Cinco años después del estallido de violencia y éxodo masivo de los rohingyas hacia Bangladesh tras la brutal represión de las autoridades birmanas no parece haber esperanza de que puedan regresar a su país. En este artículo te damos y un contexto para entender la represión contra la minoría musulmana en el país y qué podemos esperar en el futuro.
Cinco años después del estallido de violencia y éxodo masivo de los rohingyas hacia Bangladesh tras la brutal represión de las autoridades birmanas no parece haber esperanza de que puedan regresar a su país. Según denuncian las organizaciones de derechos humanos en torno a un millón de rohingyas viven hacinados en los campos de refugiados de Bangladesh, con problemas sanitarios, educativos y de habitabilidad, que se suman a la criminalidad, tráfico de drogas y asesinatos que ocurren de noche cuando los trabajadores humanitarios terminan su jornada.
El pasado 22 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para investigar el todavía presunto genocidio del país contra la minoría. Esta sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia de Naciones Unidas podría ser el primer paso hacia una solución y la primera piedra del camino de regreso para los refugiados rohingyas en Bangladesh. Recordamos que Gambia quien presentó el caso en 2019 y fue este julio cuando se rechazaron las objeciones presentadas por Birmania contra el país africano.
Desde agosto de 2017 más de 723.0000 se han visto obligadas a huir de Birmania a campos de refugiados en Bangladesh pero ha sido este de julio cuando la CIJ ha tomado esta decisión. El pasado mes de marzo Estados Unidos reconocía como “genocidio” la situación de los rohingya en Birmania reconocidos hasta entonces como una “limpieza étnica”.
En este contexto destacamos cómo el pasado mes de julio diversas organizaciones internacionales y líderes internacionales han denunciado que en Birmania se han ejecutado a cuatro activistas pro democracia por primera vez en treinta años. Según los expertos la represión contra la población birmana (recordando en algunos casos a la situación rohingya) desde el golpe de Estado militar de febrero del año pasado.
¿Quiénes son los rohingya?
Los rohingyas son la minoría musulmana que habita en el oeste de Myanmar, antigua Birmania, país de mayoría budista.Como explican en EOM, Birmania pasó a llamarse Unión de Myanmar en 1989 por decisión de la junta militar que gobernaba el país entonces, para distanciarse de su pasado colonial.
Sin embargo, la elección del nombre del país tiene también una connotación política y algunos países no aceptan la denominación de Myanmar, entre ellos Estados Unidos o el Reino Unido, porque fue impuesto por un régimen militar no reconocido a nivel internacional.
“Myanmar se emplea en escritos oficiales y en el ámbito diplomático. Así lo reconocen la ONU o la Unión Europea además de numerosos países asiáticos vecinos”, explican.
Según la Real Academia Española aunque la denominación oficial de este país asiático ha adoptado la forma vernácula Myanmar, sigue siendo “mayoritario y preferible” en español el uso del topónimo tradicional Birmania, al menos en los textos de carácter no oficial. En estos últimos se recomienda recordar la denominación tradicional, junto con el nuevo nombre oficial.
Tras esta contextualización y volviendo a la cuestión central del tema a tratar la comunidad rohingya estaría compuesta por más de un millón y medio de personas que vivían en el territorio birmano sin considerarse ciudadanos nacionales ya que no están incluidos en la lista de grupos étnicos reconocidos por el gobierno birmano. Se trata de una tribu apátrida.
Los musulmanes rohingyas llevan siglos viviendo en la misma zona geográfica; sin embargo, no se les reconoce ni el estatus de ciudadanos ni de refugiados. Cuando el reino británico llegó a la zona reconoció a los budistas como “Rakéin” pero no a los musulmanes como “rohingyas”.
Esta situación unida al aumento demográfico de la comunidad musulmana hizo que, tras la descolonización británica, Birmania se escudara en que los rohingyas “no figuraban entre los grupos tribales antes de la colonización”, por lo que no iban a reconocerles como etnia autóctona del territorio, sino como “inmigrantes ilegales”.
