España y Marruecos arrastran una relación marcada por tensiones migratorias, cesiones diplomáticas y silencios calculados. La crisis de Ceuta de julio de 2026, con miles de entradas irregulares en pocos días, vuelve a poner sobre la mesa si el Gobierno español actúa con firmeza ante su vecino o si, una vez más, opta por el apaciguamiento. Este análisis repasa dos décadas de episodios que sostienen esa segunda hipótesis.
El año 1956 fue testigo del nacimiento de un Estado que ha retado reiteradamente en el plano geopolítico al Reino de España, tanto en el siglo XX como en el XXI: el Reino de Marruecos. Coincidiendo con la crisis en Ceuta en julio de 2026, el presente artículo hará un repaso histórico en clave analítica de los diversos desafíos que ha presentado Marruecos a la soberanía española, podría seguir presentando en el futuro próximo e intentará dar respuesta al porqué de la actitud de España hacia su vecino más particular.
Con el objeto de evitar sesgos y la simplificación excesiva de la problemática expuesta, se tratarán de manera integral los aspectos más relevantes que han condicionado el comportamiento español para con el reino alauita.
Marruecos: ¿socio, rival o ambos?
Marruecos se yergue como un Estado que presume de ser una monarquía islámica abierta al mundo, moderna y segura para todos. Como ya se ha analizado anteriormente en LISA News, esta narrativa presenta numerosas contradicciones.
Para el Reino de España, democracia plena cuyos valores están plenamente alineados con los de sus socios de la Unión Europea, Marruecos es, en palabras del Ministro del Interior español Grande-Marlaska, «un socio fiable». Declaraciones similares son a menudo empleadas por diversos representantes de la UE al referirse al país magrebí. A principios de agosto del año 2026, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aludía a la profundización del partenariado ya existente entre la UE y Marruecos.
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El socio comercial principal y destinatario de la mayoría de las exportaciones de Marruecos es la UE. Es relevante mencionar que España es el Estado de la Unión Europea al que Marruecos más ha exportado durante los últimos años, no siendo así a la inversa.
Es innegable el hecho de que Marruecos es un Estado con el que se colabora en diversas materias que abarcan desde la gestión fronteriza hasta la seguridad transnacional, haciéndose especial énfasis en la cooperación en materia antiterrorista. El intercambio de información sensible y relevante en este campo, sobre todo para los países europeos, es de una importancia crucial, ya que Marruecos se articula como un actor con acceso privilegiado a fuentes de información en esta materia. Este Estado presenta cierta estabilidad política, practica el islam moderado y es, además, un muro de contención del fanatismo religioso en el Sahel, la frontera avanzada de la Unión Europea.
A pesar de cooperar frecuentemente con sus socios europeos en este ámbito, Marruecos sabe que tiene en su poder una baza muy poderosa en sus relaciones exteriores. Por ende, emplea el acceso a dicha información como moneda de cambio para recibir subsidios y diversas ayudas económicas para su beneficio. Este Estado no duda en dejar de suministrar información relevante para la seguridad de sus socios si con ello alcanza sus objetivos en pos de sus intereses.
Además, la regulación de la inmigración que atraviesa el continente africano en busca de oportunidades en Europa es otro fenómeno que Marruecos ha sabido explotar para su beneficio. En múltiples ocasiones, oleadas de miles de inmigrantes procedentes del país magrebí han protagonizado incidentes de seria gravedad que han puesto en jaque a las autoridades españolas justo en momentos de escalada de la tensión diplomática. Estos inmigrantes provienen tanto de África meridional como del propio Marruecos.
Inmigración descontrolada como vector de ataque
Los elementos esenciales de un Estado moderno son el poder, el territorio, la población y el reconocimiento internacional por parte de otros Estados. Por ello, la permeabilidad o, por el contrario, la inviolabilidad de las fronteras de ese territorio son un condicionante clave en la pervivencia del Estado.
