UTe explicamos las consecuencias diplomáticas, económicas y estratégicas de la resolución para Marruecos, el Frente Polisario, Argelia, Estados Unidos, Occidente y la comunidad internacional.
El Sáhara Occidental es el último territorio colonizado aún no resuelto en África. Sus raíces históricas se remontan a finales del siglo XV, cuando exploradores españoles ocuparon enclaves costeros del norte africano. Sin embargo, la configuración moderna del conflicto surge a principios del siglo XX. En 1900, Francia y España firmaron acuerdos que repartieron el territorio sahariano. Francia obtuvo el 85 por ciento y España únicamente el 15 por ciento. Durante el siglo XX, España convirtió esta región desértica en una colonia administrativa, denominada Sáhara Español o Sáhara Occidental. No obstante, la ONU recomendó la descolonización del territorio a partir de 1965.
Sin embargo, la tensión escaló cuando en 1973 se creó el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro). Este movimiento nacionalista inició la lucha armada por la independencia del pueblo saharaui. En respuesta, en octubre de 1975, el Rey Hasan II de Marruecos organizó la denominada «Marcha Verde», una movilización de 350.000 ciudadanos marroquíes hacia el territorio saharaui.
Tras la salida española el 26 de febrero de 1976, Marruecos asumió el control territorial, aunque el Frente Polisario no abandonó su lucha. En 1991, una tregua negociada por la ONU estableció el alto el fuego y la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Territorio (MINURSO). Estas medidas se amparaban en la promesa futura de organizar un referéndum para determinar la autodeterminación del pueblo saharaui.
No obstante, ese referéndum nunca se celebró. Décadas después, el conflicto permanece estancado en una negociación sin avances, congelado diplomáticamente pero nunca resuelto, con aproximadamente decenas de miles de refugiados saharauis en campamentos en el sur de Argelia.
La resolución del 31 de octubre de 2025
El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2797, que marca un punto de inflexión en la posición internacional sobre el Sáhara Occidental. La votación consiguió 11 votos a favor, ninguno en contra, tres abstenciones (Rusia, China y Pakistán) y la ausencia de Argelia. Este resultado obtuvo el respaldo principal de Estados Unidos, con el apoyo explícito de Francia, Reino Unido y otros aliados occidentales.
El elemento más significativo de la resolución reside en su reconocimiento explícito de que «una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más factible» para el conflicto. Esta definición representa la primera ocasión en la que un mandato del Consejo de Seguridad respalda expresamente el resultado preferido por Marruecos como base principal de negociación. El texto afirma además que el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye «una base seria, creíble y realista para resolver el conflicto».
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La resolución, pese a eso, tiene tres componentes operacionales fundamentales. En primer lugar, renueva la misión de MINURSO por un año adicional hasta el 31 de octubre de 2026. En segundo lugar, insta a las partes a mantener negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí. Y por último, establece una revisión de la misión en un plazo de seis meses en función de los progresos realizados en las negociaciones.
No obstante, la resolución conserva una ambigüedad deliberada. Esto se debe porque reconoce simultáneamente «la libre determinación del pueblo saharaui», aunque subordina este principio a la negociación basada en el plan de autonomía marroquí. De hecho, el plan de autonomía especifica competencias limitadas para la región saharaui. Por ejemplo, la gestión de la policía local, los presupuestos regionales, las políticas económicas, la educación, la salud y la cultura. Mientras, Marruecos mantendría la defensa nacional, relaciones exteriores, justicia y símbolos nacionales.
Implicaciones para el Sáhara Occidental
La resolución incluye consecuencias fundamentales para la población saharaui. Durante cincuenta años, la narrativa oficial de la ONU había situado la autodeterminación del pueblo saharaui como el eje central de cualquier solución política. La nueva resolución desplaza significativamente esta visión, transformando la autonomía bajo soberanía marroquí en la base explícita de la negociación.
