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La India y la Unión Europea firman un acuerdo de libre comercio

Bruselas y Nueva Delhi sellan un pacto comercial tras 18 años de negociaciones que busca reducir la dependencia de China y Estados Unidos

La UE y la India han firmado este martes 27 de enero de 2026 un acuerdo de libre comercio histórico que, según el texto, permitirá a los exportadores europeos ahorrar hasta 4.000 millones en aranceles. El pacto llega tras 18 años de diálogo intermitente y deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino, aunque sus detalles todavía deberán negociarse en los próximos meses. En paralelo, el Gobierno de España sostiene que se abren oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un mercado de «enorme potencial».

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Tras la firma en Nueva Delhi, Ursula Von der Leyen celebró el alcance político y económico del entendimiento: «Estamos creando un mercado de 2.000 millones de personas». Además, lo enmarcó como «una historia de dos gigantes, la segunda y la cuarta economía más grande del mundo, que eligen la asociación en una verdadera estrategia de beneficio mutuo», en un acto junto a António Costa y Narendra Modi.

Diversificar alianzas

Von der Leyen también lo bautizó como «la madre de todos los acuerdos», y lo vinculó al objetivo de reducir dependencias respecto a China y Estados Unidos. Ese movimiento se produce, según el texto, en un contexto de incertidumbre por la guerra comercial iniciada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con el acuerdo con Mercosur en el aire.

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En esa línea, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, defendió la estrategia europea frente a la escalada arancelaria y aplaudió el mensaje político del pacto: «Es una forma de no estar sometidos a ninguna coerción y de decirles a los que ven los aranceles aduaneros como el futuro, como la nueva administración estadounidense, que los europeos seguimos creyendo en el libre comercio y protegemos nuestros mercados, a nuestros consumidores, a nuestras empresas».

Mientras tanto, el texto precisa que en los próximos meses se hará la revisión jurídica y la traducción de los textos definitivos, aún no publicados, antes de activar el procedimiento formal de adopción por las instituciones europeas y los Estados miembros, previsiblemente durante el segundo semestre.

Más seguridad y cooperación

Más allá del comercio, ambas partes ampliaron su cooperación en seguridad con una Asociación de Seguridad y Defensa centrada, entre otros ámbitos, en ciberseguridad y seguridad marítima, y con la puerta abierta al intercambio futuro de información clasificada. Von der Leyen lo expresó así: «No solo estamos fortaleciendo nuestras economías, sino también la seguridad de nuestros ciudadanos en un mundo cada vez más inseguro», y añadió que el acuerdo incorpora un diálogo sobre seguridad espacial y un refuerzo de la cooperación antiterrorista. Además aseguró que, «al combinar estas fortalezas, estamos reduciendo nuestra dependencia estratégica en un momento en que el comercio se utiliza cada vez más como arma». Por su parte, Modi advirtió del momento de inestabilidad internacional y afirmó que la asociación fortalecerá también «la estabilidad del sistema internacional».

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Para la India, la prioridad fue la movilidad. Por eso, el acuerdo prevé un Memorando de Entendimiento para facilitar la migración legal de talento, que se pondrá en marcha en el primer semestre de 2026, creando «vías rápidas» para estudiantes, investigadores y trabajadores de alta cualificación tecnológica y ayudando a cubrir el déficit de ingenieros en Europa. En sentido inverso, se pactó un marco de «interoperabilidad» para que empresas europeas procesen datos en la India sin vulnerar las normas de privacidad de la UE, y Bruselas aspira a que impulse inversiones por 100.000 millones de euros en 15 años para triplicar la presencia empresarial europea. En clima, la UE apoyará la descarbonización industrial india con hidrógeno verde, reconocerá sistemas locales de créditos de carbono para evitar doble imposición y destinará 500 millones de euros en los próximos dos años, según anunció Von der Leyen.

Demanda contra Meta por acceder presuntamente a chats privados de WhatsApp

Varios organismos internacionales acusan a la compañía tecnológica de incumplimiento del cifrado de extremo a extremo.

Una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco acusa a Meta de acceder a las comunicaciones privadas de los usuarios en WhatsApp, alegando que sus medidas de cifrado de extremo a extremo son falsas. Aunque la compañía tecnológica niega rotundamente los hechos, la querella sostiene que la empresa almacena y analiza los mensajes, ignorando las supuestas barreras de privacidad que teóricamente impiden la vigilancia de contenidos.

