El Consejo Europeo aprueba las conclusiones sobre el desarrollo de la postura cibernética de la Unión Europea.La adopción de esta planificación responde al aumento de las amenazas que desafían a la UE y a los Estados miembros en el ciberespacio.
El pasado lunes 23 de mayo, el Consejo Europeo aprobó las conclusiones sobre el desarrollo de la postura cibernética de la Unión, con motivo de la creciente importancia que ha ido tomando el ciberespacio en la competición geopolítica.
El objetivo de la toma de posición en materia cibernética de la Unión Europea es dar respuesta. a las amenazas del ciberespacio, que atentan contra la UE y los Estados miembros. Estas últimas han ido creciendo durante los últimos años y han llegado a afectar a los intereses estratégicos, en materia de Seguridad y Defensa, de la comunidad.
Council approved conclusions on the development of the EU's cyber posture.
Aim: provide responses to actors seeking to deny the EU a secure & open access to cyberspace & affect its strategic interests
En primer lugar, reforzar la resistencia y las capacidades de la Unión Europea para proteger. El Consejo llama a la UE a mejorar la ciberseguridad propia. Para ello, aconseja la aprobación de las directivas que regulan la ciberseguridad común. En concreto, llama a la Comisión para que proponga requisitos comunes en ciberseguridad para los dispositivos conectados, así como para los procesos y servicios asociados a este ámbito. Por ello anima a las autoridades pertinentes, tales como la Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA), a formular recomendaciones para mejorar la resistencia de las redes e infraestructuras de comunicaciones dentro de la Unión.
La segunda función hace referencia a la mejora de la solidaridad y la gestión global de las crisis. Dentro de esta, destaca la importancia de realizar pruebas cibernéticas, con el fin de validar y desarrollar la respuesta de la UE a los incidentes cibernéticos. En este ejercicio espera la participación del Consejo, de las agencias propias especializadas en ciberseguridad, así como la del sector privado. También insta a los Estados miembros a que faciliten la coordinación y la cooperación técnica entre ellos.
En tercer lugar, promover la visión de la UE sobre el ciberespacio. El Consejo reitera que con la adopción de la postura cibernética, la UE pretende prevenir el conflicto, mitigar las amenazas del ciberespacio y reforzar su estabilidad en el ámbito internacional. Además, pone énfasis en la importancia de lidiar en un ciberespacio donde se respeten los derechos y las libertades fundamentales, favoreciendo de esta forma el desarrollo y mantenimiento de las sociedades democráticas.
La cuarta de las funciones refiere al hecho de promover la cooperación con los países socios y las organizaciones internacionales. En especial, el Consejo apremia a la Unión Europea a reforzar la cooperación con la OTAN en materia de ciberseguridad.
Por último, la UE debe prevenir, defender y responder a los ciberataques. Con el fin de asegurar la UE y los Estados miembros de las amenazas cibernéticas, el Consejo pone énfasis en la necesidad de aumentar el intercambio de información, mediante la cooperación entre los equipos militares de respuesta de emergencias informáticas. También insta a los Estados miembros a facilitar el intercambio de información mediante la creación de redes y comunidades cibernéticas.
Dentro de esta última función, el Consejo expone las primeras líneas sobre la estrategia militar de la Unión en el ciberespacio: reafirma la necesidad de integrar la dimensión cibernética en el planeamiento de las misiones. Destaca también que ello contribuirá a mejorar el conocimiento de la situación cibernética de la UE.
En líneas generales, la adopción de la postura cibernética de la UE estará basada en mejorar la resistencia, capacidades y respuesta comunitarias a las amenazas del ciberespacio. Otro de los puntos que el Consejo ha destacado en la adopción de esta postura, es la necesidad de aplicar el derecho internacional en el ciberespacio.
Las condenas a pena de muerte en el mundo han sufrido un aumento del 20% en 2021 respecto al 2020, el año de la pandemia. Entre los países que más emiten este tipo de sentencias encontramos a China, Irán y Arabia Saudí, que las utilizan como medio de represión.
Esta semana Amnistía Internacional ha emitido un informe con los datos sobre las ejecuciones en 2021. La organización registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un aumento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020.
La «buena» noticia es que, más allá del alto número de personas que han sufrido la pena de muerte el año pasado, esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en la última década.
La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. Entre los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo en 2021 se encuentran los siguientes: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.
A pesar de denunciarse desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos que no existen datos «reales» del uso de la pena de muerte, China se posiciona como el mayor ejecutor mundial. La cifra de ejecuciones es Secreto de Estado, sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que hay miles de personas que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en el país.
En el mismo caso se encuentran Corea del Norte y Vietnam, cuyo secretismo y falta de acceso a la información impidieron evaluar las tendencias e incluirlas en el total global.
Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Japón también reanudaron las ejecuciones el año pasado; sin embargo, otros países como India, Qatar y Taiwán no registraron la actividad, al contrario que el año anterior.
Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Otro caso destacable es Arabia Saudí, donde aumentaron las ejecuciones registradas un 140%, al pasar de 27 a 65 casos.
A pesar de que las cifras han aumentado respecto al año anterior, 2020 constituyó la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional. El 2021 se ha presentado como el segundo año consecutivo más bajo en número de ejecutados registrado por la organización. En 2019, 2020 y 2021, Amnistía Internacional constató 657, 483 y 579 ejecuciones, respectivamente.
Estos registros presentan a finales de 2021 que más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 108 países se habría abolido en la ley para todos los delitos, y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. Solo en 55 países aún se conservaba la pena de muerte.
Amnistía Internacional registró la imposición de 2.052 condenas a muerte en 56 países, lo que constituía un incremento del 39% respecto a las al menos 1.477 impuestas en 54 países en 2020; no obstante, al concluir 2021 se tenía constancia de que al menos 28.670 personas habían sido condenadas a muerte. Nueve países concentraban el 82% del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Argelia, Sri Lanka.
Según AI, al menos cuatro personas fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años en Irán y Yemen. Amnistía Internacional cree que otras personas de esta categoría permanecían condenadas a muerte en Maldivas y Myanmar. También informan de que al menos el 4% de estas personas eran mujeres, 24 de las 579 personas registradas en: Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos e Irán.
Desde Amnistía Internacional se alerta de que al menos 134 de las ejecuciones fueron por supuestos delitos de drogas en China e Irán, un incremento del 346% respecto al año anterior; además de que se impusieron condenas a muerte en procedimientos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos en países como Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Camerún, Egipto, Irán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur, Somalia y Yemen.
Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que Amnistía Internacional ha registrado desde al menos 2010.
Las claves de la pena de muerte, por continentes
En América, todas las ejecuciones registradas se llevaron a cabo por parte de Estados Unidos, siendo el decimotercer año consecutivo en el que en el resto de países no se registraron incidencias. Sí que se impusieron 25 nuevas condenas de muerte en tres países: Estados Unidos de América, Guyana y Trinidad y Tobago.
