La caída del régimen de Nicolás Maduro bajo la Administración Trump y la evolución del conflicto en Ucrania no son episodios aislados, sino señales de un cambio más profundo en el orden internacional. Ambos casos apuntan a la normalización del hecho consumado como mecanismo de reordenación geopolítica, debilitando principios clave del derecho internacional. Desde la inteligencia estratégica, estos precedentes no pasan desapercibidos para potencias como China, que evalúan cómo la tolerancia al uso de la fuerza puede alterar los cálculos de disuasión y estabilidad global.
La eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela bajo una Administración Trump —y la consiguiente caída del régimen de Nicolás Maduro— no puede ser analizada como un episodio aislado de política hemisférica ni como una anomalía coyuntural. Su alcance es más profundo: afecta directamente a los fundamentos normativos, estratégicos y doctrinales del orden internacional contemporáneo.
En combinación con la evolución del conflicto en Ucrania —donde se asume, de facto, la posibilidad de cesiones territoriales tras una invasión armada ilegítima—, se consolida una dinámica especialmente preocupante: la progresiva normalización del hecho consumado como mecanismo aceptable de reordenación del sistema internacional.
Desde una perspectiva de inteligencia estratégica, este fenómeno no pasa inadvertido en Pekín.
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Derecho internacional y uso de la fuerza: entre la norma y la práctica
El orden internacional surgido tras 1945 se articula, en términos jurídicos, en torno a tres principios estructurales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas:
- La soberanía de los Estados.
- La integridad territorial.
- La prohibición del uso de la fuerza como instrumento político (artículo 2.4).
Las excepciones a este principio son limitadas y bien conocidas: la legítima defensa individual o colectiva, la autorización explícita del Consejo de Seguridad y, de forma mucho más controvertida, las intervenciones humanitarias vinculadas al principio de Responsibility to Protect, desarrollado a partir de los informes de la International Comission on Intervention and State Sovereignty (2001) y aceptado de manera desigual por la comunidad internacional.
Sin embargo, la práctica internacional ha demostrado reiteradamente que la legalidad formal no siempre coincide con la aceptabilidad política. Cuando un régimen carece de legitimidad democrática, se sostiene mediante la represión sistemática y genera inestabilidad regional, la condena jurídica tiende a diluirse frente a consideraciones estratégicas y de resultado.
Venezuela, en la percepción de buena parte de Occidente, encaja plenamente en esta categoría de régimen no legítimo. Y esta caracterización no es irrelevante: en derecho internacional, la aplicación selectiva de los principios erosiona su fuerza normativa.
La Ventana de Overton estratégica y la tolerancia al uso de la fuerza
Desde la teoría de las relaciones internacionales, la llamada Ventana de Overton permite analizar cómo determinadas opciones —antes impensables— pasan a ser debatibles y, posteriormente, aceptables para la mayoría. En el ámbito de la seguridad internacional, esta ventana se ha ido desplazando de forma gradual en relación con el uso de la fuerza por parte de grandes potencias.
Una intervención militar estadounidense en Venezuela, aunque formalmente cuestionada o incluso condenada, ensancha esa ventana si el resultado final fuera percibido como funcional: cambio político, reducción de una amenaza regional y ausencia de escalada mayor.
La experiencia histórica lo confirma. En casos como Kosovo (1999) o incluso Irak en determinadas fases posteriores, la comunidad internacional tendió a desplazarse desde la condena inicial hacia una aceptación pragmática de los hechos consumados. Este desplazamiento no elimina la ilegalidad original, pero reconfigura los incentivos estratégicos.
En términos sistémicos, el mensaje implícito es claro: si el resultado es aceptable, el método acaba siendo tolerado.
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Ucrania y la erosión del principio de integridad territorial
El conflicto en Ucrania introduce un precedente aún más delicado. Si una invasión militar a gran escala culmina en una negociación que consolida —aunque sea parcialmente— ganancias territoriales rusas, se estaría enviando una señal inequívoca al sistema internacional:
El uso de la fuerza puede modificar fronteras si el coste es asumible y el tiempo juega a favor del agresor.
Desde el punto de vista del derecho internacional público, esto supone una erosión directa del principio de integridad territorial y del uti possidetis. Desde la perspectiva geopolítica y doctrinal, constituye una lección operativa para otros actores revisionistas.
Las potencias no aprenden de los discursos, sino de los precedentes, ya que sirven de marco de referencia conceptual de legitimidad estratégica.
China y Taiwán: un cálculo estratégico racional
Pekín no analiza la cuestión de Taiwán desde parámetros morales ni emocionales, sino desde una lógica estrictamente racional y estratégica, coherente con la tradición realista y con su propia doctrina militar.
Las variables clave que China evalúa son conocidas:
- ¿Puede una intervención justificarse bajo un marco narrativo excepcional (reunificación, estabilidad o amenaza externa)?
- ¿Puede derivar en una negociación política que consolide hechos sobre el terreno?
- ¿Es el coste económico, tecnológico y diplomático asumible a medio y largo plazo?
Si los precedentes recientes —Venezuela y Ucrania— apuntan a que la comunidad internacional acaba adaptándose al resultado, la percepción del riesgo estratégico disminuye, aunque el coste inicial sea elevado.
No se trata de analogías jurídicas. Taiwán no es Venezuela ni Ucrania. Se trata de analogías de comportamiento internacional, que son las que realmente influyen en la doctrina de disuasión china.
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Doctrina militar, disuasión y normalización de la excepción
Desde la perspectiva doctrinal, estamos ante un fenómeno clásico identificado tanto por el realismo estructural como por la teoría de la disuasión: la normalización progresiva de la excepción.
Cuando el uso de la fuerza deja de ser un tabú absoluto y se convierte en una opción contingente —dependiente del actor, del contexto y del resultado—, el umbral de empleo se reduce. En ese escenario, la disuasión ya no descansa únicamente en capacidades militares, sino en la credibilidad normativa del sistema. Y esa credibilidad está siendo erosionada.
Como advirtió Hedley Bull, cuando las normas dejan de ser universales, el orden internacional deriva hacia una sociedad anárquica gestionada por el poder, no por el derecho.
Cuál es el orden internacional resultante del uso de la fuerza actual
La cuestión estratégica no es si el régimen de Maduro genera o no empatía internacional. Tampoco si Ucrania “debe” o no ceder territorio. Esas son discusiones morales.
La pregunta relevante es otra: ¿Qué tipo de sistema internacional emerge cuando el hecho consumado vuelve a ser aceptable?
Cuando los principios de soberanía e integridad territorial se aplican de forma selectiva, dejan de ser normas y pasan a ser opciones. Y en geopolítica, las opciones se utilizan en pro de los objetivos estratégicos de una forma racional y oportunista.
No existe una cadena causal automática que conduzca a una invasión china de Taiwán. Pero sí una erosión acumulativa del marco que la disuade. Y esa erosión es, en sí misma, un riesgo estratégico de primer orden.
Por ello, la pregunta que deberíamos plantearnos ya no es si este precedente será utilizado, sino quién lo hará primero y en qué teatro estratégico.
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