Lo que durante décadas pareció imposible terminó ocurriendo en El Salvador. La llegada de Nayib Bukele a la presidencia en junio de 2019 transformó radicalmente la estrategia del Estado frente a las pandillas y convirtió al país en uno de los casos más influyentes y debatidos en materia de seguridad pública. En este artículo, Luis Alberto Modrego, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza este caso.
Un Estado donde las maras habían secuestrado a la sociedad salvadoreña imponiendo un régimen de violencia, extorsión y control territorial que asfixiaba la vida cotidiana y restringía la libertad de movimiento de sus ciudadanos pasó, en apenas unos años, de figurar entre los países con las tasas de homicidio más elevadas del mundo a convertirse en el más seguro de la región.
El denominado «modelo Bukele» ha logrado reducir de forma drástica los homicidios, recuperar amplias zonas anteriormente controladas por las pandillas y restablecer el monopolio efectivo de la fuerza por parte del Estado en su territorio nacional. Para millones de salvadoreños ha supuesto el fin de años de sometimiento al yugo de las maras y la recuperación de una libertad que durante demasiado tiempo les había sido arrebatada.
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Paralelamente, la significativa mejora de los indicadores de seguridad ha venido acompañada de un intenso debate regional e internacional sobre sus efectos en la calidad democrática del sistema político salvadoreño. Entre los principales aspectos objeto de controversia destacan el progresivo proceso de concentración del poder en el Ejecutivo, sustentado en la prolongada prórroga del régimen de excepción y la consiguiente reducción de los mecanismos ordinarios de control y contrapeso institucional. En la actualidad, el caso salvadoreño se ha consolidado como uno de los principales referentes regionales en materia de políticas de seguridad.
Los pilares del modelo
Aunque habitualmente el modelo Bukele se asocia al régimen de excepción, este constituye únicamente uno de sus componentes. El régimen de excepción, previsto en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador y aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 tras un repunte extraordinario de homicidios, permitió suspender temporalmente determinados derechos y garantías constitucionales cuando concurren circunstancias que ponen en grave riesgo la seguridad del Estado o el orden público. Su aplicación ha supuesto una ampliación extraordinaria de las facultades de las fuerzas de seguridad y una limitación temporal de determinadas garantías procesales con el objetivo de facilitar la persecución de las organizaciones criminales.
Sin embargo, el modelo Bukele no puede reducirse a esta medida excepcional. Se trata de una política integral de seguridad que combina reformas normativas, operaciones conjuntas de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas, un estricto control del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la inteligencia criminal, una marcada centralización de la dirección política y una estrategia permanente de comunicación gubernamental. La combinación de estos elementos explica, en buena medida, los resultados alcanzados. Sus principales componentes son los siguientes:
- Plan Control Territorial, orientado a recuperar el dominio estatal sobre zonas controladas por las pandillas. Operaciones conjuntas Policía y Fuerzas Armadas.
- Detenciones masivas de presuntos integrantes de organizaciones criminales.
- Reforma del sistema penitenciario, simbolizada por la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
- Centralización del liderazgo político, con una intensa utilización de las redes sociales como instrumento de comunicación y legitimación pública.
Las principales fortalezas (las «luces»)
Los resultados obtenidos en materia de seguridad constituyen el principal argumento a favor del modelo.
La reducción de la violencia ha sido extraordinaria. La tasa de homicidios descendió desde valores superiores a 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 (18 homicidios al día) hasta cifras inferiores a 8 en 2022 (1.4 homicidios al día), la más baja del continente americano, superando ampliamente a países tradicionalmente considerados entre los más seguros de la región, como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica o Panamá, y situándose en niveles similares a los de Francia y Suecia.
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A la drástica reducción de los homicidios se suman otros indicadores que inciden directamente en la percepción de seguridad y en la recuperación de espacios de libertad por parte de una sociedad que, durante décadas, permaneció sometida al control territorial y la violencia ejercida por las maras:
- Recuperación del control efectivo del Estado sobre numerosos barrios y municipios que durante años permanecieron bajo el dominio territorial de las maras.
- Reducción sustancial de la extorsión y del poder de intimidación, el control territorial y la capacidad operativa de las maras.
- Incremento de la percepción ciudadana de seguridad y de la libertad para desarrollar actividades cotidianas en espacios previamente condicionados por la violencia criminal.
- Elevados niveles de respaldo social a la política de seguridad, con índices de aprobación presidencial superiores al 80-90 % en la mayoría de las encuestas nacionales e internacionales.
- Mejora de la imagen internacional de El Salvador, reflejada en el incremento del turismo, el renovado interés inversor y una mayor percepción de estabilidad y seguridad.
Desde una perspectiva estrictamente operativa, el modelo Bukele demuestra que un Estado con voluntad política, coordinación institucional y elevada capacidad ejecutiva puede alterar de forma rápida el equilibrio de poder frente a organizaciones criminales altamente violentas.
Las principales debilidades (las «sombras»)
El éxito en materia de seguridad ha venido acompañado de un proceso de concentración del poder en manos de ejecutivo, debilitando los contrapesos institucionales y generando un progresivo deterioro de la calidad democrática y de las garantías propias del Estado de derecho.
Diversos organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y numerosos estudios académicos han señalado que la prolongación indefinida del régimen de excepción ha reducido las garantías propias del Estado de derecho.
En este contexto, las principales críticas se centran en las detenciones masivas basadas en criterios amplios o arbitrarios de sospecha, con la consiguiente afectación de la presunción de inocencia; la ampliación extraordinaria de la prisión provisional y de los plazos de detención antes de la puesta a disposición judicial; la introducción de juicios colectivos, que cuestionan el principio de responsabilidad penal individual; y el debilitamiento de las garantías del debido proceso, especialmente por las restricciones al derecho de defensa y a las garantías de contradicción durante el proceso penal.
Valoración final
El caso salvadoreño constituye uno de los experimentos de política de seguridad más relevantes de las últimas décadas en América Latina. Su principal aportación reside en haber demostrado que, bajo determinadas condiciones políticas e institucionales, es posible modificar en un corto espacio de tiempo un escenario de violencia crónica que durante años se consideró prácticamente irreversible.
Sin embargo, también pone de manifiesto que la eficacia de las políticas públicas no puede evaluarse exclusivamente a partir de sus resultados operativos, sino también de su sostenibilidad institucional y de su compatibilidad con los principios que sustentan un Estado democrático de derecho.
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En este sentido, el modelo Bukele trasciende el ámbito de la seguridad ciudadana para convertirse en un referente del debate contemporáneo sobre la relación entre eficacia gubernamental, legitimidad política y preservación de las garantías democráticas. Su experiencia demuestra que la lucha contra el crimen organizado puede exigir respuestas extraordinarias, pero también plantea el desafío de determinar hasta qué punto dichas respuestas pueden mantenerse en el tiempo sin alterar el equilibrio institucional ni debilitar los mecanismos de control propios de una democracia constitucional.
