La criminalidad organizada ha tejido una red de poder e influencia que atraviesa fronteras en América Latina. Desde los cárteles mexicanos hasta las pandillas centroamericanas y los grupos brasileños, estas organizaciones operan como imperios ilícitos, aprovechándose de la desigualdad y la debilidad estatal. Con alcance global y tácticas cada vez más sofisticadas, su dominio no solo perpetúa la violencia, sino que socava las instituciones y el desarrollo de la región.
Según el Global Initiative against Transnational Organized Crime, «…el mundo que ha aparecido después de la pandemia es una paradoja. Por una parte, la comunidad mundial está más interconectada y es más dependiente de las herramientas en línea que impulsan la digitalización. Por la otra, está incluso más dividido y padece más desigualdades, inestabilidad y tensiones geopolíticas. En un contexto de avances tecnológicos, profunda globalización, crisis y conflictos políticos, los actores criminales encuentran nuevas oportunidades para el comercio ilícito…».
América Latina se ha convertido en un epicentro de actividades ilícitas. Desde hace tres décadas, es considerada la región más violenta del mundo directamente asociada con estas entidades criminales.
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Entre las organizaciones más destacadas se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho en Brasil, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en Centroamérica, así como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México. La proliferación de organizaciones de crimen organizado ha sido notable y crece exponencialmente.
Origen y expansión de las bandas criminales en América Latina
El fenómeno del crimen organizado en América Latina ha tenido sus raíces en diferentes contextos sociales y políticos. Las bandas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho surgieron en Brasil en un contexto de desigualdad social y crisis económica, aprovechando la ineficacia del Estado en el control de las prisiones y el territorio.
Para el Comando Vermelho las condiciones precarias de la prisión de Cándido Mendes en Río unió a varios reclusos dentro del sistema. Lo que inició como la «Falange roja» terminó extendiéndose hasta las calles renombradas como el comando rojo. Inspirados por el Comando, años después, en la prisión de Taubaté el PCC fue fundado. Evolucionando hasta convertirse en la organización criminal que controla gran parte del tráfico de drogas en São Paulo.
En Centroamérica, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 emergieron en la década de 1980, inicialmente como grupos de protección para inmigrantes en los Estados Unidos. Sin embargo, la repatriación de muchos de sus miembros tras la guerra civil en El Salvador contribuyó a su crecimiento y a la intensificación de la violencia en la región. Estas pandillas han crecido en influencia, involucrándose en extorsiones, asesinatos y tráfico de drogas, lo que ha llevado a un ciclo de violencia y desesperanza en sus comunidades.
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Apodado como «el granero de México», Sinaloa ha sido un núcleo de cultivo agrícola y consecuentemente tráfico de drogas en México. Numerosas organizaciones de narcotraficantes en el país surgieron en la región como pequeños conglomerados de familias rurales que residían en áreas rurales del estado. Durante los años 60 y 70, esas familias transitaron del tráfico de drogas al contrabando, especialmente de marihuana.
Expansión y transnacionalización del crimen en América Latina
La transnacionalización del crimen organizado ha permitido que estas bandas expandan su influencia más allá de las fronteras nacionales. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación han establecido redes globales que facilitan la producción y distribución de drogas en mercados como Estados Unidos y Europa.
Además, la colaboración entre bandas locales y organizaciones internacionales ha fortalecido su capacidad operativa. Por ejemplo, la Europol ha documentado que el PCC ha formado alianzas con la mafia calabresa «Ndrangheta», aprovechando las rutas de tráfico establecidas para llegar a mercados más lucrativos. La influencia de estas organizaciones no solo se manifiesta en la economía del narcotráfico, sino también en la corrupción de instituciones gubernamentales y la erosión del Estado de derecho en varios países de la región.
Principales bandas criminales en América Latina
Primer Comando Capital y Comando Vermelho
El Primer Comando Capital (PCC) ha consolidado su poder en Brasil, expandiendo sus operaciones más allá de São Paulo hacia otras regiones y países, incluyendo actividades en la frontera con Paraguay y Argentina. En 2024, el PCC se involucra en el tráfico de drogas, extorsión y contrabando de productos como el vino. Su objetivo es establecer un control territorial sólido y expandir su influencia en el mercado de drogas, lo que lo lleva a competir con otros grupos como el Comando Vermelho y nuevas facciones en el área.
El Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas de Brasil, ha mantenido su posición en el tráfico de cocaína, enfrentándose constantemente al PCC y a otros grupos emergentes. A finales de 2016, la desintegración de una antigua colaboración entre el Comando Rojo y el PCC desencadenó un estallido de violencia en las cárceles de Brasil.
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El conflicto entre ambos grupos persistió durante el año siguiente, ya que el PCC intentaba disminuir la influencia del Comando Rojo mediante la creación de alianzas con las pandillas adversarias y la captura de integrantes del Comando Rojo con el objetivo de tomar el mando sobre el tráfico de drogas en las áreas de influencia del grupo.
