El sistema de seguridad venezolano se basa en una arquitectura coercitiva distribuida y doctrinaria. En este artículo, Lucas Paulinovich, alumno del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, explora cómo militares, civiles y estructuras paralelas operan de forma integrada para sostener el control político y territorial.
Tras la operación Absolute Resolve que capturó a Nicolás Maduro, la estructura interna del poder chavista quedó mayormente intacta. La configuración del sistema de seguridad venezolano no es un simple conjunto de arreglos operativos. Tampoco es una secuencia improvisada de respuestas represivas frente a la conflictividad política. Reconoce un marco doctrinario que sirve como principio habilitante para un uso distribuido y redundante de la coerción.
Esta estructura apela como asiento jurídico al Artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el cual establece el principio de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento al deber de seguridad y defensa integral.
La fuente de esta concepción está dada por la doctrina de Defensa Integral, que abreva del Libro Azul de 1991 con discursos y escritos de Hugo Chávez. En el prólogo, Nicolás Maduro explica la batalla social permanente y la unidad cívico-militar. Esta doctrina se materializó tras el golpe de Estado de 2002 y se formalizó en el Concepto Estratégico Militar de 2011. En noviembre de 2025, la Asamblea Nacional sancionó la ley delComando para la Defensa Integral de la Nación, que readapta sus fundamentos.
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En los hechos, esta doctrina sirve como un marco general que da lugar a interpretaciones expansivas que reestructuran la frontera entre lo civil y lo militar. Establece la seguridad como un servicio público, cuya función social es el sostenimiento del modelo político. Las garantías sociales, según la definición del gobierno, forman parte de esa función.
Con esta base jurídico-doctrinal, el concepto de seguridad pasó de una orientación liberal enfocada en la protección de derechos individuales y el mantenimiento de un orden legal neutral. Evolucionó hacia una seguridad concebida como seguridad del régimen.
La ingeniería institucional implementada combina legalidad, excepcionalidad y zonas grises. En ese espacio, fuerzas armadas regulares, cuerpos policiales, inteligencia, milicias y estructuras civiles armadas se solapan de manera funcional. En la práctica, el poder coercitivo funciona como un sistema de capas porosas, con circulación de cuadros y delegación de funciones. También existen estructuras paralelas, lo que permite mantener el control político sin depender de un único actor armado.
De la seguridad pública a la seguridad del régimen en Venezuela
La Doctrina de Defensa Integral de la Nación se consolida normativamente con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002. Esta fue reformada en 2014 por el decreto N.º 1473. El principio de corresponsabilidad, anclado constitucionalmente, articula seguridad, defensa y desarrollo. Además, habilita una concepción integral de la seguridad que abre espacio a la movilización organizada de la sociedad bajo la lógica del pueblo en armas.
Con el transcurso de los años, y especialmente desde el estado de crisis permanente iniciado en 2013, el sistema evolucionó hacia una lógica donde la seguridad se centra en la preservación del proyecto político, identificado con la soberanía nacional. Esto permite caracterizar la disidencia interna como una amenaza a la Nación. Además, la defensa frente a amenazas externas se usa como marco legitimante para la movilización interna.
En el periodo fundacional entre 1999 y 2005, la defensa cívico-militar da continuidad a una noción estratégica previa, basada en la Ofensiva Táctica de Masas. Al abandonar la tesis insurreccional y adoptar la vía electoral, surge una condición determinante tras el golpe de Estado frustrado en abril de 2002: asegurar altos grados de organización civil y militar. El objetivo es proteger el proyecto ante la reacción de sectores políticos, económicos, militares, eclesiásticos y sindicales asociados al orden previo.
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Para que este dispositivo cobrase materialidad fue indispensable la tarea de los Círculos Bolivarianos lanzados en 2001 y juramentados en 2002 como parte de la «ofensiva revolucionaria». Estos funcionaron como pequeños motores, cuyo objetivo declarado era «elevar la conciencia social, formar cuadros revolucionarios y velar por el cumplimento de la democracia participativa”.
Estas unidades, usualmente comparadas con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, aglutinaron y condujeron a colectivos de barrios populares y centros de trabajo. Con ello, alimentaron el germen de lo que después se proyectará en estructuras territoriales armadas.
En ese sentido, los acontecimientos de abril de 2002 actuaron como verificación empírica de que el vínculo cívico-militar era condición de supervivencia. En aquellas jornadas, se produjo la movilización de cientos de miles de civiles hacia cuarteles para rescatar al presidente depuesto y devolverlo al poder, algo inédito en la historia venezolana reciente.