La organización tiene constancia de que, desde 1988, en 2021 se ha obtenido la cifra más baja en Estados Unidos ya que la Administración Biden estableció una moratoria temporal de las ejecuciones federales. Además, otro estado más se sumó a la lista de abolicionistas de la pena de muerte: Virginia ha sido el número 23 del país, siendo el primero de la región del sur.
En Asia y Oceanía se registraron ejecuciones en cinco países, Bangladesh, China, Corea del Norte, Japón y Vietnam, también la cifra más baja en más de dos décadas del continente. Sin embargo, se impusieron al menos 819 nuevas condenas a muerte en 16 países, un incremento del 58% respecto a 2020 (517), en gran parte debido a los aumentos en Bangladesh, India, Myanmar, Pakistán y Vietnam.
Después de dos años en Japón se ahorcó a tres personas. Por segundo año consecutivo, Pakistán no reportó ninguna ejecución y también prohibió el uso de la pena de muerte en personas con discapacidades psicosociales; por su parte, Tailandia ha seguido exculpando las condenas de muerte.
Filipinas también ha amenazado con volver a retomar esta práctica; sin embargo, algunos senadores se han opuesto rotundamente a cualquier iniciativa al respecto. En Singapur, por ejemplo, no se registró ninguna ejecución en 2021 después de dos años, pero este año se ha reanudado la práctica.
El gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022, y el gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022.
Los casos en Europa y Asia Central se reducen a una ejecución y una pena de muerte en Bielorrusia, que sigue siendo el único país que las lleva a cabo. Kazajistán firmó una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, y Armenia se unió a un tratado internacional sobre la materia. En el caso de Rusia y Tayikistán, las ejecuciones se mantienen suspendidas.
Oriente Medio y Norte de África se constataron 520 ejecuciones en 7 países —Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Siria y Yemen—, un incremento del 19% respecto a 2020.
Según AI, Irak redujo a más de la mitad las ejecuciones y Siria se convirtió en el quinto mayor ejecutor. Hubo al menos 834 nuevas sentencias a muerte en 17 países, lo que suponía un aumento del 32%, con fuertes incrementos en Egipto, Irak y Líbano. Esta cifra no refleja las numerosas penas de muerte que se cree que se impusieron en Irán.
A pesar de que en Egipto, la cifra de ejecuciones ha descendido considerablemente, se condenaron a muerte al menos a 356 personas el pasado año, un aumento del 34%, cifra más alta de condenas que ha registrado 2021 en el mundo según la organización.
En África Subsahariana, El número de ejecuciones, registradas en 3 países, se duplicó con creces hasta llegar a 33, como consecuencia de los aumentos en Somalia y Sudán del Sur. El otro país que llevó a cabo ejecuciones fue Botsuana.
Al menos 373 nuevas penas de muerte fueron registradas en 19 países, un aumento del 22%, debido a los incrementos en Mauritania y República Democrática del Congo, y a pesar de un importante descenso en Zambia.
Hay países que se han planteado el empleo de estas condenas en los últimos años, el Parlamento de Sierra Leona aprobó por unanimidad una ley en la que se establecía la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, mientras que en Ghana y República Centroafricana se iniciaron procesos legislativos para abolir la pena de muerte, que aún siguen en proceso.
¿Hacia una tendencia de abolición de la pena de muerte global?
A pesar de que los datos sean alarmantes, desde la organización aseguran que se ha hallado una tendencia positiva general que ayudará a la abolición mundial de esta práctica, ya que es el segundo año consecutivo con datos más bajos desde los primeros registros de Amnistía Internacional.
Sin embargo también apuntan a que la causa de este descenso se debe a las medidas tomadas tras la pandemia, donde las restricciones retrasaron considerablemente los procesos judiciales; es por ello que este año, al levantarse muchas de las normas, aumentaron los casos en comparación con el año anterior.
La Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha mostrado su preocupación respecto a los nuevos datos obtenidos. “En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”.
Callamard se dirigió a la minoría de países que aún siguen manteniendo esta práctica, avisándoles de la posibilidad real que muestran los datos para abolir los homicidios autorizados por el estado. “Está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él, continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia”, declaró.
China, Irán y Arabia Saudí, los regímenes que más aplican la pena de muerte
En el Derecho Internacional no se prohíbe la pena de muerte; sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) restringe su uso a circunstancias excepcionales, limitándolos a los delitos más graves y solo tras un juicio justo. También se prohíbe la condena a menores y la ejecución de mujeres embarazadas.
La pena de muerte en China
La cifra de China sobre el número de ejecuciones y condenas no queda establecida, ya que son Secreto de Estado, sin embargo, se considera que es el país que supera con creces la media internacional, contando con miles de ejecutados anuales.
“Se necesita una pena severa para mantener el control” se considera desde el país, donde la represión es unas de las armas del gobierno para mantener el orden.En la legislación del país se excluye solo a menores y embarazadas al igual que en el Derecho Internacional, y se incluyen delitos tales como secuestros de aviones, fabricación y transporte de armas, contrabando, falsificación de moneda, violación, trata de niños y mujeres o incluso robo con fuerza y muchos más.
Sin embargo, la arbitrariedad del sistema, cuestiona la aplicación de las penas, ya que el robo con fuerza limita a robo grave, pero la gravedad no queda delimitada. No obstante, se considera que actualmente los delitos más habituales condenados a muerte (sin excluir que se condenen de otro tipo), son el asesinato agravado y el tráfico masivo de drogas.
Además se denuncia la denigración del condenado, cuyas fotos son publicadas con todos sus datos, incluso en un momento llegó a haber un programa televisivo denominado “entrevistas antes de la ejecución”.
Un ejemplo de utilizacion de la condena como herramienta de control la hallamos en 2014, cuando lasautoridades chinas arrestaron a Robert Schellenberg, ciudadano canadiense, por participación en actividades internacionales organizadas de tráfico de drogas. El Tribunal chino consideró que las pruebas eran fiables y suficientes, por lo que la condena “era justa”.
Sin embargo, la condena fue modificada, previamente solo se había condenado al acusado con 15 años de cárcel, pero el arresto en Canadá de una ejecutiva china de Huawei, hizo que apenas un mes más tarde se cambiara la sentencia.
El gobierno canadiense acusó a Pekín de utilizar una “diplomacia de rehenes”, con el objetivo de presionar a través de la ejecución de ciudadanos americanos para conseguir que libere a su empresaria, acusada por Estados Unidos de engañar al Banco HSBC Holdings Plc para que violara las sanciones estadounidenses contra Irán.
La condena de muerte y ejecución de los acusados en los países más represivos es utilizada como un arma más de los gobiernos para mantenerse en el poder y mantener a la gente bajo sus normas, asegurándose de que se cumplen rigurosamente, ya que nadie quiere ver las consecuencias de desobedecer las órdenes que emite el estado.
La pena de muerte en Irán
De las ejecuciones registradas en Oriente Medio, el 60% del total fueron llevadas a cabo por Irán, al que se le ha sumado en torno al aumento de esta práctica Arabia Saudí y Yemen.