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El grupo de demandantes, que incluye a abogados de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, señala específicamente que las herramientas de seguridad de la plataforma no funcionan como se anuncia. Tal como ha recogido Bloomberg tras acceder al documento legal, la acusación argumenta que Meta tiene la capacidad técnica para interceptar la información, lo cual contradice la promesa fundamental de que el contenido es inaccesible para terceros.

Meta rechaza las acusaciones

Por el contrario, la plataforma de mensajería mantiene que su tecnología de seguridad se aplica por defecto a todas las funciones, abarcando desde los chats hasta las copias de seguridad con llaves de acceso. Según su página de ayuda, este sistema debería garantizar que ni siquiera la propia Meta pueda visualizar mensajes, fotografías, ubicaciones en tiempo real o actualizaciones de estado, protegiendo así la integridad de los datos entre el emisor y el receptor.

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No obstante, el portavoz de WhatsApp, Andy Stone, ha respondido defendiendo la validez del protocolo Signal que la red social utiliza desde hace una década. Además de calificar la demanda como «una ficción frívola», Stone ha asegurado categóricamente que «cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda».

Francia avanza en la prohibición de redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional aprueba con amplia mayoría la prohibición que podría entrar en vigor en septiembre de 2026.

La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes 26 de enero el artículo central de un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, con 116 votos a favor. La medida, respaldada por el Gobierno y el presidente Emmanuel Macron, podría entrar en vigor en septiembre de 2026 si recibe la aprobación definitiva del Senado a mediados de febrero. De ser así, Francia se convertiría en el primer país europeo y el segundo del mundo tras Australia en implementar esta prohibición.

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El artículo aprobado establece que «el acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años». Sin embargo, el texto incluye una enmienda propuesta por la diputada socialista Ayda Hadizadeh que añade otra capa de protección, donde los proveedores de redes sociales deben garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva y prohíbe la promoción de productos que puedan perjudicar su salud física o mental.

La izquierda no apoya la medida

La votación contó con el apoyo de diversas fuerzas políticas, incluyendo la ultraderechista Agrupación Nacional, Unión de Demócratas por la República, los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes. Por el contrario, la izquierdista Francia Insumisa votó en contra con 23 votos, mientras que la mayoría de socialistas se abstuvieron.

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Durante la jornada del martes 27 de enero, los parlamentarios debatirán otros asuntos relacionados, como la prohibición de los teléfonos móviles en los liceos, donde se cursan los últimos años de educación secundaria. Esta medida se sumaría a las restricciones ya existentes en colegios y escuelas en etapas formativas anteriores.

Macron, contundente a favor de la medida

Emmanuel Macron celebró la aprobación del artículo calificándola como «un paso importante» que cumple con lo que recomiendan los científicos y lo que exigen abrumadoramente los franceses. Además, el presidente anunció que ha solicitado al Gobierno «que active el procedimiento acelerado» para garantizar que la prohibición entre en vigor al comienzo del próximo curso escolar.

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El jefe del Elíseo justificó la medida: «Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores». Macron añadió que «a partir del 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos» y se asegurará de que así sea.

¿Podría haber una reunificación entre Rumanía y Moldavia? Claves y posibilidades del regreso a la «Gran Rumanía»

Descubre las claves históricas, políticas y geopolíticas que explican el debate sobre la reunificación entre Rumanía y Moldavia.

La posible reunificación entre Rumanía y la República de Moldavia ha vuelto al debate público en los últimos años, impulsada por un contexto geopolítico inestable en Europa del Este. La guerra de Ucrania, el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente, las interferencias rusas y el giro proeuropeo del actual gobierno moldavo han reactivado este debate que mezcla cuestiones históricas, de identidad y de seguridad regional.

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En este artículo analizaremos los principales argumentos para entender la situación actual de la posible reunificación, así como los escenarios más probables a corto y medio plazo.

¿Qué es la idea de la «Gran Rumanía»?

La expresión «Gran Rumanía» hace referencia al periodo histórico posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando Rumanía alcanzó su máxima extensión territorial tras la incorporación de regiones como Besarabia (actual Moldavia). Esta unión se basaba en una lengua común, el rumano, y en una identidad cultural e histórica compartida.

Factores que influyen en el debate actual

  1. Guerra de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania tuvo un gran impacto en la seguridad en Europa del Este:
  • Moldavia se encuentra geográficamente expuesta.
  • El conflicto ha reforzado el miedo a una posible presión rusa directa o indirecta.
  • Ha aumentado el interés por la protección de Occidente (Unión Europea, OTAN).
  1. Tensión con Rusia. Rusia sigue considerando Moldavia parte de su área de influencia histórica, la actual relación está marcada por:
  • La presencia militar rusa en Transnistria.
  • El uso de la energía como instrumento de presión. Rusia cortó el suministro de gas en Moldavia en enero de 2025.
  • El rechazo ruso a cualquier expansión de la OTAN en la región.

