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Argentina inicia acciones diplomáticas contra Venezuela

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Argentina ha iniciado acciones diplomáticas contra Venezuela después de que el Gobierno de Nicolás Maduro prohibiera que las aeronaves argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo venezolano.

El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, ha asegurado que no se va a dejar extorsionar «por los amigos del terrorismo». «Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país», afirmó Adorni. De acuerdo con el portavoz, la medida adoptada por el presidente venezolano «forma parte de una represalia contra el gobierno argentino por haber aceptado la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán».

Argentina adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por «violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio de Chicago (1944). 

El Gobierno de Venezuela reiteró el pasado 12 de marzo que vetará su espacio aéreo a Argentina, hasta que compense los daños causados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa. «El gobierno neonazi de Argentina, no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero «cara de tabla»: El Sr. Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra EMTRASUR», expresó en la red social X el canciller venezolano, Yván Gil.

El origen de las tensiones: el avión Boeing 747-300M

En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa – empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a una petición de decomiso. La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia argentina y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.

El avión había llegado a la capital argentina y dos días más tarde tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que regresó al aeropuerto argentino, donde fue retenido a petición de Estados Unidos. El ministro de Interior argentino, Aníbal Fernández, comunicó que había recibido información sobre la relación de la tripulación con las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Por tanto, un juez argentino ordenó la retención de los pasaportes de los miembros iraníes de la tripulación. Con el avance de la investigación, los tripulantes fueron liberados.

Washington asegura que la aeronave servía para operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en toda América Latina. No obstante, los gobiernos de Teherán y Caracas negaron las acusaciones estadounidenses. Sin embargo, la aeronave quedó retenida en julio de 2022, puesto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la colaboración de las autoridades argentinas, obtuvo una orden judicial para que el avión fuera confiscado en Buenos Aires por «el traspaso no autorizado» del Boeing de la sancionada Mahan Air a Emtrasur.

Además, antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave. Dos semanas después, Maduro denunció a Estados Unidos por el «acto vil, criminal, indignante» de «descuartizar» la aeronave.

Artículo escrito por:

Laura Ruiz Sancho. Periodista. Apasionada de la geopolítica y siempre con un ojo puesto en la actualidad internacional. Experta profesional en terrorismo yihadista por la UNED y Máster en Verificación Digital y Periodismo de datos (CEU).

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