La operación Lanza del Sur marca un giro punitivo en la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina: despliegues militares inéditos, ataques selectivos y presión directa sobre Venezuela. En este artículo, Lucas Paulinovich, alumno del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, explora cómo el paradigma de la guerra punitiva redefine la seguridad regional y sus riesgos geopolíticos.
Estados Unidos volvió a poner a América Latina en el centro del mapa estratégico. La operación Lanza del Sur tuvo su inicio a principios de año, pero recientemente fue formalizada mediante un anuncio de la Casa Blanca que materializa tanto la decisión de atacar el narcoterrorismo al reconocerlo como amenaza interna en función del impacto del tráfico de drogas sobre la población, como ejercer presión directa sobre el gobierno venezolano.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que se trata de una misión encabezada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, “para expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental” y “proteger a la patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, por orden directa del presidente Donald Trump.
La novedad de la etapa anunciada está dada en el contexto de una inédita serie de acciones ofensivas y despliegues de fuerza en la región, y una intensificación de la presión sobre el régimen venezolano, que incluye una serie de opciones que van desde la intervención militar, la confiscación de activos petroleros, o la realización de una operación especial para capturar a Nicolás Maduro.
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Lo cierto es que la situación comienza a alcanzar un límite y que las líneas de desarrollo a futuro son cada vez menos. Este cuadro se compone especialmente de cuatro elementos destacables:
- El despliegue en el Caribe del portaaviones nuclear más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, la demostración de poder naval más importante de EE.UU. en la región en décadas.
- Más de 20 ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con un saldo estimado de unas 80 personas muertas, según recuentos de prensa.
- Autorización para operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano en el marco de esta ofensiva.
- Respuesta de Venezuela con movilización de 200.000 militares y ejercicios combinados aéreos, navales y terrestres para “enfrentar amenazas imperialistas”.
Washington presentó el operativo Lanza del Sur como una campaña contra el narcoterrorismo y una advertencia a las organizaciones y Estados que las alojan, financian o apoyan. En ese sentido, la operación encaja en el modelo de las guerras punitivas que parece ganar terreno como paradigma de seguridad que se desprende de las tensiones geopolíticas actuales.
Fusión bélico-penal y límites entre eficacia y legitimidad
El concepto de guerra punitiva describe una forma contemporánea de ejercicio del poder estatal que fusiona la lógica de la guerra con la lógica penal: el Estado emplea fuerza militar no para conquistar territorio ni derrotar por completo al enemigo, sino para castigarlo ejemplarmente, neutralizar su capacidad operativa y enviar un mensaje disuasivo a múltiples audiencias.
El objetivo no es la eliminación total de la amenaza -algo materialmente imposible en el corto plazo-, sino reducir su margen de acción y, sobre todo, reproducir la percepción de control y ratificar la influencia en entornos sociales atravesados por la inseguridad, el crimen transnacional y la desconfianza hacia las instituciones.
El enemigo no es clásicamente un Estado adversario, sino un actor híbrido: insurgente, terrorista, facción criminal o combinación de todo lo anterior. La categoría “narcoterrorista” desplaza el problema desde el terreno policial al militar, habilitando reglas de enfrentamiento más flexibles y menos control judicial.
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Con el castigo visible y selectivo no se busca ocupar ni reconstruir, sino ejecutar golpes rápidos, de alta letalidad y alto impacto mediático, que funcionen como demostración de poder. La lógica es la de la “eficacia política del efecto”: el resultado se mide más por el mensaje que por la destrucción material del adversario.
La guerra punitiva estira el marco jurídico, pero sin romperlo del todo. La “guerra” se desplaza a fronteras porosas, aguas internacionales, favelas, barrios densos y corredores logísticos, donde crimen, insurgencia y terrorismo se mezclan en el accionar de actores con alances transnacionales.
En definitiva, la operación Lanza del Sur es la oficialización de una línea doctrinaria que Estados Unidos venía enunciando con réplicas de aplicación localizada, como la operación Contención llevada a cabo por el estado de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho a fines de octubre.
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Funcionalidad operativa del narcoterrorismo
La categoría de “narcoterrorismo” es el concepto operativo que permite colocar el conflicto en el terreno de la seguridad nacional y del antiterrorismo, y legitima las acciones militares fuera de jurisdicción penal ordinaria. Esto compone el marco jurídico de las operaciones extraterritoriales en aguas internacionales y la autorización a la CIA para que opere en jurisdicción de otros Estados.