El fenómeno migratorio es un concepto abstracto y complejo. Existen flujos migratorios que son consecuencia de la pobreza, conflictos armados, persecución racial y un largo etcétera. En las últimas décadas, mafias se han lucrado de este fenómeno, aunque no son las únicas organizaciones que han sacado provecho de esta desgracia.
Actores estatales como la República de Belarús o el Reino de Marruecos han instrumentalizado esta inmigración para sus fines políticos y de desestabilización de terceros países.
Para comprender el empleo que Marruecos realiza de la inmigración como herramienta para lograr sus fines, es indispensable saber que en la cúspide del país alauita se sitúa el monarca, Mohamed VI. Toda la organización del Estado orbita en torno a la figura del rey y de su poder absoluto en la sombra. Ejemplo de ello es el concepto del majzén, estructura que hace alusión a la omnipresente influencia condicionante que ejerce su influencia en todos los ámbitos de la vida social.
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En cada rincón del reino, desde el poblado más humilde hasta la ciudad más pudiente, existe una serie de moqadems o informadores del Ministerio del Interior. Estos conforman el eje vertebrador de la estructura del majzén, ya que desempeñan el poder en la sombra del Estado marroquí de una manera un tanto transversal. Desde transmitir a las autoridades policiales la existencia de un converso al cristianismo en el barrio hasta la prohibición de hablar con los periodistas extranjeros y echar a los mismos a patadas de los edificios públicos, los moqadems (cuya existencia se cifra en aproximadamente 50000 hombres, según datos de 2019) son el poder invisible. Esta figura supone el eslabón básico de los servicios de información marroquíes.
Cada vez que se producen intentos masivos de entrada ilegal a Ceuta y Melilla, ciudades autónomas plenamente integradas en el territorio español como explica el siguiente artículo del periodista de LISA News Rubén Asenjo, la realidad política imperante en el momento es un factor crucial. Siempre que suceden, algún comportamiento español ha ofendido al monarca marroquí. Fue el caso de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 inmigrantes saltaron las vallas de Ceuta y Melilla, un mes después de que se hiciese público que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, había ingresado en España para recibir tratamiento médico.
En 2021, es en los momentos posteriores a dicho acontecimiento que los teléfonos móviles tanto del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Castejón, como del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron infectados con el software espía Pegasus de fabricación israelí. Este software es vendido por parte de una empresa privada del país hebreo a actores estatales, entre los que se encuentran tanto Marruecos como España.
El programa Pegasus puede acceder a todas las comunicaciones y archivos presentes en los dispositivos infectados.
Meses después, el gobierno español rompió más de 40 años de consenso político interno y de continuidad y cambiaba abruptamente de postura en la cuestión del Sáhara Occidental. A través de una carta dirigida al rey de Marruecos, ni tan siquiera de una comparecencia en sede parlamentaria, Pedro Sánchez asumía la marroquinidad del Sáhara Occidental dando el visto bueno del Reino de España al Plan de Autonomía para el Sáhara planteado por Marruecos.
Años después, esta vez en 2026 y coincidiendo con la fiesta nacional marroquí (Fiesta del Trono, en la que se rinde pleitesía al rey), alrededor de 80.000 inmigrantes, de entre los cuales fallecieron un centenar ahogados en el mar, atravesaron la frontera que separa la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos días después de una visita institucional de Pedro Sánchez a Argelia.
Parte de los inmigrantes que consiguieron entrar en suelo español saquearon comercios y participaron en actos vandálicos. Entre ellos, se han localizado a moqadems conocidos, a miembros en activo de la inteligencia marroquí, a delincuentes indultados por parte del rey Mohamed VI y a investigados por terrorismo en el pasado.
Además, han circulado vídeos en las redes que muestran a las autoridades policiales marroquíes presuntamente descargando camiones llenos de inmigrantes en las inmediaciones de la frontera con Ceuta.
