La Comisión Electoral autoriza su participación entre el 18 y el 20 de septiembre. Ribakov celebra una «oportunidad real» para votar por la paz pese a su inhabilitación. El Kremlin mantiene el control mientras excluye a figuras clave de la oposición.
La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha dado luz verde al partido socioliberal Yabloko para concurrir a las elecciones legislativas previstas entre el 18 y el 20 de septiembre. Se trata, además, de la única fuerza política que ha hecho campaña abierta por el fin de la guerra en Ucrania, en un proceso electoral marcado por la exclusión de otras voces críticas con el Kremlin.
Nikolai Ribakov, uno de los presidentes de la formación fundada en 1993 y partidaria de la integración con Europa, ha celebrado la decisión a través de redes sociales. «Por primera vez en cinco años, los ciudadanos rusos tienen ahora una oportunidad real de votar por la paz y la libertad, de apoyar legal y seguramente un acuerdo de alto el fuego», ha afirmado. Asimismo, ha destacado que la comisión aprobó «por unanimidad» incluir la lista de Yabloko para estos comicios a la Duma Estatal.
Autorización electoral y validación de candidaturas
Según ha precisado la secretaria de la CEC, Natalia Budarina, el organismo ha confirmado un listado de 269 candidatos, aunque todavía se están analizando otras reclamaciones de este y otros partidos para ampliar sus listas. Hasta el momento, se han inscrito nueve formaciones de las once que habían solicitado presentarse a las elecciones.
Sin embargo, el propio Ribakov no podrá concurrir a estos comicios, ya que fue inhabilitado por «delitos de extremismo» después de mostrar públicamente su apoyo y condolencias por la muerte del opositor Alexei Navalni. Esta exclusión se suma a la de otras figuras destacadas de la oposición, entre ellas Boris Nadezhdin, quien desafió a Putin en las presidenciales de 2024 y ha sido inhabilitado por el mismo motivo tras compartir contenido de Navalni en redes sociales.
Inhabilitaciones y control político
En este contexto, la presencia de Yabloko en la papeleta dista de representar una amenaza política de primer orden para el presidente ruso, Vladimir Putin. De hecho, todo apunta a que el Kremlin ha aprovechado la ocasión para dotar de cierta pátina de pluralismo a unos comicios que, previsiblemente, no harán más que certificar la mayoría parlamentaria del partido Rusia Unida.
Los rusos acudirán a las urnas entre el 18 y el 20 de septiembre para renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal. Por primera vez, además, podrán participar electores de los territorios ucranianos ocupados durante la invasión lanzada en octubre de 2022.
América Latina atraviesa una profunda reconfiguración geopolítica marcada por el auge de gobiernos conservadores y un renovado alineamiento con Estados Unidos. Sergio Estrada, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, analiza cómo este giro político fortalece la influencia de Washington en la región, redefine las alianzas estratégicas y plantea nuevos desafíos para la autonomía y el equilibrio de poder en el hemisferio.
América Latina atraviesa una fractura geopolítica de proporciones históricas que redefine el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. La consolidación de un robusto bloque de derecha radical ha redibujado por completo el mapa de alianzas estratégicas, sepultando las aspiraciones de integración regional autónoma. El desencanto generalizado frente a las promesas de la izquierda tradicional, sumado al impacto de las crisis migratorias y el avance territorial del crimen organizado, ha pavimentado el camino a liderazgos de una línea dura inédita.
Este viraje ideológico profundo coincide de manera simétrica con el despliegue de la agenda exterior de la administración de Donald Trump en Washington. Para la Casa Blanca, el colapso del progresismo latinoamericano representa la oportunidad histórica perfecta para resucitar la Doctrina Monroe. Mediante un enfoque estrictamente pragmático, comercial y de fuerza, Washington busca restablecer una hegemonía incontestable sobre lo que considera su área de seguridad nacional inmediata.
El giro conservador de América Latina
El colapso institucional en la región ha provocado un vuelco total en los recientes procesos electorales, donde los oficialismos de izquierda han sufrido derrotas históricas. El triunfo de José Antonio Kast en Chile y la reelección de Daniel Noboa en Ecuador consolidaron una tendencia securitaria implacable a lo largo del continente. A este panorama se suman los recientes vuelcos políticos en el eje andino con la victoria de Keiko Fujimori en Perú, la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia y el fin de dos décadas de hegemonía izquierdista en Bolivia con la victoria de Rodrigo Paz.
Esta reconfiguración hemisférica no responde únicamente a dinámicas domésticas. El éxito de estas candidaturas ha estado respaldado por una sofisticada maquinaria digitaly discursiva que emula con precisión los laboratorios políticos norteamericanos, sugiriendo una sincronización estratégica que trasciende la mera coincidencia ideológica. El despliegue de tácticas de polarización, la asesoría experta en comunicación de crisis y el apadrinamiento político silencioso desde plataformas conservadoras del norte han actuado como un catalizador invisible que terminó de inclinar la balanza hacia la mano dura.
Este tsunami conservador evidencia que el electorado ya no prioriza el debate clásico de la redistribución de la riqueza, sino la pura supervivencia estatal. Las sociedades latinoamericanas abrazan un populismo punitivoque sitúa el orden físico como el único derecho fundamental urgente, validando la militarización de los espacios públicos y la declaración de estados de excepción. Esta nueva normalidad redefine el concepto de democracia en la región, donde amplios sectores civiles legitiman la concentración del poder ejecutivo a cambio de una promesa de orden inmediato.
El esquema transaccional de la Doctrina Donroe
Esta mutación ideológica continental encaja con la doctrina exterior de la Casa Blanca, caracterizada por un descarnado pragmatismo comercial y militar que ignora los canales multilaterales tradicionales. Diversos analistas internacionales denominan a esta estrategia el «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, popularmente bautizado en los círculos diplomáticos como la Doctrina Donroe. Bajo este nuevo marco de relaciones bilaterales, Washington ha enterrado la retórica clásica sobre la promoción democrática para centrarse en un modelo de estrictas transacciones de beneficio mutuo.