Breve contexto histórico

  • Hasta 1918, Moldavia y Rumanía compartían una historia política y cultural común.
  • En 1918, Besarabia se une a Rumanía tras el colapso del Imperio ruso.
  • En 1940, la URSS anexiona el territorio como parte del pacto Ribbentrop-Mólotov.
  • Durante décadas, Moldavia quedó integrada en el espacio soviético.
  • En 1991, con la disolución de la URSS, Moldavia se convierte en un Estado independiente.
  • Desde 2007, la incorporación de Rumania a la Unión Europea motivó a muchos moldavos a solicitar el pasaporte rumano para poder trabajar en la Unión. 
  • En 2022, Moldavia solicitó acceso a la Unión Europea, comenzando las negociaciones en 2024.

Breve contexto político actual

Actualmente, Moldavia atraviesa una división interna. Por un lado, encontramos un sector proeuropeo. Por otro lado, otro sector más cercano a Rusia. La llegada al poder de Maia Sandu, presidenta desde el año 2020, ha marcado un giro hacia la UE. Además, Sandu condena la invasión rusa de Ucrania y defiende la soberanía moldava frente a Moscú. A principios de 2026, expresaba su apoyo a la reunificación si hubiera un referéndum, aunque reconocía que «no hay mayoría a favor de la unificación con Rumania, pero sí para la adhesión a la UE».

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El presidente de Rumania, Nicușor Dan, apostó por la adhesión de Moldavia a la UE como la «manera de estar juntos», rechazando de manera indirecta la idea de reunificación. 
Por su parte, Rusia critica las decisiones tomadas por el gobierno moldavo, especialmente su decisión de querer abandonar la CEI (Comunidad de Estados Independientes, bajo la influencia postsoviética), aunque reconoce que Moldavia tiene el derecho de tomar dicha decisión.

Factores clave a favor de la reunificación

  • Ambos países comparten una lengua (rumano) y una historia común. En 2023 Moldavia oficializó el rumano como lengua, reemplazando el término «moldavo», un gesto simbólico hacia la identidad común con Rumanía y un acercamiento a la UE.
  • Rumania es miembro de la Unión Europea y de la OTAN: la reunificación supondría para Moldavia el acceso inmediato a estas instituciones, lo que implicaría una integración en el espacio euroatlántico y una mayor protección frente a amenazas externas. Maia Sandu defiende su postura argumentado lo difícil que es para que un país pequeño «sobreviva como democracia soberana» ante la amenaza que supone Rusia.
  • Actualmente, Moldavia es uno de los países más pobres de Europa. La reunificación podría suponer un impulso a su economía, pues tendría acceso al  mercado y los fondos europeos.

Factores clave en contra de la reunificación

  • La reunificación en Moldavia cuenta con un bajo apoyo social. Las encuestas más recientes muestran que la mayoría de los moldavos no respalda la reunificación. Las últimas encuestas indican que el 61% se opone a la reunificación, frente a sólo 31% a favor. Esto significa que la idea, aunque sea visible en el debate político, no cuenta con respaldo mayoritario en la sociedad moldava. 
  • Existen divisiones internas. Por un lado, encontramos Transnistria, una región separatista con presencia de tropas rusas desde 1990, que controla de facto el territorio. La zona ha sido un constante factor de tensión y mantiene fuertes vínculos con Moscú. Por otro lado, Gagauzia, una región autónoma, mayoritariamente prorrusa. En referéndums anteriores, Gagauzia mostró un claro rechazo a la integración con la UE o con Rumanía.
  • Opinión de la oposición en Moldavia. La oposición (prorrusa) ha tachado como posible traidora a Maia Sandu y exigen su dimisión por su apoyo a la reunificación y poner en riesgo la integridad de Moldavia.
  • La reunificación conlleva obstáculos legales y constitucionales. Para que la reunificación ocurriese legalmente, se necesitarían, principalmente: referéndums en ambos países, complejos cambios constitucionales y un amplio reconocimiento internacional.

