A lo largo del mes de febrero de 2024, los agricultores europeos se han organizado desde distintos puntos de la UE para denunciar la precariedad económica del sector y manifestarse en contra de lo que ellos consideran políticas ambientales abusivas. Las grandes avenidas de las capitales europeas han sido tomadas por cientos de tractores que han bloqueado importantes carreteras y zonas portuarias. En este análisis hablamos sobre el origen de las revueltas, las consecuencias y el futuro de los agricultores en la Unión Europea.
El origen de las revueltas de los agricultores en la Unión Europea
El origen de estas revueltas nace a raíz del llamado «European Green Deal» aprobado en 2019 con el objetivo de convertir a Europa en el primer continente «climáticamente neutro», entendido como el primer continente en alcanzar una transición ecológica plena. A nivel agrícola, el Green Deal propone transicionar hacia una producción más sostenible y orgánica mediante la reducción de químicos y pesticidas, así como la optimización de los recursos para reducir la huella ambiental. Iniciativas como la «de la Granja al Tenedor» o la reforma de los planes estratégicos de la PAC (Política Agrícola Común 2023-27) son algunos de los resultados del Green Deal. Aunque a priori todas estas medidas prevén grandes beneficios colectivos, son los agricultores quienes, fuera del pronóstico de los responsables políticos, se han visto fuertemente perjudicados.
Según muchos agricultores, la reforma del PAC provocará que el sector agrícola europeo sea cada vez menos competitivo. Dicha reforma obliga a cultivar en barbecho, realizando rotaciones de cultivos y reservando al menos un 4% de la tierra cultivable a características no productivas. Además, exige disminuir el uso de fertilizantes mínimo un 20%.
Cabe destacar que el 70% del presupuesto del PAC va destinado a crear una red de seguridad para los cultivos que se distribuye mediante pagos directos a los agricultores. Este último año Europa ha tenido que enfrentarse a grandes incendios forestales, inundaciones y sequías que han destruido cosechas enteras provocando importantes pérdidas económicas. Pese a la existencia de ayudas, los agricultores denuncian que los subsidios de la Unión Europea tardan en llegar y en ocasiones no son suficiente para cubrir las pérdidas.
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Los altos costes de producción en comparación con los precios excesivamente bajos es otra de las motivaciones para tomar las calles. La transición a una agricultura sostenible supone un cambio estructural en los procesos productivos que encarece la producción. Esto, sumado a la sistemática subida de precios como consecuencia de la inflación y la guerra de Ucrania, provoca que en la mayoría de ocasiones los precios pagados a los agricultores estén por debajo de sus costes de producción. España es el único país europeo que ya ha regulado este desajuste. El Real Decreto-ley 5/2020 ha fijado unos precios mínimos en la agricultura española, obligando a abonar un precio igual o superior al coste de producción.
El hecho de que los agricultores europeos tengan que afrontar altos costes para producir les posiciona en una situación de desventaja frente a otros competidores. Marruecos, México, y un gran porcentaje de países asiáticos suponen la mayor competencia para el sector agrícola europeo.
Sin salir del continente, el mercado ucraniano también ha supuesto una amenaza. Cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea levantó temporalmente las restricciones a las importaciones procedentes del país. Esto se tradujo en que los precios de países vecinos como Hungría, Polonia, y Rumania cayeran drásticamente y los agricultores locales no pudieran vender sus cosechas.
Ante tales circunstancias, los agricultores y ganaderos europeos han decidido salir a las calles junto a organizaciones agrícolas como COAG, UPA, o ASAJA, entre muchas otras. Ellos lo tienen muy claro, demandan un plan de choque con soluciones inmediatas que recoja tanto medidas nacionales como comunitarias. Quieren acabar con la competencia desleal y para ello reclaman mayores controles y aranceles a las importaciones. Además, exigen la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y paralización de las negociaciones con Chile, Kenia, México, India, y Australia, y de acuerdos como el MERCOSUR (alianza económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).
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En lo que respecta a la sostenibilidad, piden flexibilidad y simplificación de la PAC, Green Deal y otras normativas europeas. Por el momento, la Comisión ha aceptado flexibilizar los requisitos del PAC para que los agricultores puedan acceder a las ayudas. También reclaman seguros agrarios que puedan cubrir los daños de catástrofes consecuencia del cambio climático.