El pacto implícito con los mandatarios latinoamericanos se fundamenta en un intercambio de favores políticos muy explícito. La administración estadounidense exige un control férreo de las rutas migratorias terrestres, el combate sin concesiones al narcotráfico y una alineación diplomática total en los foros globales. A cambio, los gobiernos aliados del sur obtienen reconocimiento político de la superpotencia, flujos financieros preferenciales y el silencio estratégico de Washington ante posibles derivas autoritarias internas.
La sintonía ideológica con el sur ha permitido a Washington desplegar herramientas de intervención legal y militar sin precedentes en la región. El principal baluarte de esta estrategia es la catalogación de las bandas criminales transnacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), lo que faculta al Pentágono a coordinar operativos de inteligencia militar en territorio extranjero. Esta arquitectura de seguridad se materializa mediante despliegues conjuntos y presiones operativas en las fronteras, donde las prioridades de Washington se imponen directamente sobre las soberanías locales a cambio de las mencionadas legitimidad política y asistencia financiera.
La contención hemisférica frente a Pekín y Moscú
El verdadero motor de esta renovada Doctrina Monroe es el complejo tablero de la competencia estratégica global entre las grandes superpotencias. Durante las últimas dos décadas, China ejecutó un desembarco silencioso pero efectivo en Suramérica mediante la compra masiva de materias primas y la inversión en infraestructuras críticas. El control asiático sobre puertos estratégicos de aguas profundas y tecnologías de conectividad encendió las alarmas en el Pentágono. La llegada al poder de la derecha radical ofrece a Washington el cortafuegos político necesario para frenar la penetración euroasiática en su área de influencia histórica.
Los nuevos ejecutivos conservadores actúan como filtros operativos frente al capital estatal de Pekín y los lazos militares de Moscú con regímenes hostiles. Gobiernos situados en fachadas marítimas clave muestran una disposición inmediata para congelar licitaciones portuarias, rescindir contratos mineros de tierras raras y vetar la tecnología 5G de origen chino. La seguridad hemisférica se redefine así bajo la premisa de expulsar a los rivales comerciales de Occidente de los yacimientos de recursos críticos como el litio.
Ondas de choque geopolíticas y fragmentación regional
El alineamiento incondicional de este nuevo eje ideológico con Washington altera el equilibrio diplomático dentro del continente. La primera consecuencia directa es la parálisis definitiva de los mecanismos de integración regional autónomos, fragmentando a América Latina en microalianzas bilaterales que dependen de la aprobación de la Casa Blanca. Esta falta de cohesión interna debilita el poder de negociación del sur global frente a las grandes potencias, forzando a los estados de la región a competir agresivamente entre sí por ventajas comerciales exclusivas.
Asimismo,la región se convierte en el escenario de una guerra proxy entre las superpotencias. Al cancelar contratos con empresas asiáticas, los gobiernos exponen sus economías a severas represalias comerciales de Pekín, que puede restringir las exportaciones agrícolas de las que dependen estos países. Esta vulnerabilidad sitúa a los ejecutivos del sur en una posición precaria donde su estabilidad macroeconómica depende directamente de los créditos otorgados por Washington. Además, el aislamiento de los últimos gobiernos progresistas agudiza las tensiones vecinales y sabotea la cooperación fronteriza.
El coste de la subordinación estratégica
América Latina se adentra en un escenario de alineación rígida donde la autonomía exterior se intercambia por supervivencia política interna. El bloque conservador encuentra en la Casa Blanca un aliado poderoso para legitimar sus agendas domésticas de mano dura. Sin embargo, esta subordinación voluntaria al amparo de la Doctrina Monroe limita drásticamente su margen de maniobra en momentos de volatilidad internacional, condicionando el desarrollo futuro a las prioridades de defensa dictadas desde el norte.
Al renunciar a la diversificación de socios comerciales, el continente arriesga transformarse nuevamente en el tablero periférico de una confrontación geopolítica ajena. La viabilidad real de este giro político no dependerá de la sintonía discursiva con Washington ni del éxito de las medidas represivas, sino de la capacidad real para resolver la desigualdad estructural y la pobreza material. Estos factores socioeconómicos subyacentes son los que históricamente terminan devorando a los líderes de la región cuando las expectativas de la población se frustran.
En definitiva, la sintonía incondicional con Washington no es un escudo estratégico, sino una jaula de oro. Al aceptar los términos de la «Doctrina Donroe», el continente arriesga revivir su peor tragedia histórica: quedar reducido al tablero periférico de una guerra fría ajena. Si la nueva derecha radical no logra traducir la retórica de la mano dura en desarrollo económico real, las mismas calles que hoy aplauden la militarización terminarán devorando a sus líderes. En el implacable tablero de la geopolítica global, «los peones del sur» siempre son los primeros en ser sacrificados.
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El ciberterrorismo y el crimen organizado representan una amenaza creciente y compleja que combina capacidades tecnológicas avanzadas, redes transnacionales y estrategias híbridas de ataque. En este artículo, Irene García, alumna del Máster Profesional de Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa de LISA Institute, analiza cómo estos actores explotan vulnerabilidades digitales, financieras y logísticas de forma coordinada, así como los principales modelos de defensa para hacer frente a este desafío.
Riesgos principales
Ataques a infraestructura crítica: sistemas energéticos, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros se han convertido en objetivos prioritarios; la interconexión digital global aumenta la exposición y la velocidad de propagación de incidentes.
Ransomware y extorsión digital: grupos de crimen organizado utilizan ransomware para cifrar datos críticos de empresas y gobiernos, exigiendo rescates y operando con estructuras de soporte técnico y lavado de dinero sofisticadas.
Interferencia política y desinformación: actores terroristas y organizaciones criminales emplean campañas de influencia, phishing y propagación de desinformación para socavar la confianza pública, manipular elecciones o presionar gobiernos.
Combinación de crimen y terrorismo: algunos grupos han desarrollado modelos híbridos, utilizando el crimen organizado para financiar operaciones terroristas y viceversa, aprovechando criptomonedas y plataformas de pago online para mantener el anonimato.
Ciberseguridad empresarial y gubernamental: firewalls, detección de intrusos, protocolos de autenticación, backups y planes de recuperación ante incidentes son la primera línea de defensa. Sin embargo, muchas empresas y organismos no tienen capacidad de respuesta ante ataques coordinados a gran escala.
