En el corazón de Centroamérica, un corredor criminal conecta cocaína, contrabando y trata bajo una lógica de dominio territorial. La debilidad institucional permite su expansión, mientras el Estado opera a ciegas. Thais Armengol alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia, analiza cómo estas redes se adaptan, infiltran y persisten. Extradiciones, violencia estratégica y corrupción sostienen un ecosistema ilícito en constante evolución.
Un entramado de economías ilícitas sostiene uno de los corredores más activos del crimen organizado en Centroamérica. Cocaína, contrabando y trata se mueven por las mismas rutas, mientras estructuras criminales diversifican sus operaciones y consolidan poder territorial ante la debilidad institucional.
En el corazón del corredor centroamericano, la movilidad ilícita opera con precisión, sigilo y una capacidad de adaptación constante. Rutas aéreas, marítimas y terrestres sirven simultáneamente para transportar cocaína, contrabando y víctimas de trata, sostenidas por la cooptación local y por vacíos de gobernanza que las permiten expandirse.
Para comprender la lógica operativa y la resiliencia de estas estructuras, este reportaje reúne el análisis de dos expertos clave. La Dra. Miriam Ovalle Gutiérrez, Directora de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, aporta su visión académica.
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También participa Luis Alfredo Bonilla, investigador criminal especializado en inteligencia, seguridad y análisis financiero, con experiencia en cooperación internacional y en investigaciones estratégicas para el Ministerio Público. Dos voces fundamentales para descifrar cómo funciona este corredor estratégico del crimen organizado transnacional.
Gobernar sin ojos en Guatemala
En Guatemala, intentar gobernar el territorio equivale a hacerlo a tientas. La información llega fragmentada, las capacidades estatales avanzan a ritmos distintos y las brechas de gobernanza se convierten en parte del paisaje cotidiano. Esa ceguera institucional no es una metáfora: es el punto de partida que permite que las estructuras criminales operen con soltura en zonas donde el Estado apenas logra sostenerse.
Miriam Ovalle lo plantea sin rodeos: «la inteligencia del Estado es débil, eso no es discutible». Esa debilidad se vuelve visible en episodios que dejan al aparato estatal expuesto, como la fuga de reclusos o la inacción policial en la frontera con México. Para ella, estos hechos no son anomalías, sino síntomas de un problema más profundo: «la falta de liderazgo y la carencia de expertos en cuadros clave». Ese vacío limita cualquier posibilidad de control territorial real.
Luis Bonilla introduce otra capa de complejidad: la arquitectura institucional existe, pero no funciona como debería. Guatemala dispone de estructuras creadas para producir inteligencia criminal, pero su operatividad ha sido erosionada por dinámicas internas que poco tienen que ver con criterios técnicos.
La DIGICI (concebida originalmente para profesionalizar la inteligencia civil), explica Bonilla, «ha sufrido ciclos de cooptación, cambios internos abruptos y usos para fines políticos o particulares», lo que impide que se consolide como un sistema estable y neutral. Su advertencia es frontal: sin una carrera civil, sin estabilidad y sin blindaje institucional, cualquier intento de sofisticar la inteligencia «nace roto».
La convergencia entre ambas lecturas dibuja un mismo escenario: las instituciones están diseñadas para ver, pero funcionan con los ojos vendados. Bonilla sintetiza esta limitación al afirmar que «no es sostenible ni deseable apostar únicamente por modelos de inteligencia sofisticados mientras persistan vacíos de transparencia».
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Ovalle coincide desde otro ángulo y recuerda que, en Guatemala, la distancia entre el deseo y la acción sigue siendo abismal. «Voluntad política la debe haber, pero no capacidad de ejecución», afirma. En conjunto, sus diagnósticos revelan un país donde el Estado se esfuerza por operar en un tablero que otros actores ya conocen de memoria. Esos actores son más ágiles, mejor financiados y cuentan con redes de protección más sólidas.
Dominio territorial en Guatemala: una violencia que se contagia
El corredor criminal que atraviesa Guatemala funciona con una violencia selectiva y estratégica. No se trata del caos indiscriminado, sino de acciones orientadas a moldear el poder local.
