El contrato acerca la inteligencia artificial a la estrategia de defensa de Estados Unidos.
El lunes 16 de junio de 2025 el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó la firma de un contrato valorado en 200 millones de dólares con OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT y de los modelos GPT-4o y Sora. La rúbrica se realizó en Washington a través de la subsidiaria OpenAI Public Sector LLC, creada específicamente para atender a clientes gubernamentales en materia de inteligencia artificial.
Según la nota oficial del Pentágono, el objetivo es desarrollar «prototipos de capacidades de IA de vanguardia» destinados a reforzar la seguridad nacional y agilizar los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito militar como en la gestión administrativa. El contrato incluye la creación de herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de datos operativos, mejorar la defensa cibernética y optimizar la logística de las fuerzas armadas.
Duración de un año
El acuerdo contempla una duración inicial de un año, con la mayor parte del trabajo concentrado en la región metropolitana de Washington D. C. y áreas colindantes de Maryland y Virginia. Fuentes del Pentágono añaden que el calendario prevé hitos trimestrales y una fecha de finalización provisional en julio de 2026, siempre que las pruebas superen los requisitos de seguridad establecidos por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).
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La Administración Trump ha incrementado de forma sustancial el presupuesto destinado a tecnologías emergentes, situando la inteligencia artificial en el centro de su estrategia de modernización militar. Antes de este contrato, Defensa ya había adjudicado proyectos similares a Anduril Industries y ScaleAI para integrar algoritmos en la planificación operativa y la vigilancia fronteriza, consolidando una tendencia hacia la automatización de la defensa.
Reacciones
Sam Altman, cofundador y consejero delegado de OpenAI, celebró el acuerdo destacando que «la IA también debe servir al interés público cuando la supervisión y la seguridad son estrictas», al tiempo que presentó la iniciativa «OpenAI for Government», que ofrecerá versiones adaptadas de sus modelos lingüísticos a distintas agencias federales. La compañía reveló además que sus ingresos anualizados han superado los 10.000 millones de dólares, un hito que confía en ampliar con la entrada en el sector público.
Organizaciones defensoras de los derechos digitales han criticado el uso militar de sistemas de IA, recordando que OpenAI retiró el año pasado la cláusula que prohibía explícitamente aplicaciones bélicas. Expertos en ética tecnológica subrayan que el contrato obliga a establecer salvaguardas robustas para evitar sesgos y usos indebidos, un desafío que marcará el rumbo de las colaboraciones entre Silicon Valley y el complejo industrial-militar en los próximos años.
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