Para la población saharaui, esta resolución elimina efectivamente la perspectiva de un referéndum de autodeterminación auténtico. Sin embargo, esa era la promesa original realizada por Naciones Unidas en 1991. Este cambio diplomático significa que la independencia ya no es una opción contemplada en el marco de negociación internacional. En vez de eso, la única ruta disponible pasa ahora por negociar niveles de autonomía dentro del Estado marroquí.
Adicionalmente, la resolución genera incertidumbre respecto a los derechos de las decenas de miles de refugiados saharauis alojados en campamentos en Tinduf, Argelia. Los campos de refugiados, que existen desde 1976, podrían enfrentar presiones para su repatriación o cierre si la situación política se estabiliza bajo los términos propuestos por Marruecos.
La resolución también impacta en la cuestión de los recursos naturales del Sáhara Occidental. El territorio posee reservas estimadas en 3.000 millones de toneladas de fosfatos. De ellas, Marruecos explota actualmente alrededor del 2 por ciento mediante su empresa Phosboucraa. La explotación de estos recursos ha generado críticas, puesto que podría constituir un expolio de recursos de un territorio no autónomo. Marruecos obtiene ingresos millonarios de estas exportaciones. La resolución consolida indirectamente la posición de Rabat respecto a estos recursos, al establecer el plan de autonomía marroquí como la base de negociación.
Implicaciones para Marruecos
Para Marruecos, la resolución representa una victoria diplomática sin precedentes en el sistema de Naciones Unidas. Durante más de cuarenta años, Rabat ha pugnado por obtener reconocimiento internacional de su reivindicación sobre el Sáhara Occidental. La votación favorable actual del Consejo de Seguridad transforma significativamente su posición negociadora.
El Rey Mohamed VI caracterizó la resolución como «un cambio histórico» y marcó la fecha del 31 de octubre de 2025 como un «antes y después» en la historia marroquí moderna. Por primera vez, el máximo órgano de seguridad internacional ha reconocido explícitamente que el plan marroquí constituye una «base seria, creíble y realista».
Sin embargo, la victoria marroquí posee limitaciones importantes. Aunque la resolución respalda el plan de autonomía como base de negociación, no reconoce formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La ambigüedad deliberada permite a la resolución mantener su apoyo internacional al preservar la referencia a la «libre determinación» del pueblo saharaui. Esto significa que, técnicamente, el territorio sigue siendo clasificado como no autónomo pendiente de descolonización en el derecho internacional.
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En términos económicos, la resolución consolida el control marroquí sobre los recursos naturales, particularmente los fosfatos, que representan el 20 por ciento de las exportaciones de Marruecos y contribuyen aproximadamente al 5 por ciento de su PIB. Marruecos ha invertido e invertirá miles de millones de euros en infraestructura en el Sáhara Occidental. Por eso, el respaldo de la resolución facilita potencialmente futuras inversiones extranjeras en estas iniciativas económicas.
No obstante, Marruecos enfrenta el desafío de convertir esta legitimación diplomática en una solución política efectiva. El Rey Mohamed VI tendió formalmente la mano a Argelia, indicando su disposición a negociar bilateralmente, pero el Frente Polisario rechazó participar en negociaciones basadas en el plan de autonomía.
Implicaciones para el Frente Polisario
El Frente Polisario rechazo categóricamente y sin ambigüedades la resolución. La organización saharaui declaró que no participará en ningún proceso político basado en propuestas que busquen «legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos».
Esta posición se sustenta en el argumento de que la resolución constituye una renuncia de Naciones Unidas a su compromiso histórico de garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui. Desde su perspectiva, la resolución transforma el derecho a la autodeterminación (un principio irrenunciable en el derecho internacional) en una negociación sobre el grado de autonomía dentro de un Estado ocupante.
El Frente explicó además que presentó una nueva propuesta de negociación ante el Secretario General de la ONU apenas una semana antes de la resolución, demostrando su disposición para el diálogo, pero exclusivamente dentro de un marco que respete la autodeterminación plena del pueblo saharaui.