Cooperación internacional: organismos como Europol, INTERPOL y agencias de inteligencia nacionales comparten información sobre amenazas, identifican patrones de ataque y coordinan operaciones para desmantelar redes criminales.
Normativa y regulación: legislación sobre ciberseguridad, protección de datos y cibercrimen busca establecer estándares de seguridad, aunque su eficacia depende de la implementación y la cooperación transnacional.
Educación y concienciación: la formación de usuarios, empleados y responsables de sistemas críticos es clave para prevenir ataques basados en ingeniería social, phishing o errores humanos.
Inteligencia predictiva basada en IA: uso de análisis de grandes volúmenes de datos para anticipar ataques y patrones de comportamiento de grupos criminales o terroristas.
Simulación y ejercicios de resiliencia: capacitación de equipos y pruebas de infraestructuras para preparar respuestas rápidas a incidentes complejos.
Integración público-privada: mayor colaboración entre gobiernos, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas para crear ecosistemas de defensa integrales y compartidos.
Protección de activos digitales críticos: esarrollo de estándares de seguridad específicos para infraestructuras clave, redes financieras y servicios de salud.
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El FSB acusa al fundador de Telegram de no retirar canales y robots usados para preparar sabotajes. Moscú sostiene que la plataforma ha permitido la difusión de contenidos ligados a asesinatos masivos y estafas. Durov niega los cargos y denuncia una ofensiva contra la libertad de expresión.
Rusia ha declarado en búsqueda y captura internacional a Pável Dúrov, fundador de Telegram, al acusarlo de colaborar con actividades terroristas. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostiene que el empresario no retiró canales y robots que, según Moscú, servían para preparar atentados y sabotajes dentro del país. El organismo añade que Telegram tampoco elimina contenidos vinculados a asesinatos masivos y estafas informáticas, lo que habría causado «numerosas víctimas humanas», entre ellas mujeres y niños, además de pérdidas económicas de miles de millones de rublos. Sin embargo, Moscú no ha presentado pruebas públicas que confirmen la implicación personal de Dúrov en esos delitos.
El Comité de Investigación ruso relacionó la causa con el robot de citas DaiVinchik, conocido como Leo, que según las autoridades habría sido utilizado por los servicios secretos ucranianos para reclutar a menores rusos. A través de ese canal se les habría convencido de incendiar instalaciones, atacar infraestructuras o cometer sabotajes. Desde julio de 2025 habrían sido detenidos 46 jóvenes vinculados a estas actividades, un dato que Moscú presenta como prueba del alcance de la operación.
Ofensiva del FSB
La causa se tramita al amparo del artículo 205.1 del Código Penal ruso, que castiga la complicidad en actividad terrorista y puede acarrear cadena perpetua. No obstante, el anuncio de una búsqueda internacional no implica necesariamente que Interpol haya emitido ya una notificación roja contra Dúrov, quien reside oficialmente en Dubái, sede de Telegram. Pese a ello, viaja a Francia por una investigación judicial abierta allí y fue interrogado de nuevo en París este mes.
Dúrov ya había criticado su persecución en febrero, cuando se conoció la apertura de la investigación. «Rusia ha abierto una causa penal contra mí por “colaboración con el terrorismo”», afirmó entonces, y añadió: «Cada día las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, mientras intentan suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión». El empresario calificó la situación como «el triste espectáculo de un Estado que tiene miedo de su propio pueblo».
Entre la presión rusa y la investigación francesa
La ofensiva judicial llega mientras el Kremlin aumenta la presión sobre Telegram y promociona MAX, la aplicación de mensajería estatal rusa. Las autoridades han ralentizado el funcionamiento de la plataforma y acusan a la empresa de ignorar sus peticiones de información y retirada de contenidos. Aun así, Telegram sigue siendo imprescindible para la propaganda oficial, las administraciones regionales y las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania.
Telegram, fundada por Pável y Nikolái Dúrov en 2013, ha superado los 1.000 millones de usuarios y se convirtió durante la invasión de Ucrania en red informativa, instrumento de propaganda y canal de comunicación para militares de ambos bandos. Esa posición explica en gran medida la pugna por controlar una de las últimas grandes plataformas no sometidas completamente al aparato censor ruso, en un contexto en el que, según sus propias palabras, Dúrov ya es para el Kremlin «oficialmente un fugitivo acusado de terrorismo».
Por qué el sol, la playa y el patrimonio español son, en realidad, piezas de un tablero de poder internacional.
Cuando alguien piensa en el turismo español, probablemente imagina playas, gastronomía, patrimonio histórico y buen clima. Sin embargo, detrás de esa imagen amable se esconde un entramado mucho más complejo, ya que el turismo también es geopolítica. Además de ser uno de los pilares de la economía nacional, el sector turístico funciona como un instrumento de proyección exterior, de construcción de marca país y, en determinados escenarios, de vulnerabilidad estratégica. A continuación repasamos por qué España ha convertido su atractivo turístico en una pieza clave de su acción exterior y qué retos plantea esta relación, cada vez más estrecha, entre viajar y el poder.
¿Qué significa hablar de geopolítica del turismo?
La geopolítica del turismo estudia cómo los flujos de visitantes, la imagen de un país y las políticas de promoción turística se entrelazan con los intereses de política exterior, la economía y la seguridad de un Estado. Dicho de otro modo, no se trata únicamente de cuántos viajeros llegan o cuánto gastan, sino de qué papel desempeña esa actividad dentro de las relaciones internacionales.
Un destino turístico consolidado puede convertirse en una fuente de influencia y de reputación internacional, mientras que su fragilidad frente a crisis externas lo transforma, al mismo tiempo, en un punto sensible de la agenda nacional. Por eso, cada vez más gobiernos, y España es un caso especialmente representativo, gestionan el turismo como un negocio y un activo de Estado.