La observación satelital de Ceuta desde artefactos marroquíes como los satélites MOHAMED VI – A y MOHAMED VI – B fue un factor, asimismo, reseñable. La semana anterior a la crisis, entre los 4 satélites en posesión de Marruecos, se registraron una media de 0,86 pasadas diarias cerca de Ceuta. Al menos seis de estas pasadas fueron a menos de 100 kilómetros de la ciudad autónoma.
Para adquirir perspectiva, el número de las pasadas satelitales en los días posteriores a la crisis es mucho menor: se registraron una media de 0,17 pasadas diarias entre el 31 de julio y el 5 de agosto.
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Todos estos indicios podrían reforzar la tesis de que estas acciones, efectuadas a través de la presión migratoria descontrolada, podrían constituirse como ataques orquestados por Marruecos para presionar a España y conseguir cesiones a cambio.
Polonia como ejemplo de gestión migratoria
Ante los desafíos planteados por la instrumentalización de la inmigración por parte de Mohammed VI, la respuesta de España es clara: asumir la posición marroquí y ceder ante sus demandas. Siempre que se suceden avalanchas de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, estas vienen motivadas por razones de índole geopolítica. Marruecos ha salido ganando con concesiones de calado tras estos episodios, mientras que España nunca ha catalogado estos hechos como incidente diplomático, buscando no contrariar más a Marruecos.
La situación es similar, pero los resultados difieren de sobremanera en el este de Europa. Polonia ha sabido repeler las avalanchas de inmigrantes africanos y de Oriente Medio que Lukashenko, el dictador bielorruso, ha lanzado sobre la frontera polaca para generar presión a los socios europeos.
Para poder repeler este tipo de ataques, es menester tener voluntad. Una amalgama de factores explica el énfasis que ponen los socios polacos en la prevención de este problema en comparación con España.
En primer lugar, esto se debe al posicionamiento geopolítico de los países que lanzan estas avalanchas de inmigrantes. Belarús es un régimen con una presidencia de gobierno cuyo titular, Alexander Lukashenko, permanece en el cargo desde el año 1994 y no realiza ningún esfuerzo por ofrecer al mundo una imagen democrática de su país. Además, se posiciona como un aliado fundamental de la Federación Rusa, llegando esta última a emplear el territorio bielorruso como lanzadera para lanzar la invasión de Ucrania en el año 2022. Por ende, las relaciones con los miembros de la Unión Europea están extremadamente deterioradas.
En el otro extremo se sitúa Marruecos. El país alauita cuida de sobremanera su imagen ante el exterior y se muestra al mundo como un país cada vez más democrático. A diferencia del país eslavo, explota una narrativa en la que se presenta como un Estado en el que existe un relevo democrático en la Presidencia del Gobierno, se respetan los derechos humanos de su población y es un socio comercial fiable. Además, sus buenas relaciones con los Estados Unidos de América y su adhesión a los Acuerdos de Abraham en 2020, las cuales situaron a Israel como aliado del Estado magrebí, ayudan a proyectar una imagen positiva ante el mundo y, en especial, ante la Unión Europea.
Ante el contexto geopolítico y debido a intereses cruzados, resulta más sencillo justificar la crítica hacia Belarús y no poner el foco en la complicada relación que tiene Marruecos con el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos en su propio territorio.
Por otra parte, mientras que España presume de inhibirse de su historia en favor de una política globalista, Polonia abraza sus valores tradicionales cristianos y se refugia en la nación como proyecto de vida en común. El país centroeuropeo acoge por millones a refugiados que profesan la religión y la cultura cristiana como bielorrusos y ucranianos mientras que veta, por norma, a refugiados provenientes de países islámicos. Esto sucede al asociar la pervivencia de su modo de vida al catolicismo, doctrina que condiciona las políticas polacas. Esta confesión religiosa llega a impactar en cuestiones que van más allá del propio fenómeno migratorio como son, por ejemplo, el aborto.
Polonia es un país extremadamente celoso en la defensa de su soberanía nacional, comprendiendo que esta se defiende, en última instancia, a través del empleo de la fuerza.
