirtió en un actor clave del narcotráfico y del tráfico de personas. Tras prolongados enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa, la organización quedó fuertemente debilitada y perdió gran parte de su relevancia.

Como se puede apreciar, la elevada cantidad de organizaciones criminales que operan en México, unida a sus profundos vínculos con la clase política y las instituciones locales, limita gravemente la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo del territorio y garantizar la seguridad ciudadana.

La violencia contra periodistas, la manipulación de procesos electorales y la corrupción sistemática son manifestaciones de un fenómeno más amplio, un narcoestado, en el que los cárteles actúan como autoridades de facto en amplias regiones del país.

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En el plano internacional, se ha especulado en numerosas ocasiones con una posible intervención directa del gobierno estadounidense, especialmente tras el debate sobre la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas. No obstante, en el corto y medio plazo no existen indicadores sólidos que apunten a un escenario de este tipo.

Por ello, resulta previsible que el debilitamiento de estas organizaciones, si se produce, obedezca más a conflictos internos o a procesos de fragmentación que a una estrategia estatal de erradicación del problema del narcotráfico, lo que plantea serias dudas sobre el futuro de la seguridad de la sociedad mexicana.

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