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Marruecos presiona Ceuta mediante una estrategia híbrida y explota vulnerabilidades internas sin controlar necesariamente cada incidente

Marruecos utiliza Ceuta como espacio de presión híbrida sobre España, combinando control fronterizo, redes de influencia interior y violencia urbana. En este artículo, César López Ansorena explica, a partir de un informe OSINT basado en el método ACH, si existe una operación clandestina dirigida desde Rabat. Aunque no se demuestra una dirección directa de los ataques, la reiteración de acciones contra fuerzas de seguridad exige reforzar inteligencia y contrainteligencia. La clave está en establecer el vínculo operativo entre Marruecos y los actores violentos.

Fecha de producción del informe: 14 de septiembre de 2026

  1. Marruecos está utilizando Ceuta como espacio de presión sobre España. La facilitación de la crisis fronteriza, su capacidad para modular los flujos y la movilización política y social posterior responden a una lógica coherente de zona gris.
  2. Existe una infraestructura marroquí de influencia sobre Ceuta y Melilla. Organizaciones soberanistas mantienen contactos con residentes, activistas e influenciadores de ambas ciudades, utilizan mensajería privada y preparan actuaciones dirigidas a movilizar a población española de origen marroquí.
  3. La violencia urbana amplifica la presión sobre España. Los incendios, apedreamientos, emboscadas y ataques contra fuerzas estatales multiplican la inseguridad, tensionan la convivencia y erosionan la autoridad, produciendo efectos compatibles con una estrategia híbrida, aunque no exista dirección marroquí de cada acción.
  4. No está demostrada una dirección marroquí de los ataques urbanos. El elemento decisivo pendiente es identificar un vínculo operativo entre las redes de influencia marroquíes y los grupos que ejecutan acciones violentas dentro de Ceuta.

España: ¿plegada ante Marruecos?

Valoración: Ceuta como escenario de presión híbrida

La situación debe analizarse como una operación híbrida contra España y no como una sucesión independiente de problemas migratorios y de orden público.

La presión presenta tres niveles conectados:

I. Presión exterior. Marruecos dispone de capacidad efectiva para aumentar o reducir la presión fronteriza sobre Ceuta y esa capacidad constituye un instrumento político frente a España.

II. Influencia interior. Existen actores marroquíes organizados que trabajan sobre la población de Ceuta y Melilla, fomentan la reivindicación soberanista y tratan de influir sobre identidades y lealtades dentro de territorio español.

III. Desestabilización urbana. La crisis activa vulnerabilidades preexistentes: delincuencia, exclusión juvenil, conflictividad comunitaria, radicalización y un repertorio local de incendios, barricadas y ataques contra fuerzas de seguridad.

La combinación de estos tres planos permite producir efectos estratégicos contra España sin necesidad de una estructura que ordene cada incidente.

El principal indicador de escalada es la reiteración de acciones organizadas contra militares y fuerzas de seguridad. Emboscadas preparadas, actuación colectiva, aprovechamiento del terreno y posibles obstáculos contra patrullas muestran capacidad de adaptación y superan el vandalismo espontáneo.

La prioridad de inteligencia debe ser localizar el nivel de enlace entre Marruecos y los actores violentos: intermediarios, administradores de redes, contactos comunes, financiación, información sobre movimientos de fuerzas, logística o participantes recurrentes.

La aparición de estos elementos demostraría que la presión híbrida ha evolucionado hacia una operación clandestina directamente dirigida contra España.

Implicación para la decisión

España debe tratar Ceuta como un escenario de presión híbrida activa y reforzar simultáneamente inteligencia, contrainteligencia, control fronterizo, vigilancia de redes de influencia y protección de fuerzas e infraestructuras.

La cuestión es establecer hasta dónde llega el control de Rabat sobre los actores que están generando violencia dentro de Ceuta.

Metodología: análisis OSINT mediante el método ACH

El informe se ha elaborado como un producto de inteligencia estimativa basado exclusivamente en fuentes abiertas (OSINT). Su finalidad ha sido determinar qué explicación resulta más consistente con el conjunto de indicios disponibles y, en particular, valorar si detrás de la crisis puede existir una operación clandestina dirigida o estimulada desde Marruecos.

➡️ Te puede interesar: ¿Cómo puede España prevenir la guerra híbrida marroquí en Ceuta y Melilla con GEOINT?

Para reducir el riesgo de confirmar de manera automática la hipótesis inicialmente planteada se ha empleado el método ACH (Analysis of Competing Hypotheses). Esta técnica obliga a formular varias explicaciones alternativas y contrastar cada evidencia con todas ellas, prestando especial atención a los hechos que contradicen cada hipótesis. Se han evaluado cinco escenarios principales:

  1. Desorden fragmentado, producido por actores independientes sin estructura común.
  2. Actuación de redes criminales locales, que aprovechan la crisis para proteger intereses propios o desafiar a las fuerzas de seguridad.
  3. Proto insurgencia local autónoma, constituida por grupos capaces de desarrollar violencia organizada contra el Estado sin dirección exterior.
  4. Operación híbrida marroquí indirecta, basada en generar o facilitar presión sobre Ceuta y explotar posteriormente actores, tensiones y vulnerabilidades preexistentes sin necesidad de controlar cada incidente.
  5. Organización clandestina dirigida desde Marruecos, en la que una estructura vinculada a organismos marroquíes coordinaría de manera operativa una parte de los ataques producidos dentro de Ceuta.

La comparación se ha efectuado sobre una cronología de acontecimientos desde el 30 de julio, examinando especialmente indicadores de organización, coordinación, selección de objetivos estatales, planificación previa, adaptación táctica, propaganda y movilización, control del territorio, violencia intercomunitaria y posibles conexiones exteriores. Se ha otorgado mayor valor analítico a las evidencias capaces de discriminar entre hipótesis (como una emboscada previamente preparada) que a hechos compatibles con múltiples explicaciones, como la mera quema de un vehículo o contenedor.

Las fuentes utilizadas han sido resoluciones y actuaciones judiciales conocidas públicamente; informes policiales y de inteligencia desclasificados o cuyo contenido ha trascendido públicamente; comunicaciones y declaraciones oficiales de las administraciones españolas y marroquíes; información de agencias de noticias y medios nacionales contrastados; prensa local de Ceuta para la reconstrucción de incidentes y antecedentes históricos de violencia urbana en la ciudad. También se han utilizado estudios y referencias doctrinales sobre guerra híbrida, zona gris, insurgencia y violencia urbana para establecer criterios comparativos.

La principal limitación del análisis deriva precisamente de trabajar con fuentes abiertas. No se dispone de inteligencia de señales, investigaciones policiales completas, información financiera, vigilancia operativa ni comunicaciones interceptadas, que serían las fuentes determinantes para demostrar la existencia de una estructura clandestina y establecer una eventual cadena de mando con organismos marroquíes.