Irán ha registrado el mayor número de ejecuciones registradas desde 2017, debido en gran parte al aumento de las condenas derivadas de delitos de drogas. Además, alerta el uso de esta práctica contra minorías étnicas, según Amnistía Internacional con cargos imprecisos como la “enemistad con Dios”, ya que al menos el 19% de las ejecuciones eran contra miembros de la minoría baluchi. Según la ley iraní, la sodomía, la violación, el adulterio, el robo a mano armada y el asesinato se encuentran entre los delitos que pueden conducir a la pena de muerte.
También se registran casos de aplicación de la pena de muerte en contra de la libertad de expresión, religiosa y sexual. En febrero de 2022 se ejecutaron a dos hombres homosexuales condenados por sodomía tras seis años en el corredor de la muerte. Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi fueron ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh.
Además, las condenas hacia menores de edad siguen vigentes en el país, en 2014, un joven fue condenado siendo menor de edad, acusado de matar a su novia; y a finales de 2021 fue ejecutado a pesar de retractarse en su confesión, alegando que fue sacado forzosamente bajo tortura. Además de violar el Derecho Internacional, ya que forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera que el juicio no cumplía las condiciones mínimas de justicia que pide la comunidad de países.
La pena de muerte en Arabia Saudí
En Arabia Saudí, 9 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con el terrorismo, que en la mayoría de casos también implicaban homicidio, violencia o conspiración para cometer estos delitos.
El 12 de marzo, el reino wahabí ejecutó a 81 personas por delitos de “terrorismo”, cifra que supera al total del año anterior. El Ministerio de Interior anunció que se llevaron a cabo “las condenas a pena capital contra individuos condenadas por terrorismo y crímenes capitales”
En cuanto a los juicios, los saudíes declararon que a los acusados se les concedió el derecho a un abogado y se les garantizó todos sus derechos bajo las leyes saudíes durante el proceso judicial, sin embargo esta afirmación ha sido cuestionada por muchas organizaciones, ya que normalmente no se ajustan a las garantías mínimas que establecen los estándares internacionales.
También se ha criticado los motivos de las condenas, ya que muchos de ellos han sido denominados “terroristas” por Arabia Saudí, cuando en realidad son disidentes políticos. Este fue el caso de Mustafa al Darwish, joven saudí de la minoría chií que fue declarado culpable de cargos relacionados con su presunta participación en protestas violentas contra el gobierno, fue ejecutado en junio de 2021.
El adolescente tenía 17 años cuando fue acusado de fomentar un levantamiento armado contra la cúpula del reino saudí. Entre las acusaciones hacia al Darwish se encontraban “intento de perturbar la seguridad con disturbios” y “sembrar la discordia”. Fue detenido junto a dos amigos, y puestos en libertad el mismo día, les confiscaron el teléfono móvil y hallaron una foto que “les ofendía”, según su familia. Las autoridades obtuvieron su confesión tras someterle a tortura, lo que le obligó a confesar ante los cargos de los que le acusaban para que parasen.
Esta decisión fue en contra del Derecho Internacional e incluso leyes nacionales, ya que no se permite la condena de muerte por delitos cometidos bajo la menoría de edad, sin embargo, las autoridades llevaron a cabo la sentencia, y en junio de 2021 se ejecutó a Mustafa al Darwish por ser acusado de cometer un delito siendo menor en 2015.
No hay que olvidar que la falta de transparencia de los regímenes altera el número real de casos que ocurren anualmente en los países, a pesar de tener cifras de los que ejercen la pena de muerte, estas son siempre orientativas, y siempre se considera que son más de las que quieren mostrar los gobiernos.
La COVID-19 supuso un parón en la ejecución de reos, debido a la lentitud de procesos judiciales y las consecuencias de la pandemia en general, y es por ello que en 2020 se registró la cifra más baja de asesinatos del estado. Aunque en 2021 aumentara de nuevo el número de ejecutados, se observa una clara tendencia de decrecimiento en la aplicación de la pena de muerte, ya sea solo de forma práctica o incluso plasmando la abolición en las leyes de los países que se suman a eliminar el castigo.
El Secretario General de Interpol, Jürgen Stock, advierte que los niños y niñas corren más riesgo de abuso y explotación en línea que nunca. «No podemos perder el tiempo duplicando esfuerzos o no compartiendo información mientras la vida de los niños está en riesgo», ha criticado.
El Secretario General de Interpol, Jürgen Stock, advirtió esta semana en el panel sobre seguridad cibernética del Foro Económico Mundial en Davos, que los informes de la industria privada y las líneas directas públicas, además de los intercambios de aplicación de la ley, han mostrado un número constante de aumento de imágenes de abuso infantil en línea, con 2021 como el peor año desde que hay registros.
«El aumento masivo del abuso y la explotación infantil en línea provocado por la pandemia de COVID-19 continúa sin cesar», alertó Stock. Además, según el Secretario General, el crecimiento de la conectividad a Internet verá un aumento aún mayor.
«Cada imagen, cada vídeo, es evidencia de un crimen horrible con una víctima real que sufre el resto de su vida. El gran volumen de imágenes ya está abrumando a las fuerzas del orden en todo el mundo, a menos que los sectores público y privado hagan más para unificar nuestros esfuerzos, solo veremos crecer esta inquietante tendencia al alza en los casos», dijo.
Según Stock, para abordar de manera más efectiva el abuso y la explotación infantil online, «no podemos perder el tiempo duplicando esfuerzos o no compartiendo información mientras la vida de los niños está en riesgo».
Según Interpol, el contenido autogenerado en el que se prepara a un niño víctima y se coacciona para que cree imágenes y vídeos de su abuso, ha crecido «significativamente» y los delincuentes registran sus interacciones con imágenes de la víctima compartidas a través de plataformas o redes online.
Además, la transmisión en vivo de explotación sexual infantil a cambio de pago también ha aumentado en los últimos años. «Los supervivientes de abuso sexual infantil requieren una recuperación a largo plazo para hacer frente a su trauma. El intercambio repetido de imágenes y vídeos que retratan el abuso vuelve a victimizar a los supervivientes y dificulta su recuperación», aseguran desde Interpol.
La base de datos Internacional de Explotación Sexual Infantil (ICSE) deINTERPOL ayuda a los especialistas en identificación de víctimas de todo el mundo a analizar y comparar imágenes de abuso sexual de menores con el objetivo de identificar también a los delincuentes.
Mediante el uso de programas de comparación de imágenes y vídeos, los investigadores pueden establecer conexiones entre víctimas, agresores y lugares. «Esta base de datos evita la duplicación de esfuerzos y ahorra un tiempo muy valioso, pues permite a los investigadores saber si una serie de imágenes ya se ha descubierto o identificado en otro país, o si tienen características similares a otras imágenes», según informa Interpol.
Asimismo, permite a investigadores especializados de más de 64 países intercambiar información y datos con homólogos de todo el mundo. La base de datos de INTERPOL sobre explotación sexual de menores contiene más de 2,7 millones de imágenes y vídeos, y ha ayudado a identificar a 23 564 víctimas de todo el mundo.