La consecuencia práctica es que la resolución no abre un camino claro hacia negociaciones políticas, sino que probablemente profundice la parálisis. El Frente Polisario, que hasta 2020 había mantenido un alto el fuego desde 1991, rompió este compromiso en noviembre de ese año tras una incursión militar marroquí en la franja desmilitarizada de Guerguerat. Aunque la resolución de 2025 busca reiniciar negociaciones, el Frente permanece fuera de este marco, rechazando participar en lo que considera una legitimación de la ocupación.
Implicaciones para Argelia
La actuación de Argelia en la votación muestra una estrategia diplomática calibrada y ambigua. El país norteafricano se abstuvo de participar en la votación, aunque típicamente habría estado al lado del Frente Polisario (cuya causa respalda históricamente) o habría votado en contra de la resolución.
Sin embargo, esta abstención estratégica se interpreta de múltiples formas. La ausencia deliberada de Argelia evitó que Marruecos la utilizara como antagonista directo, mientras permitió que Argelia mantuviese su posición como mediadora y garante del proceso de paz. Al no votar ni hablar públicamente contra la resolución, Argelia se posiciona como una potencia disponible para futuras negociaciones, sin percibirse como obstáculo.
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No obstante, Argelia enfrenta dilemas importantes. Históricamente ha respaldado al Frente Polisario y alberga los campamentos de refugiados saharauis. Por eso, esta posición de solidaridad tiene límites económicos y políticos. Asimismo, las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia se encuentran rotas desde 2021, lo que limita la capacidad argelina para ejercer influencia directa sobre Rabat. Además, la región del Sahel y Magreb experimenta un aumento de presiones geopolíticas por la competencia entre potencias mundiales, lo que condiciona la capacidad de decisión argelina.
Para Argelia, la resolución representa un cambio en el equilibrio regional desfavorable a su posición histórica, pero la estrategia de abstención conserva márgenes de maniobra para futuras negociaciones. Esta jugada, pese a eso, permite que Argelia se posicione como mediadora potencial, preservando su capacidad de influencia.
Implicaciones para Estados Unidos
Su actuación en la resolución constituye un elemento decisivo y refleja unas reorientaciones estratégicas más amplias en su política exterior bajo la Administración Trump. Estados Unidos no solamente promocionó la resolución, sino que ejerció un liderazgo activo en su construcción diplomática y aprobación.
Esta posición estadounidense se alinea con varios reconocimientos previos. En 2020, la Administración Trump reconoció formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, en un intercambio que incluyó la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. La resolución de 2025 representa una profundización de este compromiso.
Desde la perspectiva estratégica de Estados Unidos, el respaldo a Marruecos persigue múltiples objetivos. Entre ellos, fortalecer un aliado regional en el norte de África, consolidar la posición occidental en el Sahel frente a la expansión rusa e china, y asegurar la estabilidad en un espacio geográfico crucial para los intereses energéticos y de seguridad estadounidenses.
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró que Estados Unidos acoge con satisfacción la votación como una oportunidad para lograr «una paz en el Sáhara Occidental que debería haberse alcanzado hace mucho tiempo». Esta afirmación refleja el deseo estadounidense de resolver una cuestión que percibe como un obstáculo para la estabilidad regional y el desarrollo económico.
Rusia y China: abstención estratégica
Ambas potencias optaron por abstenerse en la votación, decisión que refleja sus posiciones críticas pero prudentes respecto a la resolución. Rusia calificó explícitamente el texto como «desequilibrado» en sus declaraciones posteriores a la votación. Moscú argumentó que Estados Unidos utilizó el Consejo de Seguridad para «impulsar su posición nacional», desviándose de la práctica establecida de buscar consenso. Además, expresó que el texto «no descongelará el conflicto que lleva varias décadas latente», expresando que las negociaciones sin la participación del Frente Polisario carecerán de efectividad.
La abstención rusa, aunque permitió la aprobación de la resolución, señala la ausencia de respaldo genuino a la iniciativa estadounidense. De hecho, Rusia se habría abstenido porque un veto podría haber significado una confrontación directa con Washington. Sin embargo, la abstención podría comunicar que Moscú no apoya la estrategia estadounidense.
