La derrota de Viktor Orbán en las elecciones parlamentarias del pasado domingo abre un nuevo escenario en cuanto a la gestión migratoria en el país centroeuropeo. En este artículo Joaquin Amela explica las claves de la tensa relación durante los últimos años entre el Gobierno húngaro y las instituciones comunitarias.
La Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) dejó de operar en Hungría en enero de 2021 debido a la sistemática devolución a Serbia de migrantes solicitantes de asilo por parte de las autoridades húngaras, pese a haberse dictado por parte del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) una sentencia el 17 de diciembre de 2020 condenando al país húngaro por incumplimiento de sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión en materia de procedimientos relativos a la concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
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Según explicita la sentencia, Hungría limitó el acceso al procedimiento de protección internacional, internó irregularmente a los solicitantes de asilo en zonas de tránsito ubicadas en la frontera serbo-húngara y los trasladó de zona fronteriza sin respetar las garantías que acompañan a los procedimientos de retorno, incumpliendo gravemente el Derecho Comunitario.
El endurecimiento de las fronteras en Hungría
Hungría, en sucesivas leyes nacionales aprobadas en 2015 y 2017 para hacer frente a la crisis migratoria que venía sufriendo el país y a la gran petición de solicitudes de protección internacional en su territorio, adaptó su normativa relativa al derecho de asilo y al retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, introduciendo el concepto de «situación de crisis provocada por una inmigración masiva«, que permitía que las autoridades húngaras establecieran un sistema de internamiento generalizado de los solicitantes de protección internacional en situación irregular, trasladándolos de forma coactiva a una franja de terreno fronteriza con Serbia sin respetar las garantías previstas en el Derecho Comunitario.
A su vez limitó drásticamente el número diario de solicitantes de protección autorizados a entrar en las zonas de tránsito establecidas alegando razones de orden público y seguridad interior, en línea con lo dispuesto en el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en un intento de justificar la excepcionalidad de las medidas adoptadas.
Sin embargo, el TJUE alegó que el traslado coactivo de nacionales de terceros países en situación irregular por parte de la policía húngara al otro lado de una valla existente a algunos metros de la frontera con Serbia equivalía de facto a una expulsión, ya que a los solicitantes de asilo no les quedaba otra opción que abandonar el territorio húngaro y entrar en Serbia, que no forma parte de la Unión Europea y por tanto no queda vinculada por el Derecho Comunitario.
Con dichas expulsiones forzosas, Hungría incumplió flagrantemente el procedimiento de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, que solo debe llevarse a cabo respetando las garantías legales y procedimentales que emanan de las Directivas europeas en la materia (como por ejemplo el derecho de todo solicitante de protección internacional de permanecer en el territorio del Estado miembro en cuestión después de que se deniegue su solicitud hasta que haya expirado el plazo dentro del cual puede recurrir esa denegación o, si ya se ha interpuesto recurso, hasta que haya un pronunciamiento sobre el mismo) y que son de obligado cumplimiento por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea, sin que ninguno pueda invocar circunstancias excepcionales como una inmigración masiva.
La situación de Frontex en Hungría hasta 2021
Antes de la salida de Frontex de Hungría, la Agencia Europea operaba en los puestos fronterizos de Záhony (frontera húngaro-ucraniana), Röszke y Tompa (frontera húngaro-serbia), desplegando agentes de fronteras y medios materiales para apoyar a las autoridades húngaras en la gestión de los flujos migratorios hacia sus fronteras, en línea con el resto de los Estados miembros de la UE que poseen fronteras exteriores.
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En la actualidad la Unión europea posee un acuerdo de cooperación con Serbia firmado en 2024, según el cual el personal de Frontex opera en territorio serbio para mitigar los flujos de inmigración irregular usando la ruta de los Balcanes, combatir el tráfico de personas y la delincuencia transfronteriza en la región, al igual que sucede con otros acuerdos análogos firmados con Albania y Montenegro, todos ellos Estados candidatos a adherirse en un futuro próximo a la Unión Europea, por lo que los esfuerzos de Bruselas se basan en implementar las mejores prácticas en materia de gestión migratoria, política de visados común y respeto de los derechos fundamentales.
Incertidumbre ante el cambio de escenario político
Con el nuevo gobierno surgido de las urnas en Hungría cabe esperar un nuevo acercamiento a las tesis migratorias defendidas por la Unión Europea, que lleve a que la presencia de Frontex en suelo húngaro se reactive después de unos años de tensiones políticas entre las instituciones comunitarias y el ejecutivo húngaro.
Habrá que ver, sin embargo, cual es el enfoque del nuevo ejecutivo húngaro, ya que el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, estableció la creación de un Cuerpo Permanente de Guardias Europeos de Fronteras y Costas con poderes ejecutivos para actuar en el territorio de los Estados miembros de la UE, estableciendo incluso la posibilidad de portar armas en el ejercicio de sus funciones.
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Además, en algunos Estados miembros dicho Cuerpo Permanente ya tiene acceso a las bases de datos nacionales para la consulta de personas, bienes y mercancías en el ámbito de la seguridad, lo que ha supuesto sin duda un hito en cuanto a la colaboración y trasvase de información de materias tradicionalmente reservadas a las autoridades nacionales.
El tiempo dirá si Hungría está dispuesta a fortalecer su vínculo, no solo sentimental sino también operativo, con la Unión Europea, en relación con la gestión de las fronteras exteriores, el cumplimiento de los Tratados y Directivas comunitarias y el respeto a los derechos fundamentales.
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