Las agencias de inteligencia, en el imaginario clásico, realizan operaciones encubiertas para obtener información de los Estados, como los planes de guerra o las capacidades materiales de sus ejércitos. Hoy, el objetivo más codiciado puede ser el diseño de un chip o un algoritmo de inteligencia artificial almacenado en el servidor de una empresa. La frontera entre competencia económica y seguridad nacional se ha difuminado, y las compañías tecnológicas son ya un blanco prioritario de los servicios de inteligencia. En este artículo, Álvaro Caverni, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, analiza cómo el espionaje se ha desplazado hacia el sector tecnológico y qué implica para la seguridad de empresas y Estados.
¿Qué es y qué lo distingue?
Conviene separar dos conceptos. El espionaje industrial es la obtención ilícita de secretos empresariales por parte de un competidor para ganar ventaja de mercado. El espionaje económico añade un elemento decisivo: detrás está un Estado, o actúa en su beneficio. La Economic Espionage Act estadounidense de 1996 lo refleja, castigando con más dureza el robo que beneficia a un gobierno extranjero. En España, la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y el artículo 278 del Código Penal protegen esta información, aunque sin esa distinción expresa.
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Frente al espionaje tradicional, cambian casi todas las variables. El objetivo no es político ni militar, sino tecnológico. Los blancos no son diplomáticos, sino ingenieros e investigadores. Y los métodos rara vez requieren agentes con cobertura: bastan un empleado con acceso, una cuenta personal en la nube o una oferta de trabajo en el extranjero.
¿Por qué la tecnología es ya un asunto de Estado?
La razón de fondo es que los semiconductores, la IA o los materiales avanzados son hoy tecnologías de doble uso, decisivas tanto para la economía como para la defensa. Taiwán lo ha formalizado: su legislación de seguridad nacional declara «tecnologías clave» los procesos de fabricación de chips por debajo de 14 nanómetros. China, por su parte, obliga desde su Ley de Inteligencia Nacional de 2017 a ciudadanos y empresas a colaborar con los servicios, entre ellos el Ministerio de Seguridad del Estado.
Tres casos de 2026
Google (EE. UU.). En enero, un jurado federal declaró culpable a Linwei Ding, exingeniero de Google, de siete delitos de espionaje económico y siete de robo de secretos comerciales. Había copiado más de 2.000 páginas sobre la arquitectura de los chips de IA de la compañía mientras preparaba su propia startup en China y solicitaba un «plan de talentos» del gobierno de Shanghái. En septiembre fue condenado a un año de prisión.
TSMC (Taiwán). En abril, un tribunal taiwanés condenó a diez años de cárcel a un exingeniero de TSMC, después empleado de la japonesa Tokyo Electron, por sustraer tecnología de fabricación de chips de 2 nanómetros. La filial taiwanesa de Tokyo Electron fue multada con 150 millones de dólares taiwaneses. Fue el primer caso juzgado bajo la ley de tecnologías clave y demuestra que la amenaza también puede venir de empresas de países aliados.
BelGaN (Bélgica). En mayo, la policía detuvo en Zaventem, cuando embarcaba hacia Pekín, a un antiguo director de investigación de BelGaN, fabricante de chips de nitruro de galio para vehículos eléctricos, aeronáutica y defensa. El caso se hizo público en septiembre. Según la fiscalía federal, dirigía al mismo tiempo una empresa china del mismo sector creada en Fujian. Su defensa sostiene que se trata de un litigio mercantil, no de espionaje, lo que ilustra lo difusa que es la línea entre ambos.
El caso español: vigilar antes de que ocurra
En agosto, Defensa y el CNI advirtieron del riesgo de la futura planta del fabricante estatal chino SAIC en la ría de Ferrol, junto al arsenal militar y los astilleros de Navantia, por la posible captación de trabajadores y la industria auxiliar compartida. No es un caso de espionaje, sino una evaluación de riesgo que muestra cómo la contrainteligencia pone el foco en las inversiones empresariales.
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Una amenaza que exige cultura de protección
Las empresas son objetivos tan relevantes como los gobiernos porque concentran la innovación que define el poder del siglo XXI. Sin embargo, la mayoría carece de la cultura de contrainteligencia que se da por supuesta en un ministerio. Proteger el conocimiento de una empresa estratégica ya no es solo una cuestión de negocio, sino de seguridad nacional.
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