Por ello, el informe distingue deliberadamente entre hechos establecidos, inferencias analíticas y atribución. Esta separación permite formular un juicio útil para la decisión sin presentar como demostrado aquello que todavía constituye una hipótesis de inteligencia.

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Masterclass | Seguridad y Defensa compartidas: OTAN y UE ante el nuevo escenario geoestratégico

Seguridad y Defensa compartidas: OTAN y UE ante el nuevo escenario geoestratégico

Este episodio forma parte del Ciclo de Cultura de Defensa: las claves estratégicas de la Defensa de España en 2026, producido por LISA Institute con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) y DICOES.

🗓️ El martes 3 de noviembre de 2026 – 17:00h (CET)

👉Inscríbete aquí y recibirás el enlace a Zoom al instante

💸 100% online y gratis. Plazas limitadas a las primeras 500 personas que se conecten a la Masterclass.

Quién participa

👤 Luis Simón Navarro, director de la Oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador principal.

Perfil profesional: director de la Oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador principal. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Vrije Universiteit Brussel (VUB) y director del Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDS) de la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en Columbia University, Johns Hopkins University, el Royal United Services Institute (RUSI), la Fondation pour la Recherche Stratégique y el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE. Es o ha sido profesor invitado en la NATO School, el European Security and Defence College, la École Nationale d’Administration, el US Army War College, el Geneva Centre for Security Policy y el Baltic Defence College. Sus principales ámbitos de especialización incluyen la seguridad europea y transatlántica, estrategia, defensa y relaciones OTAN–UE.

Perfil académico: doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Londres y máster en Estudios Europeos por el Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po).

👤 Daniel Villegas (@DanielVillegas), Director general de LISA Institute.

En el ámbito profesional, es fundador y director general de LISA Institute. Es asesor en materia de seguridad, inteligencia y ciberseguridad para diversas empresas e instituciones públicas, tanto en Europa como en América. A su vez, es consultor en proyectos para la OTAN, ONU y Unión Europea. Anteriormente, fue responsable de seguridad y análisis en la Unidad de Seguridad y Protección Civil de Metro de Barcelona.

Académicamente, es licenciado en Criminología (UIC), graduado en Prevención y Seguridad Integral y posgrado superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), máster oficial en Terrorismo (UNIR), máster en Análisis de Inteligencia (UAB), máster en Cybersecurity Management (UPC), CISA y CSX (ISACA).

Qué aprenderás en esta masterclass

Europa está redefiniendo la arquitectura práctica de su defensa. En la Cumbre de La Haya de 2025, los aliados de la OTAN acordaron un compromiso de inversión del 5 % del PIB anual en defensa y seguridad para 2035. En paralelo, la Unión Europea ha articulado el plan Readiness 2030, con el que los Estados miembros pretenden movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar capacidades, industria y preparación en defensa.

Este cambio de escala convierte la relación entre la OTAN y la Unión Europea en una cuestión profesional de primer orden. En un escenario caracterizado por la guerra en Ucrania, la transformación de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, el aumento del gasto militar europeo y una creciente competencia entre grandes potencias, comprender cómo se relacionan ambas organizaciones resulta fundamental para interpretar el futuro de la seguridad europea.

¿Qué funciones debe asumir la OTAN y cuáles la Unión Europea? ¿Dónde se complementan ambas organizaciones? ¿Qué duplicidades o tensiones pueden surgir? ¿Cómo se conectan las capacidades militares, la industria de defensa, la movilidad militar, la resiliencia y la autonomía europea con la defensa colectiva transatlántica?

La masterclass «Seguridad y Defensa compartidas: OTAN y UE ante el nuevo escenario geoestratégico» permitirá abordar estas cuestiones de la mano de Luis Simón, director de la Oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador principal, profesor de Relaciones Internacionales en la Vrije Universiteit Brussel y director del Centre for Security, Diplomacy and Strategy.

Su trayectoria combina investigación, docencia y experiencia directa en el ecosistema europeo y transatlántico de seguridad y defensa. Ha realizado estancias de investigación en Columbia University, Johns Hopkins University, el Royal United Services Institute (RUSI), la Fondation pour la Recherche Stratégique y el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea.

Asimismo, es o ha sido profesor invitado en instituciones vinculadas directamente con la formación y reflexión estratégica en materia de seguridad y defensa, entre ellas la NATO School, el European Security and Defence College, el US Army War College, el Geneva Centre for Security Policy y el Baltic Defence College.

La sesión ofrecerá así una oportunidad para comprender, desde una perspectiva estratégica, cómo está evolucionando la relación entre la OTAN y la Unión Europea y qué consecuencias puede tener esta transformación para el futuro de la seguridad y defensa europeas.

La sesión forma parte del Ciclo de Cultura de Defensa: las claves estratégicas de la Defensa de España en 2026, una serie de cinco Masterclass online producida por LISA Institute, con el apoyo de SEGENPOL y DICOES, destinada a contribuir a la divulgación y fortalecimiento de la Cultura de Defensa.

Objetivos de aprendizaje

  • Comprenderás las funciones diferenciadas de la OTAN y la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, así como sus principales ámbitos de cooperación.
  • Analizarás cómo el nuevo escenario geoestratégico está modificando las prioridades europeas en materia de disuasión, defensa colectiva y preparación.
  • Identificarás las implicaciones del nuevo compromiso de inversión en defensa de los países de la OTAN y de las iniciativas impulsadas por la Unión Europea.
  • Evaluarás las complementariedades y posibles fricciones entre las capacidades de la OTAN, las iniciativas de defensa de la UE y las políticas nacionales de sus Estados miembros.
  • Interpretarás el papel de la industria de defensa, la movilidad militar, la resiliencia y las tecnologías emergentes en la transformación de la seguridad europea.
  • Relacionarás la guerra de Ucrania y la competencia entre grandes potencias con la evolución de la arquitectura de seguridad euroatlántica.
  • Desarrollarás criterios para analizar los debates sobre autonomía estratégica europea, vínculo transatlántico y reparto de responsabilidades en materia de defensa.
  • Aplicarás claves de análisis geopolítico y estratégico para interpretar y anticipar escenarios que puedan afectar a Europa, España y sus aliados.

Audiencia objetivo

Esta masterclass ha sido confeccionada para aquellos que trabajan o aspiran a trabajar como:

  • Analistas internacionales y geopolíticos.
  • Analistas de inteligencia y seguridad.
  • Profesionales de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la defensa.
  • Profesionales de administraciones públicas y organismos internacionales.
  • Especialistas en relaciones internacionales y política exterior.
  • Consultores de riesgo político, estratégico y geopolítico.
  • Profesionales de la industria de defensa y seguridad.
  • Periodistas y comunicadores especializados en asuntos internacionales.
  • Investigadores y docentes en seguridad, defensa y estudios estratégicos.
  • Profesionales de empresas con exposición a riesgos geopolíticos y regulatorios europeos.