Es por ello que no permite la inclusión de inmigrantes provenientes de culturas cuya realidad choca frontalmente con los valores polacos. Polonia opta por acoger refugiados cuyas creencias y valores coincidan en lo sustancial con aquellos sobre los que se sustenta su sociedad, generalmente de países eslavos próximos, quienes ya superan, en conjunto, el millón.
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La diferencia entre España y Polonia es abismal. Mientras que en el primer Estado se prometen a los inmigrantes regularizaciones masivas (según datos del Ministerio de Migraciones de comienzos de julio de 2026, 1.174.968 solicitudes han sido registradas y más del 50% admitidas a trámite) y subsidios estatales como el Ingreso Mínimo Vital tras la regularización en cuestión (cobrado por más de 800.000 personas de las cuales más de 100.000 son extranjeras según documentos del Instituto Nacional de la Seguridad Social), Polonia rechaza sistemáticamente los intentos de entrada irregulares de personas en su territorio y exige visados y solicitudes de asilo tramitadas y aprobadas conforme a las leyes para acoger a cualquier ciudadano extranjero.
Por último, es necesario examinar con profundidad un factor determinante: el sentimiento de unidad y pertenencia a la nación. En Polonia son conscientes de que su estilo de vida y todas sus libertades están supeditadas a su nación. Tras siglos de invasiones, ocupaciones y atropellos a su soberanía, las más recientes por parte de la Alemania nazi y del gigante soviético, los polacos quieren estar blindados ante las injerencias extranjeras.
El país eslavo es firme con la inmigración, mientras que España es más laxa. ¿Qué razones llevan a estos países, ambos europeos, a tomar decisiones tan dispares?
¿La España inmovilista?
El sentimiento de pertenencia a una unidad nacional es, en España, cada vez menor. Esta realidad queda reflejada a través de los millones de ciudadanos españoles que votan a partidos independentistas y secesionistas en regiones como Cataluña y el País Vasco. Esto se suma a partidos políticos que, a nivel estatal, supeditan la gobernabilidad del Estado al apoyo de los mismos nacionalistas cada legislatura, procediendo a una desconexión paulatina de los respectivos territorios con aspiraciones independentistas del resto de España. Dicha realidad se acompaña de la aprobación de los españoles a través del voto a los partidos que ponen en cuestión, a través de sus alianzas políticas, la pervivencia de España como Estado.
Las instituciones tienen menos credibilidad a tenor de lo que reflejan encuestas de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Siendo estos los indicadores de una falta de confianza de la población española en su modelo de país, cada vez menos personas se movilizan manifestándose exigiendo la defensa del Estado de Derecho y la defensa de la soberanía nacional a pesar de los sucesivos escándalos políticos que han caracterizado la política española de los últimos años.
A diferencia del reino de Marruecos, donde los partidos políticos, siempre controlados por el régimen y con sonadas excepciones perseguidas judicial, política y socialmente como la disidencia saharaui, defienden a ultranza la pervivencia de Marruecos como nación y su estilo de vida, en España la tendencia es negativa.
Como ha sido expuesto previamente, existe un alto porcentaje de partidos políticos que representan a ciudadanos españoles que quieren dejar de serlo, como es el caso de Cataluña. Se suma esto a una realidad poco habitual: estos partidos políticos secesionistas condicionan directamente la agenda del gobierno del Estado que quieren destruir, supeditando el Gobierno de la Nación su acción a la conformidad de los independentistas en el Congreso de los Diputados.
Es fundamental recalcar que los países autocráticos tienen mayores facultades para controlar la imagen de estabilidad social que proyectan al exterior debido al estricto control social y, como consecuencia, de las informaciones que trascienden sus fronteras. A pesar de ello, en un mundo cada vez más permeable y sensible a la información, que trasciende con mayor facilidad gracias a fenomenología como internet y las redes sociales, se pone en tela de juicio la supuesta estabilidad y legitimidad de los regímenes autocráticos como Marruecos. Este hecho no quita que los marroquíes se sientan orgullosos de su realidad nacional y defiendan, en líneas generales, mayoritariamente un régimen a cuyo rey consideran mandatario legítimo.
