En este artículo, Andrea Vázquez explica qué es el Instrumento Anticoerción, por qué se creó, cómo funciona y qué papel puede desempeñar en el contexto internacional actual.
En este entorno internacional cada vez más inestable, las rivalidades geopolíticas están haciendo que sea más frecuente el uso de aranceles como herramienta política y las presiones económicas entre Estados. En este contexto, la Unión Europea ha comenzado a reforzar sus mecanismos de defensa económica.
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Uno de ellos es el Instrumento Anticoerción, una herramienta que en las últimas semanas ha ganado protagonismo. Las recientes amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos y las declaraciones relacionadas con Groenlandia han reactivado el debate sobre si la UE debería recurrir a este instrumento, incluso frente a un socio tradicional como es en este caso.
¿Qué es exactamente el Instrumento Anticoerción (ACI)?
El Instrumento Anticoerción es una herramienta legal de la UE diseñada para proteger sus decisiones soberanas frente a medidas económicas coercitivas de terceros países. Esto significa que permite a la UE decidir si una acción de otro país (por ejemplo, un arancel) intenta realmente influir en una decisión política de la UE o de un Estado miembro.
Si es así, este instrumento busca resolver el conflicto mediante la negociación y, si fuese necesario, como último recurso, la aplicación de contramedidas legales, como restricciones comerciales, limitaciones de acceso al mercado o restricciones a inversiones, siempre dentro del respeto al derecho internacional y con el objetivo de proteger la soberanía económica de la Unión y de sus Estados miembros.
Su objetivo principal no es castigar, sino disuadir. La UE busca enviar un mensaje claro: no aceptará que otros países utilicen el comercio, los aranceles o las inversiones para forzar decisiones políticas europeas.
¿Qué se entiende por coerción económica?
Según la UE, un acto coercitivo ocurre cuando un tercer país intenta presionar al bloque o a uno de sus Estados miembros a tomar una determinada decisión política aplicando, o amenazando con aplicar, medidas sobre el comercio o la inversión. Es decir,no se trata solamente de un conflicto comercial, sino de una forma de presión con un objetivo político determinado.
Algunos ejemplos de coerción económica son:
- Imposición de aranceles.
- Bloqueo de exportaciones o importaciones.
- Restricciones a inversiones extranjeras.
- Amenazas de exclusión de mercados clave.
- Presiones sobre empresas para que cambien su comportamiento.
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Antecedente: El caso Lituania–China
El principal precedente que impulsó la creación del Instrumento Anticoerción fue el conflicto entre Lituania y China en 2021. Ese año, Lituania permitió la apertura de una oficina de representación de Taiwán en Vilna utilizando el nombre «Taiwan», algo que China consideró una provocación.
Aunque la reacción no consistió en sanciones oficiales, China bloqueó de facto las exportaciones lituanas, eliminó al país de sus sistemas aduaneros y presionó a empresas europeas para que dejaran de utilizar componentes procedentes de Lituania.
Frente a estas prácticas, la Unión Europea presentó una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en enero de 2022, acusando a China de prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania y señalando que esto afectaba a todo el Mercado Único europeo.
Este caso puso de manifiesto varios problemas:
- Un Estado miembro pequeño no puede responder sólo a una gran potencia.
- Las presiones económicas pueden afectar indirectamente a toda la UE.
- La UE carecía de una respuesta común rápida y eficaz.
A partir de este episodio, la Comisión Europea y varios Estados miembros defendieron la necesidad de crear una herramienta específica para hacer frente a la coerción económica.
Creación del Instrumento Anticoerción.
Tras evidenciarse que la Unión Europea no tenía herramientas eficaces para responder a presiones económicas con fines políticos (como quedó claro con el conflicto entre Lituania y China en 2021) las instituciones europeas acordaron crear un marco legal específico para defenderse de estos riesgos.