Según Interpol, todos los días, la base de datos ICSE ayuda a los investigadores de todo el mundo a identificar un promedio de siete víctimas de abuso infantil, y desde su creación ha ayudado a identificar y documentar a más de 12.500 delincuentes.
Tras un examen realizado por ICSE, INTERPOL y ECPAT International y titulado Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material (2018), identificó una serie de tendencias alarmantes:
Cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso.
El 84% de las imágenes contenía actividad sexual explícita.
Más del 60% de las víctimas no identificadas eran prepubescentes, inclusive bebés y niños pequeños.
El 65% de las víctimas no identificadas eran niñas.
En las imágenes de abusos graves era probable ver a niños, más que niñas.
Con motivo del Día de África, en LISA News hablamos de AfricTivistes, un movimiento de jóvenes ciberactivistas africanos. El movimiento dirige campañas para defender los derechos humanos, la transparencia electoral y el compromiso cívico en los países de la región.
Obi Peter Onyeigwe, coordinador de la organización Youth for Pecebuilding and Development in Africa (YOUPEDA) en Nigeria, declara que "los estudios certifican que la mayoría de esa juventud no solo es pacífica, sino que muchos se comprometen socialmente, en multitud de iniciativas que son capaces de crear, proponer y liderar".
Ciberactivismo en África
Uno de los movimientos sociales en los que la juventud africana está involucrada es AfricTivistes. Esta es una plataforma online de jóvenes ciberactivistas de África, que tiene origen en Dakar, Senegal, en el año 2013. La organización está integrada por diferentes actores, en especial, de la sociedad civil.
Entre ellos, nos encontramos con activistas, informáticos, periodistas, expertos en Open Data -datos abiertos-, abogados, etc. Su propósito es promover y defender los valores democráticos, los derechos humanos y la buena gobernanza. Para ello, se centra en tres pilares principales:
En primer lugar, impulsar el uso de la tecnología como herramienta de transformación cívica, social y política. AfricTivistes lucha por consolidar la democracia a nivel regional y continental. Por "consolidar" la democracia, entienden cualquier acción hacia la democracia real, la democracia participativa, la ciberdemocracia y la adquisición de la cultura democrática en los países africanos.
El segundo de los pilares es actuar para el cambio político y social. Para ello, ha diseñado proyectos que promueven la participación ciudadana. También ha desarrollado estrategias para fomentar la transparencia y el buen gobierno en África.
Por último, AfricTivistes, pretende crear redes de influencia y empoderar a los jóvenes en África. En la actualidad, la organización se sitúa como la red juvenil más influyente del África francófona, en materia de políticas públicas y gobernanza, y en la propuesta de nuevas dinámicas ciudadanas y de programas de lucha por la democracia.
Aisha Dabo, defensora de los derechos de las mujeres en Gambia y Senegal y miembro de AfricTivistes explica que este movimiento "es una herramienta de activismo cibernético para generar un impacto social, político y económico en diferentes países africanos. Tenemos más de 200 miembros, que están situados en 45 países del continente africano, incluyendo la diáspora africana en el mundo".
Además, asegura que los mayores retos logrados de AfricTivistes han sido, en especial, a través de campañas online. "Tendemos a hacer campañas relacionadas con la vulneración de los derechos humanos, con personas que han entrado en la cárcel o están sufriendo acosos. También hemos hecho observaciones digitales utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de elecciones" declara Dabo.
¿Cuáles son los proyectos que AfricTivistes lidera?
AfricTivistes cuenta con diferentes programas para promover la participación ciudadana y consolidar la democracia. Uno de ellos es "Charter Project Africa" -o Proyecto de la Carta de África-, cuyo objetivo es fomentar el uso de la tecnología para dar a voz a los ciudadanos, así como ofrecer apoyo técnico a las iniciativas cívicas que promueven la democracia en once Estados miembros de la Unión Africana. Estos son Benín, Botsuana, Cabo Verde, Etiopía, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Tanzania y Zambia.
Además, a través de su página web, el programa promueve la difusión de información sobre la Carta Africana para la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza (ACDEG). Por este motivo, los jóvenes ciberactivistas han diseñado una plataforma digital de este programa, para publicar la información institucional precisa, contenidos multimedia, estudios, etc.
#MoocDEG teaches you how the @_AfricanUnion is working to promote democracy, transparent elections and good governance.
Otro de sus programas es "Sahel Insight" -en español, "la visión del Sahel". Es un proyecto diseñado para luchar contra las desigualdades en la región del Sahel. Está implementado en colaboración con la organización humanitaria OXFAM y WILDAF -organización que lucha por los derechos de las mujeres africanas-. El objetivo de este proyecto es reforzar la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil del Sahel y las autoridades locales, para mejorar el acceso a los servicios esenciales a toda la ciudadanía. Este programa se puso en funcionamiento en enero de 2022,en Chad, Níger, Burkina Faso y Senegal.
Cheikh Fall, presidente de AfricTivistes declara lo siguiente, en relación con Sahel Inisght asegura que "los retos para reducir la desigualdad en África son enormes". "Estas flagrantes disparidades, especialmente en el acceso a los servicios esenciales, privan a millones de africanos de la felicidad y empujan a la mayoría de ellos a vivir en la miseria".
Además, Cheik Fall añade que "la perpetuación de estas desigualdades se debe, en parte, a las malas políticas, especialmente a la falta de inversión en los sectores prioritarios, como el acceso al agua, a la electricidad, a los servicios de salud, a la educación de calidad, a las infraestructuras, etc".
Según el presidente de la organización, la situación es más compleja en el Sahel, donde los retos medioambientales y de seguridad son inmensos. De hecho, en estas regiones, la inestabilidad y la inseguridad suelen ser fruto de las frustraciones de las poblaciones y de un sentimiento de injusticia muy arraigado.
Y este ambiente de terror, lejos de resolver estas preocupaciones, amplifica las situaciones de precariedad. El reto es, por tanto, aceptar y dar prioridad a estos desafíos en todos los niveles de decisión, pero también colaborar con los agentes de la sociedad civil y las autoridades locales e incluirlos en las políticas públicas.
Otras de las campañas llevadas a cabo por el movimiento, son la denuncia de casos concretos de represión contra ciberactivistas africanos, la lucha contra la censura,la formación práctica en ciberseguridad y mecanismos de defensa, etc. También han apoyado el cambio político en Gambia, del gobierno de Yahya Jammeh.
La Policía Nacional de España ha detenido esta semana a tres personas que utilizaban la modalidad delictiva denominada «Hackstorsion»: ofertaban desde servicios sofisticados de ciberdelincuencia como espiar correos electrónicos, eliminar multas o cambiar notas universitarias.
Según explican fuentes de la Policía Nacional han sido arrestadas tres personas como presuntos autores de diversos delitos cometidos mediante la modalidad delictiva denominada «hackstorsion».
Estos operaban desde las provincias de Badajoz, Córdoba y León ofertando diferentes servicios sofisticados de hackeo como espiar en redes sociales o correos electrónicos, eliminar multas o deudas con la Agencia Tributaria, cambio de notas universitarias o grabación de titulaciones no cursadas y posteriormente los propios clientes eran quienes eran víctimas de estafa y extorsión.