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China ofreció críticas similares aunque expresadas con mayor diplomacia. Pekín indicó que «durante las consultas, varios miembros del Consejo, incluyendo China, aportaron contribuciones constructivas esperando un texto más equilibrado y justo». China argumentó que «la resolución no logró equilibrar adecuadamente las preocupaciones de todas las partes».
Ambos también recordaron que el pueblo del Sáhara Occidental debe ejercer su derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Esta insistencia refleja que, aunque Rusia y China no bloquearon la resolución mediante su poder de veto, tampoco están dispuestas a respaldar un sistema donde superpotencias imponen soluciones sin consenso genuino de los pueblos afectados.
Implicaciones geopolíticas regionales
La resolución se sitúa en un momento de tensión militar latente que persiste desde 2020. El Frente Polisario rompió el alto el fuego con Marruecos en noviembre de 2020 tras una incursión militar marroquí en la franja desmilitarizada de Guerguerat, donde civiles saharauis protestaban pacíficamente. Marruecos, en ese momento, abrió una brecha ilegal a través de la franja de amortiguación violando los acuerdos militares vigentes.
Desde entonces, el conflicto ha permanecido en un estado de «no paz, no guerra». Es decir, no hay combates abiertos pero tampoco existe una negociación efectiva. La resolución de 2025, al cerrar prácticamente la puerta a la autodeterminación independiente, podría incrementar las probabilidades de escalada militar o de confrontación armada en zonas fronterizas como Guerguerat.
El Frente Polisario posee capacidades militares, aunque limitadas. Marruecos, por su parte, ha invertido significativamente en defensa y posee una de las fuerzas militares más desarrolladas del norte de África. Una escalada armada tendría consecuencias desestabilizadores para la región, particularmente en contextos donde otros conflictos regionales (Sahel, Líbano, Yemen) mantienen la zona bajo presión geopolítica.
En términos más amplios, la resolución refleja una reconfiguración del tablero geopolítico africano, donde potencias occidentales, particularmente Estados Unidos, buscan consolidar alianzas en el norte de África frente a la expansión rusa y china. Marruecos emerge como un actor clave en esta estrategia occidental, lo que explica el apoyo firme de Washington, París y Londres a su posición.
Un punto de inflexión sin resolución definitiva
Pese a que la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad marca un cambio histórico en la posición internacional sobre el Sáhara Occidental, esta no constituye un fin definitivo del conflicto. Esta decisión consolida diplomáticamente la posición de Marruecos, reconociendo explícitamente su plan de autonomía como base viable de negociación. Sin embargo, representa un retroceso para las esperanzas saharauis de autodeterminación independiente.
Para Marruecos, la resolución ofrece una legitimidad internacional sin restricciones efectivas a su control territorial o sus actividades económicas en el Sáhara Occidental. Respecto al Frente Polisario y el pueblo saharaui, supone una pérdida del derecho a la autodeterminación plena. Para Estados Unidos, consolida su estrategia de fortalecimiento de alianzas en el norte de África. En cuanto a Rusia y China, manifiesta una preocupación respecto a cómo potencias occidentales podrían ganar peso en el norte de África.
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Lo más significativo es que la resolución no abre un camino claro hacia negociaciones efectivas. El Frente Polisario rechaza participar en un marco construido sobre la negación de su derecho fundamental. Argelia permanece diplomáticamente ambigua. Por su parte, Marruecos ha obtenido el apoyo internacional, pero sigue sin convertir este apoyo en un acuerdo político vinculante con la parte saharaui.
El conflicto del Sáhara Occidental ha entrado, por tanto, en una nueva fase caracterizada por una ambigüedad diplomática y potencial volatilidad militar. La comunidad internacional ha elegido validar una solución que una de las partes rechaza categóricamente. Esto plantea que la cuestión saharaui permanecerá como una herida abierta en la geopolítica africana durante los próximos años.