Teniendo en cuenta estos puntos y, si entra en escena un adversario precavido y astuto que aproveche las realidades condicionantes del mundo, como lo ha sido el Reino de Marruecos, es comprensible que España falle en su defensa.
Diplomacia testimonial. Poderío militar en cuestión
El aparato diplomático español es de los más antiguos del mundo. Hitos como la apertura de la embajada ante la Santa Sede por parte de los Reyes Católicos a finales del siglo XV atestiguan la importancia y el papel protagonista desempeñado por España en el mundo a lo largo de la historia universal.
Otrora una potencia de primer orden, tanto militar, diplomática como comercial, hoy en día España se considera una potencia media. En materia de Defensa, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 no define objetivos concretos a la hora de abordar las necesidades tecnológicas y de innovación o I+D de las Fuerzas Armadas.
Lo más parecido a un documento que plantee los objetivos principales de la política exterior española es la Estrategia de Acción Exterior 2025 – 2028. Esta no se materializa en objetivos tangibles, sino en una serie de conceptos que en ningún momento hablan de firmeza en el empleo de los instrumentos de la Acción Exterior del Estado para salvaguardar los intereses nacionales. Esto se circunscribe a la aproximación legalista que caracteriza la política exterior española de los diferentes ejecutivos de los últimos 20 años.
España, en su estrategia de acción exterior, no hace alusión alguna ni plantea el empleo de la fuerza militar ni tan siquiera para defender la legalidad internacional. El empleo de la misma como parte de la disuasión española ante Marruecos hace que está última se considere de nivel moderado según informes elaborados por el propio Ejército de Tierra. Asumen estas fuentes que ha disminuido considerablemente este poder de disuasión ante Marruecos si se compara en retrospectiva con el existente hace 20 años.
Esta concepción de que todo conflicto puede resolverse a través del diálogo, la cooperación para el desarrollo (traducido en regar de dinero a países, entre los que se encuentra la monarquía alauita, donde la trazabilidad del destino final de los fondos de cooperación es de dudosa fiabilidad) y la negociación multilateral en organismos internacionales es puesta en duda por fuentes pertenecientes a diversas instituciones del Estado.
El Reino de España practica la estrategia del apaciguamiento con Marruecos. Según ex altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, “el Gobierno está atrapado en la estrategia de apaciguamiento con Marruecos desde 2022. Ahora no puede virar porque eso requeriría un cambio en el equipo ministerial y porque la prioridad son las elecciones generales”.
La monarquía alauita ha sabido interpretar con buen criterio la inexistencia, por un lado, de una estrategia eficaz en materia de protección de sus intereses de España (tanto en el interior como en el exterior) y, por otro lado, la existencia de recelo a la hora de defender estos intereses y establecer una línea narrativa que se publicite y defienda sin complejos.
El despliegue militar en Ceuta y Melilla es, en comparación con el territorio peninsular, ínfimo. No existe capacidad real de combate ni de disuasión en las ciudades autónomas, por lo que los incentivos para atacar este territorio serían, en el hipotético caso, altos. Además, todos los despliegues del Ejército de Tierra en territorio nacional de los últimos años, como la Operación Balmis en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la pandemia de Covid-19 y el despliegue en Ceuta y Melilla ante las distintas avalanchas migratorias tanto de 2021 como de 2026, han sido con militares que no portaban munición.
Un ejemplo ilustrativo de las capacidades militares españolas y de la doctrina de su empleo tanto en territorio nacional como en el extranjero es el relativo a las baterías antiaéreas de largo alcance Patriot. En total existen 3 baterías operadas por el Ejército de Tierra, más concretamente por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 ubicado en la localidad valenciana de Marines: 2 están en base en Marines y 1 está desplegada en Turquía en el marco de la misión Active Fence de la OTAN. Se desconoce por qué no están desplegadas en Ceuta y Melilla ante un potencial adversario militar como Marruecos, siendo el principal sistema de armas que garantizaría la protección tierra-aire.
