El martes 20 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado de que el gobierno de Venezuela utiliza sus servicios de Inteligencia para reprimir a la disidencia en el país, lo que han calificado como una violación de los Derechos Humano.
Según la investigación llevada a cabo por la ONU, tanto la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llevaron a cabo ataques a partir de 2014 contra opositores. Esta violación de los Derechos Humanos sería equiparable incluso a crímenes contra la humanidad.
“Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los Derechos Humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación.
La ONU ha aportado pruebas referentes a 122 casos de víctimas que fueron sometidas a “tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del DGCIM en una de sus sedes en Caracas, así como en centros de detención encubiertos por todo el país”, según se indica en el informe.
También el SEBIN habría sido señalado por cometer torturas o malos tratos contra detenidos. La ONU ha entregado documentación relativa a 51 casos desde 2014. “Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad.
La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”, ha añadido otro de los miembros de la investigación.
Naciones Unidas también ha prestado especial importancia a la situación en las zonas mineras en el estado de Bolívar, en el sur del país. Según han informado, actores estatales y no estatales habrían cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, especialmente en zonas mineras en las que opera el comercio del oro. Se habla de crímenes tales como privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género.
Según indican, la situación es “profundamente preocupante”. “Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”, ha explicado Patricia Tappatá Valdez, otro miembro de la misión de la ONU en Venezuela.
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