Crisis migratoria en Ceuta: causas, contexto y claves

Análisis

Rubén Asenjo
Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.

Ceuta vive un nuevo repunte migratorio. Estas son las claves para entender sus posibles causas, su dimensión humanitaria y el fondo geopolítico.

La ciudad autónoma de Ceuta vive desde finales de julio de 2026 la mayor presión migratoria desde la crisis de 2021, con cientos de miles de personas entrando a nado cada noche desde la costa marroquí y unos servicios de acogida claramente desbordados. Las autoridades locales hablan ya de «emergencia nacional» y alertan de que, si el flujo no se frena, la situación puede recordar al episodio de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en apenas dos días.

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A primera vista, la narrativa oficial apunta a una combinación de factores, como el cambio en la interpretación de la Ley de Extranjería por parte del Tribunal Supremo, unas condiciones meteorológicas favorables para el paso a nado y un contexto social de precariedad en la vecina región marroquí. Pero, como suele ocurrir en la frontera sur de Europa, debajo de la superficie late también una lógica política y geopolítica en la que Marruecos, España y Argelia juegan su propia partida.

Ceuta al límite

Desde el inicio de la crisis se han registrado miles de entradas irregulares a Ceuta, en su mayoría jóvenes marroquíes y argelinos que han cruzado a nado desde la zona de Castillejos, aprovechando las altas temperaturas y la niebla para bordear los espigones fronterizos. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cifró el ritmo en unos 300 migrantes al día y advirtió de que esa oleada equivalía ya a casi el 2% de la población total de la ciudad. No obstante, desde el 30 de julio de 2026, el ritmo de entrada ha aumentado de forma exponencial.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está completamente saturado, con centenares de personas durmiendo en la calle a la espera de poder entrar, mientras los dispositivos para menores no acompañados soportan una sobreocupación de hasta el 1.600% según las autoridades locales. A ello se suma un balance trágico, ya que en lo que va de año, la Guardia Civil ha recuperado decenas de cadáveres en el mar. Además, solo en las últimas semanas se han localizado varios cuerpos más, y las familias en Marruecos y Argelia denuncian desapariciones de jóvenes de entre 16 y 23 años que se lanzaron al agua y nunca regresaron.

El giro judicial: la sentencia del Supremo

Un elemento clave para entender el momento concreto de esta crisis es la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que limita de forma drástica las devoluciones en caliente para quienes entran a nado. El fallo establece que el régimen especial de rechazo en frontera solo puede aplicarse a quienes vulneren los «elementos de contención fronterizos», como las vallas, pero no a las personas que alcanzan territorio español por vía marítima.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles y las autoridades ceutíes sostienen que esta interpretación ha desactivado uno de los instrumentos básicos de control en la frontera marítima y ha generado un «efecto llamada» inmediato visible en el aumento de intentos de entrada a nado.

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Desde Ceuta se reclama modificar de nuevo la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a cualquier acceso irregular, terrestre o marítimo, argumentando que la actual situación deja a los cuerpos de seguridad sin herramientas claras y genera inseguridad jurídica.

Precariedad y expectativas al otro lado de la valla

Mirar solo a la norma jurídica es insuficiente. Del lado marroquí concurren factores sociales y económicos de largo recorrido que empujan a miles de jóvenes a asumir el riesgo de cruzar a nado. Diversos análisis sobre la crisis de 2021 recuerdan que la región fronteriza ha sufrido una auténtica «asfixia económica» asociada al cierre prolongado de la frontera y al bloqueo del comercio transfronterizo, que durante años fue el principal sustento de muchas familias.

Los testimonios recogidos estos días en Ceuta describen a chicos de 16 a 23 años, marroquíes y argelinos, que llevan meses sin trabajo, sin perspectivas y que ven en la ciudad autónoma una puerta, por estrecha que sea, hacia la península y, eventualmente, Europa. La combinación de precariedad, redes informales de información y la percepción de que ahora es más difícil ser devuelto automáticamente crea un caldo de cultivo ideal para que cada noche centenares de jóvenes se lancen al agua con aletas, flotadores improvisados o simple determinación.

