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Drones y el cambio de paradigma en la seguridad pública en España

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La expansión del uso civil de drones está transformando de forma acelerada la seguridad pública. Lo que nació como una tecnología recreativa y comercial se ha convertido en un vector de riesgo real.  En este artículo, Álvaro Caverni, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute analiza esta amenaza creciente. Su bajo coste y fácil acceso complican la prevención y la respuesta policial. La normativa y los medios actuales avanzan por detrás de un riesgo que ya es presente.

La irrupción masiva de los sistemas aéreos no tripulados en el espacio aéreo civil está forzando un cambio de paradigma profundo en la arquitectura de la seguridad pública. Estos dispositivos, inicialmente concebidos para fines comerciales y de ocio, se han transformado en un vector de amenaza híbrida y asimétrica de bajo coste, que exige una redefinición urgente de las estrategias policiales y antiterroristas.

La ubicuidad de los drones, combinada con sus crecientes capacidades, confronta directamente la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado y la protección de los intereses estratégicos internos.

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Este cambio no es una mera hipótesis, sino una realidad reconocida oficialmente en el marco institucional español. La Dirección de Seguridad Nacional (DSN) abordó esta cuestión de manera exhaustiva en su estudio«Drones y Seguridad Nacional 2023», señalando lanecesidad de un enfoque multidimensional. El informe destaca que el aumento exponencial y la diversidad de las aplicaciones de los drones obligan a la revisión de la legislación vigente, los procedimientos de control y la coordinación entre organismos.

Pese al reconocimiento del riesgo, la respuesta normativa enfrenta importantes obstáculos. El personal policial, aunque actúa in situ para investigar vuelos, a menudo se encuentra en un vacío legal cuando la actividad no se enmarca en la infracción administrativa pura.

En caso de cometerse un delito o causar daños a terceros, la vía penal o civil debe activar leyes preexistentes, lo que dificulta una respuesta ágil y contundente a esta amenaza de rápida evolución.  

Drones y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas

Uno de los desafíos más significativos para la seguridad nacional es la vulnerabilidad que los drones introducen en la protección de las Infraestructuras Críticas. La protección de estos activos en sectores esenciales como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, energía, agua, sanidad y transportes resulta de importancia capital.

En este ámbito, los UAS ofrecen a grupos terroristas o elementos desestabilizadores una perfecta plataforma de vigilancia de bajo coste además de la capacidad de lanzar ataques selectivos con una potencialidad de impacto económico y social desproporcionada.  

La preocupación se centra en el uso de drones para el sabotaje, que puede ir desde la mera obstrucción del espacio aéreo, como se ha advertido en el bloqueo de aeropuertos, hasta el ataque directo con cargas destructivas.

El desafío técnico es considerable, ya que la tecnología de detección de las fuerzas de seguridad está rezagada respecto a la velocidad de evolución de los aparatos.

Los sistemas de radar convencionales, por ejemplo, tienen serias dificultades para identificar aeronaves pequeñas o que vuelan muy cerca del suelo. Esta dificultad se incrementa dramáticamente en entornos urbanos, donde la saturación electromagnética derivada de antenas, radios bidireccionales y otros dispositivos reduce la eficacia de los sensores de radiofrecuencia.  

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Más alarmante aún es el avance tecnológico de los UAS maliciosos. El desarrollo de drones filoguiados, que utilizan fibra óptica en lugar de depender de la comunicación inalámbrica para el control, representa una amenaza prácticamente invisible.

La clave de este peligro reside en que, si el dron no emite una señal de RF para ser pilotado, anula la eficacia de la mayoría de los sistemas de contramedida que se basan en la detección pasiva de frecuencias o la interferencia electrónica.

La protección de las infraestructuras críticas o los eventos multitudinarios se ve forzada a depender de sistemas costosos e innovadores, todavía pendientes de una implementación efectiva.

El dron en el contexto del crimen organizado

La amenaza de los drones no se limita a la esfera antiterrorista, sino que se ha arraigado profundamente en las operaciones del crimen organizado transnacional.

Europol ha señalado que las redes criminales demuestran una gran capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y mantienen una alta especialización, con más de la mitad de estas redes involucradas en el tráfico de drogas. Además de la amenaza aérea, los grupos dedicados al tráfico de drogas muestran su adaptación mediante el uso de drones submarinos no tripulados.   

En el contexto doméstico español, la seguridad penitenciaria ha experimentado un deterioro significativo debido a la facilidad con la que los drones introducen material ilícito. En los últimos cinco años, los incidentes de contrabando en cárceles españolas se han disparado. El modus operandi implica el uso de estos aparatos para realizar entregas en el interior de las instalaciones.

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Se han documentado numerosos intentos y desarticulaciones de bandas, como la Operación Califa Centro 23 en Córdoba, que conseguía suministrar drogas, teléfonos móviles y tarjetas SIM a los reclusos. Si bien el contrabando actual se centra en la logística (drogas y comunicaciones), esta situación plantea el riesgo inherente de la paulatina pérdida de control en las instituciones penitenciarias.