España, una potencia turística con vocación estratégica
Pocos países han construido una arquitectura institucional tan sólida en torno al turismo exterior. Turespaña, el organismo público adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo, es el principal instrumento del Estado para el marketing turístico internacional y para la gestión de la marca España en su dimensión turística, apoyándose en una amplia red de oficinas repartidas por los mercados emisores más relevantes.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) explica en sus informes periódicos sobre tendencias y políticas turísticas que España cuenta con un entramado institucional específico, que incluye organismos dedicados a la innovación tecnológica del sector y a la gestión de establecimientos hoteleros de carácter histórico, pensado para sostener la competitividad del destino a largo plazo.
En consecuencia, el turismo español no responde a la improvisación, y sí a una planificación sostenida durante décadas y coordinada desde las más altas instancias del Estado.
El turismo como herramienta de diplomacia pública y poder blando
Más allá del marketing, el turismo se integra en una arquitectura mucho más amplia de diplomacia pública. Según recoge el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, España cuenta con instrumentos como la Red de Casas —que agrupa espacios dedicados a América Latina, Asia, África, el mundo árabe, el patrimonio sefardí y el Mediterráneo—, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Cervantes, cuya misión es difundir universalmente la lengua y las culturas hispánicas.
Estos instrumentos, sumados a la diplomacia digital desplegada por embajadas y consulados, refuerzan la imagen exterior del país y, de manera indirecta, alimentan también su atractivo como destino. En este sentido, promocionar España como lugar para visitar y promocionar España como socio fiable en el plano internacional son, en realidad, dos caras de la misma moneda: el poder blando.
Una dependencia que también puede ser una vulnerabilidad
Ahora bien, no todo son ventajas. Un modelo económico tan orientado al turismo conlleva, casi por definición, una elevada exposición a factores externos. Entre ellas, las crisis económicas mundiales, tensiones geopolíticas que alteran las rutas de viaje habituales, encarecimiento de la energía o interrupciones en el transporte internacional.
La propia OCDE ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico más resiliente, equilibrado e inteligente, capaz de amortiguar este tipo de sacudidas sin perder competitividad frente a otros destinos. Así pues, la misma fortaleza que convierte al turismo en un activo estratégico —su peso dentro de la economía nacional— puede transformarse en una vulnerabilidad si no se diversifican los mercados emisores, los productos turísticos y las fuentes de ingresos del sector.
El Mediterráneo y la vecindad: turismo, movilidad y estabilidad regional
España ocupa una posición geográfica singular, a caballo entre Europa, el norte de África y el espacio atlántico que la conecta con América Latina. Analistas del Real Instituto Elcano han descrito precisamente esta posición como una oportunidad para que el país actúe de puente entre distintas regiones del mundo.
El turismo no es ajeno a esta lógica, debido a que la estabilidad de la cuenca mediterránea, la gestión de las fronteras exteriores y la cooperación con los países vecinos condicionan de forma directa los flujos de visitantes y la percepción de seguridad de los destinos españoles. De ahí que la política turística no pueda diseñarse al margen de la política exterior y de vecindad, sino en estrecha coordinación con ella, especialmente en un entorno regional donde conviven intereses económicos, migratorios y de seguridad.
Sostenibilidad y cambio climático: el nuevo tablero geopolítico del turismo
Otro frente, cada vez más relevante, es el ambiental. La OCDE señala que la adaptación al cambio climático debe integrarse como un elemento estructural de la planificación turística, especialmente ante fenómenos meteorológicos extremos que afectan de lleno a destinos de sol y playa como los españoles.
La gestión del agua, la presión sobre los ecosistemas costeros y la necesidad de repartir mejor los beneficios del turismo entre las diferentes regiones forman parte de una misma agenda de sostenibilidad que, además, tiene una dimensión claramente internacional, porque los organismos multilaterales, encabezados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), impulsan estándares globales que los destinos deben incorporar si quieren seguir siendo competitivos.
Por eso el cambio climático es tanto una cuestión ambiental como también un factor de competitividad geopolítica entre destinos turísticos rivales.
Los retos de España en un mundo cada vez más fragmentado
El escenario internacional actual, marcado por una mayor fragmentación de la globalización y por el mayor peso de la seguridad económica frente a la simple eficiencia comercial, obliga a repensar también el papel del turismo dentro de la estrategia de país.
Diversificar mercados emisores, reforzar los lazos con Iberoamérica a través del idioma y la cultura compartidos, y adaptar la promoción exterior a un mundo cada vez más multipolar son, por tanto, tareas pendientes para que el turismo español siga siendo un activo de poder y no únicamente una fuente de ingresos. Además, la creciente competencia entre destinos obliga a España a reforzar continuamente su propuesta de valor, combinando calidad, sostenibilidad e innovación.
Por todo ello, la geopolítica del turismo es, sencillamente, la constatación de que viajar, promocionar un país y protegerlo estratégicamente forman parte de un mismo tablero. Comprenderlo ayuda a entender por qué, cada vez que se diseña una campaña de Turespaña o se firma un acuerdo de cooperación cultural, hay algo más en juego que el simple número de visitantes. Ahí está en juego la posición de España en el mundo.
La cepa Bundibugyo, sin vacuna ni tratamiento, eleva la letalidad al 43,9%. La OMS declara la emergencia internacional ante el avance del brote, mientras que el conflicto armado dificulta la contención en cinco provincias afectadas.
El brote de ébola que afecta al norte y noreste de la República Democrática del Congo (RDC) ha dejado ya más de 1.400 muertos y 3.200 casos confirmados, según informaron este lunes las autoridades del país. De acuerdo con el último balance del Instituto Nacional de la Salud Pública, la epidemia se ha cobrado la vida de 1.405 personas, mientras que 571 pacientes lograron recuperarse. Asimismo, la cepa responsable del brote, denominada Bundibugyo, no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado, un factor que agrava el impacto sanitario en la región.
En este sentido, la tasa de letalidad se sitúa en el 43,9%, un porcentaje que refleja la gravedad de la situación. Del total de casos confirmados, 773 pacientes permanecen actualmente en aislamiento u hospitalizados. Por otra parte, el brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo y afecta a las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé, zonas donde, además, las tareas de contención se ven dificultadas por la violencia armada que asola la región desde hace años.
Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Diversas organizaciones internacionales han alertado, en consecuencia, sobre la propagación del virus, que «podría estar superando las capacidades de respuesta». Esta advertencia pone de relieve la magnitud del desafío que enfrentan tanto las autoridades congoleñas como los organismos sanitarios internacionales.
