El Consejo Legislativo de Hong Kong ha aprobado el nuevo proyecto de ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo. Numerosos organismos y Gobiernos internacionales creen que la nueva ley erosiona los derechos y libertades de los habitantes de la región especial administrativa china.
Hong Kong ha aprobado un nuevo proyecto de ley solo dos semanas después de su presentación inicial. Después de una protocolaria consulta pública, el Consejo Legislativo de Hong Kong, el Parlamento local, controlado por legisladores pro China, ha aprobado por unanimidad el pasado 19 de marzo la nueva Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional. La legislación se suma a una ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020 después de que la ciudad registrase multitudinarias protestas antigubernamentales en 2019.
Esta nueva ley permite juicios a puerta cerrada, otorga a la policía el derecho de detener a sospechosos por hasta 16 días sin cargos y sanciones que incluyen cadena perpetua, entre otras cosas. Las nuevas medidas incluidas en la nueva ley han provocado alarma entre líderes occidentales, la ONU y varios grupos de derechos humanos, que consideran que la nueva ley erosiona los derechos y libertades de los habitantes de la ciudad.
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La polémica nueva ley de seguridad de Hong Kong
La Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional se suma a la ley de seguridad nacional adoptada el 30 de junio de 2020. Desde que se impuso esta ley de seguridad, decenas de activistas a favor de la democracia han sido encarcelados y Estados Unidos ha impuesto varias sanciones, incluso contra el presidente ejecutivo John Lee y otros altos funcionarios del gobierno.
El nuevo Artículo 23, que se incluye en la Ley Básica, popularmente descrita como la mini Constitución de la ciudad, reconoce la autonomía de Hong Kong con el grado de Región Administrativa Especial y permite al Gobierno local promulgar su propia ley de seguridad nacional para perseguir actos que incluyan la traición o la secesión. En este artículo se introducen 39 delitos divididos en cinco categorías y penas de hasta cadena perpetua por actos de «traición, insurrección, incitación a amotinarse a miembros de las fuerzas armadas chinas y la connivencia con fuerzas externas para dañar la infraestructura pública».
La nueva ley de Hong Kong endurece las penas de prisión
El proyecto de ley de Hong Kong tipifica nuevos delitos y endurece las penas de prisión contra aquellos que cometan actos de traición, sedición o subversión. Además, propone ampliar la detención policial de los detenidos, sin cargos, hasta 14 días, con la aprobación de un magistrado y un acceso potencialmente limitado a abogados, en comparación con las 48 horas actuales.
Algunos abogados que analizaron el borrador dijeron que, a primera vista, los elementos de las sentencias revisadas para algunos delitos enumerados son similares a los occidentales, pero algunas disposiciones, como las de sedición y secretos de Estado, son más amplias y potencialmente más estrictas.
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La nueva ley de seguridad de Hong Kong incluye ahora penas de hasta cadena perpetua por traición, insurrección y sabotaje, 20 años por espionaje y 10 años por delitos vinculados con secretos de Estado y sedición.
A pesar de las críticas, que habían pedido que se eliminara el delito de sedición, señalando su posible uso para silenciar la libertad de expresión y los medios de comunicación, la nueva ley amplía las penas por sedición de dos a diez años para delitos de colusión con fuerzas extranjeras. También, la normativa propone penas de prisión de hasta tres años, en lugar de un año, por posesión de una publicación sediciosa y la policía tiene derecho a registrar cualquier local para confiscar y destruir dicho material.
Una vaga definición de secreto de Estado
La nueva ley de seguridad nacional, que incluye nuevas leyes que abarcan la traición, el espionaje y la interferencia externa, está siendo seguido de cerca por diplomáticos y empresas extranjeras que temen que pueda afectar aún más las libertades en el territorio, que ya ha sido objeto de una ofensiva encabezada por China contra la disidencia que ha enviado muchos políticos y activistas pro democracia a la cárcel o al exilio.