Además…

La masterclass «Seguridad y Defensa compartidas: OTAN y UE ante el nuevo escenario geoestratégico» forma parte del Ciclo de Cultura de Defensa: las claves estratégicas de la Defensa de España en 2026, producido por LISA Institute con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) y DICOES.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.

Geopolitic task #4: análisis de un evento geopolítico actual

Geopolitic task #4: análisis de un evento geopolítico actual

LISA Institute presenta un nuevo desafío de LISA Challenge. Este reto consiste en que los participantes presenten un análisis geipolítico sobre una temática de actualidad geopolítica que te será indicada el día del comienzo del reto.

Qué es LISA Challenge

Si quieres saber más sobre LISA Challenge, sus objetivos, metodología, premios, y los diferentes tipos de misiones a resolver en OSINT, IMINT, análisis geopolítico, análisis criminal y ciberseguridad, haz clic aquí.

¿Cómo participar en esta misión?

  • Comienzo del reto: el viernes 2 de octubre, en esta misma página web, tendrás disponibles las instrucciones y el formulario para enviar tu análisis.
  • Fecha límite para finalizar las misiones: podrás participar hasta el 23 de octubre a las 23:59h (hora de Madrid).
  • Anuncio de los ganadores: el 26 de octubre en la masterclass «Midterms 2026 en Estados Unidos: claves para entender el nuevo equilibrio de poder y sus consecuencias geopolíticas«. Inscríbete aquí.

Instrucciones de la misión

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos (Midterms 2026) se celebrarán el próximo 3 de noviembre y determinarán la nueva composición del Congreso estadounidense. Sus resultados pueden modificar el equilibrio de poder entre la Presidencia y el poder legislativo y condicionar la capacidad de la Administración estadounidense para desarrollar su agenda durante los dos últimos años del mandato presidencial.

Tu misión

Elabora un análisis geopolítico sobre las elecciones Midterms 2026 de Estados Unidos, examinando su relevancia más allá de la política interna estadounidense.

El objetivo no es realizar una simple descripción del proceso electoral, de los candidatos o de las encuestas, sino desarrollar un análisis propio, argumentado y prospectivo sobre las posibles consecuencias de estas elecciones.

El análisis deberá abordar, entre otras, las siguientes cuestiones:

  • Contexto político y electoral: ¿cuál es la situación política de Estados Unidos antes de las Midterms y qué está en juego en estas elecciones?
  • Equilibrio de poder: ¿cómo podrían los distintos resultados modificar la relación entre la Presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado?
  • Implicaciones geopolíticas: ¿qué consecuencias podrían tener los resultados para la política exterior y de seguridad de Estados Unidos y para asuntos estratégicos internacionales?
  • Actores y regiones clave: analiza aquellas cuestiones que consideres más relevantes, como las relaciones con China y Rusia, la guerra de Ucrania, Oriente Medio, la OTAN, la relación transatlántica, la Unión Europea u otros actores y escenarios internacionales.
  • Escenarios: plantea diferentes escenarios plausibles tras las elecciones y analiza sus posibles consecuencias. Los escenarios deberán estar argumentados a partir de evidencias, tendencias y fuentes fiables, evitando limitarse a predicciones sobre quién ganará.
  • Perspectiva de futuro: identifica qué cambios, continuidades, riesgos u oportunidades podrían producirse en la posición internacional de Estados Unidos tras las Midterms.

Se valorará especialmente la capacidad del participante para relacionar el resultado electoral con sus consecuencias estratégicas y geopolíticas, identificar variables relevantes, construir escenarios coherentes y diferenciar entre hechos, hipótesis y valoraciones propias.

El participante podrá delimitar el análisis y profundizar en aquellos ámbitos geopolíticos que considere más relevantes, siempre que justifique su elección y mantenga como eje central las Midterms 2026 y sus posibles implicaciones internacionales.

Una vez hayas terminado tu análisis, envialo con el nombre Apellido_Nombre_LISAChallenge.pdf. a través de este formulario.

Criterios de formato, estructura y temáticas

  • Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado que valorará criterios como la claridad, coherencia, originalidad, relevancia y rigor analítico del contenido.
  • Los análisis deben ser trabajos originales e inéditos. No se admitirán trabajos que hayan sido presentados previamente en otros concursos o publicaciones.
  • El análisis deberá tener una extensión máxima de 1.000 palabras, sin contar bibliografía o fuentes, y deberá ser presentado en idioma español.
  • Las fuentes citadas deberán ser incluidas como hipervínculos insertados directamente en el cuerpo del texto, en lugar de emplear notas al pie de página.
  • Los análisis deberán presentarse en formato PDF, utilizando fuente Times New Roman de tamaño 12, con interlineado de 1.5 y márgenes estándar de 2.5 cm en todos los lados. El archivo PDF deberá ser nombrado de la siguiente manera: Apellido_Nombre_LISAChallenge.pdf.
  • Se permite el uso de gráficos, mapas o fotografías siempre y cuando estén debidamente numerados, titulados y referenciados en el texto.

Estructura del análisis

  • Bibliografía. Citar las fuentes utilizadas según las normas APA (última edición).
  • Portada. Título del trabajo, nombre del participante y correo electrónico de contacto.
  • Resumen. Máximo de 300 palabras que incluya los puntos principales del análisis.
  • Introducción. Explicación del contexto y relevancia del análisis.
  • Cuerpo del análisis. Desglose del análisis del conflicto bélico conforme a las instrucciones dadas.
  • Conclusiones. Reflexiones finales y perspectivas de futuro.

Lista de premios para este reto geopolítico

🥇 Ganador/a oro

  • Beca 75% para el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.
  • Certificado profesional digital en Blockchain: documento digital verificable que acredita las habilidades y logros del ganador/a, para utilizarlos a nivel profesional.
  • Insignia digital exclusiva: distintivo digital único e intransferible, otorgado por completar una misión o reto específico, simbolizando el logro y la distinción dentro de la comunidad.
  • Su artículo será publicado en LISA News.

🥈 Ganador/a plata

  • Beca 50% para el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.
  • Certificado profesional digital en Blockchain: documento digital verificable que acredita las habilidades y logros del ganador/a, para utilizarlo a nivel profesional.
  • Insignia digital exclusiva: distintivo digital único e intransferible, otorgado por completar una misión o reto específico, simbolizando el logro y la distinción dentro de la comunidad.
  • Su artículo será publicado en LISA News.