Otras dos personas han resultado imputadas por delitos de estafa, extorsión, revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal. Los agentes detectaron y analizaron más de 12.000 anuncios de publicidad engañosa, asociados a más de 40 números de teléfono, más de 200 cuentas de correo electrónico y casi 1.300 direcciones IP.
Según la Policía Nacional, la investigación se inició durante un dispositivo establecido por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia con el objeto de detectar y actuar contra nuevas formas delictivas cometidas a través de la red.
Como ya se ha mencionado, los arrestados operaban desde sus residencias en Badajoz, León y Córdoba, insertando multitud de anuncios en portales web o foros, en los que ofertaban sus supuestos servicios haciéndose pasar por sofisticados hackers, ofreciendo diferentes herramientas y servicios informáticos como: espiar WhatsApp en tiempo real, cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales.
También anunciaban la realización de gestiones con la administración, tales como eliminación de deudas pendientes de los servidores de la Agencia Tributaria, datos de morosos de la ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), de la RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) o incluso eliminación de multas de la Dirección General de Tráfico. Además ofrecían el cambio de notas en los servidores de centros universitarios, la grabación de titulaciones oficiales que nunca fueron cursadas y otros servicios similares.
Una vez que los interesados contactaban con ellos para la contratación de servicios informáticos, estos pasaban a convertirse en víctimas ya que los detenidos procedían a estafarlos, extorsionarlos o revelar contenidos de su ámbito privado o íntimo, conformando así una nueva modalidad delictiva a la que se ha dado el nombre de «hackstorsión».
Modus operandi de los ciberdelincuentes
En primer lugar llevaban a cabo la captación, mediante la edición, inserción, publicación y gestión de anuncios ofertando servicios de “hacker informático”, para después llevar a cabo la atención de las peticiones de los interesados, especialmente a través de mensajería instantánea. Tras conseguir la “clientela” ofertaban compromiso y capacidad técnica para cumplir con los encargos y exigían el pago por adelantado del importe pactado, bien al completo o al menos de una parte.
Posteriormente, bajo el pretexto de cumplir con el cometido encomendado, se solicitaban datos sensibles, bien del propio interesado o bien del sujeto al que se pretendía espiar o vulnerar su intimidad, aprovechando los presuntos autores que quedaba constancia escrita al realizarse mediante chat o intercambio de mensajes.
Tras el envío de la cuantía pactada -vía transferencia bancaria, ingresos en efectivo, en cajero o a través de aplicaciones móviles – los presuntos autores interrumpían el contacto con el cliente, incumpliéndose lo acordado sin facilitar motivo alguno.
En algunos encargos, especialmente aquellos en los que se solicitaba espiar la cuenta de mensajería o red social de la pareja, el contacto no se interrumpía y el falso hacker solicitaba al cliente nuevas cantidades de dinero bajo la amenaza de revelar el trabajo para el que fue contratado.
Para ello les mostraban que conservan capturas de pantalla con las conversaciones mantenidas en las que solicitaban dichos servicios y facilitaban la información que se les iba requiriendo. Pese al pago de las cantidades económicas exigidas, a las víctimas se las demandaban nuevas cuantías hasta que percibían que la situación iba a continuar y se negaban a realizar nuevos pagos, resignándose a asumir el daño derivado del descubrimiento de sus intenciones.
Una vez que la víctima se negaba a realizar más pagos, los presuntos autores cumplían su amenaza y contactaban con la parte a la que se pretendía espiar. Así, les comunicaban que poseían información de su interés y les mostraban algún contenido para que pudieran comprobar que era cierto, exigiendo el pago de una cantidad económica a cambio de conocer la información completa. De esta manera obtenían nuevas cuantías al ofrecer el contenido privado de las conversaciones mantenidas y los datos sensibles, privados o íntimos.
Se estima un lucro superado a 300.000 euros
Con la información aportada por los anunciantes, las manifestaciones de los perjudicados y el estudio pormenorizado así como el seguimiento de la trayectoria del dinero, se ha conocido la existencia de más de cien cuentas bancarias españolas y otras tantas en el extranjero, que una vez analizadas han permitido establecer que se trataba de un grupo criminal organizado, que hasta el momento, los investigadores estiman que se han podido lucrar con cuantías superiores a los 300.000 € y han detectado la existencia de centenares de víctimas.
Tras un año de análisis de la información recopilada, se procedió a la entrada y registro en tres domicilios de los investigados en las provincias de León, Córdoba y Badajoz, en los que han sido intervenidos: 5 terminales de telefonía móvil, 12 terminales de telefonía, 1 disco duro, 5 pendrives, 28 tarjetas SIM y diverso material bancario; conteniendo información relacionada con la práctica de los hechos investigados.
Tras un año de análisis de la información recopilada, se procedió a la entrada y registro en tres domicilios de los investigados en las provincias de León, Córdoba y Badajoz, en los que han sido intervenidos: 5 terminales de telefonía móvil, 12 terminales de telefonía, 1 disco duro, 5 pendrives, 28 tarjetas SIM y diverso material bancario; conteniendo información relacionada con la práctica de los hechos investigados.
La investigación continúa abierta a la espera del análisis del material intervenido durante los registros y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
Perfilación indirecta de la personalidad (Metodología HUMINT)
Quién participa
Hugo Zunzarren (@hugozunzarren). Director de Inteligencia en múltiples empresas en materia de Inteligencia corporativa, Inteligencia competitiva e Inteligencia económica. Máster en Gestión Estratégica de la Información e Inteligencia Económica en la Escuela de Guerra Económica, Máster en Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen (UAM), Dirección de Seguridad (URJC), Máster en Gestión Comercial y Marketing (ESIC), Diplomado en Traducción Económica y RRII (Ministerio de Defensa Francia y CFIAR Estrasburgo). Profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute y del Curso de Técnicas de Análisis Estructuradas y no Estructuradas, disponible próximamente en LISA Institute.
Daniel Villegas (@DanielVillegas). Director de LISA Institute. Licenciado en Criminología (UIC). Graduado en Prevención y Seguridad Integral y Posgrado Superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC) y CISA (ISACA).
Qué aprenderás en esta Masterclass
¿Qué es el HUMINT y por qué debe conocerse y practicarse, tanto en Inteligencia como en Contrainteligencia?
¿Cómo se seleccionan las fuentes de información y cómo se hace la aproximación en cada caso?
¿Qué son los rasgos de personalidad y por qué deben tenerse en cuenta?
¿Qué es el perfilado indirecto de la personalidad y cómo se lleva a cabo?
¿Qué técnicas y metodologías existen para analizar personas?
¿En qué consiste la técnica de la elicitación inconsciente?
¿Cómo se lleva a cabo el análisis del lenguaje no verbal o el análisis del estado emocional?
Si te perdiste la Masterclass… puedes volver a verla aquí:
Además…
Hugo Zunzarren también es Profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, siendo esta una de las Masterclass relacionadas con el mismo. Si estás interesad@ en la próxima edición de este Máster que empezará en unos meses, ya puedes reservar tu plaza aquí.