Desde aquel momento, el conflicto se ha propagado a la vecina Bolivia, donde ambos grupos batallan por el control de las rutas del tráfico de drogas en la provincia fronteriza de Santa Cruz.
Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18
La Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 siguen siendo actores principales en el crimen organizado en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Honduras. Las bandas se dedican principalmente a la extorsión, el tráfico de drogas y la trata de personas, operando bajo un sistema de terror. A diferencia de las demás, ambas bandas, se enfrentan a una creciente presión del gobierno de Bukele, que ha intensificado las medidas de seguridad y combate a la violencia.
En un mensaje en la red social X, Bukele conmemoró el 14.º aniversario de un ataque brutal realizado por miembros del Barrio 18, donde 17 personas fueron quemadas vivas dentro de un microbús en 2010. El mandatario destacó que, a lo largo de los años, las pandillas han sido responsables de más de 150,000 asesinatos y numerosos casos de extorsión y violencia. Su firme postura refleja la intención del gobierno de no retroceder en la lucha contra estas «pandillas terroristas» que amenazan la seguridad y la estabilidad del país.
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En este contexto, la competencia entre las MS-13 y Barrio 18 se intensifica, ya que ambas luchan por el control y la defensa contra el gobierno, lo que ha llevado a un aumento de la violencia y la inseguridad en la región.
Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) se han consolidado como las organizaciones más poderosas en el narcotráfico en México, dominando el negocio de la cocaína y otras drogas en la actualidad. Han transformado su papel en el comercio de drogas, pasando de ser meros intermediarios entre los cárteles colombianos y Estados Unidos en los años 80 y 90, a convertirse en los principales actores del tráfico transfronterizo.
La desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali, junto con la fragmentación de diferentes grupos criminales en las zonas andinas, ha permitido a los cárteles mexicanos tomar el control del transporte de las cargas.
Las áreas rurales colombianas, donde la presencia estatal es escasa, continúan siendo ideales para el cultivo de coca. Sin embargo, ahora son los cárteles mexicanos quienes financian la siembra de coca y colaboran con grupos armados locales para proteger las plantaciones, asegurando así su acceso a esta materia prima vital. Esta relación crea un desafío significativo para los esfuerzos del gobierno colombiano por pacificar el país.
Consecuencias de la criminalidad transnacional
La criminalidad transnacional en América Latina ha llevado a un aumento alarmante de la violencia, que se traduce en tasas de homicidio extremadamente altas en varios países. Las bandas han contribuido significativamente a esta escalada de violencia, lo que ha resultado en un desplazamiento masivo de personas.
En países como El Salvador y Honduras, la violencia relacionada con pandillas ha llevado a miles de ciudadanos a huir de sus hogares, buscando refugio en otros países. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), «más de siete millones de personas están ahora desplazadas y las solicitudes de asilo, especialmente de países de América Central como El Salvador y Guatemala, han aumentado drásticamente».
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El motor de estas organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Primer Comando Capital (PCC) no solo son los beneficios de actividades ilícitas, sino también el socavamiento de la economía formal a través de prácticas como la extorsión y el control de mercados. Acabando en un ciclo vicioso donde la economía informal y el crimen se alimentan mutuamente, debilitando las estructuras legales y propiciando la corrupción. Esto se ha visto en casos donde policías, jueces y políticos son cooptados por organizaciones criminales, creando un sistema en el que el crimen puede prosperar sin el temor a represalias.
Bandas criminales y el nuevo orden en América Latina
Este orden criminal está caracterizado por su capacidad de suplantar al Estado en diversas regiones. No solo ejercen control sobre territorios, sino que también funcionan como proveedores de servicios, dejados por gobiernos débiles o ineficaces. Esto ha llevado a un entorno donde el poder paralelo se convierte en la única opción viable para la población, que a menudo se ve forzada a negociar con bandas criminales para garantizar su seguridad y acceso a servicios básicos.
Uno de los rasgos distintivos de este nuevo orden criminal es el uso de métodos violentos que han evolucionado con el tiempo. Mientras que en el pasado los conflictos entre bandas podían extenderse por años, actualmente las confrontaciones tienden a ser más rápidas y brutales, reflejando una desensibilización hacia la violencia. La combinación de tecnología y tácticas militares ha permitido a estas organizaciones llevar a cabo actos de violencia extrema con gran eficacia.
La subestimación de esta amenaza ha sido un error recurrente entre los gobiernos y analistas, que a menudo olvidan el aspecto transversal del conflicto ante fronteras nacionales y esferas socio-económicas. Las redes criminales han aprendido a operar de manera flexible, adaptándose a los cambios en la dinámica política y económica de la región, lo que complica aún más su erradicación.
Esta búsqueda de ganancias rápidas y el control de estos mercados, han llevado a la consolidación de poder y recursos en manos de las bandas, perpetuando así un ciclo de violencia, corrupción y desigualdad en América Latina. Este entorno presenta un desafío significativo para el desarrollo y la estabilidad de la región, requiriendo una respuesta coordinada que aborde no solo las manifestaciones de la criminalidad, sino también sus raíces socioeconómicas.
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