Aún sigue el debate sobre la aparición de los rohingyas designados como tal en la zona, ya que puede observarse en crónicas anteriores a la invasión británica la forma en la que escritores expertos en el subcontinente indio, como fue el caso de Francis Buchanan, habla sobre la convivencia de pueblos designados como “yakein” (rakéin) y “rooinga” (rohinyá).
Sin embargo, expertos en la región como Jacques Leider, reconocen que los musulmanes llevan en la zona desde antes de la colonización. Sin embargo, el pueblo rohingya como tal nace tras la designación de las nuevas fronteras al abandonar el territorio la corona británica.
El “limbo legal” de los rohingya
“No necesitaban de ninguna identidad porque no les separaba ninguna frontera de sus hermanos bengalíes”, explica el experto quien también considera que el “mal trazado” de fronteras por parte de los británicos fue la consecuencia del conflicto que hoy en día sigue perjudicando al reconocimiento de esta tribu.
A pesar de esta incertidumbre sobre la fecha de nacimiento de la etnia rohingya, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 15 el derecho de toda persona a tener nacionalidad y a no ser privado de ella arbitrariamente, por lo que alguien nacido en un país y carente de otra nacionalidad, debería de corresponderle la del país de nacimiento. En el caso de los Rohingya, la birmana.
El estatuto de “apátrida” en el que se encuentra esta tribu repercute severamente en el día a día de estas personas, ya que no están protegidas bajo los derechos de un estado, y la nacionalidad es en la práctica es considerada “el derecho a tener derechos”. Esta falta de reconocimiento por parte de un país dificulta el acceso a derechos individuales básicos como la educación, al trabajo o la sanidad, además de restringir el movimiento dentro del país.
El “limbo legal” en el que se encuentran ha sido la base de las violaciones de derechos que ha sufrido la comunidad musulmana por parte del Estado. Otro apoyo en el que se sostiene el Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Birmania) y el régimen budista ha sido la “intención de islamizar” Birmania, considerando a la religión islámica como una “amenaza directa” a pesar de que solo representa el 4%. “Tener una identidad es un derecho humano básico”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, durante una reciente visita a Cox’s Bazar.
2017, el año de la escalada de violencia para los rohingyas
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de un millón de rohingyas han huido de la violencia que les persigue en Birmania. Desde 1990 se han sucedido una serie de olas de ofensivas hacia el grupo en el estado de Rakhine, el estado en el que habitan al oeste del país.
En 2015 se acusó a Occidente de no ejercer presión sobre el gobierno de Myanmar por el interés económico que tienen en la zona. Dos años más tarde, en 2017, una escalada de violencia comenzó en agosto contra los rohingyas, provocando el desplazamiento de más de setecientos mil miembros de la tribu y unos mil muertos a manos de una ofensiva militar en Rakhine por parte del ejército birmano.
A mitad de la década pasada, hubo una intensificación de la campaña xenófoba dirigida por un grupo de monjes antimusulmanes en Myanmar. Ashin Wirathu, su líder, llevó a cabo una serie de proposiciones en contra de los Rohingya, instando al boicot de los negocios musulmanes y proponiendo medidas de restricción al gobierno para este grupo, entre ellas prohibiciones como el casamiento entre religiones.
La última ola de violencia reportada la encontramos ahí, en 2017, donde las violentas persecuciones por parte de movimientos budistas extremistas y del ejército obligaron a más de 700.000 rohingyas a buscar refugio en Bangladesh, generando una crisis entre países occidentales y el estado budista.
Tras las acciones militares del gobierno birmano, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió el cese inmediato de la violencia en contra de los rohingyas y la “limpieza étnica” en el estado de Rakhine, además de un acceso seguro y sin restricciones para las agencias humanitarias. También incitaron al gobierno a preparar condiciones que permitan un “retorno digno” de los desplazados.
El Consejo también condenó abiertamente las violaciones de derechos humanos, e hizo un llamamiento a las autoridades para enjuiciar a los responsables; sin embargo, a día de hoy, todavía siguen las persecuciones y los responsables siguen actuando libremente.