🥉 Ganador/a bronce

  • Beca 30% para el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.
  • Certificado profesional digital en Blockchain: documento digital verificable que acredita las habilidades y logros del ganador/a, para utilizarlo a nivel profesional.
  • Insignia digital exclusiva: distintivo digital único e intransferible, otorgado por completar una misión o reto específico, simbolizando el logro y la distinción dentro de la comunidad.
  • Su artículo será publicado en LISA News.

🎖️Finalistas

✅Resto de participantes

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Preguntas y consultas de los participantes

En ningún caso se van a facilitar pistas, orientación ni ayuda a ningún participante por criterios de justa competencia y transparencia.

De todos modos, si alguien tuviese alguna consulta, puede plantearla en abierto en el canal de LISA Challenge ubicado dentro de la plataforma de LISA Comunidad y se le responderá públicamente en abierto.

Para acceder al canal de LISA Challenge, haz clic aquí. Si aún no te has registrado en LISA Comunidad, puedes registrarte gratis mediante esta invitación.

Prepara el reto

Importancia del análisis geopolítico

Vivimos en un Entorno VUCA caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. La inestabilidad internacional y nacional de los países se está convirtiendo en la norma, la volatilidad de la economía y la tecnología, así como la variabilidad de los actores que influyen en estas nos hacen vivir un estado de cambio permanente.

Pese a ello, las instituciones y las empresas necesitan seguir funcionando, operando y tomando decisiones. Pero para ello, necesitan contar con analistas internacionales que les permitan disponer de información fiable, actual y contrastada para tomar las mejores decisiones.

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EEUU propone a China un mecanismo de notificación mutua sobre Inteligencia Artificial

Bessent anuncia un mecanismo de notificación mutua sobre IA con China de cara a incidentes de seguridad nacional.

Estados Unidos ha propuesto a China un «mecanismo de notificación» mutua sobre Inteligencia Artificial, según ha confirmado el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, tras las conversaciones mantenidas con el vice primer ministro chino, He Lifeng, y otros responsables de Pekín. El encuentro, calificado por Bessent como «muy exitoso», se produce en vísperas de la cumbre de esta semana entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

«Estados Unidos ha propuesto establecer un mecanismo de notificación entre ambos países y queremos una visión compartida de los objetivos y amenazas comunes», ha declarado Bessent a los medios al término de la reunión, según ha recogido la agencia Bloomberg. La iniciativa, bautizada como «Diálogo sobre IA entre Estados Unidos y China», se aplicaría, según ha precisado el propio Bessent, a incidentes de seguridad nacional. Asimismo, ha subrayado que Washington considera prioritario avanzar hacia «una mayor transparencia entre las dos principales potencias mundiales en materia de inteligencia artificial».

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Por otro lado, el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ha señalado que ambas delegaciones están «sentando las bases» para que la cumbre entre ambos líderes resulte exitosa. En ese sentido, ha destacado la puesta en marcha de una Junta de Comercio que, en sus palabras, puede «crear una especie de contrapeso estabilizador para la relación». Greer ha planteado además la posibilidad de establecer una categoría de productos «no sensibles»: «Existe un escenario en el que un subconjunto relativamente pequeño de productos estadounidenses y chinos no sensibles pueda comercializarse de forma equilibrada y que, en el futuro, a medida que surjan medidas comerciales, podamos considerarlos como una categoría propia». Esa lista incluiría bienes de consumo y de baja tecnología procedentes de China, así como productos energéticos, agrícolas y médicos estadounidenses.

Esta reunión llega unos diez meses después de la tregua arancelaria pactada entre ambos países en octubre de 2025, un acuerdo que expira el próximo mes de noviembre. Hasta el momento, ninguna de las dos partes se ha pronunciado sobre una eventual extensión de ese compromiso.

Pistolas eléctricas para vigilantes: ¿una respuesta proporcional ante agresiones graves?

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Entre la defensa reglamentaria y el arma de fuego existe un espacio operativo que preocupa a los profesionales de la seguridad privada. Robert Monzonis, investigador especializado en dispositivos eléctricos de control, y José Manuel García Mestres, jefe de equipo de seguridad en el Hospital Clínic de Barcelona, analizan su posible incorporación, sus riesgos y las condiciones que deberían acompañarla.

Una persona armada con un cuchillo, un paciente que amenaza con quitarse la vida o un agresor que pone en peligro a quienes se encuentran a su alrededor obligan a tomar decisiones en cuestión de segundos. En hospitales, transportes públicos, infraestructuras críticas y grandes eventos, los vigilantes de seguridad suelen ser los primeros profesionales que deben contener estas situaciones, proteger a las personas presentes y evitar que la amenaza aumente mientras esperan la llegada de la policía.

Sin embargo, los medios de intervención de los que disponen son limitados y no siempre se adaptan a la gravedad de los incidentes que afrontan. La defensa reglamentaria puede resultar insuficiente frente a una persona que porta un arma blanca, mientras que las armas de fuego están restringidas a servicios muy concretos y representan una respuesta potencialmente letal. Entre ambos extremos se abre un debate que afecta a la proporcionalidad, la seguridad de los trabajadores y la protección de terceros.

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Robert Monzonis, docente, instructor y profesional vinculado al ámbito de la seguridad, ha centrado su investigación doctoral en la posible utilización de dispositivos eléctricos de control por parte de la seguridad privada. Su perspectiva académica se complementa con la experiencia de José Manuel García Mestres, que acumula más de veinte años de trayectoria y ha intervenido ante amenazas, armas blancas, personas intoxicadas e intentos de autolesión dentro del entorno hospitalario.

Más violencia, menos paciencia y situaciones que no avisan

García Mestres ha percibido un cambio significativo en la conflictividad después de la pandemia. Habla de “un repunte generalizado”, acompañado de “menos paciencia, menos tolerancia” y de un incremento sustancial del consumo de estupefacientes. Esta pérdida de capacidad para gestionar la frustración se traduce en agresiones verbales, amenazas y violencia física, especialmente contra profesionales que llevan uniforme o representan alguna forma de autoridad. 

El entorno hospitalario añade una complejidad que no siempre existe en otros servicios. Algunas agresiones están relacionadas con conductas delictivas, pero muchas nacen del miedo, el sufrimiento, la intoxicación, una crisis psiquiátrica o el impacto emocional provocado por un accidente. “Aquí, en los hospitales, muchas de esas agresiones vienen marcadas por problemas emocionales del momento: accidentes, apuñalados, intoxicados o pacientes psiquiátricos”, explica García Mestres desde su experiencia profesional.

La respuesta debe ser rápida, pero también necesaria y proporcional. En pocos segundos, el vigilante tiene que interpretar lo que ocurre, valorar el peligro, proteger a las personas presentes y utilizar únicamente la fuerza imprescindible. Además, muchas actuaciones se producen ante cámaras de videovigilancia y teléfonos móviles que pueden registrar solo una parte del incidente. “Hay que gestionar todo en muy poco espacio de tiempo, de golpe, porque las situaciones no avisan”, señala.