No obstante, RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde que este fue identificado en 1976. Aquel primer brote tuvo uno de sus epicentros en la localidad de Yambuku, a orillas del río Ébola, de donde la enfermedad tomó su nombre. Cabe recordar, además, que el país había decretado en diciembre de 2025 el fin de su brote anterior, registrado en la región de Kasai.
Amodei rechaza las acusaciones y defiende que los modelos abiertos son un «bien público». La empresa propone restricciones tecnológicas y controles globales ante el avance de regímenes autoritarios. La comunidad ‘open source’ acusa a Anthropic de usar la seguridad nacional como excusa.
El CEO de Anthropic, Dario Amodei, aclaró que su compañía nunca ha defendido la prohibición de los modelos de Inteligencia Artificial abiertos, aunque sí considera necesarias medidas de protección frente a actores extranjeros como China. Así lo expresó este lunes 27 de julio, en medio de una polémica generada tras conocerse que algunos funcionarios estadounidenses estudian prohibir el uso de modelos abiertos de origen chino en territorio de EE. UU.
La controversia escaló cuando empresas como Nvidia, Microsoft, Perplexity y Mistral firmaron una carta en defensa de los modelos abiertos, argumentando su papel en el liderazgo tecnológico estadounidense. Asimismo, varias voces críticas acusaron a Anthropic de impulsar dicha prohibición como estrategia para proteger su propio modelo de negocio. Ante esto, Amodei respondió tajantemente: «Anthropic nunca ha defendido la prohibición de los modelos abiertos».
La defensa de la IA abierta frente a las acusaciones
El directivo defendió que estos modelos, mientras no presenten capacidades peligrosas, constituyen un bien público, ya que «no cuestan apenas nada aparte de la computación necesaria para hacerlos funcionar, dando valor a negocios, desarrolladores e investigadores». Sin embargo, matizó su postura al señalar el verdadero origen de su preocupación, explicando que los regímenes autoritarios puedan alcanzar superioridad militar o tecnológica. En sus palabras, teme que «gobiernos autoritarios […] construyan modelos de IA que sean más potentes que los diseñados por Estados Unidos, y los usen para lograr una superioridad militar permanente o perpetrar una represión increíblemente profunda de su propio pueblo».
Además del riesgo geopolítico, Amodei expuso una segunda inquietud vinculada a los riesgos de desalineación de la IA, es decir, cuando un modelo extremadamente potente actúa de forma impredecible o dañina, así como su posible uso en ciberataques o ataques biológicos. En este sentido, explicó que «los modelos de pesos abiertos presentan potencialmente un riesgo mayor que los modelos cerrados, porque es muy difícil aplicarles las salvaguardas necesarias o supervisar su uso, y una vez que se liberan no pueden retirarse». No obstante, reconoció que prohibirlos en EE. UU. no frenaría a los actores maliciosos y solo protegería a las grandes compañías locales de la competencia.
Medidas propuestas para frenar riesgos tecnológicos y geopolíticos
Para abordar este escenario, Anthropic propuso tres medidas concretas. Por un lado, restringir la venta de chips potentes y equipos de fabricación a China, además de combatir el contrabando tecnológico. Por otro, frenar las operaciones de destilación industrial, un proceso que, según Amodei, resulta «mucho más eficiente en cuanto a capacidad de cómputo que entrenar modelos desde cero» y que permite a China «construir modelos mucho mejores de lo que su número de chips normalmente permitiría». Finalmente, planteó que todos los modelos capaces —abiertos o cerrados— superen pruebas de seguridad obligatorias para «detectar riesgos cibernéticos, biológicos y de alineación antes de su lanzamiento», aunque admitió que, para ser eficaces, «tendrían que ser globales, lo que significa que incluso el PCCh tendría que estar de acuerdo».
Mientras tanto, la postura de Anthropic ha generado rechazo en las comunidades de modelos abiertos y de Claude en Reddit, donde los usuarios acusan a la compañía de utilizar el argumento de la «seguridad nacional» como pretexto para imponer normas que solo los grandes laboratorios pueden cumplir, condenando así al código abierto a una desaparición progresiva.
Moscú y Ereván coinciden en la «importancia» de una consulta popular sobre la adhesión europea. Pashinián insiste en que el referéndum «solo es posible» cuando la solicitud a la UE sea formal.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, mantuvieron este lunes 27 de julio una conversación telefónica en la que abordaron la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la adhesión de Armenia a la Unión Europea (UE) o su permanencia en la Unión Económica Euroasiática (UEE). Según un comunicado del Kremlin recogido por la agencia TASS, ambos líderes destacaron la «importancia» y «necesidad» de someter esta decisión a una consulta popular en territorio armenio.
Durante la llamada, Putin reafirmó su «compromiso» con la declaración conjunta suscrita en la última cumbre de la UEE por los mandatarios de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, en relación con una eventual adhesión de Ereván al bloque europeo. Dicho posicionamiento se remonta a mayo, cuando los socios de la UEE exigieron a Armenia definir su estatus mediante un referéndum durante la cumbre celebrada en Astaná, capital de Kazajistán.
Presión de la UEE para definir el rumbo de Armenia
Sin embargo, Pashinián ya había rechazado entonces convocar esa consulta, y en la conversación de este lunes volvió a defender su posición. Según un comunicado de su oficina de prensa, el primer ministro sostuvo que la celebración de un referéndum «solo es posible en la práctica una vez que Armenia presente una solicitud oficial de adhesión a la UE y el tema adquiera carácter sustantivo».
En este sentido, Pashinián recordó que, aunque Ereván presentó su solicitud de adhesión en marzo de 2024, el proceso se encuentra todavía en una fase muy inicial, sin que el país cuente siquiera con el estatus de candidato. Por ello, insistió en que no existen motivos para precipitar una consulta popular y abogó por seguir colaborando con la UEE mientras se define el trámite.
Tensiones comerciales entre Armenia y Rusia
Además, el mandatario armenio planteó durante la llamada las «restricciones» aplicadas a la exportación de productos armenios al mercado ruso. Pashinián advirtió que estas medidas «contradicen» tanto el marco jurídico bilateral entre Moscú y Ereván como la normativa vigente de la UEE.