No obstante, la líder del Gobierno birmano Aung San Suu Kyi negó en 2019 la “limpieza étnica” y la amenaza de un genocidio hacia la tribu de la que se acusaba a Myanmar, por ello defendió la actuación del ejército ante el Tribunal Internacional de la Haya. Suu Kyi también ha sido acusada de bloquear la ayuda humanitaria ejercida desde ONGs en el territorio.
“La situación parece un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica”, dijo el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al-Hussein, en un discurso en Ginebra sobre la crisis que enfrentan los musulmanes rohingya de Birmania. A pesar de que numerosas organizaciones, entre ellas Naciones Unidas y Amnistía Internacional, han denunciado los actos cometidos bajo el mando del gobierno, la líder del Gobierno birmano ha acusado al grupo de “terroristas” y culpabilizado a la tribu de la reciente agitación a causa de la “desinformación”.
Según denuncian diversas organizaciones de derechos humanos, el ejército ha estado involucrado en “operaciones de limpieza”, incluyendo el incendio de aldeas, disparos contra civiles desarmados, violaciones a las mujeres de la tribu y el asesinato de los herederos de las familias a manos de la milicia birmana por razones religiosas.
Birmania y los rohingya para Estados Unidos y China
La interpretación de la actuación que está ejerciendo el régimen de Birmania es diferente según los países. El presidente de Malasia Najib Razak avisó en 2017: “Según los informes que hemos recibido, (los rohingya) son discriminados y no se les concede piedad”. Así acusaban al gobierno de Myanmar de hacerlo de “manera planificada” para que las personas sean torturadas, discriminadas, asesinadas y violadas, tratando esta persecución de “gran desastre”.
Por otro lado, encontramos la posición de China, país que ha tenido una estrecha relación con el ejército desde la época de los militares y ha apoyado los esfuerzos del gobierno de Birmania para proteger su seguridad nacional. Este apoyo no es ninguna sorpresa, ya que la propia China tiene una situación similar en sus fronteras, con la etnia Uigur que sigue la religión islámica suní y son considerados desde el gobierno como “terroristas” y “extremistas religiosos”.
Desde Estados Unidos, el 21 de marzo de 2022, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció formalmente el genocidio llevado a cabo por el ejército de Myanmar. En su discurso para el “Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos” también les ha acusado de crímenes de lesa humanidad, considerando de vital importancia para las víctimas y sobrevivientes de la tribu el reconocimiento de la persecución sistemática durante décadas de esta minoría musulmana.
El embajador Stuart E. Eizenstat, presidente del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, ha considerado que el discurso “no puede reparar el daño que han sufrido los rohingya, pero puede revitalizar los esfuerzos para salvar a los que siguen en riesgo en Birmania”.
Según los expertos, si Estados Unidos no tomó esta decisión hasta este pasado marzo podría deberse a motivos geopolíticos. Al fin y al cabo el término “limpieza étnica” tiene poco significado en el derecho internacional y acusar de genocidio a Birmania podría haber conducido a un golpe militar que terminaría definitivamente con los intentos de establecer en el país.
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El Museo ya advirtió desde 2015 sobre las condiciones en las que se encontraba el grupo, y el informe de 2017 de Museum and Fortify Rights, “Trataron de matarnos a todos”, documentó las atrocidades del ejército birmano contra los rohingya, incluyendo los asesinatos en masa, violaciones, torturas y desplazamientos forzados de más de 700.000 personas.
A finales de 2018 la institución describió “la evidencia convincente de que el ejército birmano cometió limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los rohingya”. En 2021 se le dedicó a esta masacre una exposición denominada “El camino de Birmania hacia el genocidio” para dar voz a las víctimas, algo muy agradecido por parte de la tribu Rohigya ya que el gobierno birmano ha tratado de borrar su huella.
Naomi Kikoler, directora del Centro Simon-Skjodt para la Prevención del Genocidio, ha comparado la situación que vive esta tribu con la persecución judía por parte de los nazis, “más de ochenta años después del final del Holocausto y todavía vemos que algunos perpetradores nazis rinden cuentas” se lamentaba. También quiso avisar de que “la impunidad no prevalecerá” y se han comprometido de ayudar a la comunidad Rohingya a encontrar justicia.
