Thais Armengol, alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia, analiza el rescate de seis niños venezolanos trasladados de Chimbote a Trujillo. Según la investigación policial, los menores estaban siendo utilizados como instrumento de presión para obligar a sus madres a prostituirse y colaborar con otras actividades ilícitas. Al frente de la División Policial de Chimbote se encontraba entonces la coronel Carol Annett Vigo Catter, la primera mujer en dirigir esta dependencia. Un caso en el que las víctimas fueron mujeres y niños, y en el que otra mujer estuvo al frente de la respuesta policial.
Tres mujeres venezolanas acudieron el 7 de febrero de 2024 a la Policía en Chimbote, una ciudad portuaria de la costa peruana situada a unos 420 kilómetros al norte de Lima. Sus seis hijos, menores de entre dos y ocho años, habían sido secuestrados. La denuncia puso en marcha una búsqueda que rápidamente dejó atrás los límites de la ciudad y de la propia región de Áncash. Los niños habían sido trasladados unos 130 kilómetros hacia el norte, hasta el área metropolitana de Trujillo, capital de la región de La Libertad y una de las principales ciudades del país.
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La investigación condujo hasta Florencia de Mora, uno de los distritos que forman parte del continuo urbano de Trujillo. Los seis menores fueron localizados en un inmueble del pueblo joven 26 de Marzo. En la operación fueron intervenidos ocho ciudadanos venezolanos a los que la Policía señaló como presuntos integrantes de Los Gallegos del Tren de Aragua y se incautó una pistola con quince municiones. La recuperación de los niños resolvió la urgencia inmediata del operativo, pero abrió una cuestión mucho más inquietante. Había que comprender por qué aquellos seis menores habían sido arrancados de sus madres y trasladados a otra región. La respuesta llevó la investigación hacia un mecanismo de control en el que explotación sexual, precariedad migratoria, amenazas y vínculos familiares podían formar parte de un mismo engranaje criminal.
Los hijos como instrumento de sometimiento
La maternidad se había convertido en el punto de presión. No era necesario mantener encerradas permanentemente a las mujeres si la organización podía apropiarse de aquello cuya pérdida resultaba insoportable. La amenaza dejaba así de dirigirse únicamente contra el cuerpo de la víctima y se desplazaba hacia su vínculo afectivo más íntimo. Para la coronel Carol Annett Vigo Catter, entonces jefa de la División Policial de Chimbote, aquella investigación permitió observar una forma de violencia particularmente extrema. «Ese caso nos mostró una forma especialmente grave de sometimiento: convertir el vínculo familiar más sublime: madre – hijo, en un instrumento de coerción». Las tres madres mostraron inicialmente reticencias a proporcionar información por miedo a posibles represalias. El temor ya no terminaba en ellas. Alcanzaba también a sus hijos.
La aparente oportunidad de comenzar una nueva vida escondía, sin embargo, un engranaje mucho más perverso. La distancia respecto a su entorno, la urgencia económica y la ausencia de una red familiar capaz de auxiliarlas fueron estrechando progresivamente el margen de decisión de aquellas mujeres. No fue necesario recurrir desde el primer momento a la violencia más visible. La dependencia podía construirse antes, aprovechando expectativas, necesidades y vínculos afectivos hasta convertirlos en herramientas de dominio. Vigo describe así el mecanismo utilizado para atraparlas. «Estas mujeres eran traídas a Perú con engaños de contratos laborales, pero al llegar, ellas eran obligadas a prostituirse para pagar su deuda, la cual era interminable». A partir de ahí, el control se extendía a sus movimientos y comunicaciones, mientras los menores permanecían bajo vigilancia. Cuando la deuda dejó de ser suficiente para garantizar el sometimiento, la organización disponía de una forma de presión todavía más devastadora. Sus hijos.
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El secuestro adquiere entonces una función diferente a la búsqueda convencional de un rescate económico. Los menores se transforman en garantía de obediencia y permiten ampliar aquello que puede exigirse a las madres. Según Vigo, a través de ellos se ejercía presión para que desarrollaran «actividades ilícitas como prostitución, transporte de drogas y explosivos para la organización criminal». El valor criminal del rehén no reside únicamente en lo que puede obtenerse a cambio de devolverlo, sino en la capacidad de condicionar cada decisión de otra persona. El miedo sustituye a las cadenas y el vínculo familiar pasa a formar parte del propio sistema de control.
