El FSB acusa al fundador de Telegram de no retirar canales y robots usados para preparar sabotajes. Moscú sostiene que la plataforma ha permitido la difusión de contenidos ligados a asesinatos masivos y estafas. Durov niega los cargos y denuncia una ofensiva contra la libertad de expresión.
Rusia ha declarado en búsqueda y captura internacional a Pável Dúrov, fundador de Telegram, al acusarlo de colaborar con actividades terroristas. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostiene que el empresario no retiró canales y robots que, según Moscú, servían para preparar atentados y sabotajes dentro del país. El organismo añade que Telegram tampoco elimina contenidos vinculados a asesinatos masivos y estafas informáticas, lo que habría causado «numerosas víctimas humanas», entre ellas mujeres y niños, además de pérdidas económicas de miles de millones de rublos. Sin embargo, Moscú no ha presentado pruebas públicas que confirmen la implicación personal de Dúrov en esos delitos.
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El Comité de Investigación ruso relacionó la causa con el robot de citas DaiVinchik, conocido como Leo, que según las autoridades habría sido utilizado por los servicios secretos ucranianos para reclutar a menores rusos. A través de ese canal se les habría convencido de incendiar instalaciones, atacar infraestructuras o cometer sabotajes. Desde julio de 2025 habrían sido detenidos 46 jóvenes vinculados a estas actividades, un dato que Moscú presenta como prueba del alcance de la operación.
Ofensiva del FSB
La causa se tramita al amparo del artículo 205.1 del Código Penal ruso, que castiga la complicidad en actividad terrorista y puede acarrear cadena perpetua. No obstante, el anuncio de una búsqueda internacional no implica necesariamente que Interpol haya emitido ya una notificación roja contra Dúrov, quien reside oficialmente en Dubái, sede de Telegram. Pese a ello, viaja a Francia por una investigación judicial abierta allí y fue interrogado de nuevo en París este mes.
Dúrov ya había criticado su persecución en febrero, cuando se conoció la apertura de la investigación. «Rusia ha abierto una causa penal contra mí por “colaboración con el terrorismo”», afirmó entonces, y añadió: «Cada día las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, mientras intentan suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión». El empresario calificó la situación como «el triste espectáculo de un Estado que tiene miedo de su propio pueblo».
Entre la presión rusa y la investigación francesa
La ofensiva judicial llega mientras el Kremlin aumenta la presión sobre Telegram y promociona MAX, la aplicación de mensajería estatal rusa. Las autoridades han ralentizado el funcionamiento de la plataforma y acusan a la empresa de ignorar sus peticiones de información y retirada de contenidos. Aun así, Telegram sigue siendo imprescindible para la propaganda oficial, las administraciones regionales y las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania.
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Telegram, fundada por Pável y Nikolái Dúrov en 2013, ha superado los 1.000 millones de usuarios y se convirtió durante la invasión de Ucrania en red informativa, instrumento de propaganda y canal de comunicación para militares de ambos bandos. Esa posición explica en gran medida la pugna por controlar una de las últimas grandes plataformas no sometidas completamente al aparato censor ruso, en un contexto en el que, según sus propias palabras, Dúrov ya es para el Kremlin «oficialmente un fugitivo acusado de terrorismo».