Los 27 aprueban un mandato "más fuerte" para Europol para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo y la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad.
La Unión Europea ha dado este martes "luz verde" al acuerdo alcanzado el pasado febrero para dar más competencias y recursos a la Agencia Europea de Cooperación Policial (Europol). Bajo este mandato reforzado, que entrará en vigor el próximo junio, Europol podrá aumentar su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo y la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad, así como cooperar con partes privadas.
También permitirá a la agencia de cooperación policial europea desarrollar nuevas tecnologías para hacer cumplir la ley y cooperar con empresas privadas en investigaciones. Así, Europol podrá recibir datos directamente de empresas privadas y cotejarlos para identificar qué Estados miembros podrían abrir investigaciones contra delitos relacionados.
Según la comisaría de Asuntos Internos, Ylva Johansson, "Europol necesita medios modernos para apoyar a la policía en sus investigaciones". En este sentido aseguró que el mandato "más fuerte" acordado "afirma el lugar de Europol como líder mundial en el desarrollo de nuevas tecnologías para la aplicación de la ley, cooperando con empresas privadas para prevenir e investigar la delincuencia y protegiendo derechos fundamentales como la protección de datos personales".
Europol is a true example of a Europe that protects.
Today’s agreement on a stronger mandate will give @Europol the right tools for police forces to investigate crime and tackle cybercrime.
Por su parte, la vicepresidenta para la promoción de nuestro estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, dijo que "Europol es un verdadero ejemplo de dónde la acción de la UE nos ayuda a protegernos a todos". Así también aseguró que el acuerdo dará a Europol las herramientas y salvaguardias necesarias para apoyar a las fuerzas policiales en el análisis de macrodatos para investigar la delincuencia y en el desarrollo de métodos pioneros para hacer frente a la ciberdelincuencia.
¿Qué incluye el mandato actualizado?
Cooperación efectiva con partes privadas, en pleno cumplimiento de estrictos requisitos de protección de datos. Los terroristas a menudo abusan de los servicios prestados por empresas privadas para reclutar voluntarios, llevar a cabo ataques terroristas y difundir su propaganda. Bajo su mandato revisado, Europol podrá recibir datos personales directamente de particulares y analizar estos datos para identificar a los Estados miembros que podrían abrir investigaciones sobre delitos relacionados. Dicha cooperación seguirá sujeta a estrictos requisitos de protección de datos.
Normas claras sobre el análisis de "big data" por parte de Europol para apoyar las investigaciones penales, de conformidad con los derechos fundamentales. El procesamiento de grandes conjuntos de datos es una parte integral del trabajo policial actual, y el papel de Europol es esencial para detectar actividades delictivas que escapan al análisis de los Estados miembros individuales. El nuevo mandato proporciona claridad jurídica sobre el preanálisis de macrodatos por parte de Europol, abordando también las decisiones recientes del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Europol tendrá 18 meses para preanalizar los macrodatos recibidos de los Estados miembros y darles una categorización de los interesados, con una posible prórroga por otro período de 18 meses.
Un papel de apoyo a Europol en la emisión de alertas informativas sobre combatientes terroristas extranjeros. Europol podrá proponer que los Estados miembros ingresen en el Sistema de Información de Schengen la información recibida de países no pertenecientes a la UE sobre sospechosos y delincuentes, en particular combatientes extranjeros. Esto pondrá dicha información directamente a disposición de los funcionarios en las fronteras exteriores de la Unión y dentro del espacio Schengen.
La cooperación reforzada con países no pertenecientes a la UE como delitos graves y terrorismo a menudo tienen vínculos más allá del territorio de la Unión.
Mejor cooperación con la Fiscalía Europea. A través de un sistema de impacto/no golpe, la Fiscalía Europea podrá tener acceso indirecto a los datos de Europol en relación con los delitos dentro de su mandato, de acuerdo con las salvaguardias aplicables. Esto apoyará las investigaciones y enjuiciamientos penales.
Un nuevo papel para Europol en la investigación y la innovación para identificar las nuevas necesidades tecnológicas para la aplicación de la ley, ayudando a equipar a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley con herramientas informáticas modernas para combatir la delincuencia grave y el terrorismo.
Se ha reforzado aún más el marco de protección de datos en Europol para garantizar que Europol siga teniendo uno de los marcos de protección de datos más sólidos del mundo de la aplicación de la ley, en línea con las normas de la UE sobre protección de datos.
Supervisión reforzada de Europol, con poderes adicionales para el Supervisor Europeo de Protección de Datos y un nuevo Oficial de Derechos Fundamentales en Europol.
Fortalecimiento de la supervisión parlamentaria y la rendición de cuentas, con un papel reforzado para el Grupo Mixto de Escrutinio Parlamentario (a cargo de supervisar las actividades de la agencia), asesorado por un Foro Consultivo.
La Comisión propusofortalecer el mandato de Europol en diciembre de 2020 para permitir a la agencia apoyar mejor a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley con información, análisis y experiencia, y para facilitar la cooperación policial transfronteriza y las investigaciones relacionadas con el terrorismo. La Comisión también presentó unapropuestapara permitir que Europol emita descripciones en el Sistema de Información de Schengen basadas en información de países no pertenecientes a la UE, en particular, para detectar combatientes terroristas extranjeros.
Treinta y ocho organizaciones argelinas, regionales e internacionales lanzan una campaña online para llamar la atención sobre los medios utilizados por las autoridades en contra de los disidentes y de la sociedad civil independiente de Argelia.
Organizaciones argelinas, regionales e internacionales lanzan una campa online llamada #NotACrime, que denuncia la represión de las autoridades argelinas hacia los disidentes y la sociedad civil independiente. Amnistía Internacional (AI), a través de uncomunicado de prensa, aclara que #NotACrime se trata de una campaña de una campaña lanzada por 38 organizaciones argelinas, regionales e internacionales que se llevará a cabo del 19 al 28 de mayo en sus respectivas cuentas en redes sociales.
Con relación a la represión ejercida por las autoridades argelinas, el defensor de los derechos humanos Zaki Hannache asegura que "desde el comienzo de 2022 hasta el día 17 de abril, al menos 300 personas habrían sido arrestadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación". También declara que "desde entonces algunas de ellas han sido puestas en libertad".
"Las detenciones y las condenas impuestas a personas que ejercían el activismo pacíficamente, sindicalistas independientes, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos no han disminuido un ápice, ni siquiera tras la represión del movimiento de protesta", dijo Hannache.
"Las personas argelinas encarceladas por expresarse se han declarado en huelga de hambre en reiteradas ocasiones, principalmente, para protestar por su encarcelamiento arbitrario".
Amnistía Internacional denuncia que la muerte bajo custodia de Hakim Debbazi el 24 de abril, tras ser puesto en prisión preventiva el 22 de febrero por unas publicaciones en las redes sociales, muestra lo que está en juego cuando se detiene a personas simplemente por ejercer sus derechos humanos.