¿Qué consecuencias podrían tener estas revueltas para la UE?
Con la toma de las calles y el bloqueo de carreteras, los agricultores pretenden tener un impacto real. Si estas manifestaciones trascienden, tienen el potencial de causar no solo el declive del sector primario a nivel nacional, sino también repercutir en la economía de la UE.
Aunque la agricultura supone solo un 1,4% del PIB total de la UE, el sector tiene un gran poder estratégico y político. Tras la pandemia del Covid-19, el inicio de la guerra de Ucrania y la crisis energética, se ha observado lo importante que es tener cierta autonomía. Actualmente, la UE es autosuficiente en lo que respecta a una amplia variedad de bienes de consumo diario como el trigo, aceite de oliva, tomates, manzanas, melocotones, queso, mantequilla, carne de vacuno, porcino y aves de corral. Pero, ¿qué podría pasar si los agricultores dejasen de producir debido a las actuales condiciones del sector?
Si los agricultores detuvieran la producción, paralizarían otros sectores cambiando el estatus quo de la economía europea. Los mercados europeos quedarían desabastecidos, por lo que aumentarían las importaciones y, como consecuencia, también lo harían los precios. La Unión Europea se volvería mucho más vulnerable y dependiente de terceros. Un ejemplo de ello podría ser perfectamente el caso de Singapur, uno de los países más prósperos a niveles económicos del mundo, pero tremendamente vulnerable ante las crisis internacionales al importar el 90% de los productos que consume debido a su sector primario prácticamente inexistente.
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Otra cuestión a tratar es qué pasaría si tanto los gobiernos nacionales como la UE accediesen a las demandas ambientales de los agricultores, volviéndose más laxas. Hay que tener en cuenta el punto de no retorno en el que se encuentra el planeta y como los agricultores ya están sufriendo las consecuencias meteorológicas del cambio climático. Existe un cierto peligro en que las medidas de la UE se conviertan en papel mojado, como las sanciones para luchar contra la contaminación atmosférica y la normativa de emisiones, cuya entrada en vigor no para de retrasarse. En ese caso, es muy probable que la degradación ambiental causada por la sobreexplotación del terreno aumente.
Sin duda, una de las consecuencias que ya se pueden intuir es el incremento del apoyo a los sectores más euroescépticos. Pancartas como «no a la agenda 2023» se han podido observar en las diferentes jornadas de protestas. Ese mismo mensaje es utilizado por la mayoría de partidos de extrema derecha europeos, los cuales, pese a ser euroescépticos confesos, han conseguido llegar a instituciones como el Parlamento Europeo. Con la celebración de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio de 2024, y la creciente expansión de la extrema derecha por toda Europa, estas manifestaciones podrían convertirse en un problema mucho mayor para la Unión Europea.
¿Qué va a pasar con los agricultores y la UE?
Teniendo en cuenta que una de las prioridades de la Unión Europea es conseguir una autonomía estratégica plena, lo más probable es que acceda a muchas de las demandas de los agricultores. Ellos no quieren dejar de producir ni la Unión Europea quiere que lo hagan. Es por ello, que deberán negociar y llegar a un punto de equilibrio.
La sostenibilidad se aplicará al sector agrario antes o después, y retrasarlo no tiene ningún beneficio. Sin embargo, la transición hacia una agricultura más verde tendrá que ser subvencionada por la Unión Europea dado que, como se ha visto, los agricultores no pueden solventar esos costes por sí mismos ni afrontarlos en los plazos que la UE exige.
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Por otra parte, la regulación de los precios agrícolas es una medida que muy difícilmente se llevará a cabo a nivel europeo. En ocasiones anteriores, la UE ha mostrado cierta reticencia y rechazo a la intervención del mercado, como cuando se propuso regular el precio del aceite de oliva. Son los gobiernos nacionales quienes deberán tomar la decisión de regular el desajuste económico de la agricultura tal y como hizo España.
En cuanto a los acuerdos internacionales, la UE no tiene por qué cumplir con las exigencias de los agricultores. Hasta ahora el sector agrícola no ha tenido ninguna repercusión real en las relaciones internacionales de la UE. No obstante, si la UE quiere que sus productos sean competitivos a la vez que favorece a los agricultores europeos, deberá replantearse los acuerdos de comercio internacional que resultan más perjudiciales para la agricultura de la Unión.
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