El vacío entre la defensa y el arma de fuego

Monzonis considera que, en determinados servicios, existe un escalón operativo que actualmente no está cubierto. “La defensa reglamentaria semirrígida de 50 centímetros resulta insuficiente frente a agresores con armas blancas, mientras que el arma de fuego solo está autorizada en servicios muy concretos y supone un nivel de fuerza potencialmente letal”, explica. Para el investigador, esta diferencia limita las alternativas disponibles cuando aparece una amenaza grave que no puede resolverse únicamente mediante la comunicación o la contención física.

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Los dispositivos eléctricos de control podrían ofrecer una herramienta intermedia, pero su incorporación no debería entenderse como una autorización general para todos los vigilantes ni para cualquier servicio. “Podrían constituir una opción proporcional para determinadas situaciones, siempre dentro de un marco legal de actuación concreto”, sostiene Monzonis. Su uso tendría que limitarse a casos en los que existiera una potencial agresión grave o un riesgo para la vida y la integridad física del profesional o de terceras personas.

La utilización del dispositivo solo estaría justificada cuando otras medidas menos lesivas hubieran resultado ineficaces o no fueran viables. No se trataría de sustituir la prevención, la negociación o la intervención física, sino de ampliar el repertorio disponible para adaptar la respuesta a la amenaza concreta. Según Monzonis, ofrecería “un mayor repertorio de herramientas de dotación para elegir”, siempre dentro del principio de proporcionalidad y de una regulación que definiera sin ambigüedades sus límites.

Armas blancas y crisis dentro del hospital

La experiencia de García Mestres permite trasladar el debate académico a situaciones reales. Durante su trayectoria ha participado en intervenciones ante personas que se negaban a abandonar un box, pacientes que tuvieron que ser inmovilizados con grilletes y episodios en los que había cuchillos u otros riesgos para la integridad física. En esas circunstancias, el vigilante debe actuar dentro de un espacio reducido, rodeado de pacientes, familiares y profesionales sanitarios, donde cualquier movimiento puede agravar el peligro.

Entre los episodios que recuerda se encuentra el de un paciente que intentaba autolesionarse con un cuchillo y amenazaba con quitarse la vida. Los Mossos d’Esquadra acudieron al hospital equipados con un dispositivo eléctrico de control. También menciona otra intervención con un paciente psiquiátrico de más de dos metros de altura. Estos casos muestran que el profesional de seguridad puede encontrarse ante personas armadas o físicamente muy difíciles de controlar sin disponer de una herramienta intermedia.

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Mientras llega la policía, las opciones son reducidas. “El único elemento es el disuasorio: despejar la zona y aislar al sujeto, con el peligro y el caos que se pueda vivir”, relata García Mestres. La prioridad consiste en alejar a pacientes, familiares y trabajadores, contener la situación y evitar que la persona se haga daño o ataque a otros. Sin embargo, el tiempo de respuesta policial no siempre es inmediato y el riesgo puede aumentar en cuestión de segundos.

Los medios también dependen del presupuesto

La capacidad de actuación de los vigilantes no depende únicamente de la ley o de la formación, sino también de los recursos que la empresa y el cliente estén dispuestos a asumir. “La seguridad privada va a presupuesto. Si el cliente paga, hay más medios: espray, escudos…”, afirma García Mestres. Esta realidad genera diferencias importantes entre servicios que pueden presentar riesgos similares, pero que no cuentan con la misma dotación de personal, equipamiento o preparación.

Según el profesional, algunos clientes desconocen los medios disponibles o no consideran necesario asumir su coste hasta que se produce un incidente grave. Esto puede dejar a los equipos con recursos muy limitados frente a agresiones que requieren una intervención rápida. A la falta de equipamiento se suma el desconocimiento social sobre las funciones de los vigilantes, que a menudo son percibidos como una figura meramente presencial, sin comprender las responsabilidades y limitaciones legales que condicionan cada actuación.

La incorporación de dispositivos eléctricos de control también tendría un coste económico. Las empresas y los clientes deberían asumir la adquisición del material, su mantenimiento, la formación inicial, las prácticas periódicas y las correspondientes recertificaciones. Por eso, cualquier reforma tendría que evitar que el dispositivo se entregara sin una preparación suficiente o que la capacitación se redujera para abaratar costes. La dotación solo tendría sentido si forma parte de un sistema completo de selección, entrenamiento y supervisión.

Supervisión, grabación y responsabilidad

El principal peligro de incorporar pistolas eléctricas a la seguridad privada es que puedan utilizarse de manera innecesaria, precipitada. Monzonis reconoce que “el principal riesgo es un uso indebido o desproporcionado”, por lo que considera imprescindibles unos protocolos claros, la limitación de los servicios autorizados, una formación específica y la supervisión administrativa de cada actuación.

También propone que cada utilización quede registrada y pueda ser revisada posteriormente. Los sistemas de grabación audiovisual permitirían reconstruir el contexto de la intervención, determinar el comportamiento de la persona afectada y comprobar si el vigilante respetó los principios de necesidad, congruencia y proporcionalidad. Estas imágenes protegerían a los ciudadanos frente a posibles abusos y a los profesionales ante acusaciones que no se correspondieran con el desarrollo completo de los hechos.

El incumplimiento de los protocolos tendría que conllevar responsabilidades disciplinarias y, cuando correspondiera, jurídicas. La pistola eléctrica no podría convertirse en un recurso de comodidad para resolver rápidamente cualquier resistencia. “El dispositivo bien utilizado es una excelente herramienta”, afirma Monzonis, pero esa utilidad depende de que su manejo esté sujeto a límites estrictos, controles externos y una revisión transparente de las intervenciones.

Un debate que no admite respuestas simples

La posible incorporación de dispositivos eléctricos de control genera posiciones enfrentadas. Para algunos profesionales, permitiría responder de manera menos lesiva ante agresiones graves y reduciría el riesgo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Para otros, ampliaría de manera preocupante la capacidad coercitiva de la seguridad privada. Ambas posturas plantean cuestiones legítimas que no deberían resolverse mediante afirmaciones generales ni desde una defensa automática del dispositivo.

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El debate no consiste únicamente en decidir si los vigilantes deben disponer de una nueva arma. Antes habría que determinar si realmente existe un vacío operativo, qué servicios presentan un riesgo suficiente, quiénes podrían utilizarla, qué preparación recibirían y cómo se supervisaría cada intervención. Monzonis considera que cualquier decisión “debería apoyarse en evidencia científica y no únicamente en percepciones o posiciones ideológicas”. 