Arquitectura en capas y porosidad del poder coercitivo
Las distintas capas se conectan por flujos institucionales, nombramientos cruzados, cadenas de mando superpuestas y dispositivos de vigilancia interna. Este rasgo poroso se expresa en dos fenómenos centrales: la expansión de lo militar hacia funciones civiles y la construcción de estructuras paralelas para evitar autonomías.
Esta visión multidimensional de la seguridad permitió que la jerarquía militar asumiera el control de la distribución de alimentos, servicios públicos y gestión de crisis civiles. De este modo, bajo el gobierno de Chávez, y de forma notable durante el gobierno de Maduro, se integró a militares leales en cargos estratégicos del Estado. También se les asignaron roles sociales y económicos que los alejaron de funciones tradicionales, generando incentivos materiales y redes de complicidad.
Esta prolongación de funciones debilitó la experticia profesional militar y la cohesión institucional. Lo hizo al expandir las oportunidades de rentas y la corrupción sistémica, reforzando la dependencia política de los cuadros de mando. Esta burocracia de sustitución dio lugar a un entramado de poder administrativo con proyección económica y política. Así, la seguridad dejó de ser un subsistema y pasó a ser un modo de organización estatal.
Capa superior: FANB en Venezuela, fragmentación del mando e incentivos de lealtad
En el modelo de capas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) opera como garantía última frente a amenazas existenciales. Estas incluyen la fractura del régimen, la insurrección armada o la presión externa. Sin embargo, su valor estratégico no reside solo en su capacidad bélica, sino en su integración como soporte político del régimen.
Para lograrlo, el diseño combina incentivos positivos, como privilegios, cargos y acceso a recursos, con mecanismos negativos, como vigilancia interna, purgas y disciplinamiento. Además, aplica una ingeniería organizacional que dificulta la coordinación autónoma desde dentro de la institución.
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Existen vastos estudios que indican que la fragmentación de la unidad de mando fue una estrategia clave. Esta se aplicó mediante la creación de comandos territoriales regionales y zonales, el aumento desproporcionado de altos mandos y la separación de funciones administrativas y operativas. Esta configuración tiene un efecto político: diluye el poder individual de oficiales superiores, fomenta la competencia por recursos y ascensos, y subordina la carrera militar a señales de lealtad.
Se trata de un proceso sostenido de politización basado en adoctrinamiento, discursos y símbolos. Incluye la incorporación de una doctrina militar bolivariana, nacionalista, revolucionaria y antiimperialista. También se apoya en la repetición de consignas en cuarteles y en la formación en países aliados.
Capa intermedia: Guardia Nacional, Milicia Bolivariana y Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana
Desde mediados de los 2000 se promovió la conformación de la Milicia Bolivariana como cuerpo ideologizado y dependiente directamente del presidente. En términos funcionales, la Milicia cumple tres objetivos. Amplía la base armada leal e introduce un actor militar-político que reduce la exclusividad coercitiva de la fuerza profesional. Además, materializa la corresponsabilidad Estado-sociedad en forma de organización civil con encuadre militar.
En 2020, mediante la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional, se consagra como componente especial de las FANB, orientados a funciones de resistencia local ante cualquier agresión interna o invasión de fuerzas extranjeras. Esta fuerza representa un puente legal-doctrinario hacia la militarización civil.
Durante la gestión de Maduro se crea el Sistema de Organización Territorial de las Unidades Populares de Defensa Integral (SOTU). Este sistema coordina acciones entre el Estado y las diferentes formas de organización popular en cada comunidad, en cada calle, para garantizar la independencia, la paz y la soberanía nacional. Además, según datos oficiales, contaba con más de 4,5 millones de milicianos y 14 383 Bases Populares de Defensa Integral, que coinciden con los centros electorales del país.
En esta capa intermedia, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) opera como bisagra de la unión cívico-militar. Al ser el componente de la FANB con capacidades de policía e investigación penal, su rol trasciende lo estrictamente militar para convertirse de facto en fuerza de choque en escenarios de protesta.
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A diferencia de los componentes pesados, la doctrina de la GNB está diseñada para la contención de masas. Garantiza una presencia capilar en todo el territorio. La GNB se ha consolidado como el enlace operativo crítico entre el mando militar central y las unidades locales. Así, asegura que la directriz estratégica se traduzca en control social efectivo.
A su vez, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) representa la culminación del proceso de militarización de la seguridad iniciado en 2009.
Su integración en la arquitectura de capas se manifiesta a través de sus unidades de élite, actualmente agrupadas en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Estas unidades dieron continuidad funcional a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), disueltas formalmente en 2022. Han sido señaladas como el brazo de letalidad selectiva en zonas populares.
