La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a través de la iniciativa Spotlight presenta las historias de seis personas entrevistadas a principios de febrero de 2020, cuyas vidas se han visto trastornadas por la violencia en el Sahel. Spotlight denuncia la violencia practicada en contra de las mujeres de Burkina Faso a quienes los asesinos “violan y torturan”.
Burkina Faso, país perteneciente a la región del Sahel, albergaba en 2020 cerca de 25.000 refugiados del conflicto en Mali, país vecino. La paz se había mantenido durante largo tiempo en Burkina Faso, hasta que comenzaron los ataques contra los asentamientos de personas refugiadas, que actualmente complican la acción de los trabajadores humanitarios. Además, ACNUR declara que “también se ha vuelto muy peligroso mantener los mercados y las escuelas abiertos y los empleos están despareciendo”.
Burkina Faso se ha convertido en un país tan peligroso para los refugiados, que algunos de ellos escapan del país para volver a sus naciones de origen, donde la violencia continúa.
La organización humanitaria denuncia que, tan solo en 2020, más de 700.000 burkineses huyeron de sus hogares en busca de protección. Algunos de ellos han cruzado a Mali o Níger, donde las condiciones pueden ser igualmente peligrosas.
“Algunas personas retornan a Mali, incluso a zonas tan peligrosas que ni los trabajadores humanitarios, ni las fuerzas de defensa nacional pueden entrar” declara ACNUR.
Por otro lado, el cierre de fronteras y las restricciones que se impusieron a los burkineses con el fin de contener la pandemia de la COVID-19, complicaba, aún más, el trabajo de la comunidad para acoger a los refugiados y lidiar con los ataques.
Los seis caras del conflicto en el Sahel
Hawa, superviviente de Boukoma entrevistada por ACNUR, confiesa que “estoy tan traumitazada que ni si quieres puedo recordar qué paso”. Hawa, estaba en su casa cuando su nieto advirtió a la familia que unos hombres armados se estaban aproximando. En cuestión de segundos, dos docenas de hombres en motocicletas irrumpieron y empezaron a disparar mientras ella y otras mujeres se escondían adentro.
Ella enterró a sus muertos el día siguiente, luego huyó con 32 miembros de su familia. Ahora ha encontrado una relativa seguridad en la casa de su hijo en Kaya, 150 km al sur. Pero tiene pesadillas, se despierta todas las noches gritando, mientras escucha el sonido de los disparos en sus oídos. “Soy una viuda del conflicto”, dijo.
Leila, huyó de la violencia en Mali en 2012 y vivió en el campamento de refugiados en Goudoubo hasta 2019, cuando hombres armados en motocicletas atacaron el campamento tres veces.
Rahmata, la hija de Leila de 10 años, presenció uno de estos ataques. Desde entonces no volvió a ser la misma. Leila dice que ella misma se ha sentido “profundamente” afectada por las numerosas personas que muestran signos de traumas psicológicos en medio de la creciente inseguridad.
“Es algo que realmente duele. Es duro ser una madre y ver todo eso”, confesó. “Solo sigo rezando para que haya paz”.
Dianbendi, líder comunitario, acoge a más de 2.500 desplazados burkineses dentro de su propiedad y en los alrededores, un número que crece cada día. Él les ofrece comida, albergue y agua, con frecuencia asumiendo los costos. Caminando con dificultad debido a una discapacidad en una pierna, con costos puede proveer a su propia familia, sin embargo, da la bienvenida a todos los que llegan.
“Al principio, pensamos que solo estaban matando a los hombres. Pero después nos dimos cuenta que mataban también a mujeres y niños”, dijo Dianbendi. “Tengo una discapacidad. No tengo nada que dar. Pero es mi obligación tratar de mejorar un poco su situación”.
Los grupos armados en Burkina Faso también han asesinado a funcionarios públicos, trabajadores de la salud, profesores, y otros representantes del Estado. En ocasiones, también han atacado a organizaciones humanitarias, robando vehículos y secuestrando a funcionarios.
Ilyas, es voluntario del programa de Voluntariado de las Naciones Unidas en la ciudad de Djibo y en el campamento de Mentao, en el norte de Burkina Faso. ayuda a garantizar que las personas refugiadas tengan acceso a comida, agua y albergue. Siendo él mismo un refugiado maliense, se siente honrado de trabajar con ACNUR, pero teme que esto lo convierta en un blanco.
“Los refugiados me dicen que lo que hago es noble, pero honestamente estoy asustado. Asumo este riesgo porque amo mi trabajo. Estoy comprometido con la defensa de nuestros derechos humanos.” declara Ilyas.
Eric, originario de Burkina Faso y oficial asociado de registro con ACNUR en el noreste del país, trabaja en el campamento de Goudoubo desde 2012, cuando los refugiados de Mali empezaron a buscar protección en Burkina Faso. Después de que el conflicto se extendió a su país, Eric confiesa que ahora son los refugiados los que le ofrecen apoyo. Ellos comprenden su tristeza. Ahora que las zonas donde viven los refugiados se volvieron más peligrosas, Eric no puede verlos tan seguido, si es que puede verlos. Confiesa que siente “débil y preocupado”.