Porque cuando una persona aparece con un cuchillo dentro de un hospital, el debate deja de ser exclusivamente teórico. Alguien debe intervenir antes de que llegue la policía y hacerlo con una respuesta capaz de proteger sin causar un daño mayor.

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El partido de Putin, Rusia Unida, se impone en las elecciones legislativas

El Kremlin reivindica una victoria histórica en plena ofensiva sobre Ucrania, mientras la oposición denuncia fraude en el voto electrónico y la exclusión del único partido pacifista del país.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, ha logrado la mayoría en las elecciones legislativas celebradas durante tres días en Rusia, según los primeros resultados oficiales difundidos este domingo. La formación, con Vladímir Putin al frente de la campaña, ha obtenido el 57,4% de los votos por listas de partidos, lo que le otorgaría 125 de los 225 escaños repartidos por esta vía. Además, lidera en 181 de los 225 distritos electorales tras escrutarse una quinta parte de los votos por circunscripciones. En conjunto, la suma alcanzaría los 306 escaños, por encima de la mayoría constitucional, fijada en 301. Sin embargo, todo ello ha ocurrido en medio de denuncias de irregularidades por parte de formaciones y personas opositoras a la guerra.

Detrás de Rusia Unida se sitúa el Partido Comunista, con el 13,92% de los votos, seguido de los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático (9,31%) y los liberales de Nueva Gente (8,01%). Rusia Justa, con un 5,22%, completaría el arco parlamentario. En cambio, el único partido pacifista ruso, Yábloko, no figuraba en las papeletas al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pese a que, según sondeos, habría logrado un 18% de los votos de haber concurrido. Yábloko considera que la victoria de Rusia Unida «no refleja la demanda de paz expresada por millones de rusos durante la campaña». La formación conserva, no obstante, opciones de obtener algún acta por circunscripciones.

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La participación ha superado el 56% del censo, por encima de los niveles registrados en 2021 (51,72%) y 2016 (47,88%). Cabe destacar que casi el 30% de esa participación se produjo el primer día, viernes, lo que los analistas vinculan con la movilización temprana del electorado favorable al Kremlin. Por su parte, la oposición ha señalado el voto electrónico como principal foco de fraude, ya que varios electores aseguraron que se negaron a votar ante la imposibilidad de depositar papeleta física y la obligación de recurrir a esta vía telemática. A ello se suman las quejas de Yábloko y del Partido Comunista por el bloqueo de acceso de sus observadores en numerosos colegios.

Tras conocerse los primeros datos, el líder de Rusia Unida, Dmitri Medvédev, ha afirmado que «los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política». En la misma línea, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha sostenido que Rusia «repelió todos los intentos» de Occidente de interferir en el proceso y de «presentarlas como no democráticas». El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha añadido que Kiev «hizo todo lo posible para abortar las elecciones», tras el mayor ataque con drones y misiles contra la capital de toda la guerra, ocurrido este mismo domingo, aunque el resultado fue, según él, «totalmente el contrario». Mientras tanto, la Comisión Electoral Central ha calificado de mínimas las infracciones registradas y ha negado que hayan influido en el resultado final de la votación.

¿Puede entrar Canadá en la Unión Europea?

De la alianza estratégica al «miembro asociado»: qué hay realmente detrás de la propuesta europea para Canadá.

En septiembre de 2026, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sorprendió al anunciar que quería abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer «miembro asociado» de la Unión Europea, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, acogió con interés la idea, pero dejó claro que Ottawa no busca ser miembro pleno de la UE, sino una «alianza única» que refuerce vínculos económicos, tecnológicos y de seguridad.

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A partir de este gesto político, muchos se han preguntado si Canadá puede entrar realmente en la Unión Europea. Para responder, conviene distinguir entre la realidad jurídica, la visión estratégica y el impacto geopolítico de esta propuesta.

¿Qué significa que Canadá sea «miembro asociado» de la UE?

Von der Leyen habló de convertir a Canadá en el primer «miembro asociado» del bloque, una categoría que no existe hoy en los tratados de la Unión Europea. Hasta ahora, la UE ha desarrollado fórmulas de integración profunda con países como Noruega, Islandia o Suiza, mediante acuerdos de libre comercio, participación en el mercado interior o programas como Schengen, pero sin llamarlos «miembros asociados».

En este caso, la Comisión propone una «Alliance for the Future» que ampliaría el actual tratado de libre comercio (CETA) hacia un «espacio común de prosperidad y seguridad económica», con cooperación reforzada en sectores como la energía, los minerales críticos, la defensa, la inteligencia artificial y la seguridad cibernética. Además, se ha mencionado la posibilidad de facilitar la movilidad de estudiantes y investigadores canadienses mediante la integración en programas como Erasmus+ y el nuevo marco de financiación de investigación Horizon.

En otras palabras, el estatus de «miembro asociado» apunta a un grado de integración política y económica más profundo que un mero acuerdo comercial, pero sin equipararse a la pertenencia completa a la UE, que implica derechos de voto, representación en las instituciones y aceptación integral del acervo comunitario.

Los límites jurídicos: por qué Canadá no puede ser miembro pleno (hoy)

Más allá de la retórica política, la respuesta jurídica a la pregunta «¿puede Canadá entrar en la UE?» es, de momento, negativa. Los tratados de la Unión establecen que solo un «Estado europeo» que respete los valores de la UE puede solicitar la adhesión, lo que deja automáticamente fuera a Canadá por su ubicación geográfica.

Sin embargo, en teoría, los tratados podrían modificarse si los 27 Estados miembros lo decidieran por unanimidad y sus parlamentos nacionales ratificaran los cambios, lo que abriría técnicamente la puerta a una candidatura canadiense. Esa opción, no obstante, es de baja probabilidad dadas las implicaciones de reinterpretar qué es un «Estado europeo» y el impacto sobre el proceso de ampliación con países del entorno inmediato, como Ucrania, Moldavia o los Balcanes occidentales.

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Por todo ello, las instituciones europeas no están discutiendo hoy la entrada plena de Canadá en la UE, sino más bien una forma de asociación inédita que no requiere cambiar la definición de Estado miembro en los tratados, pero sí diseñar, desde cero, un marco legal y político aceptable para todos.

Qué busca Canadá con esta asociación reforzada

El contexto de la propuesta se produce en un entorno internacional más hostil, marcado por la escalada de tensiones con Estados Unidos y, en particular, por los aranceles y amenazas comerciales del presidente Donald Trump, que han empujado a Ottawa a diversificar alianzas. Carney ha insistido en que su objetivo no es «ser el miembro número 28», sino reducir la dependencia económica y de seguridad respecto a Washington mediante vínculos más estrechos con Europa.

