La mayoría conservadora del tribunal permite aplicar la orden ejecutiva en 23 estados, mientras Nueva York y las juezas disidentes advierten de que la batalla legal continúa.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó este lunes 24 de agosto el intento de la Administración de Donald Trump de limitar quiénes pueden votar por correo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. La mayoría conservadora, con seis jueces a favor y tres en contra, levantó la orden judicial que una jueza federal de Massachusetts había impuesto en junio para bloquear aspectos clave de la medida en California y otros 22 estados. De esta manera, la Administración Trump podría implementar ya la orden ejecutiva, si bien la batalla legal continuará abierta.
Aunque algunas partes de la orden siguen bloqueadas a nivel nacional por un fallo posterior de la misma magistrada, Indira Talwani, en un caso distinto, se espera que la decisión del Supremo también se extienda a ese proceso. Frente a ello, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, uno de los estados que impugnó la medida, advirtió en redes sociales que el «doloroso revés» «no será la última palabra». Además, explicó que «el derecho al voto es sagrado, y ningún gobierno debería poder ponerlo en peligro. Estamos estudiando nuestras opciones legales».
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Por otro lado, el propio fallo del Supremo insiste en su carácter provisional: «La resolución de la Corte sobre esta solicitud no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal. En ese sentido, el tiempo lo dirá», señala el dictamen. Precisamente sobre este punto incidió la jueza Sonia Sotomayor en su escrito de disenso, al lamentar que la decisión «no aborda si los intentos del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 son legales» ni sugiere «que el Poder Ejecutivo tenga autoridad constitucional o legal para implementar las directivas del presidente». Según la magistrada, «la decisión de hoy simplemente pospone la resolución de esas impugnaciones».
Asimismo, la jueza Ketanji Brown Jackson, en su propio escrito, destacó que el fallo se limita al argumento de que Talwani actuó de forma prematura al frenar las disposiciones en los 23 estados antes de que las agencias federales elaboraran planes para aplicarlas. En consecuencia, acusó a la mayoría conservadora de «perder de vista el objetivo principal» al centrarse en un tecnicismo legal en lugar del propósito más amplio de la Administración Trump, que consiste, a su juicio, en «obtener nuestro respaldo para su intento de fomentar el caos antes de las elecciones de noviembre».