“Esto me duele. Mi país está siendo atacado y no podemos dar a las personas la protección que necesitan”, denuncia Eric.
Yobi Sawdogo es asesor del alcalde de Kaya, una ciudad que cuenta con 66.000 residentes, según su último censo, de 2012, y ahora acoge a más de 300.000 burkineses desplazados. El gobierno local abre las puertas a las personas necesitadas, pero el flujo de los recién llegados ha cambiado drásticamente la vida cotidiana. Las filas para recoger agua se han vuelto muy largas y los centros de salud están abarrotados. Los mercados aún están bien abastecidos, pero solo porque quienes huyeron hasta aquí no tienen dinero para comprar comida.
A pesar de las dificultades, Yobi afirmó que su ciudad continuará aceptando a quienes buscan seguridad, en parte por solidaridad, y en parte por miedo. “Decimos que lo les pasó a ellos podría pasarnos a nosotros. No podemos rechazar a la gente”, declaró.
Una década de conflicto en el Sahel deja 2,5 millones de personas desplazadas
Si bien estos testimonios concretos datan de 2020, la situación en la actualidad no es muy diferente.
ACNUR en 2022 continúa solicitando una “acción internacional concertada para poner fin a los conflictos armados en la región del Sahel Central en África”, que han obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus hogares en la última década.
El desplazamiento interno se ha multiplicado por diez desde 2013, pasando de 217.000 personas a la abrumadora cifra de 2,1 millones a finales de 2021. El número de personas refugiadas en los países del Sahel Central -Burkina Faso, Malí y Níger-, asciende ahora a 410.000. La mayoría de los refugiados en la región han huido de la violencia en Malí, donde el conflicto comenzó en enero de 2012.
El aumento de los ataques violentos en toda la región durante 2021 desplazó a casi 500.000 personas, sin bien las cifras de diciembre aún están pendientes de confirmación.
Los grupos armados habrían llevado a cabo más de 800 ataques el año pasado, según las estimaciones de los socios de ACNUR. Esta violencia forzó a unas 450.000 personas a desplazarse dentro de sus países y obligó a otras 36.000 a huir a países vecinos.
Sólo en Burkina Faso, el número total de desplazados internos ascendió a más de 1,5 millones de personas a finales de 2021. Seis de cada diez desplazados internos del Sahel son ahora burkineses.
En Níger, el número de desplazados internos en las regiones de Tillaberi y Tahoua aumentó en un 53% en los últimos 12 meses. En el vecino Malí, más de 400.000 personas están desplazadas dentro del país, lo que supone un aumento del 30% respecto al año anterior.
Mientras tanto, la situación humanitaria en Burkina Faso, Malí y Níger va deteriorándose rápidamente en medio de una crisis con múltiples frentes. Si bien la inseguridad es el principal motor, la crisis se está viendo agravada por la pobreza extrema, la pandemia de COVID-19 y el agravamiento de los efectos de la crisis climática, registándose un aumento de las temperaturas en la región 1,5 veces superior a la media mundial. Las mujeres y los niños son los principales afectados y se ven desproporcionadamente expuestos a la extrema vulnerabilidad y a la amenaza de la violencia de género.
Las comunidades de acogida han seguido dando muestras de resiliencia y solidaridad, acogiendo a las familias desplazadas pese a sus escasos recursos. Las autoridades gubernamentales también han demostrado un compromiso inquebrantable para ayudar a los desplazados, pero están cediendo ante la creciente presión.
ACNUR y sus socios humanitarios hacen frente a crecientes dificultades para acceder a las personas afectadas y prestar asistencia y protección para salvar vidas. El personal humanitario sigue enfrentándose a ataques en las carreteras, emboscadas y robos de vehículos.
ACNUR hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con valentía y no escatime esfuerzos a la hora de apoyar a los países del Sahel Central para conseguir la paz, la estabilidad y el desarrollo que tanto necesita la región.
En respuesta a la crisis actual, ACNUR está liderando los esfuerzos conjuntos de las agencias de la ONU y las ONG para proporcionar alojamiento de emergencia, gestionar los campamentos para desplazados y prestar servicios de protección vitales, entre los que se incluye la lucha contra la violencia de género y la mejora del acceso a documentación civil.
ACNUR sigue actuando en coordinación con las autoridades y otros socios para garantizar la respuesta humanitaria más eficaz para satisfacer las necesidades de las personas refugiadas, desplazadas internas y las comunidades de acogida del Sahel, a pesar de los innumerables desafíos.
Con los recursos peligrosamente al límite, ACNUR insta a que se preste más apoyo para ayudar a salvar vidas y hacer frente a las vulnerabilidades. En 2021 quedaron sin cubrir más de un tercio de los fondos que necesitaba ACNUR en el Sahel Central. Para poder organizar una respuesta eficaz en 2022 en Burkina Faso, Níger y Malí, ACNUR necesita 307 millones de dólares.
Te puede interesar:
