Durante la administración de Donald Trump, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se ha convertido en el eje de una política migratoria marcada por redadas masivas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Estas acciones provocaron una fuerte respuesta social, especialmente en estados como California, donde surgieron protestas en defensa de los inmigrantes y la soberanía estatal. Este artículo analiza el impacto del ICE, la resistencia ciudadana y las tensiones entre el poder federal y local.
Las políticas de migración de la administración de Trump han demostrado tener un impacto reactivo en la sociedad estadounidense. Desde los inicios de su segundo mandato, el presidente ha puesto en marcha diversas medidas para frenar los flujos de inmigración a Estados Unidos.
Sin embargo, se ha detectado que estas políticas han provocado una respuesta por parte de ciertos sectores de la población que se manifiestan en contra de los métodos de persecución y exportación hacia los migrantes. Así, como el mismo hecho de realizar estas exportaciones masivas. Estos métodos se han mostrado violentos e incluso inconstitucionales, lo que se ha materializado en formas de resistencia dentro del país.
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¿Qué es el ICE?
El ICE, U.S. Immigration and Customs Enforcement es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es una agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, creada en 2003 tras los atentados del 1 de septiembre del 2001 como parte de la reestructuración de las agencias de seguridad del país. Sus principales funciones son las investigaciones de seguridad nacional (Homeland security investigations, HSI) y Operaciones de Ejecución y deportación (Enforcement and removal operations. ERO). Sus competencias, por tanto, no se limitan a hacer cumplir las leyes de inmigracion, puesto que su labor está orientada a proteger a la patria, es decir, proteger la seguridad interna del país y actuar frente a delitos transnacionales como el tráfico de personas, los ciberdelitos o el contrabando de armas.
Pero entonces, ¿por qué el ICE ha cobrado particular importancia en el debate público más reciente y se ha convertido en objeto de controversia? La respuesta es que el servicio de inmigración y control de aduanas es el encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración, incluyendo la detención y la deportación de inmigrantes. Lo hace mediante operaciones para identificar y arrestar a inmigrantes indocumentados, así como a aquellos que han cometido delitos y representan una amenaza para la seguridad pública o nacional. Para ello, el ICE realiza redadas en distintos espacios, incluyendo lugares de trabajo, comunidades y centros de detención.
La agencia ha resonado especialmente en años recientes mostrándose como una figura polémica, e incluso como un “villano” dentro de ciertos relatos críticos. Esto es debido a la manera en la que ejecuta sus funciones, las cuales, según diversos activistas, académicos y organizaciones civiles, han derivado en prácticas que son vistas como inhumanas, discriminatorias y, por tanto, excesivas.
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Sobre los Derechos Humanos
En este sentido, Human Rights Watch afirma que las políticas de la administración de Trump amenazan los derechos humanos. El movimiento global de Amnistía Internacional ejemplifica estas violaciones en un informe titulado Caos y Crueldad. 10 graves ataques a los derechos humanos. Dicho informe analiza los ataques del presidente Trump contra los derechos humanos nacionales e internacionales en sus primeros 100 días de gobierno respaldado con análisis e investigaciones de las medidas que ha tomado su administración.
Asimismo, mediante una orden ejecutiva emitida en abril, se expandió el poder del gobierno federal a la policía local y estatal. Esta militarización ha tenido implicaciones profundas estableciendo como blancos a las comunidades inmigrantes. Lo que pretendía el presidente es que la policía local respondiera al poder ejecutivo, demandando que se advengan como agencias auxiliares del control federal de inmigración, lo que ha triplicado el número de las asociaciones con el ICE.
Las consecuencias de involucrar a la policía local en tareas migratorias son múltiples y preocupantes: desde persecuciones a alta velocidad que terminan con la vida tanto de ciudadanos como de inmigrantes, hasta el temor generalizado entre las personas migrantes de llamar al 911 por miedo a ser detenidas. Además, quienes no cuentan con ciudadanía y han sido víctimas o testigos de un crimen rara vez reciben la protección necesaria para colaborar con la policía o con los fiscales, lo que dificulta el acceso a la justicia y debilita el trabajo de las autoridades.
En un informe publicado durante la primera administración de Trump en el 2020, en conjunto con American Civil Liberties Union (ACLU), Human Rights Watch (HRW) y el National Immigrant Justice Center se analiza el crecimiento del sistema de detención de inmigrantes desde 2017. El informe titulado Zonas sin justicia expone lo alarmante del funcionamiento del sistema de detención migratoria bajo la administración de Trump. Esto es, porque las detenciones y deportaciones de migrantes no se limitan a los delincuentes. Así como se favorece a operadores privados y se deterioran las condiciones de vida de los detenidos, lo que pone en evidencia un sistema opaco, con escasa supervisión y graves implicaciones para los derechos humanos. Condiciones que, en la actualidad, no han hecho más que agravarse.
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Revueltas
A pesar de que el pasado 14 de junio Trump ordenó pausar las redadas en granjas, hoteles y restaurantes dado que se habían visto amenazados diversos sectores que dependen de la inmigración, poniendo en riesgo su viabilidad, el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado esta disposición y Altos funcionarios del ICE instruyeron a los agentes a continuar con los arrestos de los trabajadores sin estatus legal. A la vez que el presidente ordenó las redadas en Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Ante este contexto, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en un ejemplo representativo de resistencia frente a las redadas migratorias. Al ser una de las localidades con mayor concentración de población inmigrante en Estados Unidos, surgieron manifestaciones en defensa de la comunidad que ha derivado en una escala política. Trump llevaba tiempo solicitando el uso del ejército para sofocar las protestas y en Los Ángeles se presentó la oportunidad. Ordenó el despliegue del ejército en la ciudad a pesar de que, legalmente, las fuerzas armadas no pueden movilizarse a un estado sin la solicitud del estado en cuestión.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso rotundamente tanto al envío del ejército como a las redadas que realizó el ICE, denunciando que el gobierno federal estaba pasando por alto no solo las protestas de la ciudadanía sino también la soberanía del estado.
Trump, en su exceso del poder, actuó sin el consentimiento de la autoridad estatal, generando un conflicto de competencias entre el gobierno federal y las instancias estatales. En respuesta, el gobernador Newsom ha emprendido acciones legales contra el presidente por el despliegue de las tropas lo que viola los principios del federalismo estadounidense.
Así, lo que empezó como una reacción ante las redadas del ICE, se ha transformado en una cuestión más profunda sobre los límites del poder presidencial. El despliegue del ejército, lejos de restablecer el orden, ha provocado mayor tensión y caos.
Es necesario recordar que California se caracteriza por ser un estado históricamente construido por comunidades migrantes, especialmente latinoamericanas. El Public Policy Institute of California manifiesta que en California residen 10.6 millones de inmigrantes, casi la mitad de los niños de California tiene al menos un padre migrante y una tercera parte de los adultos en edad laboral, entre los 24 y 54 años son nacidos en el extranjero.
Asimismo, el sector agrícola se ha sostenido en gran parte gracias al trabajo de migrantes, razón por la cual muchas ciudades del estado se han declarado santuarios, con la intención de proteger estas poblaciones. Las manifestaciones que han tenido lugar en Los Ángeles no son solamente reaccionarias ante las políticas migratorias agresivas, como así empezó, si no que son la expresión de una comunidad que busca defender la autonomía de su estado y resistir los abusos del poder federal.
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