Por otro lado, cabe señalar que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó, el 8 pasado de marzo, preocupación por las "crecientes restricciones de libertades fundamentales" en Argelia. También solictó al gobierno "un cambio de rumbo".
¿Qué demanda #NotACrime a las autoridades argelinas?
En concreto, #NotACrime solicita a las autoridades argelinas que "pongan fin a la represión de los derechos humanos, liberen de manera inmediata e incondicional a las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y permitan a toda la población disfrutar de sus derechos", según el comunicado de la organización humanitaria.
Además, la campaña también insta a que los sospechosos de haber cometido tales actos, comparezcan ante la justicia en juicios con las debidas garantías. Por otro lado, las autoridades también deben proporcionar a las víctimas acceso a la justicia y a reparaciones efectivas.
A este efecto, la campaña se realizará hasta el aniversario de la muerte de Kamel Eddine Fekhar,defensor de los derechos humanos que murió bajo custodia el 28 de mayo de 2019, tras 50 días de huelga de hambre. El activista protestaba por su encarcelamiento, motivado por haber expresado opiniones críticas hacia el gobierno y acusado por "socavar la seguridad del Estado e incitar al odio racial", según las explicaciones de Amnistía Internacional.
Finalmente, la organización humanitaria subraya en el comunicado, como muestra de apoyo a los disidentes y a la sociedad civil independiente, que el ejercicio de las libertades fundamentales de reunión pacífica, asociación y expresión, y la defensa de los derechos humanos no son delito.
Las organizaciones que han lanzado la campaña, han sido facilitadas por Amnistía Internacional. Estas son, entre otras muchas, la propia Amnistía Internacional, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Human Rights Watch o LADDH (Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos o Algerian League for the Defense of Human Rights), etc.
Los ministros de Defensa de la Agencia Europea de Defensa (AED) han aprobado la creación de un nuevo Centro de Innovación en Defensa, llamado HEDI, con el objetivo de promover la cooperación comunitaria en el ámbito de la innovación en Defensa.
La Agencia Europea de Defensa (AED) anunció el pasado martes 17 de mayo, a través de un comunicado de prensa, la creación de un Centro de Innovación de la Defensa de la UE. La aprobación de la propuesta tuvo lugar durante la Junta Directiva ministerial de la AED.
El nuevo Centro de Innovación en Defensa ha sido nombrado con el acrónimo HEDI -por su nombre en inglés, Hub Defence Innovation- y está integrado dentro de la Agencia Europea de Defensa (AED). HEDI actuará como una plataforma para estimular, facilitar y apoyar la cooperación en materia de innovación en defensa entre los Estados miembros.
La creación del nuevo Centro se planteó por primera vez en mayo de 2021, cuando el Consejo de Asuntos Exteriores solicitó reforzar el papel de la Agencia Europea de Defensa, con el objetivo de fomentar la innovación en materia de Defensa. Por esta razón, la AED encargó a Josep Borrel, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, que presentara las propuestas para reforzar la AED para finales de 2021. Una de ellas fue la creación de un Centro de Innovación en Defensa de la UE.
La aprobación de HEDI es una de las prioridades establecidas por la Brújula Estratégica. Esta última es un plan de acción para reforzar la política de seguridad y defensa de la UE. Fue aprobado el pasado 21 de marzo por los jefes de Estado de la Unión Europea
Josep Borrell, ha declarado lo siguiente: "dos meses después de la adopción de la Brújula Estratégica de la UE, cumplimos una de las principales prioridades de la Brújula al establecer el Centro de Innovación en Defensa de la Agencia Europea de Defensa. En estrecha colaboración con la Comisión, el Centro ayudará a nuestras Fuerzas Armadas a intensificar sus esfuerzos de innovación para estar mejor preparadas para el futuro campo de batalla y las tecnologías de próxima generación".
🇪🇺The EU has a hub for defence innovation.#EUdefence Ministers today approved the establishment of HEDI - Hub for EU Defence #Innovation - within the EDA.@JosepBorrellF on #HEDI marking the first deliverable of the EU #StrategicCompass
— European Defence Agency (@EUDefenceAgency) May 17, 2022
Por otro lado, el Director Ejecutivo de la AED, Jiří Šedivý, ha asegurado que "con el rápido desarrollo de las nuevas -en ocasiones disruptivas- tecnologías y su rápida militarización, la innovación se ha convertido en un factor geoestratégico, que configura el entorno de la Seguridad internacional, así como el equilibrio de poder mundial".
Šedivý, ha añadido que "la creación de HEDI es una clara señal de que nuestros Ministerios de Defensa se toman en serio la innovación, quieren invertir más en ella y actuar conjuntamente. HEDI ayudará a desarrollar las sinergias necesarias para conectar los esfuerzos de innovación existentes y estimular el lanzamiento de otros nuevos, en beneficio de la Defensa europea".
En primer lugar, inspirar y promover la innovación al nivel europeo. Entre otras muchas actividades, en esta primera fase se organizará el Día de la Innovación en Defensa europea, el día 31 de mayo, con el objetivo de informar sobre el nuevo Centro.
El segundo paso tiene el objetivo de facilitar la innovación a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea.
Por último, hacer de HEDI una plataforma europea para el diseño y la experimentación cooperativos. Durante esta fase serán los Estados miembros los que decidan las actividades que tendrán lugar en la misma.
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha declarado que ante la posibilidad de que China trate de tomar Taiwán por la fuerza Estados Unidos respondería con una intervención militar en la isla. Las claves para entender la importancia del estatus de Taiwán para la estabilidad de la región.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el 23 de mayo de 2022 que intervendría militarmente en caso de que Pekín intente «tomar Taiwán por la fuerza». «Estados Unidos se ha comprometido a apoyar la postura de ‘una sola China’, pero eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán», declaró Biden tras ser preguntado por esta posibilidad durante una comparecencia ante los medios en el marco de su visita a Japón.
Estas declaraciones también llegaron tras unas maniobras con aviones realizadas por China y en las que volaban muy bajo alrededor de Taiwán, lo que ha sido considerada una provocación. Biden se reunió con su homólogo japonés, Fumio Kishida, en Tokio con el objetivo de estrechar su cooperación ante los desafíos que supone el comportamiento de China o el desarrollo armamentístico de Corea del Norte para la región de Asia-Pacífico.
Durante la declaración ante los medios, Biden llegó a comparar la invasión de Ucrania con el supuesto de que China actuara de la misma manera, algo que, según el presidente estadounidense, desestabilizaría toda la región.
Recordamos que, a finales de 2021, Taiwán mostró su preocupación sobre la capacidad china de realizar una invasión a gran escala en la isla, después de que gran cantidad de aviones sobrevolaran la zona de defensa aérea del país. El presidente de Taiwán, Chiu Kuo-cheng afirma que Pekín tiene la capacidad suficiente como para lanzar un ataque, y que lo único que lo retiene ahora mismo es el precio que tendrá que pagar ante la comunidad internacional.
