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Nueva Constitución en Somalia y sus consecuencias políticas

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Lejos de consolidar la estabilidad, la nueva Constitución ha desatado una grave crisis política en Somalia. La oposición rechaza su legitimidad y acusa al presidente de concentrar poder. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Andrés Fuentalba explica las crecientes tensiones entre el gobierno federal y varios estados, así como el riesgo de una nueva escalada.

El panorama político somalí atraviesa un momento crítico. El 4 de marzo 2026, el Parlamento bicameral aprobó la primera constitución permanente del país desde 1960 y, tras la firma del presidente Hassan Sheikh Mohamud el 8 de marzo, Somalia dejó atrás 14 años de provisionalidad constitucional.

No obstante, lo que en apariencia representa un avance institucional esconde una grave crisis política. La nueva carta magna extiende el mandato presidencial de cuatro a cinco años (lo que en la práctica permite a Mohamud gobernar hasta 2027), centraliza las relaciones exteriores en el gobierno federal y recorta la autonomía de los estados miembros. En respuesta, la oposición ha rechazado esta constitución, entre ellos representantes de Puntlandia y Jubalandia, los dos estados federales más importantes del país. 

La reacción no se hizo esperar. Ambos estados, junto a expresidentes y figuras clave de la oposición, conformaron el «Foro del Futuro de Somalia», una plataforma  que rechaza la legitimidad del proceso y acusa a Mohamud de conducir al país hacia un régimen autoritario. El Foro califica la nueva constitución de ilegal y mantiene su lealtad exclusiva a la Constitución Provisional de 2012.

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Aunque las negociaciones directas con el gobierno celebradas en febrero de 2026 colapsaron sin acuerdo, la oposición advierte que cualquier extensión unilateral del mandato presidencial podría desatar una crisis de legitimidad comparable a la de 2021, cuando disputas similares provocaron enfrentamientos armados en Mogadiscio. Para comprender la magnitud de esta crisis, es necesario retroceder hasta los orígenes del proceso constitucional somalí. 

La Constitución Provisional de 2012: el fin de la transición

El orígen de la nueva Constitución se remonta a los procesos de reconciliación nacional que Somalia emprendió a inicios del 2000, tras una década de guerra civil desatada por la caída de Siade Barre en 1991. Un primer hito fue la Conferencia de Arta (Yibuti,2000), de la que surgió el Gobierno Nacional de Transición (GNT), el primer gobierno somalí reconocido por la ONU desde 1991, aunque sin autoridad efectiva sobre el territorio.

El momento decisivo llegó con la Conferencia de Nairobi (Kenia, 2004). Allí delegados somalíes  (incluídos sectores que antes rechazaban la reconciliación) adoptaron la Carta Federal de Transición (TFC), que estableció instituciones federales provisionales y ordenó la redacción de una constitución federal. No obstante, la comisión encargada no se formó hasta 2006, bajo el mandato de Abdullahi Yusuf, presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT).

La Carta Federal de Transición y la Hoja de Ruta de 2011 trazaron el camino de salida de la transición. El 1 de agosto de 2012, una Asamblea Nacional Constituyente de 825 miembros aprobó la Constitución Provisional, poniendo fin al GFT y dando nacimiento al Gobierno Federal de Somalia, el primero con carácter permanente desde 1991. El texto estableció un Estado federal bicameral con competencias divididas entre el gobierno central y losEstados Miembros Federales (FMS), cuyo número y fronteras delegó al parlamento. Un mes después, Hassan Sheikh Mohamud fue elegido presidente en suelo somalí, siendo ese su primer mandato (2012-2017).

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La Constitución Provisional ordenaba aprobar una carta permanente mediante referéndum antes de 2016. Pero dejó deliberadamente abiertas cuestiones cruciales  (fronteras, distribución de recursos), sembrando las controversias que marcarían los siguientes 14 años.

Un proceso de redacción interrumpido durante 14 años

La redacción recayó en tres órganos (la ICRIC, el Comité de Supervisión parlamentario y el Ministerio de Asuntos Constitucionales) que operaron en paralelo y a menudo en conflicto. Entre 2012 y 2020, el proceso sufrió parálisis recurrentes por falta de recursos, la amenaza de Al-Shabaab y disputas políticas entre el gobierno federal y los estados miembros. El expresidente Farmajo lo archivó por decreto en 2020. Solo tras la reelección de Mohamud en 2022 se aceleró el proceso, hasta su aprobación final en marzo de 2026.

Crisis política y consecuencias

Tras la firma de la nueva Constitución, la tensión ha entrado en una peligrosa fase de escalada. El Foro del Futuro rechazó formalmente el texto, calificándolo de ilegal yreafirmando su lealtad a la Constitución Provisional de 2012. Esta fractura ya no es retórica: en Baidoa, enfrentamientos entre fuerzas estatales y milicias opositoras dejaron al menos15 muertos en febrero, una muestra de que la polarización política ya se traduce en violencia sobre el terreno. 

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Con el mandato parlamentario expirando el 14 de abril y la presidencia el 15 de mayo, la cumbre opositora del 10 de abril se perfila como un momento decisivo. El Foro advierte que cualquier extensión unilateral del mandato podría desencadenar una crisis comparable a la de 2021, cuando disputas similares provocaron combates en Mogadiscio.

El agravante es claro: hoy la oposición cuenta con respaldo territorial consolidado en Puntlandia y Jubalandia, lo que convierte cualquier retraso electoral en una mecha capaz de incendiar la ya fracturada federación somalí

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