La vulnerabilidad no tiene nacionalidad
El caso contiene un elemento que exige especial cautela. Las madres eran venezolanas y también lo eran las ocho personas intervenidas durante el operativo. La presencia de estructuras de origen venezolano en distintos países latinoamericanos ha convertido la nacionalidad en un elemento recurrente del relato sobre el Tren de Aragua. Sin embargo, reducir el fenómeno criminal a la procedencia de víctimas o victimarios puede ocultar una de las claves que permiten a estas redes crecer y reproducirse. No buscan necesariamente una nacionalidad. Buscan grietas. Necesidad económica, aislamiento, ausencia de apoyo, dependencia o expectativas de una vida mejor pueden convertirse en puntos de entrada.
No existe, por tanto, una víctima predeterminada. Existen circunstancias que pueden hacer a una persona más accesible para una estructura criminal. Vigo señala que «estas redes buscan principalmente situaciones de vulnerabilidad: precariedad económica, ausencia de redes familiares, necesidad de empleo, dependencia de terceros o dificultades derivadas del proceso migratorio». El desplazamiento a otro país puede acumular varias de esas condiciones sin que la migración constituya por sí misma la causa del riesgo. La coronel introduce aquí una distinción fundamental cuando sostiene que «la nacionalidad no genera el riesgo; son las organizaciones criminales las que aprovechan condiciones de vulnerabilidad para establecer dependencia y posteriormente control».
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La diferencia resulta especialmente importante cuando el crimen organizado penetra en comunidades migrantes. Una estructura puede nutrirse de individuos de una determinada nacionalidad y, al mismo tiempo, victimizar a personas procedentes del mismo país. Compartir lengua, referencias culturales, rutas migratorias o conocidos puede facilitar el acercamiento y reducir inicialmente la percepción del peligro. Lo familiar genera confianza y esa confianza puede convertirse después en una puerta de entrada. Estigmatizar a una comunidad no solo resulta injusto, sino que puede terminar ocultando a quienes están siendo explotados en su interior y desplazar la mirada de aquello que verdaderamente interesa a las organizaciones criminales. Encontrar una vulnerabilidad y aprender a utilizarla.
Mujeres en los dos extremos de la historia
Al otro lado de la denuncia de aquellas tres madres había también una mujer. Carol Annett Vigo Catter era entonces la primera mujer que asumía la jefatura de la División Policial de Chimbote. Su presencia al frente de aquella dependencia adquiere una dimensión particular si se observa la historia reciente de la propia Policía Nacional del Perú. Durante décadas, las mujeres participaron en las fuerzas policiales sin disponer de las mismas posibilidades de desarrollar una carrera completa de mando. No fue hasta 1992 cuando pudieron postular a la Escuela de Oficiales de la PNP. Vigo ingresó apenas tres años después, en 1995, y egresó como alférez en agosto de 1998.
Aquella joven oficial pertenecía a una de las primeras generaciones de mujeres que pudieron recorrer una estructura profesional hasta entonces esencialmente masculina. Su trayectoria posterior pasó por la Policía Montada, investigación en la Comisaría de la Mujer, Seguridad Bancaria, el Escuadrón Verde de Lima, la Dirección contra la Corrupción como agente de inteligencia y la DIGIMIN como analista. También ejerció como jefa de Inteligencia en Tingo María, asumió responsabilidades en Seguridad Presidencial y desempeñó puestos de mando territorial antes de ocupar funciones en la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
Casi tres décadas después de su ingreso, aquella carrera desembocaba en un puesto que ninguna mujer había ocupado antes en Chimbote. Vigo recuerda que «ser la primera mujer en dirigir la División Policial de Chimbote significó además demostrar que el liderazgo, la capacidad de decisión y la conducción operativa no dependen del género, sino de la preparación, experiencia y compromiso profesional». También reivindica el camino recorrido dentro de la institución cuando afirma que «las mujeres policías hemos conquistado espacios importantes durante las últimas décadas y debemos continuar avanzando hacia una institución donde las oportunidades respondan al mérito y las capacidades».