Entre las posibles ventajas para Canadá se barajan: un acceso más estable y profundo al mercado europeo, la cooperación en cadenas de suministro estratégicas (energía, defensa, minerales críticos, tecnologías avanzadas) y, eventualmente, mayores facilidades de movilidad laboral y estudiantil, sin llegar a una plena libertad de circulación como la que disfrutan los ciudadanos de los Estados miembros. Además, Canadá ya participa en iniciativas europeas de seguridad, como programas de cooperación en defensa y el Ártico, lo que reforzaría una imagen de socio fiable dentro de la arquitectura occidental.

No obstante, el propio gobierno canadiense insiste en que no quiere ceder soberanía al estilo de un Estado miembro de la UE, sino acercarse «todo lo posible» al bloque sin renunciar a su plena autonomía, especialmente en materia de política monetaria y fiscal.

Implicaciones geopolíticas para la UE, Estados Unidos y el Ártico

Desde la perspectiva europea, ofrecer a Canadá un estatus de «miembro asociado» permite reforzar una red de aliados democráticos frente a un mundo que von der Leyen presenta como «abiertamente hostil». La UE busca, en consecuencia, asegurar suministros de energía y minerales críticos, cooperar en tecnología de punta y consolidar un frente común en cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial, la defensa y la seguridad económica.

Para Estados Unidos, en cambio, la propuesta se ha interpretado por Trump como una maniobra «ridícula» que amenaza con alejar aún más a Canadá de la órbita estadounidense, en un momento de guerra comercial y disputa por el liderazgo tecnológico. El Ártico aparece también como un espacio estratégico clave, pues la UE y Canadá comparten interés en convertir la región en un proyecto conjunto que permita la explotación responsable de recursos, la seguridad marítima y la protección medioambiental.

Así, la categoría de «miembro asociado» permitiría reposicionar a Canadá y a la UE en el tablero mundial, enviando un mensaje político de que ambas partes «ven el mundo con los mismos ojos» y quieren reimaginar sus alianzas.

¿Puede Canadá entrar algún día en la Unión Europea?

Encuestas recientes muestran que casi la mitad de los canadienses verían con buenos ojos una hipotética adhesión a la UE, aunque esa idea choque con la realidad jurídica actual. Por ahora, tanto la Comisión como el gobierno de Carney insisten en que se trata de una asociación especial, no de una candidatura de adhesión, y que cualquier nuevo estatus deberá ser negociado con los Estados miembros y sometido a debate parlamentario.

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Por ello, la respuesta honesta a la pregunta «¿puede entrar Canadá en la Unión Europea?» es doble: no, como miembro pleno, bajo las reglas vigentes, pero sí, como socio casi integrado, mediante una figura de «miembro asociado» o «alianza para el futuro» que aún está por definir. El alcance final de esa relación dependerá de hasta dónde esté dispuesta a avanzar la UE en su arquitectura de asociaciones, y de cuánto quiera Canadá acercarse a Europa sin romper definitivamente con Estados Unidos.

Detienen en México al presunto autor del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

El detenido, identificado como Francisco Javier M., fue localizado tras una investigación conjunta de las fuerzas de seguridad federales y estatales mexicanas por el feminicidio de la joven canaria en Cuautla, Morelos.

Las autoridades mexicanas han detenido al presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, tras una orden de arresto emitida por la Fiscalía del estado de Morelos contra un hombre identificado como Francisco Javier M. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este jueves la detención del sospechoso, señalado como autor del crimen. La víctima, Claudia Tacoronte Aguilera, era una estudiante canaria de la Universidad de Granada cuya muerte ocurrió el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

La captura es resultado de una investigación conjunta activada desde que se conoció el asesinato. En las pesquisas participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad estatal. Un día antes de la detención, la Fiscalía de Morelos ya había anunciado que un juez especializado había autorizado la orden de aprehensión. «Ayer obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino (que) responde al nombre de Francisco Javier M.», declaró el fiscal de Morelos, Fernando Blú.

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Tras confirmarse la detención, García Harfuch expresó su solidaridad con la familia de la joven a través de una publicación en redes sociales. «Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida», manifestó el funcionario.

Además, el secretario vinculó el caso con la política del Gobierno mexicano contra la violencia de género y destacó que la prevención de los feminicidios es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum. «Para la Presidenta, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado», sentenció García Harfuch.

Colombia ya no es bisagra: qué cambia en el mapa de actores hemisférico después del 7 de agosto

Un cambio de escenario en una toma de posesión rara vez es casualidad, y menos cuando rompe una tradición de más de un siglo. El nuevo presidente colombiano optó por Cali y el Cantón Militar Pichincha en lugar de Bogotá, un gesto que ya anticipaba hacia dónde se orientaría su primer discurso.  En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo, Ingrid Amador, analiza cómo ese gesto se tradujo en ruptura con Cuba y Nicaragua, fin de los diálogos de paz y adhesión inmediata al Escudo de las Américas, y cómo la reacción de Washington no tardó en llegar.

El 7 de agosto, Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia en el coliseo universitario de Cali, rompiendo la tradición centenaria de hacerlo en Bogotá. Quien elige desde dónde se transmite el poder está diciendo a quién se dirige. No fue el Capitolio ni la Plaza de Bolívar. Fue una arena universitaria y, enseguida, el Cantón Militar Pichincha. El destinatario del gesto no era el Congreso.

Lo siguiente importa más que el escenario. En su primer discurso anunció el fin de los diálogos de paz, la adhesión al Escudo de las Américas, la ruptura con Cuba y Nicaragua, un listado de grupos narcoterroristas y la construcción de megacárceles. Washington respondió el mismo día. Su Departamento de Estado publicó un documento titulado «A New Era in U.S.-Colombia Relations», que celebra la entrada de Colombia al Escudo y anuncia que, trabajando con el Congreso, pretende destinar 1.000 millones de dólares en un paquete de seguridad.

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Conviene leer despacio esa intención, porque no es una partida aprobada. Por lo tanto, esa es la primera prueba del alineamiento. Si el dinero pasa por el Congreso estadounidense, la relación se vuelve una estructura difícil de revertir en 2030. En cambio, si se queda en el trámite, fue un gesto

El mapa hemisférico queda con tres bloques

El primero es el de los alineados. Antes de la ceremonia, De la Espriella mantuvo reuniones bilaterales con Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña y José Raúl Mulino. El segundo es el de las ausencias con peso de Brasil y México, que no fueron invitados al Escudo, así que la iniciativa no representa a toda América Latina ni borra las divisiones de la región. El tercero es el vacío venezolano. Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, Washington presiona al gobierno de Delcy Rodríguez e impulsa un diálogo que arrancó el 1 de agosto con una parte de la oposición reconocida por Estados Unidos. Colombia deja de observar esa transición desde la orilla. Pasa a ser retaguardia operativa de un proceso que no controla.