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Algunos abogados han denunciado que la definición de secretos de Estado también parece bastante amplia, incluyendo secretos militares, de seguridad y diplomáticos, así como información social, económica y tecnológica clasificada que involucra a los Gobiernos de China y Hong Kong, y sus relaciones. Los expertos advierten que podría usarse para «eliminar la disidencia por miedo al arresto y la detención».
El político y activista de Hong Kong Nathan Law ha denunciado que el 100% de los opositores que han sido encarcelados han sido condenados. Asimismo, Law ha reiterado que las entidades residentes en Hong Kong están en peligro porque la nueva definición de secreto de Estado es muy vaga. Por tanto, cualquiera que investigue la corrupción del Gobierno puede ser perseguido.
Líderes de todo el mundo rechazan la nueva ley de seguridad de Hong Kong
Un grupo de 81 legisladores y figuras públicas de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, han emitido una declaración conjunta expresando «graves preocupaciones» sobre la legislación, que amplía la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, y criminaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. «La legislación socava el debido proceso y el derecho a un juicio justo y viola las obligaciones de Hong Kong según el derecho internacional de derechos humanos, poniendo en peligro el papel de Hong Kong como ciudad internacional abierta», afirma el comunicado.
«La nueva legislación de seguridad nacional va a redoblar la represión de las libertades en Hong Kong con sentencias atroces extendidas y una definición ampliada de seguridad nacional», ha afirmado Frances Hui, una activista ahora radicada en Estados Unidos, que describió la legislación como «el último clavo en un ataúd cerrado».
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La Unión Europea también expresó su preocupación por el «impacto potencial en los derechos y libertades del pueblo de Hong Kong» y afirmó que el proyecto tiene el potencial de afectar «significativamente» el trabajo de la oficina de la Unión Europea, los Consulados Generales de los Estados miembros de la Unión Europea, así como a los ciudadanos, organizaciones y empresas de la Unión Europea en la ciudad.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo en un comunicado que «es alarmante que una legislación tan importante haya sido aprobada rápidamente en la legislatura a través de un proceso acelerado, a pesar de las serias preocupaciones planteadas sobre la incompatibilidad de muchas de sus disposiciones con el derecho internacional de los derechos humanos». El proyecto de ley ha sido aprobado tan solo dos semanas después de su presentación formal.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China, que asesora al Congreso de EE. UU., publicó una carta, destinada al Secretario de Estado Antony Blinken, criticando las nuevas leyes de Hong Kong e instando al gobierno estadounidense a «tomar medidas adicionales para proteger a los ciudadanos y empresas estadounidenses».
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La nueva ley de seguridad de Hong Kong vulnera la libertad de expresión
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha afirmado que la ley pretender eliminar cualquier vestigio de libertad al castigar «con duras penas de cárcel actos como la expresión pacífica y el activismo de la sociedad civil». Además, añade, dado que las disposiciones se aplican a los residentes y empresas de Hong Kong en cualquier parte del mundo, la ley puede silenciar la disidencia tanto en la ciudad como en el resto del mundo. La nueva ley tendrá efecto extraterritorial, lo que genera temores de que pueda usarse para intimidar y restringir la libertad de expresión en otras jurisdicciones.
La directora para Asia de HRW, Elaine Pearson, ha afirmado que «la nueva ley de seguridad introducirá a Hong Kong en una nueva era de opresión generalizada. Ahora, incluso poseer un libro en Hong Kong crítico con el Gobierno chino puede suponer años de cárcel».
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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha calificado de «devastadora» la aprobación de la ley de protección de la seguridad nacional de Hong Kong. La directora de AI para China, Sarah Brooks, ha declarado: «con esta legislación draconiana, el gobierno de Hong Kong asesta otro duro golpe a los derechos humanos en la ciudad. […] Hoy han perdido otra parcela de su libertad: cualquier acto de protesta pacífica es ahora más peligroso que nunca».
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