La perspectiva de género recorre así el caso sin necesidad de convertirlo en una historia exclusivamente sobre mujeres. En un extremo aparecen tres madres migrantes cuya situación económica, familiar y migratoria fue aprovechada para someterlas. En el otro, una mujer perteneciente a las primeras generaciones que pudieron aspirar a una carrera completa como oficial y que terminó dirigiendo la división encargada de responder a aquella violencia. Son realidades radicalmente diferentes y no deben confundirse. Sin embargo, ambas permiten observar cómo el género atraviesa el delito, condiciona determinadas vulnerabilidades y también forma parte de la transformación de las instituciones encargadas de combatirlo.
Llegar antes que la organización criminal
La investigación consiguió recuperar a los seis menores, pero el caso plantea una pregunta que trasciende aquel operativo. Si una organización había conseguido identificar las necesidades de aquellas mujeres, construir una relación de dependencia, controlar sus movimientos y finalmente utilizar a sus hijos para doblegarlas, ¿en qué momento podía haberse detectado el proceso? La actuación policial comenzó cuando tres madres denunciaron la desaparición de sus hijos. El proceso de victimización, sin embargo, había empezado mucho antes. «Muchas veces detectamos el delito consumado, pero no las condiciones y señales que lo precedieron», reconoce Vigo.
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El miedo permanente, la imposibilidad de hablar libremente, los movimientos o comunicaciones controlados por terceros, las amenazas contra familiares o una separación inexplicable de los hijos pueden constituir indicadores de que detrás de una situación aparentemente ordinaria existe algo más. Ninguna de estas circunstancias demuestra aisladamente la existencia de trata, explotación o secuestro, pero su concurrencia puede justificar la activación de mecanismos de protección e investigación. La capacidad de observar tampoco pertenece exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Hoteles, centros sanitarios, municipios y organizaciones sociales pueden encontrarse en una posición privilegiada para advertir situaciones de dependencia o control antes de que desemboquen en un delito de mayor gravedad.
El traslado de los menores desde Chimbote, en Áncash, hasta Trujillo, en La Libertad, mostró además que la información policial debía superar las mismas fronteras que la organización criminal. Vigo considera que aquella movilidad «evidencia que nos encontrábamos frente a un fenómeno que superaba una jurisdicción policial local». El desafío no consiste únicamente en disponer de más información, sino en relacionarla a tiempo. Cuando la maquinaria institucional empieza a funcionar, una estructura criminal puede llevar semanas o meses observando, captando, desplazando personas y construyendo dependencias. Frente a organizaciones capaces de estudiar el entorno y modificar sus procedimientos, limitarse a reaccionar significa concederles la iniciativa.
Por ello, Vigo plantea «pasar progresivamente de un modelo predominantemente reactivo hacia uno preventivo basado en inteligencia, análisis de información y evidencia». La información existe muchas veces fragmentada entre denuncias, territorios, unidades policiales y otros organismos. El reto consiste en transformarla en conocimiento y convertir ese conocimiento en una decisión operativa cuando todavía existe margen para impedir que la amenaza se materialice. «El delincuente analiza nuestras vulnerabilidades y modifica sus procedimientos; el Estado tiene que desarrollar una capacidad superior para aprender, anticipar y actuar antes de que esas amenazas se materialicen», concluye la coronel.
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En febrero de 2024, esa amenaza ya se había materializado sobre tres mujeres y seis niños. La Policía consiguió seguir el rastro desde Chimbote hasta Trujillo y encontrarlos con vida. Pero el interrogante que deja el caso comienza mucho antes de aquel rescate. Cómo reconocer el instante en que una oportunidad empieza a transformarse en dependencia, la dependencia en control y el control en violencia. Cómo detectar una estructura antes de que encuentre el punto exacto donde una persona puede ser quebrada. Porque una organización criminal que aprende a identificar dónde reside la mayor vulnerabilidad de su víctima puede no necesitar encerrarla para someterla. A veces le basta con descubrir a quién no está dispuesta a perder.
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