El conflicto, el desplazamiento y un sistema de atención precario agravan la falta de denuncias y de ayuda.
La violencia sexual contra la infancia en la República Democrática del Congo es, según un nuevo informe de UNICEF, «generalizada y estructural», y ha aumentado de forma «alarmante» desde 2022, con hasta 35.000 casos registrados entre enero y septiembre de este año. El documento señala que hay casos documentados en comunidades de todas las provincias, pero advierte que el número real de víctimas podría ser mucho mayor debido a denuncias bajas y obstáculos para buscar ayuda.
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Este tipo de delito se concentra especialmente en las regiones de Kibu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, y ocurre en un contexto de conflicto «extremadamente peligroso», con desplazamientos constantes y un sistema de atención «precario» e ineficiente. Las madres recorren largas distancias para alcanzar clínicas con sus hijas, que a menudo no pueden caminar tras haber sido agredidas. Además, el miedo al estigma y a las represalias disuade a las familias de denunciar el abuso.
UNICEF explica también que se han empezado a registrar cifras «alarmantes» en Kinshasa y Kasai, donde la pobreza, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar aumentan la exposición de las niñas a la explotación y al matrimonio precoz. En 2024 se registraron cerca de 45.000 casos de violencia sexual contra la infancia, lo que representa casi el 40% de todos los casos denunciados y triplica las cifras de 2022.
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Las adolescentes siguen siendo las más afectadas, con la mayor proporción de supervivientes por franja de edad. Las barreras físicas, sociales y comunicativas aumentan la vulnerabilidad de los niños y niñas desplazados y restringen su acceso a la atención y a la justicia. De igual modo, la violencia sexual se sitúa dentro de una dinámica regional de incremento de hasta un 30% en 2024 y, en la primera mitad de 2025, los casos podrían representar más del 80% de los del año anterior.
Menos financiación para hacer frente
UNICEF ha explicado que ofrece atención clínica, apoyo psicosocial y espacios seguros a los supervivientes, y que atendió a más de 24.200 niños y niñas en las provincias más afectadas en 2024. Sin embargo, la inseguridad y los recortes de financiación han obligado a reducir y suspender actividades a nivel mundial, afectando también a estas iniciativas.
En la primera mitad de 2025, solo se financió el 23% de las intervenciones en materia de violencia de género, frente al 48% en el mismo periodo de 2022, lo que pone en riesgo la ayuda a cientos de miles de niños y niñas, entre ellos 300.000 en regiones conflictivas del este del país. UNICEF exige reforzar la rendición de cuentas, apoyar investigaciones, enjuiciar a los perpetradores y ampliar la protección de supervivientes y testigos, así como mejorar la recopilación de datos y los sistemas de denuncia.
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«Para abordar esta crisis de violencia sexual es necesario responder inmediatamente y cumplir con el Derecho Internacional en situaciones de conflicto. Los perpetradores deben rendir cuentas, y las mujeres y los niños y niñas deben recibir protección y apoyo», ha afirmado Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
