Un informe de la ONG confirma que 11 de las 15 víctimas documentadas siguen desaparecidas, incluidos ciudadanos extranjeros.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades venezolanas «han cometido, y siguen cometiendo» desapariciones forzadas como herramienta de represión, según un informe que examina 15 casos documentados desde julio de 2024. Del total, once víctimas continúan desaparecidas y entre ellas figuran ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. La organización subraya que, al cierre del documento, otras 46 personas «podrían estar desaparecidas forzadamente», cifra aportada por Foro Penal, grupo afín a la oposición.
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Dentro de los expedientes españoles destacan Andrés Martínez y José María Basoa, arrestados en septiembre de 2024 bajo la acusación de pertenecer al servicio de inteligencia español y a una supuesta red de «mercenarios» cuyo objetivo sería atentar contra el Gobierno de Caracas. «Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI», indica el informe, que puntualiza que siguen sin paradero conocido.
Detenciones arbitrarias y con motivaciones políticas
Asimismo, Amnistía concluye que la mayoría de las detenciones carece de base legal y, por tanto, son «arbitrarias». De igual manera, explica que «prácticamente todos» los expedientes tienen motivación política por la participación en protestas o por trabajar en medios críticos con el Ejecutivo. En consecuencia, la organización califica el patrón como parte de una política estatal de silenciar la disidencia.
La secretaria general, Agnès Callamard, advierte de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho Internacional» cometidos «como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela». De ahí su llamamiento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que «considere incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación».
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Finalmente, Amnistía exige acciones inmediatas: «Las autoridades venezolanas deben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras». La organización también recuerda que las familias tienen derecho a conocer la suerte y paradero de los desaparecidos y además reclama la liberación inmediata de «todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos».
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