La violencia sexual contra mujeres vulnerables exige soluciones que protejan su integridad sin vulnerar su autonomía. Los anticonceptivos subcutáneos (ACS) surgen como una herramienta eficaz de prevención, aunque su uso plantea profundos debates éticos y legales. En este artículo, Paz Quintero López, alumna del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada, analiza cómo equilibrar la seguridad reproductiva con el derecho al consentimiento informado en el marco sanitario actual.
La violencia sexual es un tema complejo que obliga a mirar más allá de los actos aislados para poder comprender las raíces del problema de su vigencia y los motivos de que siga perpetuándose en la actualidad. No solo abarca agresiones físicas. También es una dura manifestación dura de las dinámicas de poder que permanecen enquistadas en la sociedad de hoy.
Para las mujeres en situación de vulnerabilidad, la gravedad y el riesgo de estos actos abusivos se magnifican. Esto incluye a personas con discapacidad, mayores, migrantes o quienes ya han sufrido violencia.
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En este contexto, la salud reproductiva se convierte en un asunto crítico, por lo que la existencia de anticonceptivos subcutáneos (ACS) pueden terminar siendo un arma de doble filo: una gran herramienta de protección pero, si se utiliza mal, podría convertirse en una manera de coerción sutil.
¿Qué es un anticonceptivo subcutáneo?
Los ACS o anticonceptivos subcutáneos son pequeños implantes y de estructura flexible que son colocados bajo la piel del brazo. Su objetivo es liberar hormonas de manera continuada, impidiendo la posibilidad de embarazo con una eficacia del 99%. En España, este dispositivo se encuentra en farmacias, con receta médica, bajo el nombre de Implanon.
Gracias a su alta eficacia y larga duración (de 3 a 5 años), este método resulta muy atractivo para poblaciones que pueden tener dificultades para recordar una toma diaria de una píldora anticonceptiva, como las mujeres con algún tipo de discapacidad cognitiva, o aquellas que viven en situaciones de inestabilidad.
Otra ventaja es su discreción, ya que resultan una interesante opción para mujeres que no desean informar el uso de protección contra el embarazo.
El uso del ACS en situaciones de discapacidad o vulnerabilidad
¿Por qué se usa este método en mujeres con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad? Precisamente, por el alto riesgo de ser víctimas de violación. Según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, más del 65% de las mujeres con discapacidad en España ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Es importante tener en cuenta que los anticonceptivos subcutáneos tienen una duración prolongada dentro del organismo, y por ello existen algunos riesgos que conviene señalar. Un ACS, una vez implantado bajo la piel, no puede ser retirado de manera fácil sin la supervisión de un profesional de la medicina.
Esta solución, aunque fiable, no deja de plantear interrogantes éticos importantes, sobre todo en contextos donde la mujer no posee el control total en sus decisiones.
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Hay que tener en cuenta que, como cualquier fármaco (y más, uno que altera las hormonas), se pueden producir efectos secundarios durante el tratamiento anticonceptivo. Generalmente, estos suelen ser leves, como los cambios de humor, el aumento de peso, o las náuseas puntuales, pero no deben de subestimarse en ningún caso, de ahí la necesidad de realizar siempre un seguimiento médico. Otro aspecto a resaltar es que estos implantes no previenen contra enfermedades de transmisión sexual (ETS), por lo que no son infalibles.
Llevar un ACS no protege a la mujer de contraer infecciones. Entre ellas destacan el Virus del Papiloma Humano (VPH), el herpes genital, la candidiasis o el VIH.
En el proceso de decisión de utilizar este implante, la paciente debe dar su consentimiento y asegurar que ha sido informada de sus ventajas e inconvenientes.
Sin embargo, en los casos de mujeres con discapacidad, la autorización de su uso recae en las personas con tutela. Esto es así ya que quienes presentan un alto grado de dependencia y retraso cognitivo severo pueden pasar gran parte de la jornada en centros de día o residir de forma permanente en centros de atención especializada.
Esto hace que la supervisión familiar de su seguridad dependa de la confianza y el buen hacer de terceras personas a su cuidado, algo que no siempre es así. Ocurre algo parecido en mujeres vulnerables (migrantes, refugiadas).
Los anticonceptivos subcutáneos y su relación con la victimología sexual
Dentro de las medidas para combatir la violencia sexual hacia las mujeres está la de prevenir embarazos no deseados tras una violación. Esto es así para evitar una revictimización, ya que el hecho de que se produzca un embarazo podría atar a la víctima con su agresor, perpetuando así el trauma de la experiencia negativa vivida.
En este sentido, los anticonceptivos subcutáneos son una herramienta de protección muy efectiva, ya que proporcionan una capa de seguridad duradera y confiable para evitar tener que pasar por el mal trago añadido de tener solicitar un aborto (en muchos países esta medida no es legal, ni aun demostrándose ser víctima de abuso sexual).
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Actualmente, el Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Violencia Sexual (Ministerio de Sanidad, 2022) establece pautas de atención integral para las víctimas, que incluyen la prevención del embarazo no deseado después una agresión.
En este marco, el acceso rápido y seguro a métodos anticonceptivos eficaces es prioritario, siendo la anticoncepción de urgencia el recurso más inmediato (la píldora del día después). Sin embargo, también se contempla la necesidad de ofrecer alternativas anticonceptivas a medio y largo plazo, entre ellas este método intradérmico.
Actualmente, no hay respaldo legal para colocar anticonceptivos intradérmicos sin el consentimiento de la mujer con discapacidad. Esto aplica incluso si existe dependencia, salvo casos excepcionales donde la persona no pueda expresar su voluntad y cuente con un representante legal. Si un profesional o cuidador promueve el ACS sin consentimiento genuino, esto podría considerarse violencia institucional.
El Servicio Nacional de Salud en España garantiza el acceso a los anticonceptivos intradérmicos dentro de su cartera de prestaciones, de modo que todas las mujeres, incluidas aquellas que han sufrido violencia sexual, puedan acceder a estos sin que su situación económica sea un obstáculo.
En definitiva, abordar la violencia sexual contra mujeres en situación de vulnerabilidad exige respuestas que combinen la protección de sus derechos, el respeto a su autonomía corporal y un acceso real y justo a los servicios sanitarios, tal y como defienden las recomendaciones de la OMS.
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Los anticonceptivos subcutáneos o ACS pueden convertirse en una herramienta de empoderamiento, siempre que su uso se plantee desde un marco ético claro. Esto implica asegurarse de que cada mujer reciba información comprensible, que se valore su capacidad de decisión y que existan garantías frente a cualquier posible abuso.
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