La norma, impulsada por Ben Gvir, solo rige en tribunales militares que juzgan exclusivamente a palestinos y elimina el derecho de apelación.
La Knesset aprueba la llamada pena de muerte para terroristas con 64 votos a favor frente a 48 en contra. Esta ley contempla ejecuciones por ahorcamiento y en secreto aplicables exclusivamente a palestinos. El Parlamento israelí ratificó este lunes la reforma tras casi doce horas de debate. La norma solo rige en los tribunales militares de Cisjordania, que únicamente juzgan a acusados palestinos, mientras que los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, son procesados en tribunales civiles.
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Aunque el texto prevé formalmente su aplicación a toda la ciudadanía, uno de sus artículos la restringe a quienes «causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel», una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas. Además, la ley permite imponer la pena capital por mayoría simple del tribunal, eliminando la unanimidad que era obligatoria hasta ahora, y suprime el derecho de apelación. También impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados.
Ben Gvir impulsa la ley con el apoyo del Likud y partidos ultraortodoxos
El principal impulsor de la reforma es Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío. «Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte», declaró según recoge The Times of Israel. La ley recibió el apoyo del Likud de Benjamin Netanyahu, de Yisrael Beitenu y de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
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La Presidencia de la Autoridad Palestina expresó de inmediato su «condena y rechazo» a la norma, calificándola de «racista» y de «flagrante violación del derecho internacional humanitario». Asimismo, la consideró un «crimen de guerra» contra el pueblo palestino, en el marco de la escalada de medidas contra la población palestina en Cisjordania y Gaza. La institución instó a la comunidad internacional a «tomar medidas serias, hacer que Israel rinda cuentas e imponer sanciones por sus crímenes».
Adalah anuncia recurso urgente ante el Tribunal Supremo israelí
Por su parte, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, explicó que «esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial», advirtió su director legal, Suhad Bishara. La organización señaló además que aplicar legislación israelí sobre la población palestina ocupada «es una flagrante violación del derecho internacional».
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Adalah ha adelantado que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí «como cuestión de máxima urgencia», argumentando que «incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra». La organización señala, en concreto, violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra y de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En paralelo, la Knesset tramita ya otra iniciativa legislativa que prevé aplicar la pena de muerte retroactivamente a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023.