En el marco de la Misión de Cuadrantes de la Paz, la política pública central de seguridad ciudadana desde 2019 continúa y amplía la Misión A Toda Vida Venezuela (2012) y la Gran Misión Justicia Socialista (2017). La Policía Comunal, creada en 2008, cumple la tarea de identificar las causas del delito, como la deserción escolar, la falta de iluminación o conflictos vecinales, para gestionarlos antes de que escalen.
Operan en sectores geográficos específicos de 2 a 5 km, llamados cuadrantes o comunidades. Mantienen contacto directo con los Consejos Comunales y otras organizaciones de base para diseñar Planes de Seguridad Comunal.
En la práctica, el CPNB y sus unidades tácticas actúan como el primer actor estatal de la «represión negable». Lo hacen a través de la coordinación con los frentes territoriales y colectivos. Esta interconexión permite liberar zonas o delegar funciones de intimidación en contextos de crisis, diluyendo las fronteras entre el orden público legal y la coerción política territorial.
Capa inferior: los colectivos en Venezuela
Los colectivos constituyen el nivel más «negable» del sistema. Son estructuras civiles armadas con anclaje territorial, capaces de ejercer control cotidiano y coerción selectiva con un costo político menor para el Estado. Su lugar en el modelo traza su genealogía desde los Círculos Bolivarianos, articulando «pueblo no uniformado» y fuerzas militarizadas.
Según la consultora de análisis Stratfor, desde 2013 empezó la organización vinculada a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), impulsadas por Diosdado Cabello. Aunque inicialmente sin entrenamiento militar,el think tank las identificaba como un vector territorial con potencial de deriva paramilitar integrado por civiles. En 2017 se estimaba que poseían alrededor de 14.000 miembros en todo el país.
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Asimismo, se indicaba que dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ligados al Frente Francisco de Miranda, un sector del partido cercano a Cuba, en ese contexto. Plantearon la necesidad de formar Cuerpos de Combatientes para la Defensa Integral de la Nación.
La continuidad histórica no es lineal, pero sí estructural. El chavismo desarrolló dispositivos de movilización civil que, en contextos de conflicto, pueden asumir funciones de intimidación y control territorial. Todo esto está amparado por un marco jurídico que obliga a movilizar todos los recursos (humanos, económicos y sociales) para preservar la soberanía.
Capa transversal: SEBIN/DGCIM como sistema nervioso del control interno
La hipótesis del rol de la asesoría cubana en la ejecución del sistema de vigilancia y control interno se vio robustecida tras la operación Absolute Resolve. En ese contexto, el gobierno cubano admitió y homenajeó a los 32 integrantes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias caídos. Bajo la Dirección General de Contrainteligencia Militar, este sistema cuenta con recursos para espiar a militares, apresar a quienes no demuestren lealtad y generar un clima de miedo y desconfianza.
Además, de acuerdo a denuncias internacionales, este sistema de control interno se vincula a purgas internas y casos de tortura en centros de detención. Asimismo, esto explica por qué la capa superior no puede tratarse como un bloque homogéneo. Las FANB están internamente atravesadas por un dispositivo de vigilancia que opera como garantía última de subordinación política.
Complementariamente, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), creado en 2010, con sede en el edificio El Helicoide en Caracas (denunciado como centro de torturas y violaciones de derechos humanos) opera como inteligencia interna y política. Se enfoca en el control digital, orientado a detectar disidencia civil, monitorear opositores y controlar segmentos sensibles dentro de la sociedad venezolana.
Así, en un sistema de coerción distribuida, la inteligencia funciona como el pegamento que mantiene coordinadas las piezas. De lo contrario, estas podrían competir o fragmentarse de manera incontrolable.
De los colectivos a los frentes territoriales
A partir de mediados de la década de 2010, se observa un proceso de reorganización progresiva en frentes territoriales. Surgen estructuras más estables de control local. Este proceso se acelera tras los ciclos de protesta de 2014 y 2017, cuando el régimen enfrenta desafíos simultáneos de movilización opositora, deterioro económico y fragmentación social.
Esta reorganización implica una adaptación funcional de la Defensa Integral a escala barrial. Los frentes territoriales no responden a una cadena de mando militar formal, pero tampoco operan al margen del sistema: se articulan con actores estatales, reciben tolerancia activa y, en contextos críticos, coordinación operativa. Su racionalidad es la del control situacional que combina presencia permanente, vigilancia social y capacidad de coerción selectiva.
