Indonesia enfrenta una nueva ola de protestas que desafía la legitimidad del régimen de Prabowo Subianto. Las tensiones sociales, económicas y políticas revelan una profunda desconexión entre el Estado y la ciudadanía. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa explica cómo el país se encuentra en una encrucijada crítica entre autoritarismo renovado y demandas de transformación estructural.
La contemporaneidad política indonesia solo puede comprenderse mediante un análisis genealógico de sus estructuras de poder. El período 1965-1966 representa un trauma fundacional del estado moderno indonesio. Las masacres civiles con base ideológica no solo eliminaron una amenaza percibida, sino que también institucionalizaron al ejército como actor político fundamental. El régimen de Suharto (1967-1998) promovió un modelo de gobernabilidad mediante la doctrina del «dwifungsi» (o función dual).
Esta confería al ejército un rol base en las dinámicas de la administración pública y la estructura civil. Tal doctrina no solo permitía la supervisión militar sobre aspectos políticos y sociales. También integraba a los oficiales en posiciones gubernamentales, empresariales y comunitarias, creando una red de influencia que abarcaba todo el ecosistema estatal.
La caída de Suharto en 1998, catalizada por la crisis financiera asiática y un masivo movimiento estudiantil, marcó el inicio de la Reformasi. Este fue un período de transición democrática que prometía desmantelar el autoritarismo. Sin embargo, lo que surgió a raíz de ello fue una democracia superficial donde las estructuras de poder tradicionales se adaptaron a las nuevas modalidades políticas, en lugar de desaparecer.
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El clientelismo y los intereses económicos de la administración Suharto evolucionaron a conglomerados político-económicos que perpetuaron las prácticas corruptas bajo una nueva máscara institucional globalizada.
Las fuerzas armadas, aunque oficialmente sometidas al control civil, mantuvieron amplias cuotas de poder. Lo hicieron a través de su influencia en el sector de la seguridad, sus inversiones y su presencia en regiones periféricas. De esta forma, el resultado fue un sistema híbrido: una fachada democrática con elecciones periódicas y libertades civiles limitadas. Pero también un núcleo de poder autoritario que operaba con parcial impunidad.
Esta hibridación entre democracia electoral y autoritarismo residual creó las condiciones estructurales para la crisis de 2025.
Crisis de legitimidad e inicio del descontento representacional
El actual ciclo de protestas debe interpretarse en el marco de la culminación de un proceso de erosión de legitimidad acelerado desde el año 2019.
Las manifestaciones de ese año contra las reformas judiciales, percibidas como un retroceso en la lucha anticorrupción, demostraron la existencia de una ciudadanía crítica. Este fenómeno fue especialmente visible entre la juventud urbana. Sin embargo, la elección de Prabowo Subianto en 2024 (líder militar, exyerno de Suharto y asociado al antiguo régimen) evidenció la voluntad de sectores del status quo de restaurar prácticas autoritarias de forma explícita. Así, la propuesta de expandir el poder militar en áreas civiles fue interpretada como el retorno del «dwifungsi», aunque ahora mediante instrumentos legales contemporáneos.
Paralelamente, la crisis en Papúa representó las limitaciones del estado a la hora de integrar la periferia étnica y territorial. A su vez, modificaciones a la ley del ejército (TNI) levantaron preocupaciones sobre un posible regreso de estructuras institucionales reaccionarias. Estas reformas permiten a militares activos ocupar cargos civiles. Pero el gobierno (incluido el presidente Prabowo Subianto), argumenta que estas reformas son necesarias para enfrentar nuevos desafíos de seguridad.
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También, la revelación en agosto de 2025 de subsidios parlamentarios mensuales actuó como catalizador simbólico de las protestas. Este hecho evidenció la desconexión entre una élite extractiva y una población que sufre los costes del desarrollo económico sin recibir sus beneficios. La muerte del repartidor Affan Kurniawan, provocada por un blindado policial, proporcionó el mártir necesario para la movilización generalizada.
Arquitectura de la disidencia y el límite del modelo Prawobo
Las protestas masivas que estallaron en Indonesia en agosto de 2025 marcaron un punto de inflexión. Afectaron tanto la organización de la disidencia como la respuesta del Estado. Lo que comenzó como una ola de indignación por los subsidios parlamentarios, se transformó en un movimiento de amplio alcance social, político y simbólico.
De esta forma, frente a una creciente represión mediática y tecnológica, los movimientos sociales desplegaron una arquitectura organizacional innovadora.
La clásica censura directa ejercida por el gobierno central (como apagones selectivos, suspensión de transmisiones en vivo y vigilancia cibernética sobre activistas) forzó una migración hacia plataformas alternativas descentralizadas. Así, el campo de la guerra informativa comenzó a redefinirse mediante el uso de redes como Mastodon y servidores Matrix autogestionados. Estos ciberespacios ofrecían mayor resistencia a la intervención externa.