Este tipo de despliegues internacionales en los que España suele participar se hacen efectuando un balance entre el riesgo real en zona de operaciones (mínimo) y el asumir el mínimo grado posible de responsabilidad en la OTAN en el marco de los compromisos establecidos por la defensa colectiva. Atrás quedó el empleo de la fuerza militar en acciones puramente ofensivas, ya que el último despliegue considerado sin ambages como misión puramente de combate debido a la realización de acciones ofensivas fue durante la operación Allied Force en Yugoslavia.
En el territorio de la antigua Yugoslavia y durante un periodo de más de dos meses, cazas españoles EF-18 realizaron numerosas misiones, entre las que se encontraban la supresión de defensas antiaéreas mediante el empleo de armamento aire-suelo o escoltas aéreas.
Iraq (2003 – 2004) y Afganistán (2002 – 2014), aunque fueron zonas de guerra en las que las tropas españolas participaron activamente, no se consideraron como despliegues de combate oficialmente, sino de estabilización y reconstrucción.
Todo lo que se contemple como una posibilidad de empleo de la fuerza real se evita, como ya pasó cuando se ordenó en 2019 la retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por EEUU en plena escalada con Irán. So pretexto de evitar una escalada que pudiese poner en peligro a las tropas españolas, a las cuales despliega en pleno 2026 desarmadas y sin munición en Ceuta ante una avalancha humana que podría poner en peligro su integridad física, y en la línea de la política de enfrentamiento a la administración norteamericana asumida por los diversos ejecutivos socialistas españoles en lo que va de siglo, el expuesto fue el enésimo desplante a los aliados norteamericanos.
Este último contribuyó a continuar minando las relaciones bilaterales, acumulándose en la lista que inició el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando permaneció sentado ante el paso de la bandera de las barras y las estrellas en el Día de la Fiesta Nacional el 12 de octubre de 2003.
Es por ello que estas acciones, consideradas como faltas de compromiso con un socio y aliado fundamental, contextualizan el viraje de los Estados Unidos de América hacia la predisposición por parte de ciertos sectores republicanos al reconocimiento de Ceuta y Melilla como marroquíes, narrativa completamente falsa, pero vendida al mundo con éxito durante décadas por Marruecos ante el silencio de los sucesivos gobiernos españoles.
Esta narrativa sobre el estatus de Ceuta y Melilla, cuya españolidad es más antigua que el propio sultanato de Marruecos, y del resto de posesiones españolas en África como las Canarias, las islas Chafarinas o la Isla de Perejil, entre otras, es un ejemplo del funcionamiento del poder blando marroquí ante la pasividad del aparato estatal español ante la sociedad internacional.
Además, Israel ha considerado que ha sido en múltiples ocasiones menospreciada por España. Hasta Su Majestad el Rey Felipe VI en la Asamblea General de la ONU en 2025 se ha posicionado en contra de la legítima defensa del Estado hebreo, tildando de «masacre» las operaciones militares en Gaza. Otro acto más que desde las instituciones españolas ha terminado llevando a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y el posicionamiento de un Estado poderoso del lado de Marruecos.
No es la primera vez que España permanece callada ante las diferentes afrentas marroquíes que se suceden en el tiempo, especialmente en los últimos 20 años. Es la tónica habitual de la política exterior española no entrar nunca en confrontación con su extraño vecino, término que emplean autores expertos en Marruecos para referirse a este país como Javier Otazu en su libro Marruecos: el extraño vecino.