Finalmente, el primer ministro solicitó a Putin que se adopten medidas concretas para «resolver» estas cuestiones comerciales, en un contexto en el que ambos países mantienen vínculos estrechos dentro del bloque euroasiático a pesar de las diferencias sobre el rumbo europeo de Armenia.
El gabinete de Netanyahu respalda el plan pese a las dudas internas y sin fecha de inicio. Ben Gvir rechaza la medida y advierte de obstáculos por el papel de Hamás. La misión cuenta con respaldo de la ONU y busca estabilizar y reconstruir el enclave.
El gabinete de seguridad de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha aprobado la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza de Estabilización Internacional, la misión de paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La confirmación llegó de la mano del director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, quien agradeció en redes sociales «los pasos adoptados por Israel para facilitar del despliegue» del contingente, que de momento no tiene fecha concreta.
Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, explicó en declaraciones recogidas por ‘Israel Hayom’ que el Ejecutivo superó su escepticismo inicial como gesto de apoyo a la iniciativa estadounidense. «Se trata de un plan internacional. Igual no tiene éxito, pero nosotros no vamos a socavarlo», afirmó. Asimismo, el mismo medio informó el mes pasado que la Junta de Paz había preparado ya una «zona piloto» dentro del enclave para su reconstrucción bajo la protección de este despliegue.
División en el Gobierno israelí
No obstante, la decisión no fue unánime. El ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, rechazó la aprobación y puso de relieve las dificultades del proceso, empezando por el hecho de que las milicias de Hamás no se han desarmado. «Dado que Hamás no ha cumplido su compromiso de desarmar y desmilitarizar la Franja de Gaza, por lo que nosotros tampoco estamos obligados por el acuerdo. Me opuse al plan de 20 puntos desde el principio. La solución en Gaza es fomentar la emigración», declaró.
Frente a esta postura, Hamás ha insistido en que su desarme está condicionado a la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave, al cese completo de los ataques —más de 1.300 palestinos han muerto en bombardeos israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre del año pasado— y a la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria, además de la reapertura total de los pasos fronterizos.
Condiciones de Hamás y tensiones sobre el futuro político de Gaza
En consecuencia, aunque el grupo islamista admite que una nueva fuerza política palestina se haga cargo de Gaza, exige que actúe sin injerencia externa. De hecho, ha mostrado malestar hacia el «gobierno de tecnócratas» que prepara la Junta de Paz bajo el nombre de Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), dirigido por el economista y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath. Como gesto de buena voluntad, Hamás anunció a principios de este mes la disolución de su Comité Gubernamental de Emergencia, en un ejercicio, según sus palabras, de «patriotismo».
Finalmente, para Mladenov, el permiso israelí y la llegada de la fuerza internacional constituyen «un elemento crítico del marco acordado para la estabilización de Gaza, la aceleración de la desmilitarización, y la transición hacia esta administración provisional palestina». El diplomático subrayó, además, que todo el procedimiento cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a través de la resolución 2803.
El fuego puede ser un proceso ecológico, una herramienta de gestión o una emergencia devastadora. La diferencia depende del régimen de incendios, del estado del paisaje, de las condiciones meteorológicas y de la capacidad de la sociedad para anticiparse.
Cuando un monte arde, la imagen inmediata es la de una catástrofe: viviendas amenazadas, humo, pérdida de vegetación y equipos de extinción trabajando en condiciones extremas. Esa percepción es comprensible, pero resulta insuficiente para explicar la relación entre el fuego y los ecosistemas.
La ecología del fuego estudia el fuego como un proceso del ecosistema y analiza sus relaciones con los seres vivos, el medio físico y las sociedades humanas a diferentes escalas espaciales y temporales. Para entenderla hacen falta conocimientos de ecología, evolución, física, química, comportamiento humano, planificación territorial y geografía.
Reconocer esta complejidad no significa restar importancia a los daños de los incendios forestales. Significa distinguir entre el fuego como fenómeno ecológico y el incendio forestal, entendido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales.
No todo fuego es igual, ni todos los ecosistemas responden del mismo modo. Un fuego de baja intensidad que recorre un pastizal, una quema prescrita ejecutada por personal especializado y un incendio de copas impulsado por viento fuerte son fenómenos física y ecológicamente muy diferentes. Por eso, una política basada únicamente en evitar o apagar cualquier llama no basta para gestionar el riesgo.
Un proceso tan antiguo como la vegetación terrestre
El fuego acompaña a las plantas terrestres desde hace más de 400 millones de años. Durante ese tiempo ha influido en la distribución de los ecosistemas y en la evolución de características como las cortezas gruesas, la capacidad de rebrotar, la germinación estimulada por el calor o la liberación de semillas después del incendio.
En numerosos bosques, matorrales, sabanas y pastizales, el fuego modifica la disponibilidad de nutrientes, abre claros, redistribuye recursos y crea un mosaico de zonas quemadas y no quemadas. Esa heterogeneidad puede favorecer la coexistencia de especies con necesidades diferentes. Pero que una especie o un ecosistema estén asociados históricamente al fuego no significa que puedan soportar cualquier incendio. Las adaptaciones responden a determinados patrones de frecuencia, intensidad y estacionalidad, no al fuego en abstracto.
La cuestión ecológica, por tanto, no es simplemente si hay fuego, sino qué tipo de fuego, con qué frecuencia, en qué estación, con qué intensidad y sobre qué paisaje.
El concepto central: el régimen de incendios
Un incendio es un episodio. El régimen de incendios es el patrón que forman muchos episodios a lo largo del tiempo. Se describe mediante variables como la frecuencia, el tamaño, la estación del año, el tipo de propagación, la intensidad y los efectos ecológicos.
Este concepto permite entender por qué una misma superficie quemada puede producir consecuencias muy distintas. Si los incendios se repiten antes de que los árboles alcancen la madurez y produzcan semillas, la regeneración puede fracasar. Si el fuego se excluye durante mucho tiempo de un sistema donde históricamente era frecuente, pueden acumularse combustibles y modificarse la estructura de la vegetación. Y si las condiciones climáticas, los usos del suelo o las igniciones humanas cambian, el régimen puede desplazarse fuera de los márgenes a los que estaban adaptados el ecosistema y la sociedad.