En términos organizativos, los frentes suelen articular colectivos de base con control efectivo del barrio, milicias comunales o estructuras de reserva. También integran operadores políticos locales asociados a comunas u organizaciones partidarias. Además, mantienen enlaces funcionales con fuerzas de seguridad, particularmente con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana.
Esta articulación no es uniforme en todo el país, pero muestra patrones recurrentes en zonas urbanas estratégicas, especialmente en Caracas y grandes centros poblados. Los frentes cumplen roles de gobernanza armada de baja intensidad, regulando conflictos locales, administrando recursos, controlando el acceso a bienes escasos y estableciendo límites informales a la protesta o la disidencia.
Convergencia funcional con bandas criminales y economías ilegales
La consolidación de frentes territoriales coincide con una convergencia progresiva entre actores políticos armados y organizaciones criminales. Esta relación se da particularmente en economías vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el secuestro. No debe interpretarse como una captura simple del Estado por el crimen, sino como una integración selectiva, coherente con la lógica de la coerción distribuida.
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En su forma básica, estas relaciones se manifiestan como tolerancia regulada. Las autoridades se abstienen de intervenir mientras se mantenga un orden compatible con los intereses del régimen. En un nivel intermedio, se da una colaboración operativa. Esta puede incluir intercambio de información, liberación de zonas o uso instrumental de bandas para tareas de intimidación.
En los casos más avanzados, siguiendo las acusaciones sustentadas en testimonios como los de Hugo Carvajal, exjefe de Inteligencia Militar, existiría integración económica, con participación directa o indirecta de funcionarios en circuitos ilícitos.
Estas economías ilegales cumplen una doble función. Por un lado, generan renta autónoma para estructuras armadas locales. Por otro lado, operan como mecanismos de control social, mediante prácticas como el cobro de vacunas, el microtráfico territorializado o los secuestros selectivos. La ilegalidad, lejos de ser un efecto colateral, se convierte en un instrumento de poder.
El sistema penitenciario y el pranato en Venezuela
El sistema penitenciario constituye una de las piezas más reveladoras del ecosistema coercitivo venezolano. Lejos de funcionar como espacio de neutralización del delito, las cárceles han operado como ámbitos de reorganización, formación y proyección del crimen organizado, bajo un régimen conocido como pranato, en el que el Estado conservaba la custodia externa mientras delegaba o admitía el control interno a liderazgos criminales.
El caso paradigmático es el del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), asociado al surgimiento y expansión del Tren de Aragua. Durante años, Tocorón funcionó como un enclave criminal autónomo, con armamento, infraestructura recreativa, sistemas de comunicación y control absoluto del orden interno. La magnitud de este fenómeno solo puede explicarse por una gestión penitenciaria permisiva y sostenida por múltiples niveles del Estado.
Desde este espacio, el Tren de Aragua coordinó operaciones externas, resolvió disputas, formó cuadros y proyectó su expansión hacia otras cárceles y países de la región. La prisión operó, en los hechos, como centro de mando y escuela criminal, ofreciendo seguridad, previsibilidad y legitimidad interna.
En septiembre de 2023, 11 mil policías y militares irrumpieron en Tocorón para tomar el control del establecimiento. Sin embargo, la cúpula del grupo habría escapado y la organización extendió sus operaciones continentales.
El sistema penitenciario se integra al control político-criminal mediante la acción (u omisión) de fuerzas de seguridad y la capa transversal de inteligencia. Desde esta perspectiva, las cárceles funcionan como espacios de concentración y administración del crimen, que pueden ser activados o desarticulados cuando el equilibrio se rompe.
Unión cívico-militar para la gestión de la escasez
El modelo de seguridad venezolano expresa un ecosistema coercitivo híbrido, funcional y doctrinariamente fundado. Más allá del colapso del orden constitucional, no se trata de una simple acumulación de prácticas corruptas, sino que este sistema exhibe racionalidad política y capacidad adaptativa. Su estabilidad se apoyó en la administración estratégica de la coerción, la convergencia ideológica y una porosidad deliberada entre lo civil, lo militar y lo criminal.
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A su vez, la Defensa Integral se nutre de imaginarios de guerra popular y de resistencia prolongada, abrevando en nociones como la «guerra de todo el pueblo» cubana y las doctrinas de «guerra popular» de Vietnam y China. Estas referencias funcionales ofrecen una respuesta estratégica frente adversarios tecnológicamente superiores, mediante dispersión territorial, movilización civil y estructuras redundantes.
En términos de racionalidad política, la unión cívico-militar cumple una doble función: por un lado, legitima la participación civil en tareas de defensa y seguridad; por otro, habilita una arquitectura interna donde el control político se garantiza mediante la multiplicación de actores armados leales.
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