Posibles escenarios futuros

  1. Reunificación formal. Este escenario implicaría que Moldavia y Rumanía se unan oficialmente como un solo Estado. Es el menos probable pues, como se ha visto, la mayoría de la población rechaza esta vía y los territorios prorrusos podrían suponer problemas, además del complejo proceso legal e institucional que conllevaría.
  2. Status quo con aumento de la cooperación. Aunque no sea posible la reunificación, al menos por el momento, Moldavia y Rumanía continúan fortaleciendo relaciones bilaterales sin alterar la soberanía de ninguno. Puede ser el escenario más probable en el corto plazo, pudiendo adoptar posibles medidas, como acuerdos de cooperación energética, de infraestructura, de inversiones, de educación y fortalecer los lazos diplomáticos.
  3. Adhesión a la Unión Europea. En lugar de enfocarse en una reunificación territorial, en este escenario Moldavia profundiza su integración política y económica con la Unión Europea, de manera que la frontera con Rumanía «desaparece», aunque los dos Estados sigan siendo independientes.

Alternativa a la reunificación: la adhesión a la UE

Esta alternativa a la reunificación se ve como la más práctica y la más probable. Además, cuenta con un mayor apoyo social que la reunificación. Moldavia presentó su solicitud en 2022 y se abrieron oficialmente las negociaciones de adhesión en 2024. 

El Parlamento Europeo ha reconocido avances reales por parte de Moldavia, aunque persisten los desafíos ligados al conflicto de Transnistria y presiones rusas. La UE ha reforzado su apoyo a Moldavia y ha destinado recursos para ayudarla en su camino hacia la adhesión. Por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó 1.900 millones de euros para el paquete «el Mecanismo de Reforma y Crecimiento para Moldavia».

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Entre los principales beneficios de la adhesión, Moldavia tendría acceso al mercado único, protección económica y política y apoyo en seguridad energética. Sin embargo, Moldavia tendría que cumplir una serie de criterios políticos y económicos (diálogo democrático, estado de derecho, mercado competitivo) llamados capítulos de adhesión aplicables a todos los países de la UE. Podría tardar varios años dependiendo del ritmo de las reformas y la voluntad política de los Estados miembros.

¿Regresará la «Gran Rumanía»?

La posible reunificación entre Rumanía y Moldavia es una idea con un gran peso histórico y cultural, pero que hoy se enfrenta a importantes límites políticos y geopolíticos. A pesar de la lengua común, la historia compartida y el acercamiento entre ambos gobiernos en los últimos años, la realidad es que no existe un apoyo social mayoritario en Moldavia para este proyecto. A ello se suman divisiones internas como el conflicto de Transnistria, la presencia militar rusa y el riesgo de una reacción de Moscú en un contexto regional ya marcado por la guerra en Ucrania.

Ante este escenario, la opción más viable para Moldavia no parece ser una reunificación formal, sino un acercamiento a la Unión Europea, acompañado de una cooperación cada vez más estrecha con Rumanía. Este camino permitiría avanzar en estabilidad, seguridad y desarrollo económico sin modificar fronteras ni aumentar las tensiones regionales. Así, mientras la «Gran Rumanía» puede seguir siendo un símbolo histórico que une ambas naciones, el futuro de Moldavia parece pasar menos por la reunificación y más por su integración europea, donde la seguridad y el pragmatismo parecen pesar más que la memoria del pasado.

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Los 5 dictadores más sanguinarios del siglo XX

Descubre quiénes fueron los peores dictadores del siglo XX y cómo sus regímenes provocaron millones de muertes, dejando una huella imborrable en la historia mundial.

La historia del siglo XX está repleta de avances tecnológicos, progresos sociales y momentos que transformaron el mundo moderno. Pero también guarda su lado más oscuro, donde varios líderes acumularon un poder absoluto y lo usaron para imponer su ideología mediante el miedo, la represión y la muerte. A través de sus decisiones, millones de vidas se perdieron, y sus naciones quedaron devastadas. Este artículo repasa los cinco gobernantes que, por su brutal legado, son recordados como los peores dictadores del siglo XX.

Mao Zedong: la revolución y la tragedia en China

Lideró la revolución comunista en China y fundó la República Popular en 1949, prometiendo un futuro igualitario para todos. Sin embargo, sus políticas transformaron esa utopía en una de las mayores tragedias humanas registradas. Durante su liderazgo, especialmente con el «Gran Salto Adelante» (1958-1962) y la «Revolución Cultural» (1966-1976), las hambrunas, purgas y campañas de represión costaron la vida a casi 80 millones de personas.

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Mao quiso industrializar el campo y reorganizar la economía rural a la fuerza. Sin embargo, la improvisación, el fanatismo político y la censura de cualquier crítica provocaron un colapso agrícola que derivó en millones de muertes por hambre. Su figura sigue siendo compleja, ya que mientras algunos en China lo ven como el fundador del país moderno, su herencia está manchada por el sufrimiento humano masivo que causó.