Si la seguridad queda amarrada con Estados Unidos, la variable crítica pasa a ser Europa. La semana previa a la posesión dejó una señal a considerar: once países quedaron fuera de la lista inicial de invitados y hubo que convocarlos a última hora. Un memorando interno firmado por Patricia Cortés, quien dirige la Dirección de Europa dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y revelado por Noticias RCN, advirtió que varios de esos Estados pesan en decisiones que interesan a Colombia, entre ellas la exención de visado Schengen.

El gobierno entrante lo atribuyó a trámites heredados. Además, su director de Protocolo dijo que esos países no habían presentado cartas credenciales. En el listado que recopiló el propio equipo de De la Espriella figuran como acreditados. Las dos versiones no encajan.

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Además, De la Espriella anunció, aún como presidente electo, el cierre de catorce embajadas, tres de ellas en países de la Unión Europea, alegando austeridad. El vicecanciller saliente advirtió que no se ha medido bien el peso de esa relación y, según la delegación de la UE, el bloque es el tercer socio comercial de Colombia y su segunda fuente de inversión extranjera directa. Un fallo de protocolo podríamos considerarlo ruido. Pero un fallo de protocolo, más cierres de misiones, más silencio sobre Bruselas, empieza a parecer un patrón. Con un contrapeso, España envió al rey Felipe VI, presencia habitual en las investiduras iberoamericanas, señal de que el canal institucional sigue abierto.

Tres incertidumbres definirán el cuatrienio

La profundidad del alineamiento. La capacidad de bloqueo interno, porque el margen fue de unos 251.000 votos, según el escrutinio del CNE, menos de un punto, y Cepeda ya planteó un muro de contención desde su curul de oposición. Y la reacción europea, hoy la más subestimada de las tres.

Para quien trabaja entre Europa y América Latina, hay indicadores concretos que vigilar estos seis meses: si la primera visita oficial a Europa llega antes o después de la segunda a Washington; si aparece un acto formal de adhesión al Escudo o el anuncio se queda en discurso; si el Congreso estadounidense aprueba los 1.000 millones y en qué tramos; cualquier movimiento en el régimen de visados o en el Acuerdo Comercial UE-Colombia; y la primera vuelta brasileña del 4 de octubre, que dirá si el Escudo se consolida como una estructura del hemisferio o se queda en una coalición parcial. Colombia fue socio previsible durante veinte años y bisagra autónoma durante cuatro. Lo que empieza ahora se decide, en buena parte, fuera de Bogotá.

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¿Pueden los cárteles mexicanos ser considerados terroristas según el Derecho de la Unión Europea?

La Directiva (UE) 2017/541 exige finalidad política o desestabilizadora, no solo violencia extrema, para calificar a un grupo criminal como terrorista.

Violencia extrema no equivale automáticamente a terrorismo. En el lenguaje político y mediático, esa distinción se pierde con frecuencia, pero en el Derecho europeo tiene consecuencias muy concretas. Calificar una conducta como terrorista no depende únicamente de su brutalidad. Exige que se cumplan determinados requisitos jurídicos.

Cuando ese filtro se aplica a los cárteles mexicanos, la respuesta resulta más compleja de lo que sugieren algunos titulares.

El artículo anterior de esta serie explicaba que la frontera entre crimen organizado y terrorismo puede desdibujarse en la práctica. Este da un paso más y analiza si esa convergencia puede traducirse en una calificación jurídica dentro de la Unión Europea.

¿Qué exige realmente la norma europea?

El artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, establece los requisitos que deben concurrir para que una conducta pueda calificarse como delito de terrorismo.

En primer lugar, debe tratarse de uno de los actos intencionados enumerados por la norma que, por su naturaleza o contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional. Entre ellos se encuentran los atentados contra la vida o la integridad física, el secuestro o la toma de rehenes, la destrucción grave de infraestructuras y el empleo de explosivos o armas.

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Buena parte de la violencia ejercida por los grandes cárteles podría encajar, en términos materiales, en alguna de estas conductas.

Sin embargo, la comisión de uno de esos actos no basta. La Directiva exige, además, que se realice con una finalidad específica: intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional.

Sin esa finalidad, los mismos hechos pueden constituir homicidios, secuestros, estragos u otros delitos especialmente graves, pero no terrorismo en el sentido establecido por la normativa europea.

Dónde encajan los cárteles y dónde no

Los cárteles mexicanos utilizan armamento de gran capacidad, atacan a fuerzas del Estado, secuestran, destruyen bienes y ejercen violencia sobre poblaciones enteras. El problema jurídico no reside únicamente en determinar qué hacen, sino en establecer para qué lo hacen.

La explicación más habitual sostiene que estas organizaciones actúan con una lógica fundamentalmente económica. Buscan controlar mercados, proteger rutas, eliminar competidores y asegurar sus beneficios. Desde esta perspectiva, el terror que producen sería un instrumento para mantener el negocio ilícito y no una finalidad política autónoma.

Esta diferencia es decisiva. Una organización no se convierte en terrorista simplemente porque sus actos causen miedo colectivo. Es necesario demostrar que esa intimidación forma parte de la finalidad perseguida y responde a alguno de los objetivos contemplados por la norma.

El problema de la motivación económica

La dificultad aparece cuando la finalidad económica se mezcla con otras formas de poder.

Que el motor principal de un cártel sea el lucro no significa que todas sus acciones carezcan de dimensión política. Algunas organizaciones buscan condicionar decisiones públicas, expulsar a las autoridades de determinados territorios o imponer reglas propias sobre la población.

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En esos casos, la violencia puede superar la protección inmediata del negocio criminal y adquirir una función de intimidación colectiva o de presión institucional.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha utilizado mensajes públicos y demostraciones de fuerza dirigidas a audiencias mucho más amplias que sus víctimas inmediatas. Esa dimensión comunicativa puede acercar ciertas conductas a las dinámicas propias del terrorismo. Sin embargo, la semejanza entre métodos no basta para concluir que concurre la finalidad exigida jurídicamente.

Una calificación que no puede ser automática

Tratar a todos los cárteles como una categoría homogénea sería un error. No todas las organizaciones actúan del mismo modo y ni siquiera todas las conductas de un mismo grupo persiguen idénticos objetivos.

La calificación debe realizarse caso por caso. Exige examinar la conducta concreta, su contexto, sus destinatarios y, especialmente, la finalidad perseguida.

El Derecho europeo deja así una conclusión clara: la brutalidad no basta. Un grupo puede controlar territorios, atacar a las autoridades y aterrorizar a la población sin convertirse automáticamente en una organización terrorista. Para ello, la violencia debe dirigirse a intimidar gravemente, coaccionar a los poderes públicos o desestabilizar las estructuras fundamentales del Estado.

Determinar si algunos cárteles cumplen esos requisitos es jurídicamente posible, pero exige un análisis mucho más preciso que una designación general.