La ONU constató en Venezuela asesinatos, desapariciones forzadas, persecuciones a opositores, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, represión de protestas, lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha presentado un informe que señala la comisión de «crímenes de lesa humanidad» por parte del gobierno de Nicolás Maduro en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El documento, que abarca el periodo de septiembre de 2023 a agosto de 2024, acusa a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales, de cometer graves violaciones de derechos humanos. Se incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, persecuciones a opositores, tortura y violencia sexual. Además, destaca la participación de servicios de inteligencia, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional en detenciones arbitrarias y represión de protestas. En especial, involucra a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM).
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«Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual». Estos crímenes «se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad. Las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad». Esto se debe a que «la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas», denuncia la ONU.
Incremento desde el 28 de julio
El informe también señala la responsabilidad de altas autoridades del Estado. Les acusa de incitar a la represión y crear un clima de hostilidad, «sobre todo después del 28 de julio». Además, critica el papel de instituciones como el Consejo Nacional Electoral por falta de transparencia, por «incumplir medidas básicas de integridad». De igual modo, acusa a la Asamblea Nacional por aprobar leyes restrictivas de derechos, y al sistema de justicia por su «falta de independencia». Este documento de 158 páginas presenta una visión crítica del estado de los derechos humanos y la democracia en Venezuela durante el período electoral y postelectoral. Asimismo, se subraya la persistencia de prácticas autoritarias y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
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«El informe de la Misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período se pueden calificar «como crímenes de lesa humanidad». Además, dichas violaciones, «cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad», por la «persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas». Un total de «25 personas se asesinaron por arma de fuego. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión». «Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional», sentencia la nota de prensa.
Ciudadanos comunes sufrieron abusos
Pese a que los informes de la Misión de la ONU en 2019 constatasen graves violaciones a los derechos humanos, este nuevo confirma que los perfiles de víctimas se «incrementaron de forma significativa». Esto incluye todo el proceso electoral y no solo a opositores. «Los ciudadanos comunes sufrieron abusos, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», explica.
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La misión confirma que durante los 10 meses previos a la celebración de elecciones, se detuvieron a unas 48 personas. De igual manera, se arrestaron a más de 120 personas por colaborar en campañas de la oposición, principalmente en favor de María Corina Machado y Edmundo González. «Estas campañas sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil. Pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes», indican.
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Artículo escrito por:
Rubén Asenjo Morillas. Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.