A escala internacional, el narcotráfico utiliza los drones como vector logístico transfronterizo. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU ha alertado sobre eluso creciente de drones por parte de los traficantes, no sólo para vigilar rutas sino para el traslado activo de mercancía.

El punto de inflexión táctico que subraya la gravedad de esta amenaza se materializa en Sudamérica. El derribo confirmado de un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia, presuntamente un UH-60L Black Hawk, por un dron operado por disidencias de las FARC en la región de Antioquia, durante operaciones de erradicación de coca, establece un precedente gravísimo.

El hecho de que una organización criminal posea la capacidad y la voluntad de utilizar UAS como armas cinéticas en una región clave para el narcotráfico global indica que estas capacidades sofisticadas están ya en circulación y representan un riesgo de filtración inminente hacia las redes criminales europeas que operan en el sur de España.  

La amenaza híbrida del futuro: la diáspora de conocimiento táctico

La profesionalización de la amenaza UAS se ve acelerada por los conflictos geopolíticos actuales. La guerra en Ucrania ha servido como un laboratorio de guerra asimétrica sin precedentes, donde los drones son herramientas centrales en la ofensiva y la defensa.

La preocupación para la seguridad pública en España y Europa no radica únicamente en el hardware, sino en la inminente diáspora de conocimiento táctico.

El conflicto ha generado miles de operadores, técnicos e ingenieros militares rusos y ucranianos con un profundo know-how en tácticas avanzadas de UAS: desde el vuelo en enjambre y el uso de drones suicidas, hasta el desarrollo de contramedidas y técnicas anti-detección (como los drones filoguiados). Esta transmisión se está produciendo ya en la actualidad, habiéndose detectado la presencia de miembros de grupos de narcos en Ucrania a efectos de aprendizaje.  

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Existe un riesgo estratégico evidente de que, tras el fin de las hostilidades, una parte de este personal militar o paramilitar sea cooptado por redes de crimen organizado transnacional o por células terroristas con interés en replicar tácticas de guerra asimétrica en suelo europeo.

Este conocimiento experto, que incluye la capacidad de integrar sistemas de armas improvisados y la habilidad para eludir la detección, es un activo más peligroso que la mera adquisición de drones comerciales. Esta transferencia de conocimiento deberá ser controlada de manera especialmente concienzuda para evitar consecuencias indeseadas.

Respuesta al desafío y posibles contramedidas

Ante el espectro de amenazas descritas, desde el contrabando en prisiones hasta la agresión a infraestructuras críticas, la implementación de Contramedidas UAS (C-UAS) se vuelve imperativa. No obstante, en esta fase surgen dilemas legales y de seguridad colateral que deben ser resueltos urgentemente.

Una vez detectada la presencia de un UAS (con toda la complejidad que esto conlleva) las posibles soluciones para «bajarlo» actualmente se dividen principalmente en soluciones cinéticas y soluciones electrónicas, si bien se están explorando activamente medidas efectivas sin descanso:

  1. Soluciones cinéticas y físicas: Estos métodos implican la neutralización física del dron mediante la intercepción con redes, el uso de proyectiles. Su principal ventaja es que permiten la eliminación efectiva de la amenaza sin generar interferencia en el espectro electromagnético civil. Sin embargo, en entornos urbanos o sobre instalaciones críticas, el riesgo principal es la seguridad colateral. El derribo o la captura cinética provocan que el aparato y su carga útil caigan de forma incontrolada, poniendo en peligro a la población civil e infraestructuras sensibles en tierra.  
  2. Interferencia electrónica (Jamming): Esta técnica opera bloqueando las señales de radiofrecuencia o de navegación por satélite (GNSS/GPS), forzando al dron a aterrizar o regresar a su punto de origen. En principio, ofrece una neutralización remota y controlada. El desafío más crítico del jamming, sin embargo, es su legalidad y el riesgo de daños colaterales. En el espacio aéreo, puede bloquear señales críticas de GPS y sistemas de navegación, afectando potencialmente a la aviación tripulada comercial y a los servicios de emergencia que dependen de estas frecuencias para operar con seguridad, comprometiendo así la seguridad aérea civil.

Drones como desafío estratégico para la seguridad nacional

El panorama de la seguridad pública española ha mutado de forma irreversible con la irrupción del dron como herramienta de uso criminal y potencialmente terrorista. La amenaza es patente: la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y eventos multitudinarios así como la profesionalización del crimen organizado. Para enfrentar esta realidad, se requiere una estrategia integral que vaya más allá de la mera regulación administrativa.

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La Dirección de Seguridad Nacional ya ha marcado la pauta al señalar la necesidad de una revisión normativa urgente que logre el difícil equilibrio entre la seguridad ciudadana y el desarrollo tecnológico del sector.  

Es fundamental que esta revisión dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un marco legal claro que permita el uso de contramedidas activas con garantías.

El dilema de seguridad que presenta el uso de drones todavía no está resuelto, debido entre otras cuestiones a la asimetría de costes (el bajo costo de los drones frente al coste de las medidas efectivas) o la dificultad técnica del desarrollo de soluciones asumibles tanto desde el ámbito legal como en el político. 

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