Desde el Museo del Holocausto estadounidense, también se ha querido alarmar de la situación tras el golpe de estado que se lanzó en febrero de 2021. Esta acción por parte de los militares pone en riesgo a la sociedad civil, y las minorías están en alerta extrema, ya que son los que más riesgos corren de sufrir “atrocidades masivas”, exponiendo a los rohingyas especialmente, ya que los sistemas de persecución y violencia de la que son objetivo aún permanecen, por lo que podría derivar a una escalada mayor de la situación.
Avances y retrocesos en el reconocimiento Rohingya
En 2019, ACNUR llevó a cabo una campaña de registro, otorgando a muchos miembros de la comunidad rohingya un documento de identidad por primera vez. Esta organización contó con el apoyo del gobierno de Bangladesh, para así poder planificar y orientar la asistencia a las necesidades que precisa el país respecto a estos refugiados.
El oficial del registro de ACNUR, Nurul Rochayati quiso aclarar que no se trataba de una acción de “retorno forzoso”, sino de un ejercicio que consiste en “establecer su protección aquí y en establecer su derecho a regresar, regresarán cuando estén a salvo, con seguridad y dignidad”.
No obstante, desde diciembre de 2021 amenazan con “confiscar” los documentos de identidad otorgados a los refugiados rohingya y reubicarlos por la fuerza a una isla remota si “violan” las leyes que prohíben ofrecer educación propia para sus niños.
Las autoridades de Bangladesh prohibieron las escuelas que los maestros rohingya establecieron para compensar la falta de educación formal y secundaria en los campos de refugiados, así como cualquier tipo de enseñanza religiosa islámica. Bangladesh ha vetado la posibilidad de brindar educación a los niños refugiados rohingya que vayan más allá de las clases “básicas”, “informales” y de “nivel primario”.
“Primero, el gobierno bloqueó la educación significativa para los niños rohingya, luego cerró las escuelas que los rohingya establecieron para ellos mismos y ahora amenaza con desterrar a los maestros y estudiantes a una isla similar a una prisión”, denunció Bill Van Esveld, director asociado de derechos del niño para Human Rights Watch.
Más de 22.000 refugiados rohingya ya han sido trasladados a la isla remota de Bashan Char, propensa a inundaciones y muy restringidos en movimiento, sufriendo escasez de alimentos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Los maestros han dejado de ofrecer apoyo escolar a los niños a causa del miedo infundado por los funcionarios del campamento, que amenazan tanto a profesores como a las familias que permiten que ejerzan la enseñanza, poniéndolos bajo “inmensa presión” y “creando pánico”.
Van Esveld ha querido llamar a los gobiernos extranjeros a “denunciar a Bangladesh por bloquear implacablemente el derecho de estos niños a aprender”. Desde la organización se ha denunciado también las consecuencias de estas acciones del gobierno en la situación de muchas niñas, obligadas a casarse tras ver sus escuelas cerradas y recibir amenazas sobre falsas acusaciones de “contrabando” hacia sus padres.
El director asociado de Human Rights también llamó la atención directamente a los gobiernos occidentales. “La UE, EE. UU. y otros donantes importantes deberían presionar a Bangladesh para que cambie de rumbo y garantizar que los niños refugiados no pierdan más de lo que ya tienen” aseguraba en un reclamo de acción “eficaz” para poder apaciguar las restricciones que siguen afrontando los rohingyas, incluso tras huir del estado opresor de Myanmar.
A pesar de los avances en la precaria situación de los rohingyas, como la entrega de los documentos de identidad (que, al menos, permite tener un “control”), es lo más cercano a un “reconocimiento” que han tenido y, más allá también de la declaración de Estados Unidos, aún queda mucho camino por recorrer.
La represión de la comunidad musulmana de Myanmar sigue vigente a día de hoy: estamos presenciando una “limpieza étnica” que atenta con los derechos humanos de los rohingya. Solo queda esperar una reacción más eficaz y voluntad política por parte de los gobiernos extranjeros que tengan influencia en la zona, para que cese la persecución del grupo, o al menos, como bien expresa Bill Van Esveld que “no pierdan más de lo que ya tienen”.
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