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Apple Store y Google Play deberán verificar las edades de los usuarios en Texas a partir de 2026

Análisis

LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Ambas tecnológicas deberán pedir permiso a los padres antes de que los menores descarguen apps en una nueva ley que enfrenta críticas de tecnológicas y defensores de la privacidad por el control de datos personales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado una ley que obliga a Apple y Google a verificar la edad de los usuarios de sus tiendas de aplicaciones, situando al estado en el centro del debate nacional sobre la regulación del acceso digital de menores. La nueva norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, exige que los menores de 18 años cuenten con el consentimiento de sus padres para descargar aplicaciones o realizar compras dentro de ellas. Texas se convierte así en el segundo estado del país, tras Utah, en aprobar una medida de este tipo, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley federal similar.

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La ley responde al aumento de la preocupación por el impacto de las redes sociales y el uso de smartphones en la salud mental tanto de niños como de adolescentes, un tema que ha motivado demandas contra grandes tecnológicas y advertencias de las autoridades sanitarias estadounidenses. Asimismo, encuestas recientes muestran un amplio respaldo social, donde el 81% de los estadounidenses apoya el consentimiento parental para que los menores creen cuentas en redes sociales y el 71% respalda la verificación de edad antes de acceder a estas plataformas. La organización Digital Childhood Alliance celebró la aprobación de la ley y agradeció al gobernador Abbott por «firmar la ley».

Rechazo de Google y Apple

El texto legal también ha generado divisiones en la industria tecnológica. Apple y Google se oponen a la ley, argumentando que obliga a recopilar y almacenar información personal sensible de todos los usuarios, incluso para aplicaciones no controvertidas como las de clima o resultados deportivos. Apple, por su parte, declaró que «si esta ley se promulga, los mercados de aplicaciones tendrán que recopilar y mantener información confidencial de identificación personal para cada texano que quiera descargar una aplicación». Para su solución, ambas empresas proponen alternativas que limiten la compartición de datos de edad solo a las aplicaciones que lo requieran, no a todas.

En contraste, Meta, Snap y X han mostrado su apoyo a la regulación, defendiendo que las tiendas de aplicaciones sean el punto central para la verificación de edad y el consentimiento parental. Estas compañías sostienen que los padres buscan una solución única y sencilla para controlar el acceso digital de sus hijos, y que las tiendas de aplicaciones son el lugar más adecuado y sencillo para implementar este control. No obstante, los grupos defensores de la seguridad infantil argumentan que la autorregulación ha fracasado y que la intervención legislativa es necesaria para priorizar la protección de los menores.

Limitaciones de la ley

Sin embargo, la ley enfrenta posibles desafíos legales. Kathleen Farley, vicepresidenta de la Cámara del Progreso, advirtió que la norma podría impugnarse por limitar el discurso de los adultos en un intento de regular el acceso de los menores, lo que podría considerarse una regulación basada en el contenido. Además, expertos en ciberseguridad y privacidad señalan que la verificación de edad a gran escala plantea retos técnicos y riesgos de privacidad, ya que los sistemas actuales no son infalibles y pueden excluir a quienes carecen de documentación o discriminar por estatus económico.

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Texas debate, además, otro proyecto que restringiría el uso de redes sociales a mayores de 18 años. De igual modo, la tendencia a legislar sobre el acceso digital de menores se extiende a otros estados y países, como Australia y Noruega, ante la ausencia de una regulación federal en Estados Unidos. La implementación efectiva de estas restricciones y su impacto en la privacidad y la experiencia de los usuarios seguirá siendo objeto de debate entre legisladores, tecnológicas y la sociedad.

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