El presidente Biden se ha encargado de enfatizar en su discurso que “Rusia tiene que pagar un precio a largo plazo por sus acciones” con el objetivo de lanzar un mensaje fuerte hacia la gran potencia sobre la veracidad de las consecuencias que recibiría. De lo contrario, «¿qué señal envía eso a China sobre el costo de intentar tomar Taiwán por la fuerza?», se preguntaba.
Históricamente, la Casa Blanca no se había posicionado ante la posibilidad de un ataque sobre la isla por parte del gobierno chino. Estados Unidos siempre ha afirmado su reconocimiento sobre “la China Unida”; sin embargo, no reconoce oficialmente su reclamo sobre la isla, y por ello proveen armas a Taiwán con el fin de defenderse.
«Estamos de acuerdo con la política de Una Sola China. La firmamos y todos los acuerdos correspondientes se hicieron a partir de ahí, pero la idea de que se puede tomar por la fuerza, simplemente tomar por la fuerza, es inapropiada» con estas declaraciones, condena la posibilidad de la invasión y reafirma su voluntad de mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.
¿Por qué interesa tanto el estatus de Taiwán?
Taiwán lleva gobernándose de forma autónoma desde 1949, con el final de la Revolución Chinaque empezó en 1927. Cuando el Partido Comunista chino de Mao Tse Tung, apoyado por la Unión Soviética, se impuso al ejército de la República de China, con ayuda de Estados Unidos, estos últimos tuvieron que huir a la isla de Taiwán, confirmando el triunfo de la revolución comunista en la China continental, y reduciendo su control a la isla de Formosa.
Desde entonces, el gobierno comunista chino, que no ha gobernado en ningún momento Taipéi, ha considerado la isla como una “región rebelde”, al abogar que históricamente Taiwán ha formado parte intrínseca de la China Unida, ya que ha estado siempre bajo el mismo mando; y aunque no la llegaran a controlar Taiwán al igual que el resto del país, reclaman que el territorio siga unido a la China continental y se establezca bajo su gobierno.
La República China de Taiwán es formalmente reconocida como una región autónoma que pertenece a la República Popular, a pesar de cumplir todos los requisitos para ser considerado un país soberano: territorio con fronteras delimitadas, población permanente de más de 23 millones de personas, un gobierno efectivo (incluso un parlamento independiente elegido democráticamente) y relaciones internacionales con otros países (aunque es solo reconocida por 15 estados).
El único problema que se presenta para que oficialmente Taiwán declare su independencia es la amenaza China de entrar por la fuerza en la isla si esto ocurre. El gobierno comunista aprobó una ley antisecesión que impide que el país con reconocimiento limitado pida su separación completa de la parte continental. En el artículo que se estipula esta decisión se especifica la voluntad de lograr una reunificación mediante medios pacíficos, aunque también establece medios beligerantes como última instancia para impedir una independencia completa y efectiva.
A partir de dicha independencia encontramos dos países que no se reconocen mutuamente, la República Popular de China en el continente, y la República China en la isla de Formosa, Taiwán. ¿Pero quién recibe más apoyo? La situación para Taiwán es muy compleja.
A pesar de que Estados Unidos está dispuesto a pelear por la independencia taiwanesa como ha informado hoy mismo, el país americano no reconoce diplomáticamente Taiwán, para ellos no es un estado soberano. Históricamente, en los inicios de las Naciones Unidas era la República China de Taiwán la que se encontraba en el Consejo de Seguridad y poseía el derecho a veto, pero los acercamientos de Richard Nixon con el régimen de Mao, provocan que en 1971 se decida que la república china oficial sea la República Popular.
Taiwán fue dejado de ser reconocido como un país soberano por parte de Estados Unidos en 1978, reconociendo a Pekín definitivamente como el único gobierno legal de China con el objetivo de normalizar relaciones con el gobierno comunista. Además, no solo ellos dejaron de reconocerlo, incluso las Naciones Unidas, tras el remplazo por Pekín, dejó de reconocer al país como un estado soberano, y no forma parte de la organización, China es quien les representa.
En marzo de 2022 se volvió a abrir el debate, el exsecretario de Estado del país durante la presidencia de Donald Trump, Mike Pompeo, instó al actual gobierno a reconocer la soberanía y libertad de Taiwán. El exsecretario considera que es una realidad inconfundible, y declara que no se presenta la necesidad de que se declare la independencia “porque ya es un país independiente”.
La Casa Blanca, como mayor socio comercial de la isla, mantiene bajo el nombre de “Instituto Americano en Taiwán” una especie de consulado/embajada “oculta”, ya que realizan labores de gestión de visas, entre otras cosas, como hace cualquier misión diplomática. Sin embargo, no se trata una embajada oficial, pues esto supondría el reconocimiento directo del país, lo que enfadaría al gigante asiático.
No es el único caso, más de medio planeta mantiene relaciones con Taiwán al margen de China, sin embargo, nadie quiere enfadar al país continental, ni provocar una invasión en la isla, por lo que el reconocimiento es muy limitado. La amenaza que supone China incluso obliga a que empresas internacionales nombren Taiwán como una provincia del país.
El periodista de “The Atlantic” destinado en Taipéi, Chris Horton, destaca la importancia estratégica de Taiwán, su economía, posición geográfica y la seguridad de la isla son fundamentales para los intereses estadounidenses. Si la isla llegara a ser controlada efectivamente por el gobierno comunista, China pasaría a ser la potencia del pacífico con más poder sobre las tecnologías más avanzadas; además, podría cortar los envíos de petróleo de Japón y Corea del Sur hacia sus bases militares, lo que provocaría la salida estadounidense del Pacífico, delegando todo el control a Pekín.
Según uno de los investigadores principales de Estados Unidos y Diálogo Transatlántico de Elcano, Soeren Kern, “permitir que Taiwán se una a China por la fuerza o la coerción sería fatal para el liderazgo estadounidense en Asia Oriental”. El desarrollo armamentístico chino ha sido la clave para que Estados Unidos se inmiscuya en el conflicto, con el objetivo de “disuadir y tranquilizar” ambas partes del Estrecho de Taiwán y mantener el equilibrio de poder en la región.
El experto habla de un posible enfrentamiento entre Taiwán y China como causa de inestabilidad en todo Asia, debido a que Estados Unidos se vería obligado a intervenir, ya que es uno de los garantes de estabilidad en Asia Oriental; mientras tanto, Europa, por su parte no tiene presencia militar en la región; sin embargo, sí que sufriría las consecuencias indirectas de un conflicto en la zona.
Sin duda alguna, una de las razones por las que Washington (y el resto de potencias) no reconoce a Taiwán, a pesar de mantener buenas relaciones en muchos ámbitos, es el hecho de no provocar un conflicto entre ambas partes. Nadie quiere enfadar al gigante asiático, por lo que los países son muy cautelosos a la hora de reconocer la soberanía de Taiwán, no se atreven a tomar parte en el asunto en vista de las consecuencias que podría suponer para sus propios intereses el reconocimiento de la independencia de la región.
Tampoco quieren ver su economía truncada por la ruptura de acuerdos comerciales con el país chino; y mucho menos Estados Unidos, que podría derivar en un colapso económico mundial, y la pérdida de su influencia en el Pacífico.
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