El domingo 13 de noviembre, las autoridades iranís condenaron a un manifestante a morir en la horca, convirtiéndose en la primera pena de muerte desde que comenzaron las protestas.
El Tribunal de Teherán ha condenado a muerte a un manifestante cuya identidad no ha sido desvelada por delitos como ” provocar un incendio en un edificio gubernamental, perturbación del orden público, reunión y conspiración para cometer un delito contra la seguridad nacional”, según publicó el sitio web iraní Mizan.
Hace ya algunas semanas, 227 miembros del Parlamento iraní firmaron una carta en la que acordaban buscar castigos ejemplares contra los manifestantes que tomaron las calles hace ya dos meses a raíz de la muerte de Masha Amini. También el presidente, Ibrahim Raisi, pidió acciones decisivas contra los que buscan la inestabilidad del país.
Otros cinco manifestantes fueron condenados a penas de hasta diez años por “reunirse y conspirar para cometer delitos contra la seguridad nacional y perturbar el orden público”. Skylar Thompson, coordinadora de defensa de Human Rights Activists in Iran, no tardó en pronunciarse y pidió a la comunidad internacional su intervención para frenar estas penas.
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