Hecho que ilustra la tónica habitual de sucesivas pérdidas de la batalla narrativa ante el mundo, de nuevo y con los hechos a su favor, es ante el reto secesionista catalán, cuyo punto de inflexión fue la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) efectuada por el Parlamento catalán en 2017. La Generalitat de Cataluña, durante años, financió una red de «consulados» en países del exterior que culminó, por ejemplo, con la fuga y acogida sin ningún tipo de traba a Carles Puigdemont en el Reino de Bélgica.
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En un choque frontal directo se encuentra la doctrina española ante la doctrina marroquí, la cual ha conseguido que numerosos países diesen su visto bueno al Plan de Autonomía para el Sáhara marroquí contraviniendo las propias indicaciones de la ONU. Incluso España, garante de la legalidad internacional a capa y espada, ha expresado su conformidad con este plan.
La relación de causalidad entre la propagación de una línea narrativa hostil a los intereses vitales de la nación española y la materialización de acciones que claramente atentan contra la misma no es percibida por las autoridades españolas como un problema. Las mentiras repetidas mil veces se convierten en verdad, mas esto no supone un quebradero de cabeza para nadie en España.
Conclusiones estratégicas
Marruecos actúa como un actor híbrido. En la arena internacional, juega con ventaja al no estar supeditado como actor unitario a un respeto a las reglas de juego que rigen este tablero para los Estados plenamente democráticos.
Los países del bloque occidental se caracterizan por su respeto, en mayor o menor medida, al derecho internacional público. Pueden existir diferencias entre los diversos países occidentales a la hora de interpretar estas normas, mas estas se consagran como el marco de referencia principal a la hora de establecer las diversas líneas de acción que condicionan cómo estos países defienden sus intereses ante la sociedad internacional.
Marruecos sabe leer en clave geopolítica las carencias españolas, conoce a la perfección los recovecos de su doctrina estratégica e interpreta, con un timing impecable, cuándo lanzar ataques en el marco de su ofensiva híbrida. Todo esto contra un rival que, considera Mohamed VI y toda su corte, tiene todavía algo que les pertenece.
Al igual que no se acoge a los mandatos de la Asamblea General de la ONU sobre Territorios Pendientes de Descolonización con su Plan Especial para el Sáhara, pone en cuestión repetidamente la soberanía española a través del astuto empleo de todo su aparato estatal en connivencia con la pasividad de las autoridades españolas. Además, emplea tácticas como la compra de votos por correo en la ciudad autónoma de Melilla.
Como ilustran numerosas declaraciones de altos representantes marroquíes, Marruecos no va a parar hasta conseguir la soberanía sobre Ceuta y Melilla mediante el empleo de tácticas híbridas, de influencia y desestabilización. Esto también se da, en parte, gracias a la cooperación de las élites españolas, las cuales, por ejemplo, demuestran su connivencia con el régimen marroquí acudiendo a un gran número de celebraciones en las legaciones diplomáticas marroquíes repartidas a lo largo y ancho de la geografía española como se vio el Día del Trono de 2026. Altos cargos políticos, periodistas y altos mandos militares se congregaron en consulados y embajadas marroquíes mientras decenas de miles de personas cruzaban irregularmente la frontera.
En palabras de Jorge Dezcallar, exembajador en Marruecos entre 1997 y 2001 y exdirector del CNI entre 2002 y 2004 (del CESID entre 2001 y 2002), hay que tratar a Marruecos con» afecto, con respeto, pero con firmeza también, porque es que, si no, le das la mano y te coge el brazo».
España pierde relevancia internacional y geoestratégica. Ejemplo de ello es la no invitación a España en diversas cumbres y foros internacionales como los celebrados en 2026 por parte de importantes aliados (Reino Unido, Italia, Alemania) relativas a la situación en el estrecho de Ormuz o reuniones en el seno de la UE de carácter informal.
Por el contrario, Marruecos es vista gracias a su astucia como un socio cada vez más importante en ambas orillas del Atlántico como refleja la adopción de acuerdos con socios fundamentales en la UE además de las ricas relaciones políticas y comerciales con los Estados Unidos de América.
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