El ‘sharenting’ en bebés preocupa a las autoridades y especialistas por su impacto en la privacidad infantil.
El ‘sharenting’, práctica que consiste en que los padres y familiares compartan contenido sobre la vida de sus hijos en redes sociales, afecta profundamente a la identidad digital de los menores. Según la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 81 % de los bebés tiene presencia en internet antes de cumplir seis meses, lo que demuestra que la huella digital comienza desde el nacimiento. Además, estudios europeos como EU Kids Online señalan que un 89 % de las familias publica imágenes sin pedir consentimiento ni conocer las consecuencias legales, psicológicas o de seguridad.
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El fenómeno adquiere una dimensión preocupante cuando las imágenes de menores se emplean con fines comerciales, especialmente en perfiles de creadores de contenido que monetizan la exposición digital de los niños. A esta situación se suman datos oficiales que revelan que un 72 % del material incautado en operaciones policiales contra delitos de abuso infantil procede de fotografías originalmente compartidas en contextos familiares, muchas sin intención sexual.
Ante esta situación, diferentes voces reclaman medidas urgentes. Idoia Miranda, coordinadora del proyecto «Crecer en un mundo de pantallas» de Somos Conexión, explica en una nota de prensa que «es fundamental que los menores sean reconocidos como sujetos plenos de derechos digitales» y que las familias comprendan «los riesgos de la sobreexposición desde los primeros meses de vida». Asimismo, el Ministerio de Juventud e Infancia advierte que la exposición temprana puede generar ansiedad, estrés y pérdida de control sobre la identidad digital.
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En respuesta, el Gobierno de España prepara una norma para regular la publicación de contenido infantil en redes, centrada en «la responsabilidad de las plataformas digitales», según la ministra Sira Rego, quien también destacó la importancia de distinguir «entre contenidos familiares y contenidos con fines económicos». Por su parte, Somos Conexión insiste en que la ley debe complementarse con programas de alfabetización digital dirigidos a padres y madres, pues «el uso consciente y seguro de la tecnología es una corresponsabilidad compartida entre hogares, instituciones públicas y empresas tecnológicas», concluyó Miranda.
