Bruselas impulsa un plan integral para reforzar la igualdad y combatir la discriminación racial en todos los ámbitos sociales.
La Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia antirracismo para reforzar la legislación comunitaria ya existente, eliminar las barreras estructurales y mejorar la cooperación con los Estados miembros y la sociedad civil. «Nuestra legislación tiene que funcionar en la vida real y no solo sobre el papel», afirmó desde Estrasburgo la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, quien explicó que el objetivo es combatir el racismo «en todas sus formas». La propuesta busca traducir las normas en acciones eficaces y adaptarlas a los desafíos actuales.
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Lahbib enfatizó que la adopción del plan responde a una necesidad urgente de frenar un fenómeno «insidioso y destructor» que atraviesa todas las etapas de la vida. Según la comisaria, esta iniciativa llega «en un momento en que los valores democráticos europeos están bajo presión». De hecho, la Comisión ha explicado que la población romaní vive ocho años menos que el resto de europeos y que la mitad de las personas afrodescendientes trabajan por debajo de su nivel de cualificación, lo que genera una pérdida anual de hasta 13.000 millones de euros por desaprovechamiento del talento.
Endurecimiento de la legislación
El nuevo plan se estructura en tres objetivos principales. El primero consiste en reforzar la eficacia de la legislación existente, tras comprobarse que la Directiva de Igualdad Racial sigue aplicándose de forma desigual y poco efectiva en varios países. Por ello, la Comisión revisará su implementación y elaborará un informe con propuestas para endurecer los sistemas sancionadores nacionales, contemplando medidas como multas efectivas, exclusión de contratos públicos o inhabilitación profesional.
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Asimismo, la institución europea ha detectado que la inteligencia artificial representa un ámbito emergente de riesgo, ya que la falta de transparencia y la complejidad de algunos sistemas automatizados dificultan la detección de prácticas discriminatorias. La Comisión buscará mecanismos que garanticen una aplicación justa de las leyes antidiscriminatorias también en los entornos digitales y tecnológicos, ampliando el alcance del control institucional.
Facilitar la integración
El segundo eje se dirige a eliminar barreras estructurales en el acceso a la educación, el empleo y la vivienda, ámbitos donde la desigualdad, según Lahbib, «no siempre es visible», pero se manifiesta en decisiones que limitan oportunidades. Por ello, Bruselas lanzará un proyecto con la UNESCO para reforzar la educación antirracista y formar al profesorado en la detección de sesgos, estereotipos y discursos de odio. Además, fomentará entornos laborales inclusivos y medidas para combatir la exclusión residencial.
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Finalmente, el tercer eje se centra en reforzar la cooperación entre los Estados miembros. Solo 14 países de la UE cuentan con planes nacionales antirracistas, cifra que la Comisión considera insuficiente. Con el fin de extender esta política al conjunto de los Veintisiete, Bruselas impulsará una mayor coordinación. En el terreno financiero, el Ejecutivo comunitario anunció que duplicará el Fondo Europeo para la Igualdad hasta los 3.600 millones de euros, con el propósito de reforzar la lucha contra la discriminación y fortalecer la cohesión democrática y social en la Unión Europea.
