La inscripción de Noviembre Nacional ha reabierto el debate sobre por qué España permite la existencia de partidos que proponen cambios radicales del sistema. Balbanuz Ferreras explica las claves jurídicas que lo hacen posible y cuándo una formación puede ser ilegalizada.
Con la inscripción de los ultraderechistas de Núcleo Nacional como partido político, bajo el nombre de Noviembre Nacional, muchos españoles se cuestionan cómo es posible que partidos inconstitucionales sean legalizados. El debate lleva años abierto, contando el sistema español con partidos que defienden la independencia de Cataluña y el País Vasco, e incluso cambios profundos del sistema constitucional actual. ¿Por qué la estructura legal permite esto? La respuesta jurídica es mucho más compleja de lo que suele pensarse. En este artículo, analizaremos la Constitución y casos concretos de actualidad.
Una Constitución que protege incluso a quienes quieren cambiarla
El artículo 6 de la ley suprema reconoce el pluralismo político. La democracia española no obliga a compartir los valores constitucionales para poder participar en la política nacional, simplemente exige que cualquier cambio se haga mediante los procedimientos legales previstos. Esto quiere decir que defender la independencia, la instauración de una república o buscar eliminar las autonomías son ideas válidas, siempre y cuando se busque hacerlas efectivas a través de mecanismos democráticos. El Tribunal Constitucional ha reiterado esta idea, señalando que la Constitución no impone una “democracia militante” o una adhesión ideológica al texto legal.
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Sin embargo, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 sí recoge aquellos casos en los que puede ilegalizarse un partido por su actividad, nunca por sus ideas. Esos supuestos son cuando una agrupación política justifica el terrorismo, emplea la violencia, vulnera los derechos fundamentales, etc. Esta ley fue precisamente la base jurídica utilizada para ilegalizar el entorno político de ETA, como Herri Batasuna.
¿Por qué EH Bildu es un partido reconocido?
Cuando la agrupación se formó en 2011, existieron recursos para impedir su participación electoral, ya que la ciudadanía dudaba de si realmente Bildu era una nueva coalición o si suponía una continuación de los etarras de Herri Batasuna. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, solicitaron la anulación de la candidatura de Bildu, alegando vínculos con Batasuna. El Tribunal Supremo aceptó la tesis y anuló las listas electorales.
A pesar de todo, cuatro días después, el Tribunal Constitucional concluyó que no se disponían de pruebas como para considerar que el partido estuviera intentando relevar a Batasuna y destacó la condena de la violencia por parte de las formaciones que la integraban (Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale). Desde entonces, EH Bildu se ha presentado regularmente a las elecciones convocadas.
Este ejemplo demuestra que, aunque parte de la sociedad española considere insuficiente esa ruptura con el pasado etarra, el criterio jurídico aplicado por los tribunales no se ve afectado.
¿Y qué pasa con los partidos independentistas catalanes?
Los independentistas catalanes, como Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, pueden incluir en sus programas la creación de una república catalana y defender la separación de la comunidad del resto del territorio español. Aunque este objetivo contradice el modelo territorial actual, su mera defensa no es ilegal.
La Constitución defiende el pluralismo político, la libertad de expresión e ideológica, por lo que el independentismo como idea o proyecto político tiene cabida dentro del sistema constitucional. Lo que la ley no reconoce es el derecho de las autoridades catalanas de declarar unilateralmente la independencia ni a convocar por cuenta propia un referéndum para votar la autodeterminación. La soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, según el artículo 1.2, por lo que cualquier modificación de la unidad nacional tendría que realizarse mediante un procedimiento agravado previsto para cambiar elementos clave del orden constitucional.
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Esta distinción explica la paralización del procés, ya que sí fueron ilegales la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, el incumplimiento de resoluciones jurídicas y el uso de recursos públicos para llevar a cabo acciones contrarias al ordenamiento jurídico. Cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, el Tribunal Constitucional las anuló por quebrantar la soberanía nacional, la unidad de España y los derechos de los diputados de la oposición.
El conflicto jurídico no surgió porque en Cataluña se debatiera sobre la independencia, sino porque una mayoría parlamentaria intentó hacer efectivo ese proyecto al margen de los procedimientos constitucionales. Es por eso que conviene evitar afirmar que los partidos independentistas “van en contra de la Constitución” en un sentido delictivo: sus objetivos son incompatibles con algunos contenidos de la ley suprema, pero pueden defenderse legalmente, la frontera se encuentra en la forma de perseguirlos.