También es importante diferenciar intensidad y severidad. La intensidad es una magnitud física: expresa la energía liberada por el fuego. La severidad describe sus efectos sobre la vegetación, el suelo y otros componentes del ecosistema. Un fuego intenso puede avanzar rápidamente y afectar de manera desigual al territorio; otro menos intenso, pero de larga duración sobre suelos orgánicos, puede provocar daños importantes en raíces, microorganismos y reservas de carbono.
Combustible, meteorología y topografía
El comportamiento de un incendio depende de la interacción entre tres grandes componentes:
El combustible es la biomasa viva o muerta capaz de arder. Importan su cantidad, humedad, tamaño, composición y distribución. No es lo mismo una acumulación de ramas gruesas y dispersas que una capa continua de hierba seca. Tampoco es igual un sotobosque separado de las copas que una estructura con arbustos y ramas intermedias que actúan como “combustible de escalera” y facilitan el paso del fuego desde el suelo hasta el dosel arbóreo.
La meteorología condiciona la posibilidad de ignición y la velocidad de propagación. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) utiliza, entre otras variables, la temperatura, la humedad relativa, el viento y la precipitación de las últimas horas, y las combina con información sobre humedad del suelo, estado de la vegetación y usos forestales. Esto muestra que el peligro no depende solo de que haga más calor: depende también de cómo se encuentra el territorio que recibe esas condiciones meteorológicas.
La topografía modifica la exposición solar, el viento y la propagación. Las llamas suelen avanzar más deprisa pendiente arriba porque precalientan la vegetación situada por encima. Valles, barrancos y collados pueden canalizar el viento y generar comportamientos difíciles de prever sin un conocimiento detallado del terreno.
Gestionar el riesgo significa intervenir, sobre todo, en el componente sobre el que existe mayor capacidad de actuación antes de la emergencia: la distribución de los combustibles y la vulnerabilidad del paisaje.
Fuente: Infografia que muestra qué determina el comportamiento de un incendio. Elaboración propia (LISA Institute).
España: muchos incendios comienzan en la sociedad
España dispone de una de las series estadísticas de incendios más extensas del mundo. La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) se inició en 1968 y recoge, mediante partes normalizados, más de 150 campos de información sobre cada siniestro: localización, superficie, vegetación afectada, condiciones, causas y medios utilizados, entre otros.
Según las campañas oficiales del MITECO, alrededor del 95% de los incendios forestales está relacionado con la acción humana. Esta cifra no significa que el 95% sean incendios provocados deliberadamente. Incluye negligencias, accidentes, usos inadecuados del fuego, actividades agrarias o forestales y conductas intencionadas.
La distinción es fundamental para diseñar la prevención. Una campaña genérica de concienciación puede servir para reducir descuidos, pero no resuelve por sí sola conflictos ganaderos, quemas agrícolas mal planificadas, problemas de propiedad, falta de alternativas para gestionar restos vegetales o motivaciones delictivas. Cada causa requiere medidas diferentes, apoyadas en investigación y conocimiento local.
Las orientaciones estatales para la gestión de incendios señalan, precisamente, que en los montes españoles confluyen circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas, y recomiendan reforzar tanto la investigación de las causas como el estudio de lo que se ha denominado sociología del fuego.
El abandono también transforma el riesgo
En numerosas zonas rurales, la disminución de la agricultura tradicional, la ganadería extensiva, la recogida de leña y otros aprovechamientos ha cambiado la estructura del paisaje. Parcelas antes cultivadas o pastoreadas han sido ocupadas por vegetación, y antiguos mosaicos de campos, pastos, matorrales y bosques se han convertido en superficies más continuas.
Más vegetación no equivale automáticamente a mayor riesgo: importan la especie, la humedad, la estructura y el contexto. Pero una continuidad extensa de combustibles puede facilitar que el fuego recorra grandes distancias y alcance intensidades que superen la capacidad de los dispositivos de extinción. Las orientaciones del MITECO relacionan el abandono de usos tradicionales y la falta de aprovechamientos con la formación de estructuras forestales más susceptibles a la propagación.
Este proceso ayuda a entender por qué la prevención de incendios no puede separarse de la economía rural. Mantener actividad agraria, ganadera y forestal no es únicamente una cuestión productiva: puede contribuir a conservar discontinuidades, accesos, conocimiento del territorio y presencia humana estable.
Gestionar el bosque no es “limpiarlo”
En el lenguaje cotidiano se habla con frecuencia de “limpiar el monte”. La expresión puede inducir a pensar que toda vegetación baja, madera muerta o matorral es suciedad. Ecológicamente, no es así. La madera muerta proporciona hábitat, retiene humedad y participa en los ciclos de nutrientes; el sotobosque protege el suelo y alberga biodiversidad.
La gestión forestal preventiva no pretende vaciar el ecosistema, sino modificar de manera selectiva la cantidad, disposición y continuidad del combustible, especialmente en lugares estratégicos. Puede incluir clareos, podas, retirada o aprovechamiento de biomasa, pastoreo, mantenimiento de cultivos, recuperación de espacios abiertos, mejora de accesos y puntos de agua, y creación de discontinuidades alrededor de poblaciones e infraestructuras.
El MITECO propone gestionar el territorio a escalas amplias, favorecer paisajes en mosaico y combinar la selvicultura con agricultura, ganadería extensiva y aprovechamientos forestales. También plantea integrar el riesgo de incendio en la ordenación forestal, los espacios protegidos y el urbanismo.
Un cortafuegos aislado no convierte un paisaje en seguro. Bajo condiciones extremas, las pavesas pueden recorrer grandes distancias y atravesar discontinuidades. El objetivo realista de la gestión es reducir la intensidad potencial, limitar la continuidad, facilitar oportunidades de control y proporcionar zonas más seguras para los equipos de extinción.