Esta nueva ola de organización contestataria no se articuló bajo una jerarquía centralizada. En su lugar, funcionó a través de rizomas: células parcialmente autónomas que mantienen coordinación sin liderazgo personalista ni estructura central.
Grupos de estudiantes, sindicatos, asociaciones de derechos humanos y colectivos digitales compartían logística a través de chats comunitarios cifrados. Hacktivistas anónimos intervinieron portales estatales y filtraron documentos comprometedores que demostraban desvíos de fondos públicos, ampliando la percepción pública de corrupción sistémica.
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En paralelo, intelectuales y programadores desarrollaron una plataforma conocida como «17+8». Esta sintetiza 17 demandas inmediatas (como la abolición de privilegios políticos, el fin de la represión policial, la desmilitarización del aparato civil y la transparencia en los contratos estatales) con 8 objetivos estructurales de reforma constitucional.
Esto condensa algo inusual en los movimientos de protesta de la región. No se trata solo de una revuelta espontánea, sino de un proyecto articulado que combina urgencia social con prospectiva institucional.
La respuesta del gobierno, encabezado por el presidente Prabowo Subianto, reflejó los rasgos tradicionales del autoritarismo burocrático del sudeste asiático. A la represión selectiva (más de 6.000 detenidos en todo el país, uso excesivo de la fuerza y censura digital masiva) se sumaron medidas superficiales. Estas buscaban contener la presión social sin ceder el control político.
Así, Prabowo reajustó su gabinete. Destituyó a la ministra de Finanzas y purgó a tecnócratas independientes. De esta forma, los chivos expiatorios ya se encontraban servidos. Su reemplazo por Purbaya Yudhi Sadewa (un economista alineado políticamente con el régimen) y su séquito terminó de erosionar la legitimidad de cualquier reforma.
A esto se suma la destitución del Coordinador de Política y Seguridad, acusado por las élites del propio gobierno de gestionar mal la represión y de radicalizar la protesta con su dureza.
Por ende, el régimen comenzó a mostrar signos de fractura. Por un lado, ciertos sectores militares comenzaron a expresar su preocupación por la politización excesiva de las Fuerzas Armadas.
or otro lado, facciones más duras (provenientes de la inteligencia y cuerpos de seguridad especiales) presionaron por una línea de represión más firme. Insistieron en que cualquier concesión política sería interpretada como debilidad. Este conflicto dentro del aparato de seguridad se tradujo en acciones contradictorias. Mientras se instruía a comandos para dialogar con estudiantes y comunidades civiles, otros operativos estatales ejecutaban tácticas de fuerza desproporcionada.
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En suma, las protestas de 2025 no solo cuestionaron las políticas puntuales del régimen de Prabowo. También pusieron en tela de juicio el modelo político-económico construido desde la caída del «viejo orden». Con un movimiento social capaz de articular demandas inmediatas con visión estructural, y un Estado que responde con una mezcla de represión e improvisación autoritaria, Indonesia se enfrenta a una encrucijada clave.
Escenarios prospectivos y la aceleración del futuro
El futuro inmediato de Indonesia se debate entre varios escenarios posibles:
- El escenario de reforma pactada implicaría que las élites gobernantes reconozcan el agotamiento del modelo actual y acepten negociar concesiones como la reducción del poder militar, la reforma fiscal progresiva y la autonomía regional limitada. Este escenario parece improbable dada la composición actual del status quo.
- Un segundo escenario, tipo autoritarismo adaptativo, podría considerar al régimen implementar “reformas parche” para dividir a la oposición y captar sectores moderados dudosos. Esta parece ser la estrategia actual del gabinete Prabowo.
- Un tercer escenario de estallido sostenido contempla la incapacidad del régimen para contener las protestas sin recurrir a una represión masiva. Esta represión podría aislar internacionalmente a Indonesia y provocar sanciones económicas. Un factor determinante será la evolución de la economía. La caída en la confianza de inversores y la fuga de capitales podrían forzar concesiones por pura necesidad fiscal.
Geopolíticamente, Indonesia intentará mantener su equilibrio tradicional, pero la crisis interna reduce su capacidad de liderazgo regional y aumenta su vulnerabilidad a presiones externas. La sociedad civil indonesia ha demostrado una resiliencia y creatividad suficientes para frenar parcialmente las directrices gubernamentales.
Sin embargo, la historia sugiere que las estructuras de poder profundas en Indonesia solo cambian bajo un tipo de presión extraordinaria. La pregunta que cabe hacerse es si el actual movimiento contestatario posee la fuerza y persistencia para generar tal presión.
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