Rabat asegura que la avalancha no fue «espontánea» y atribuye su origen a mensajes engañosos. El Ministerio del Interior sostiene que su respuesta permitió «controlar el curso de los acontecimientos».
Marruecos atribuye la crisis migratoria de Ceuta a redes de trata y a la desinformación sobre el fallo judicial español del Tribunal Supremo, en su primera reacción pública tras la entrada masiva de decenas de miles de marroquíes por el espigón del Tarajal durante el jueves y el viernes, episodio que dejó al menos 72 muertos, la mayoría ahogados. Así lo expresó un portavoz del Ministerio del Interior marroquí en un comunicado difundido por medios nacionales del país.
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Según el citado ministerio, lo sucedido no obedeció «ni a circunstancias espontáneas ni a factores circunstanciales», sino a una combinación de elementos concretos. El texto oficial habla de «la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas», sumada a «la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas», en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.
El origen de la confusión
Esas confusiones, precisamente, habrían sido el motor de buena parte del movimiento migratorio. El propio Interior marroquí sostiene que las «malinterpretaciones» derivadas de esa intoxicación informativa «reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato». Es decir, Rabat traslada el origen del fenómeno a una lectura errónea de la decisión judicial española, más que a un fallo propio en la contención fronteriza.
Frente a esa explicación, el Gobierno marroquí defiende su propia gestión de la crisis. Asegura haber aplicado «un enfoque proactivo e integral, basado en la vigilancia temprana, el aumento de los niveles de vigilancia y movilización, y el fortalecimiento de la preparación de los diversos servicios de seguridad y autoridades territoriales», lo que, a su juicio, permitió «controlar el curso de los acontecimientos, proteger vidas, preservar el orden público y asegurar las fronteras», siempre «respetando estrictamente las disposiciones legales y el principio de proporcionalidad en la intervención».
Rabat defiende su respuesta
En paralelo, Rabat ofreció por primera vez su propio balance de víctimas, sensiblemente inferior al difundido por las autoridades españolas: once fallecidos, de los cuales diez murieron ahogados y uno más por lesiones tras caer «desde una zona rocosa cerca de la ciudad de Ceuta». El Ministerio del Interior añadió que Marruecos trabaja ya con las autoridades españolas para verificar «el número real de personas afectadas, sus identidades y nacionalidades», con vistas a completar los trámites legales, administrativos y humanitarios pendientes.
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Por último, el comunicado plantea una lectura de fondo sobre la migración en general. Insiste en que este fenómeno solo puede gestionarse «dentro del marco de un enfoque integral basado en la responsabilidad compartida, la auténtica solidaridad y el reparto equitativo de la carga», y remata afirmando que Marruecos «seguirá siendo, como sus socios esperan, un socio fiable y responsable», comprometido con reforzar la cooperación internacional contra la migración irregular y la trata de personas, mientras continúa, en sus propias palabras, «adoptando todas las medidas necesarias para proteger el orden público, salvaguardar la seguridad fronteriza y garantizar la seguridad de las personas y los bienes».