El fuego prescrito: una herramienta, no una improvisación
En determinados territorios, una quema prescrita puede utilizarse para reducir combustible, mantener hábitats, mejorar pastos o crear zonas estratégicas. Se trata de un fuego planificado, autorizado y ejecutado de acuerdo con objetivos y condiciones previamente establecidos. No equivale a abandonar un incendio ni a quemar sin control.
Una prescripción técnica determina el tipo de vegetación, la humedad del combustible, el viento admisible, la temperatura, el comportamiento esperado, los medios de seguridad, el tratamiento del humo y las tareas de seguimiento. Su empleo requiere personal formado y una evaluación ecológica específica. Las orientaciones españolas contemplan las quemas prescritas como una herramienta posible dentro de una gestión más amplia y junto con otras actuaciones de diversificación del paisaje.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encuadra estas actuaciones dentro de la gestión integrada del fuego, que reúne análisis, reducción del riesgo, preparación, respuesta y recuperación. Este enfoque no se limita a la extinción: incorpora la ecología, los usos culturales, la participación local y la planificación a largo plazo.
Dos ejemplos españoles de por qué no existen recetas universales
El pino canario, característico de las islas Canarias, puede rebrotar desde yemas protegidas en el tronco después de sufrir daños por fuego. Es una capacidad poco común entre los pinos y constituye un ejemplo de adaptación a determinados regímenes históricos.
Pero esa adaptación no hace invulnerables a los pinares canarios. La intensidad, la recurrencia, el estado previo de los árboles, la sequía posterior, la erosión y la presencia de especies invasoras pueden condicionar la recuperación. Decir que una especie está adaptada al fuego no significa que “necesite incendiarse” ni que cualquier incendio resulte beneficioso.
En muchos matorrales y pinares de clima mediterráneo ocurre otro fenómeno. Algunas plantas adultas mueren durante el fuego y se regeneran mediante semillas. Si los incendios se repiten en intervalos demasiado cortos, las nuevas plantas pueden arder antes de alcanzar la edad reproductiva y reponer el banco de semillas. Los trabajos científicos sobre ecosistemas mediterráneos identifican estas especies dependientes de la regeneración posincendio como especialmente vulnerables al aumento de la frecuencia causada por igniciones humanas.
Los dos ejemplos conducen a la misma conclusión: la gestión debe adaptarse al ecosistema, a su historia, a sus especies y a los objetivos de conservación. Aplicar el mismo tratamiento en todos los montes puede ser tan problemático como no intervenir nunca.
Prevenir tiene tres dimensiones
La primera dimensión consiste en evitar igniciones no deseadas. Requiere regulación, vigilancia, investigación de causas, alternativas seguras para las quemas y los restos vegetales, mantenimiento de maquinaria y trabajo directo con los colectivos relacionados con cada problema.
La segunda es evitar que una ignición se convierta en una emergencia incontrolable. Aquí actúan la gestión forestal, los mosaicos agroforestales, el pastoreo, la planificación urbanística, las franjas de protección y el mantenimiento de puntos estratégicos.
La tercera es reducir la vulnerabilidad de las personas y los bienes. Incluye planes municipales, autoprotección de viviendas, rutas de evacuación, información accesible, simulacros y una población que sepa cómo actuar sin ponerse en peligro.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha propuesto reequilibrar las inversiones públicas para que aproximadamente dos tercios se destinen a planificación, prevención, preparación y recuperación, y un tercio a la respuesta. La propuesta no rebaja la importancia de los bomberos; parte de la idea contraria: ninguna capacidad de extinción es ilimitada y los operativos necesitan encontrar un territorio con oportunidades de control.
Formación para todo el territorio
La formación no debe reservarse a los equipos de extinción. Bomberos forestales y mandos necesitan capacitación continua en comportamiento del fuego, meteorología, comunicaciones, seguridad, coordinación y uso técnico del fuego. Pero también necesitan formación quienes toman decisiones sobre el territorio: personal municipal, gestores de espacios protegidos, cuerpos de seguridad, agricultores, ganaderos, propietarios, urbanistas, arquitectos, periodistas, voluntarios y responsables de protección civil.
Las orientaciones españolas proponen homologar competencias profesionales, realizar simulacros coordinados y formar a otros sectores vinculados con la gestión territorial. También recomiendan crear espacios participativos (como las denominadas “mesas del fuego”), introducir conocimientos forestales desde edades tempranas y mantener una comunicación continuada que ayude a superar mitos.
Un ejemplo práctico son los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), creados en 1998. Estos equipos trabajan directamente con la población rural, analizan las causas locales, concilian intereses y proponen medidas que combinan prevención, manejo de la vegetación y mantenimiento de usos tradicionales.
Esta forma de trabajar resulta especialmente valiosa porque transforma la prevención en una tarea compartida y permanente, no en una campaña publicitaria limitada a los meses de mayor peligro.
Fuente: Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) durante sus labores de prevención. Fuente: Tocarama, «Características y funcionamiento de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales»
Aprender a convivir con el fuego
Convivir con el fuego no significa resignarse a las catástrofes. Significa aceptar que el riesgo cero no existe y utilizar el conocimiento para reducir la probabilidad de los incendios no deseados, limitar su capacidad de propagación y proteger a las comunidades.
La propia estrategia estatal reconoce que excluir completamente el fuego no es realista y que es necesario determinar de manera planificada y consensuada dónde, cuándo y con qué finalidad puede estar presente. También señala el desequilibrio que puede producirse cuando la inversión se concentra en la extinción y no en la gestión integral del territorio.
La prevención eficaz se construye durante todo el año. Está en una explotación ganadera que mantiene un pastizal, en un propietario que gestiona su monte, en un municipio que prepara su plan de autoprotección, en una quema prescrita bien ejecutada, en una escuela que explica cómo funciona el paisaje y en una administración que utiliza datos para decidir dónde actuar primero.
Los incendios se combaten durante días. Los paisajes que condicionan su comportamiento se forman durante años y décadas. Por eso, la cuestión decisiva no es solamente cuántos medios acudirán cuando aparezcan las llamas, sino qué territorio encontrarán al llegar.
La ecología del fuego aporta precisamente esa mirada: comprender el proceso antes de la emergencia para que la prevención, la gestión forestal, la formación y la respuesta dejen de ser piezas separadas y formen parte de una verdadera política de territorio.
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