El recuerdo de 2021: Marruecos y la diplomacia migratoria

La crisis actual se interpreta en Ceuta a la luz del incidente fronterizo de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas (algunas fuentes hablan de más de 10.000) cruzaron de forma irregular hacia la ciudad en apenas dos días, ante la relajación de los controles marroquíes. Aquel episodio estuvo directamente ligado al deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado en un hospital de La Rioja.

Varios estudios y resoluciones europeas señalaron entonces que Marruecos había instrumentalizado la migración como herramienta de presión política, utilizando incluso menores, y que Ceuta se había convertido en escenario de una «diplomacia migratoria» en toda regla. El Parlamento Europeo aprobó una moción criticando a Rabat por haber puesto en riesgo la vida de miles de personas para enviar un mensaje político, y la crisis se entendió como un aviso a España y, por extensión, a la Unión Europea, sobre la capacidad de Marruecos para abrir o cerrar el grifo migratorio.

Con estos antecedentes, no extraña que muchos actores locales y analistas pregunten hoy si la nueva oleada de entradas a nado es, al menos en parte, otra forma de presión en un contexto de reajuste geopolítico en el Magreb.

Argelia entra en escena: gas, rivalidad y la visita de Sánchez

En ese tablero regional, la relación triangular España–Marruecos–Argelia es determinante. El 20 de julio de 2026, Pedro Sánchez viajó a Argel acompañado por ministros y directivos de grandes compañías energéticas, con el objetivo declarado de reforzar el suministro de gas a España y culminar la normalización de la relación tras la crisis provocada por el giro de postura español sobre el Sáhara. El presidente fue recibido por el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, y mantuvo una declaración conjunta con el presidente argelino en la que ambos subrayaron la voluntad de intensificar la cooperación energética.

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La visita se inscribe en una rivalidad abierta entre Argel y Rabat por la hegemonía regional y el control de las rutas de gas hacia Europa, que ya se tradujo en decisiones como el cierre en 2021 del gasoducto Magreb–Europa que llevaba gas argelino a España pasando por Marruecos. Ese cierre supuso un golpe económico para Marruecos, que perdió el peaje y parte del gas que utilizaba para consumo interno, y reforzó la idea de que Argelia y Marruecos utilizan la energía como herramienta política.

En este contexto, la escenificación de un acercamiento entre España y Argelia, justo cuando Ceuta vuelve a estar desbordada por llegadas de personas desde territorio marroquí, alimenta la hipótesis de que Rabat podría estar enviando un mensaje de descontento o advertencia. No hay, por ahora, pruebas directas de una orden política explícita detrás de cada joven que se lanza al mar, pero la coincidencia temporal entre la visita de Sánchez a Argel y el repunte de entradas, sumada a los antecedentes de 2021, hace que el componente geopolítico sea difícil de ignorar.

¿Instrumentalización de la migración en la crisis actual?

Los especialistas en seguridad y migraciones advierten desde hace años de que la instrumentalización de los flujos migratorios en las fronteras exteriores de la UE se ha convertido en una práctica cada vez más habitual, desde Turquía hasta Bielorrusia, pasando por Marruecos. La externalización de los controles por parte de la Unión, delegando en terceros países buena parte de la gestión de la migración irregular, otorga a estos gobiernos una capacidad de presión considerable sobre sus vecinos europeos.

En el caso de Ceuta, la crisis actual parece responder a una conjunción de factores: un cambio jurídico que ha limitado las devoluciones en caliente y ha alterado el equilibrio de disuasión; una realidad social de precariedad y expectativas frustradas en la costa marroquí; y un contexto geopolítico en el que España reequilibra sus relaciones con Argelia mientras Marruecos recuerda, de forma más o menos implícita, que controla una de las principales rutas terrestres y marítimas hacia Europa.

Reducir la situación a un único motivo, sea la sentencia del Supremo, la pobreza en Castillejos o la supuesta «venganza» de Rabat por el viaje de Sánchez a Argel, sería simplificar en exceso una crisis que es a la vez humanitaria, jurídica y política. Lo que sí parece claro es que, si no se actúa en esos tres planos (protección de vidas, revisión de la normativa y gestión diplomática honesta con Marruecos y Argelia) Ceuta y Melilla corren el riesgo de seguir encadenando crisis migratorias que ponen al límite su capacidad de acogida y tensan de nuevo la relación entre España y sus vecinos del sur.

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