La UE ha puesto en marcha el Pacto sobre Migración y Asilo, aplicable desde el 12 de junio de 2026, la reforma migratoria más ambiciosa de su historia. En este artículo, Balbanuz Ferreras analiza los nuevos controles fronterizos, los procesos de asilo acelerados y el mecanismo de solidaridad entre estados que llega en un momento de máxima tensión política en toda Europa.
Belfast vive una de las peores oleadas de violencia antiinmigración, a raíz del apuñalamiento de Stephen Ogilvie a manos de un sudanés sin papeles; en Loosdrecht (Países Bajos) se ha decretado una orden de emergencia después de que los disturbios provocasen un incendio cercano a un centro de acogida para inmigrantes; Suecia endurece su política migratoria obligando a que, a partir de verano de 2026, los ciudadanos extranjeros acrediten ingresos mensuales mínimos de 3.300€ para permanecer en el territorio, etc.
Una Europa cada vez más tensionada
Estas son solo algunas de las noticias que han ocupado los titulares de periódicos europeos durante las últimas semanas. Tanto gobiernos como ciudadanos parecen estar movilizándose en contra de la inmigración masiva que está experimentando la UE, especialmente España, que se ha visto señalada por la decisión de Pedro Sánchez de regularizar masivamente a medio millón de inmigrantes. Diversos líderes han expresado su rechazo a la medida, como la ex embajadora de Hungría en España y eurodiputada Enikő Győri, quien acusa al presidente español de ser la “encarnación de una ambición de poder desvergonzada” y de desviar la atención de los casos de corrupción. Sánchez, sin embargo, se muestra orgulloso de su decisión. Durante el cierre del Global Progressive Mobilization declaró con vehemencia que “España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia”.
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Sánchez no solo rema contracorriente a la tendencia europea, sino también contra EE.UU.: Peter Hegseth (Secretario de Defensa) se cuestionó durante el acto de conmemoración del desembarco de Normandía cuándo van a hacer algo las capitales europeas ante la invasión de “ideologías peligrosas” que llegan a sus costas. En este contexto de tensión en torno a la inmigración, la UE ha puesto en marcha una ambiciosa reforma, el Pacto sobre Migración y Asilo, que ha salido adelante gracias a los votos del PPE, socialistas y liberales de la Eurocámara, y que ha comenzado a ser aplicable desde el 12 de junio de 2026.
Nuevo sistema de cribado y procesos acelerados
Actualmente, sólo alrededor de un 20% de las órdenes de expulsión de inmigrantes en situación irregular en territorio europeo se acaban ejecutando, según datos del Directorate-General for Migration and Home Affairs de la Comisión Europea. Esto es debido a que muchos países de origen no aceptan de vuelta a sus nacionales, la falta de documentación acreditada dificulta los procesos de identificación y la escasez de recursos judiciales hace que los procesos se dilaten en el tiempo. El Pacto establece una serie de medidas destinadas a mejorar los controles fronterizos, agilizar los trámites de aceptación o rechazo de los solicitantes de asilo y aliviar la carga a la que se enfrentan los países del sur de Europa. Sin embargo, a pesar de representar el mayor avance en materia migratoria de la UE hasta la fecha, aún cuenta con limitaciones y detractores.
Como principal medida novedosa, se establece un cribado fronterizo, en el que se llevarán a cabo una verificación de identidad, toma de huellas e imágenes faciales, controles sanitarios, etc. De este modo, se intenta sustituir el modelo de entrada y posterior identificación por un sistema que realice comprobaciones antes de dejar pasar al inmigrante a territorio europeo. Eurodac, la base de datos biométrica de la UE, se verá así ampliada. Antes del Pacto, el registro biométrico se aplicaba solo a personas mayores de 14 años, mientras que ahora la edad se ha reducido a los 6 años a fin de combatir la trata de menores y facilitar la reunificación familiar.
Por otro lado, el Pacto busca acelerar los procedimientos de solicitud de asilo. Antes, una persona solicitante podía esperar meses e incluso años a que su expediente fuera resuelto y se le concediera o denegase el asilo. Ahora se espera que algunos casos puedan resolverse directamente en las instalaciones fronterizas, principalmente las de aquellos solicitantes de nacionalidades con bajas tasas de reconocimiento de asilo o las de personas que representen riesgos de seguridad. El objetivo es reducir el incentivo de presentar solicitudes sin posibilidades de éxito, sólo para permanecer durante meses o años en territorio europeo. Los detractores de esta medida consideran que los procesos tan rápidos pueden aumentar errores administrativos y dificultar el acceso a abogados y recursos, haciendo que algunas resoluciones sean injustas.
La reforma de Dublín y el mecanismo de solidaridad
A pesar de que estas dos medidas son claves para el Pacto, el avance más destacable es el Mecanismo de Solidaridad Obligatoria entre estados miembros. El Reglamento de Dublín, vigente antes del Pacto, se basaba en que el primer estado miembro por el que entraba un solicitante era el responsable de analizar su solicitud de asilo. Por ejemplo, si un migrante llegaba a Canarias, España debía registrarlo. Aunque luego el migrante se desplazase hasta Alemania, este tenía potestad para devolverlo a España por ser el país de entrada.
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Durante la crisis migratoria de 2015-16, este método colapsó porque muchos países fronterizos (España, Italia, Grecia, Malta, etc.) no podían registrar a todos los recién llegados por falta de capacidades y otros países decidieron dejar de aplicar las devoluciones porque sabían que los países del sur se encontraban desbordados. Por su parte, estos pedían un reparto automático de los solicitantes de asilo entre otros países de la UE. El Pacto pretende, a través del Mecanismo de Solidaridad, promover que los demás países contribuyan a aliviar la carga de las naciones del sur. Las contribuciones pueden ser de reubicación (aceptar solicitudes de asilo en su territorio), de ayuda financiera o de apoyo operativo (envío de personal, recursos, equipos…).
La solución es, por tanto, que se siga manteniendo el principio del país de entrada pero evitando que las naciones del sur se sientan solas ante el problema. La crisis de 2015 demostró que, cuando estos países se sienten desprotegidos, tienen incentivos para dejar pasar a los inmigrantes hacia el norte y aplicar controles menos restrictivos, lo que debilita el funcionamiento de Schengen. A pesar de todo, algunos analistas, como Philippe De Bruycker y Juan Santos Vara, describen el sistema como una “solidaridad flexible” más que una redistribución real, dado que el Mecanismo permite que los países elijan como opción el pago en vez de aceptar a los migrantes en su territorio.
Los retornos, asignatura pendiente de la política migratoria
El Pacto representa grandes avances a nivel europeo, acelerando devoluciones, pero para que estas sean efectivas se debe contar con el apoyo del país de origen. Jurídicamente, un estado puede dictar una orden de retorno, pero para ejecutar esa expulsión necesita que el país de origen confirme la identidad de la persona y autorice su regreso. Es por esto que los trámites quedan bloqueados en muchas ocasiones durante meses o años. La UE necesita cooperar y llegar a acuerdos de readmisión con terceros países, lo cual lleva tiempo desarrollando: en los últimos años, la UE ha reforzado pactos con Marruecos, Túnez, Egipto y Mauritania (no solo para controlar las rutas migratorias, sino también para garantizar que los retornos sean ejecutables).
Return hubs: ¿futuro de la externalización migratoria?
Aunque no forman parte del texto del Pacto, se ha puesto sobre la mesa la idea de los “return hubs”, precisamente para paliar las situaciones derivadas de que el país de origen ralentice la devolución. Giorgia Meloni ya propuso la creación de uno de estos centros en Albania, que recibió numerosas críticas y fue paralizado por tribunales italianos. El caso está estudiándose como una especie de laboratorio político, pero los resultados no han sido favorables y han generado dudas sobre su viabilidad. Además, surge la pregunta de qué pasaría si el solicitante de asilo no puede volver a su país de origen porque su vida allí corre peligro.
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Este “outsourcing” de inmigrantes recuerda al reciente caso del centro de cuarentena de ébola en Kenia, desarrollado por EE.UU. para tratar a estadounidenses afectados. Los keniatas han salido a protestar a las calles y un tribunal del país ha suspendido temporalmente el proyecto. Esta manera de gestionar un problema fuera del territorio nacional para reducir riesgos presenta un dilema moral similar al de los hubs de retorno, ya que parece que los países afectados buscan “echar balones fuera” y pretenden que un tercer país solucione sus problemas.
Un paso adelante, pero no una solución definitiva
En resumen, el Pacto supone grandes avances en materia migratoria, pero falta tiempo para determinar si los cambios serán efectivos. Los factores que más influyen en las migraciones suelen ser guerras, crisis económicas y redes de traficantes, elementos sobre los que el Pacto tiene una influencia limitada. Por eso podemos afirmar que el Pacto supone una reforma que ayuda a controlar la situación, más que una solución al fenómeno migratorio.
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