La investigación por presuntos préstamos irregulares y el destino de fondos públicos ha provocado la destitución del presidente y mantiene bajo sospecha la supervisión bancaria del país.
El caso Ueno Bank en Paraguay ha dejado a casi tres millones de clientes afectados y ha llevado al expresidente Santiago Peña a prisión preventiva. La Fiscalía investiga si el banco concedió créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios mientras recibía cientos de millones de dólares de instituciones públicas. También examina si hubo decisiones políticas que facilitaron esas operaciones o impidieron frenarlas. Las imputaciones todavía deben probarse ante la Justicia.
Qué ocurrió con Ueno Bank
Ueno, un banco digital perteneciente al Grupo Vázquez, creció hasta reunir unos 2,94 millones de clientes. Sin embargo, su situación financiera acabó obligando al Banco Central del Paraguay (BCP) a actuar.
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional de Analista de Inteligencia
La resolución fue adoptada el 2 de noviembre de 2026 y anunciada el día 3. Tras corregir sus estados financieros, el supervisor constató que el índice de solvencia estaba por debajo de la mitad del mínimo exigido. Es decir, faltaba respaldo patrimonial para los riesgos asumidos. El procedimiento de resolución permite gestionar la crisis y proteger los depósitos dentro del marco legal.
Qué investiga la Fiscalía paraguaya
La investigación apunta a préstamos y sobregiros concedidos entre 2025 y 2026 a compañías relacionadas con el banco. Según la Fiscalía, algunas recibieron cantidades elevadas para su capacidad económica, con garantías insuficientes y documentación deficiente.
Además, los investigadores sospechan que parte del dinero terminó en otras sociedades del mismo grupo, en lugar de financiar los proyectos declarados. El posible perjuicio estaría en comprometer recursos del banco mediante operaciones que no cumplían criterios habituales de riesgo.
Por estos hechos fueron imputadas 27 personas vinculadas a la entidad y a otras empresas. Se investigan, entre otros delitos, lesión de confianza y tentativa de estafa.
La defensa de Juan Manuel Gustale, presidente del banco, también rechaza las imputaciones y argumenta que el directorio se apoyaba en sus equipos para evaluar los préstamos.
Los fondos públicos en Ueno
Ueno administraba alrededor de 800 millones de dólares en depósitos públicos, según Associated Press. Entre ellos figuraban unos 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona jubilaciones y prestaciones sanitarias.
Por tanto, la crisis afecta también al patrimonio de instituciones que deben atender obligaciones sociales. La Fiscalía examina cómo se decidió colocar y mantener esos recursos en la entidad, además de la actuación de sus supervisores.
En cualquier caso, fondos inmovilizados no equivale a pensiones suspendidas. El IPS aseguró que los pagos mensuales estaban garantizados e inició el traslado de las cuentas de aproximadamente 32.000 jubilados a otros bancos.
Qué vincula a Santiago Peña
Peña tuvo acciones en Ueno Holding, vinculada al conglomerado propietario del banco, hasta marzo de 2025, cuando ya era presidente. Él sostuvo que nunca había sido accionista directo de la entidad bancaria.
Además, nombró al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien anteriormente había presidido Financiera Ueno. Los fiscales investigan posibles irregularidades en la supervisión y en la colocación de dinero público.
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa
Tras presentar su renuncia el 5 de noviembre, Peña fue destituido por el Senado el día 6 por «mal desempeño de funciones» y lo sucedió Pedro Alliana. Al día siguiente fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Su defensa niega que interviniera en las operaciones del banco y cuestiona la prisión preventiva. Aún así, la destitución política no constituye una condena penal.
Qué pasa con los ahorros
Por su parte, el BCP insiste en que la crisis de Ueno no representa un problema generalizado del sistema financiero.
El BCP fijó la cobertura legal en 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad, no por cada cuenta. Los importes superiores dependen de los mecanismos de recuperación previstos en el procedimiento.
Hasta el 9 de noviembre, 1.738.804 depositantes habían recibido anticipos de la garantía, según datos del BCP recogidos por ABC Color. No obstante, eso no significa que todos recuperaran íntegramente sus ahorros.
Mientras tanto, la Fiscalía registró viviendas de Peña y Carvallo y anunció gestiones internacionales para rastrear posibles fondos desviados. Sigue pendiente determinar cuánto dinero podrá recuperarse y qué responsabilidades penales quedan acreditadas.