Ovalle recuerda que «el crimen organizado está presente en muchos países del mundo», pero la clave está en cómo utiliza la violencia. Habla de ejecuciones de funcionarios, amenazas a alcaldes o candidatos y mensajes dirigidos tanto a la población como a la institucionalidad. Según ella, estos episodios muestran que la violencia política tiene una capacidad extraordinaria de infiltrarse en «estructuras comerciales, industriales, estatales o privadas». Aunque Guatemala no alcanza los niveles de Michoacán, opera bajo una lógica similar: controlar territorio e influir en las decisiones públicas.
Bonilla amplía esta perspectiva desde un análisis de macrocriminalidad. Para él, el objetivo de estas estructuras es claro: «pernear el Estado y capturar territorios estratégicos para facilitar actividades ilícitas«. Eso incluye alianzas político-económico-criminales que les permiten sostenerse con altos niveles de impunidad.
Describe cómo la violencia contra autoridades locales se convierte en un mecanismo de dominio y cómo esas agresiones reflejan, más que fuerza, la fragilidad estatal. En contraste con México, subraya que en Guatemala la estrategia se inscribe en un contexto posconflicto donde las organizaciones buscan legitimidad territorial mediante violencia calculada. «El común denominador es la violencia estratégica, adaptada a las condiciones institucionales de cada país«, concluye.
Rutas que mueven mucho más que droga
El corredor guatemalteco no es solo un espacio de tránsito, sino una infraestructura criminal diseñada para maximizar los beneficios ilícitos. Las mismas rutas que sirven para el narcotráfico sostienen también el contrabando y la trata de personas. Bonilla explica que el COT opera bajo «una lógica de diversificación delictiva«, donde cada actividad alimenta y refuerza a la otra.
La clave es el control territorial: redes de transportistas, cooptación de autoridades y nodos logísticos que permiten mover mercancías y personas con la misma facilidad. Según él, esta convergencia se sostiene gracias a un factor transversal: «la corrupción institucional, que actúa como mecanismo de protección política y funcional«.
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Ovalle coincide en la relación estructural entre las rutas y la explotación humana. Aunque advierte sobre limitaciones estadísticas, recuerda que Guatemala “no está libre de este flagelo criminal”. El poder económico de estas organizaciones «les facilita blindarse ante fuerzas de seguridad y abarcar mayores puntos débiles». La trata se integra naturalmente en el corredor, porque las víctimas son, según Bonilla, un«activo de bajo costo», explotable múltiples veces y sin necesidad de producción. El resultado es un ecosistema ilícito dinámico, donde la movilidad ilegal se convierte en combustible del negocio criminal.
La paradoja del capo ausente
La extradición aparece siempre como un gesto de fuerza del Estado, un símbolo de orden frente al caos. Pero el efecto real suele ser más tenue de lo que parece.
Ovalle lo resume con precisión al señalar que, aunque enviar a un líder a otro país es un «mensaje claro de certeza jurídica», ese movimiento no altera la lógica interna del crimen organizado. «Por cada extradición hay surgimiento de nuevos liderazgos», afirma. El golpe existe, sí, pero la estructura permanece. El territorio sigue abierto, las rutas siguen funcionando y los operadores que no fueron tocados mantienen vivo el negocio.
Bonilla aporta la pieza que falta para comprender la dimensión del problema: entre 2021 y agosto de 2025, Guatemala ha extraditado 144 personas vinculadas al narcotráfico, y aun así las organizaciones continúan operando con la misma capacidad de regeneración.
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La explicación está en el dinero, no en el hombre. Como él mismo advierte, «si no se desmantela el aparato económico, la estrategia se vuelve reactiva y no preventiva». La extradición elimina un rostro, pero no los cimientos financieros que sostienen el sistema criminal.
Y es ahí donde se cierra el círculo: el crimen organizado no depende de un individuo, sino de la red que lo reproduce. Mientras las finanzas sigan intactas, el capo ausente es apenas una sombra reemplazable.
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