Estudio revela que 1 de cada 3 españoles ignora alertas de ciberseguridad. El ‘smishing’ y ‘vishing’ son los fraudes más frecuentes en 2026.
El 35% de los españoles no adopta ninguna medida ante advertencias de ciberseguridad, revela el informe trimestral Consumer Pulse de TransUnion. Esta cifra resulta especialmente preocupante entre los ciudadanos mayores de 61 años, donde la inacción se dispara hasta el 49%. El estudio analiza las actitudes y comportamientos de los consumidores españoles frente a las amenazas digitales en un contexto de creciente exposición al fraude.
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El desconocimiento emerge como principal barrera para la protección digital. El 52% de los ciudadanos alega el desconocimiento como motivo de su inacción, mientras que el 20% culpa a la saturación informativa. Además, el 71% de los encuestados afirma no ser consciente de haber sido objetivo de fraude digital en los últimos tres meses, ya sea mediante SMS, correo electrónico o llamadas. Sin embargo, esta falta de percepción varía significativamente según la edad: se incrementa entre la Generación X (77%) y los Baby Boomers (76%), mientras que la Generación Z muestra mayor vulnerabilidad, con un 44% reconociendo haber sido atacado.
Métodos fraudulentos más extendidos
Por otro lado, los métodos fraudulentos más extendidos incluyen el ‘smishing’ (mensajes de texto fraudulentos), que afecta al 33% de las víctimas. Le sigue el ‘vishing’ (llamadas telefónicas fraudulentas) con un 31%, y las estafas de terceros en sitios legítimos de comercio electrónico con un 19%. Además, TransUnion destaca que los patrones de fraude han experimentado un notable aumento respecto al estudio de mediados de 2025, especialmente en robo de cuentas, robo de identidad, estafas mediante «mulas» y fraude relacionado con prestaciones por desempleo.
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Frente a estas amenazas, el 46% de los españoles encuestados había cambiado de contraseña en los últimos 60 días. Asimismo, solo el 16% modificó las opciones de inicio de sesión por alternativas sin contraseña o mediante aplicaciones de autenticación. Estas medidas reflejan un intento de protección, aunque resultan insuficientes ante la magnitud del problema que representan las ciberamenazas en España.