En la práctica, este concepto requiere de un despliegue desde una zona gris legal. La presencia del USS Gerald R. Ford -sin relación con la naturaleza de la amenaza en el terreno-, implica un símbolo de poder estratégico. Su presencia en el área de responsabilidad del Comando Sur es un mensaje de tres destinatarios claros:
- A los carteles y redes criminales: Estados Unidos está dispuesto a elevar la apuesta.
- A los gobiernos acusados de ser “narco-estados”, especialmente Venezuela: cualquier protección estatal a esas redes tendrá un costo.
- A los aliados y socios regionales: quien marca el compás de la seguridad hemisférica es Washington.
Asimismo, la facultad asignada a la CIA refuerza el carácter híbrido de la ofensiva. Se trata de una presión directa sobre el aparato estatal venezolano que, según Washington, acoge al Cartel de los Soles.
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Tres laboratorios del castigo: Israel, Brasil y el Caribe
En el contexto actual, donde la seguridad se afirma como factor central de la relación entre Estados y actores nacionales, las operaciones de Israel contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023 y la operación Contención en Río de Janeiro, se alinean con el paradigma operacional detrás de la ofensiva de los Estados Unidos en el Caribe.
La doctrina Dahiya que inspira el avance sobre Hamás en la Franja de Gaza supone el uso de la fuerza desproporcionada basado en el empleo masivo de fuerza aérea y artillería, el daño extenso a infraestructura civil asociada al enemigo, y el objetivo de enviar un mensaje disuasivo a organizaciones armadas y a sus apoyos locales.
En estas operaciones, el costo humano es altísimo, pero el Estado prioriza la credibilidad disuasiva frente a actores que percibe como factores antisociales y amenazas existenciales.
En Río de Janeiro, la operación Contención llevó el paradigma punitivo al interior de una gran metrópolis: blindados, helicópteros y fuerzas combinadas en incursiones de altísima letalidad, control momentáneo, pero fragmentación criminal y desplazamiento de la violencia hacia otros territorios.
En ese sentido, el problema de las guerras punitivas no es solo moral o jurídico, sino, sobre todo, estratégico. El rendimiento de este tipo de operaciones puede ser alto en el corto plazo, aunque resulta ambiguo en el largo. El negocio criminal no desaparece: se fragmenta en microorganizaciones más flexibles y violentas, se desplaza a otras rutas y se adapta tecnológicamente.
En el caso de la operación Lanza del Sur, es razonable anticipar que, a medida que la presión marítima aumente, se verá mayor uso de corredores terrestres en Centroamérica y el arco andino, y más peso de zonas grises como la Triple Frontera sudamericana, donde ya convergen facciones brasileñas, mafias europeas, redes vinculadas a Hezbolá y estructuras financieras opacas.
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Erosión jurídica y tensiones regionales
Cada ataque letal sin proceso judicial y la operación encubierta en territorio ajeno, alimenta debates sobre la compatibilidad de estas acciones con la Carta de la ONU y el derecho del mar, la soberanía de los países latinoamericanos, y el riesgo de que la etiqueta “narcoterrorista” se use para fines políticos internos en la región.
La reacción de Venezuela —movilización de tropas, ejercicios militares y denuncia de agresión imperialista— y las reservas de gobiernos como el colombiano y el mexicano muestran que el margen de maniobra de Washington no es infinito, aunque la vía de la punición prolonga las presiones diplomáticas en actos de fuerza determinantes.
El paradigma punitivo, aplicado a Lanza del Sur, condensa una paradoja: cuanto más eficaz es el castigo en el corto plazo, más riesgo hay de legitimidad erosionada y de adaptación criminal en el mediano plazo. Si la punición no se articula con inteligencia compartida, reformas institucionales en los países de origen y tránsito, y estrategias penitenciarias y financieras que corten la reproducción del poder criminal, el riesgo es un desorden del sistema hemisférico en su periferia.
La Operación Lanza del Sur no inaugura una era, pero sí consolida una tendencia: Estados Unidos da sustento estratégico a las autoridades democráticas para intervenciones punitivas como forma de gestionar amenazas híbridas y de restaurar autoridad. La región deberá seguir con atención este proceso y los potenciales impactos de una escalada militar de la situación en Venezuela.
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