Noviembre Nacional: nuevo partido creado entre controversias
Núcleo Nacional surge en el contexto de las protestas en Ferraz contra la Ley de Amnistía, entre finales de 2023 y principios de 2024. Durante las protestas, un grupo de jóvenes de extrema derecha se organizaron y acabaron constituyendo el grupo, que se oficializó en Madrid en abril de 2024 y estableció su sede (El Nido, nombre que hace referencia a la vivienda de Hitler, apodada El Nido del Águila) en el distrito Fuencarral – El Pardo. Muchos de sus miembros ya eran previamente integrantes de organizaciones como Bastión Frontal, Ultras Sur o grupos falangistas. Desde sus inicios, han promovido un discurso que gira en torno al nacionalismo identitario, el rechazo a la inmigración y una fuerte oposición al movimiento globalista, situándose en el espectro político más a la derecha que Vox.
En junio de 2026, Núcleo Nacional anunció en sus redes sociales el registro de su propio partido, Noviembre Nacional, con un vídeo en el que su líder, Iván Rico, aparecía por fin desvelando su rostro, hasta entonces siempre cubierto con un pasamontañas. En otro vídeo publicado en redes sociales, en el que un descapuchado Iván responde a la prensa, se menciona justamente el caso de Herri Batasuna. El líder de Núcleo Nacional critica que se les intente igualar con el brazo político de ETA, recalcando que su organización no tiene ninguna condena, mientras que “la gente que nos gobierna están condenados por todo tipo de crímenes”, y comenta que “la banda del Peugeot” practica la prostitución y el tráfico de drogas.
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Para solucionar estos problemas, promete una “regeneración moral, primero para los políticos, que son los que más la necesitan los pobres, y evidentemente también para nuestro pueblo”. Iván también denota rechazo hacia las palabras de Ayuso, que en una de sus intervenciones igualó a Núcleo Nacional con bandas latinas como Latin Kings o Dominicans Don’t Play. Iván entonces se pregunta si es realista comparar a un grupo de personas que “molestan y ponen pancartas” con grupos criminales que cometen asesinatos y violaciones.
El rechazo que suscitan tanto Núcleo Nacional como su partido reside en cuatro factores principales: su ideología radical, que ha sido especialmente criticada por grupos feministas y de apoyo al colectivo LGBT; su simbología y estética, que muchos analistas consideran inspirada en movimientos fascistas; las investigaciones que rodean a algunos de sus miembros, dado que personas concretas del grupo han sido relacionados con presuntos delitos de odio o altercados durante manifestaciones; y su estrategia comunicativa, basada en vídeos provocativos difundidos en redes sociales.
A pesar de todo, en un Estado de derecho, un partido no puede prohibirse porque sus ideas resulten radicales o impopulares. En España, la inscripción de un partido en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior no conlleva un análisis de sus valores, sino una comprobación de que cumple los requisitos legales de la ya mencionada Ley 6/2002. Aunque Núcleo Nacional ha sido objeto de críticas por sus planteamientos radicales, desde un punto de vista jurídico esas controversias no bastan para impedir que se postule a las próximas elecciones. En el anteriormente analizado vídeo, Iván recalca que Noviembre Nacional no se va a presentar a ningún tipo de elección autonómica, “principalmente porque no creemos en las autonomías”. Solo si alguno de sus miembros incurriera en conductas delictivas, como la incitación al odio, podrían exigirse las correspondientes responsabilidades penales.
Aceptar la pluralidad
El caso de Núcleo Nacional, tan debatido en la actualidad, pone de manifiesto un principio básico del Estado de derecho: en España no se prohíben los partidos por la radicalidad de sus ideas, sino por la gravedad y reiteración de sus actos. La legalidad de una formación política no depende de que sus propuestas resulten aceptables para la opinión pública, sino de que respeten las reglas democráticas. Para que una formación sea ilegalizada deben concurrir los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Partidos y la decisión final de los tribunales.
Esa es precisamente una de las claves que explica también por qué pueden presentarse a las elecciones partidos independentistas o cualquier otra formación que proponga cambios del modelo constitucional, siempre que actúe dentro de los cauces legales.
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