Lima anunció la ruptura de vínculos con México al considerar el asilo a Bettsy Chávez como una injerencia en sus asuntos internos.
El Gobierno de Perú ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras descubrir que la ex primera ministra Bettsy Chávez, involucrada como coautora en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La Presidencia peruana publicó en X: «El Gobierno de Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el Gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación».
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Horas antes, el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, expresó en rueda de prensa su «sorpresa y profundo pesar» por la decisión mexicana de acoger a Chávez, calificando este hecho como «acto inamistoso». Lamentó además no haber recibido una notificación oficial por parte de México. Del mismo modo, acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y al exmandatario Andrés Manuel López Obrador de «construir una realidad paralela frente a los acontecimientos» de diciembre de 2022 y de difundir «una versión tendenciosa e ideologizada» sobre el fallido autogolpe.
Se mantendrán servicios consulares
Según De Zela, «han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la verdad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos es continuar viviendo en democracia». Asimismo, criticó las declaraciones de Sheinbaum en favor de Castillo, tildando estas manifestaciones de «inaceptables y falsas». «Ahora pretende sostener que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política», añadió.
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El ministro peruano subrayó que Chávez y Castillo «están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política». Pese a su desacuerdo con la postura mexicana, el Gobierno peruano mantendrá los servicios consulares: «Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país».
No intervendrán en la Embajada
De Zela aclaró que no contemplan intervenir en la Embajada mexicana, diferenciando la situación de la ocurrida en Ecuador en abril de 2024. Afirmó: «Perú es un país respetuoso con el Derecho Internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del Derecho Internacional». Sin embargo, el presidente José Jerí informó de la expulsión de la encargada de la misión mexicana, Karla Ornelas: «Karla Ornelas fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país».
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La ruptura ocurre poco después de que la Justicia peruana impusiera restricciones a Chávez por riesgo de fuga, aunque el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al declarar fundado el recurso presentado por su defensa. Sin embargo, Chávez permanecía recluida en Lima desde junio de 2023, bajo prisión preventiva por presunta rebelión y conspiración ligados al fallido autogolpe de Castillo.
México califica de «excesiva» la ruptura
El Ministerio de Exteriores de México ha declarado que «lamenta y rechaza» la ruptura de relaciones anunciada por el Gobierno peruano, calificándola de «medida excesiva y desproporcionada». En su comunicado, defendió que se trata de un «acto legítimo y apegado al Derecho Internacional», rechazando las acusaciones de injerencia formuladas desde Lima. Además, señaló que la respuesta peruana es «unilateral» y que «en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos de Perú».
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En el texto, la diplomacia mexicana recordó que el asilo político está amparado por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y enfatizó: «El único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso». Además, añadió que esta práctica «no puede ser considerarse un acto inamistoso por ningún otro Estado». Finalmente, argumentó que Bettsy Chávez denunció haber sido «objeto de reiteradas violaciones a sus Derechos Humanos» y que la decisión de otorgarle asilo se tomó tras una «evaluación minuciosa» de la situación.
