La Casa Blanca alega que el organismo «se ha vuelto excesivo e ineficiente», por lo que buscan redirigir sus funciones de forma «más ágil, eficaz y eficiente». Si quieres convertirte en un experto en Inteligencia de fuentes humanas, te recomendamos el Bootcamp inmersivo de HUMINT y Virtual HUMINT de LISA Institute.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció un plan para reducir en un 40% el tamaño de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) antes de que termine el año 2025. Según explicó, la iniciativa permitirá un ahorro anual estimado en 700 millones de dólares, equivalentes a algo más de 600 millones de euros. En palabras de la funcionaria, se trata de una medida «largamente esperada» con la que pretende que el organismo realice su labor «con integridad, de la manera más ágil, eficaz y eficiente».
El proyecto, denominado «ODNI 2.0», contempla eliminar misiones, funciones y personal considerados redundantes para redirigir recursos hacia las prioridades de inteligencia fijadas por el presidente Donald Trump. Gabbard justificó la reforma afirmando que, tras dos décadas desde su creación en 2001, el organismo «se ha vuelto excesivo e ineficiente». De igual modo, también denunció que la comunidad de inteligencia enfrenta «abuso de poder, filtraciones no autorizadas de inteligencia clasificada y el uso politizado de la inteligencia como arma».
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La responsable subrayó además que la nueva estrategia pretende «poner fin al uso de la inteligencia como arma y responsabilizar a los malhechores», con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía. El anuncio se produce en un momento de tensiones internas, ya que Gabbard se ha mostrado abierta en su confrontación con parte de la estructura del organismo. Bloomberg indicó que sus esfuerzos se dirigen a eliminar lo que considera una «presunta politización» en el aparato de inteligencia de Estados Unidos.
Del mismo modo, la directora revocó también las autorizaciones de seguridad de cerca de 40 funcionarios y exfuncionarios, a quienes acusó de «abusar de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia». Según el periódico The New York Times, la mayoría de los afectados había trabajado en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, además de en evaluaciones relacionadas con otras amenazas extranjeras contra los procesos electorales del país.