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En diciembre de 2021, la Comisión Europea presentó la propuesta de lo que sería el Instrumento Anticoerción, con el objetivo de ofrecer una respuesta unificada a situaciones donde un tercer país quiere influir en las decisiones de la UE o de un Estado miembro mediante restricciones comerciales o de inversión.
El proceso legislativo avanzó durante 2022 y 2023 con negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, logrando un acuerdo político en marzo de 2023 y la aprobación definitiva de la regulación en noviembre de 2023. El Reglamento (UE) 2023/2675 entró en vigor el 27 de diciembre de 2023.
¿Cómo funciona el Instrumento Anticoerción de la UE?
El proceso comienza con la identificación de una posible situación de coerción económica. La Comisión Europea puede iniciar el análisis por iniciativa propia o a solicitud de un Estado miembro cuando exista la sospecha de que un país tercero está utilizando medidas económicas (o amenaza con aplicarlas) para influir en decisiones políticas.
Una vez detectada la situación, la Comisión realiza un examen detallado, recopilando información objetiva de fuentes fiables. En esta fase se evalúan la gravedad, duración e impacto de la medida, con el fin de determinar si cumple los criterios de coerción establecidos por el Reglamento. Después, el Consejo de la Unión Europea debe determinar si existe la coerción en un plazo de ocho semanas desde la propuesta de la Comisión.
Antes de adoptar cualquier respuesta, la UE da prioridad al diálogo y la vía diplomática. La Comisión intenta negociar con el país implicado para que retire las medidas coercitivas y, cuando sea necesario, repare el daño causado.
Si el diálogo no tiene éxito, la UE puede imponer contramedidas a través de los actos de ejecución de la Comisión. Entre las principales medidas podemos encontrar:
- Derechos de aduana nuevos o incrementados.
- Restricciones a las exportaciones e importaciones.
- Medidas relativas al comercio de servicios.
- Medidas relativas al acceso de la inversión extranjera directa a la UE.
- Restricciones en los mercados bancarios, seguros, acceso a los mercados de capitales de la UE y otras actividades de servicios financieros.
El contexto actual: EEUU, aranceles y Groenlandia
El interés en el Instrumento Anticoerción ha crecido debido a la reciente crisis generada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos relacionadas con Groenlandia. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que impondría nuevos aranceles contra varios países europeos si no avanzaban en aceptar ciertas condiciones vinculadas a Groenlandia.
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Los líderes europeos han manifestado su rechazo a estas amenazas. Francia incluso ha pedido la activación del ACI para responder a Washington. Cabe destacar que este instrumento no ha sido activado antes. El simple hecho de que se contemple su uso frente a Estados Unidos, que se trata de un aliado tradicional y no de un rival estratégico, nos revela de laimportancia de este instrumento en la defensa europea, pues muestra que no está pensado sólo para países como China o Rusia, sino que puede aplicarse a cualquier actor externo que utilice la presión económica con fines políticos contra la Unión o cualquiera de sus Estados miembros.
Ventajas:
- Refuerza la autonomía estratégica de la UE frente a presiones económicas externas.
- Permite una respuesta común, protegiendo especialmente a los Estados miembros más pequeños.
- Aumenta la capacidad de disuasión.
Riesgos y limitaciones:
- Posible escalada de represalias económicas, especialmente con grandes potencias.
- Riesgo de tensiones políticas cuando el país implicado es un socio estratégico, como Estados Unidos.
- Dificultad de activación por la necesidad de consenso entre los Estados miembros.
Conclusión
El Instrumento Anticoerción refleja el cambio de enfoque de la Unión Europea ante un contexto internacional cada vez más marcado por la presión económica y la rivalidad geopolítica. Su creación responde a la necesidad de defender la soberanía política y económica de la UE y de sus Estados miembros.
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El debate actual sobre su posible activación demuestra que la UE busca aumentar su capacidad de respuesta, incluso frente a los socios tradicionales. El verdadero desafío será utilizar este instrumento con prudencia: con firmeza suficiente para disuadir la coerción, pero sin renunciar al diálogo ni provocar escaladas innecesarias.
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