La ministra Shabana Mahmood defiende una política más dura frente a un sistema que considera “injusto y descontrolado”. ONG y diputados laboristas alertan de que las medidas pueden agravar la explotación laboral y la precariedad de los migrantes.
El Gobierno británico presentó una nueva política migratoria que prevé retirar subsidios a los solicitantes de asilo y aumentar las expulsiones del país. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió la iniciativa en la Cámara de los Comunes y afirmó que «los británicos creen que el sistema está descontrolado y es injusto. Lo creen porque es así». La propuesta ha recibido críticas de organizaciones de apoyo a migrantes y de diputados laboristas.
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Mahmood explicó que «la carga para este país ha sido pesada» y precisó que en cuatro años se han registrado 400.000 solicitudes de asilo. Además, añadió que «más de 100.000 personas viven en centros de acogida y que la mitad de los refugiados siguen recibiendo ayudas ocho años después de su llegada». También calificó de «absurdo» el sistema actual y citó el caso de un solicitante que «podía comprarse un Audi» mientras percibía una ayuda mensual de 800 libras.
Endurecimiento de medidas
El documento de 32 páginas plantea que las ayudas pasen a ser «discreccionales» y revisadas cada dos años y medio durante un periodo de 20 años, sin posibilidad de residencia definitiva en ese tiempo. «Vamos a eliminar la obligación de apoyar a quienes pueden trabajar», señaló Mahmood, quien defendió que los beneficiarios con ingresos «contribuyan a sufragar el coste de su estancia». El texto añade que «castigará a quienes se aprovechan de nuestra generosidad» y que la ayuda dependerá del cumplimiento de la ley británica.
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El Centro de Derechos Laborales británico, no obstante, advirtió de que la reforma es «un regalo para traficantes y explotadores». Su directora, Dora‑Olivia Vicol, alertó de que «es muy difícil conseguir un buen trabajo si se revisa tu situación», lo que empuja a los migrantes «a puestos precarios». La propuesta también endurece las condiciones de reunificación familiar, elimina su carácter automático y contempla la detención y expulsión forzosa incluso de menores, así como la reanudación de deportaciones a países como Siria.