Josef Stalin: el peso del comunismo autoritario

Gobernó la Unión Soviética desde la década de 1920 hasta su muerte en 1953 con un control absoluto. Su versión del comunismo fue un régimen autoritario donde la disidencia se castigaba con el gulag o la ejecución. Bajo su mandato, las purgas políticas, deportaciones y hambrunas artificiales (como la del Holodomor en Ucrania) dejaron un saldo estimado de casi 25 millones de muertos.

Stalin consolidó su poder eliminando a cualquier rival real o imaginario, incluyendo antiguos camaradas revolucionarios. Millones de campesinos fueron despojados de sus tierras en nombre de la colectivización, lo que generó hambre y miseria. Aun así, su figura fue glorificada durante décadas como la del «padre de la patria socialista», un ejemplo más de cómo la propaganda puede moldear la percepción del poder.

Adolf Hitler: el arquitecto del terror nazi

Llegó al poder en Alemania en 1933 tras aprovechar la crisis económica y las heridas del Tratado de Versalles. En pocos años instauró una dictadura totalitaria basada en el racismo y el nacionalismo extremo. Su política de exterminio racial, la conocida ‘Solución Final’, condujo al asesinato sistemático de más de 17 millones de personas, incluyendo seis millones de judíos en el Holocausto.

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Pero el legado de Hitler no se limita a esos crímenes. Su ambición expansionista desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia, que causó decenas de millones de muertes en todo el planeta. Dentro del grupo de los peores dictadores del siglo XX, su figura destaca como la encarnación misma del odio ideológico llevado a su máxima expresión.

Hideki Tōjō: el militarista japonés que desató la guerra en Asia

General del ejército imperial japonés y primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió una política expansionista que buscó controlar el Pacífico y gran parte de Asia. Bajo su mando se ordenaron atrocidades masivas como la Masacre de Nankín y experimentos biológicos con prisioneros, con un saldo de alrededor de 5 millones de muertos.

Fue responsable directo del ataque a Pearl Harbor en 1941, que llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Aunque Japón actuaba dentro de un sistema militarista compartido, Tōjō concentró en sí mismo el poder político y militar, imponiendo un control férreo y castigando la disidencia. Tras la derrota japonesa, fue juzgado y ejecutado por crímenes de guerra. Su figura simboliza la cara extrema del nacionalismo belicista que marcó la primera mitad del siglo XX.

Ismail Enver Pasha: el arquitecto del genocidio armenio

Menos conocido que otros nombres de esta lista, fue una de las principales figuras del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial. Como ministro de Guerra, fue uno de los ideólogos del genocidio armenio (1915-1917), en el que se calcula que murieron alrededor de 2,5 millones de personas entre armenios, asirios y griegos pónticos.

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Su objetivo era crear un Estado homogéneo bajo la identidad turca, lo que derivó en deportaciones masivas, ejecuciones y marchas forzadas a través del desierto sirio. Enver Pasha huyó del país tras la derrota otomana, pero su legado quedó ligado para siempre a uno de los peores crímenes contra la humanidad del siglo XX. La negación del genocidio en parte del mundo no ha borrado la memoria de sus víctimas ni la responsabilidad histórica asociada a su nombre.

Reflexión final

Los regímenes autoritarios del siglo XX demostraron hasta qué punto el poder sin límites puede corromper la moral y destruir sociedades enteras. Desde China y la Unión Soviética hasta Alemania, Japón y el Imperio otomano, millones de personas sufrieron las consecuencias de las ambiciones personales de líderes que veían a la población como un medio, no como un fin.

Su análisis no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino también una advertencia permanente. Las ideologías totalitarias, sin control ni rendición de cuentas, pueden convertir a los pueblos en víctimas de su propio destino. Recordar sus nombres y sus actos es una forma de asegurar que esas tragedias no se repitan nunca más.

Acuerdo UE-MERCOSUR: qué es, por qué está bloqueado y qué futuro le espera

El acuerdo UE-MERCOSUR aspira a convertirse en una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, pero su ratificación vuelve a quedar atrapada en un laberinto político, jurídico y social. Tras más de 25 años de negociaciones y un nuevo cierre político en enero de 2026, las tensiones internas de la Unión Europea, especialmente en materia medioambiental y competencial, han vuelto a frenar su entrada en vigor. En este artículo, Teresa Hernández, alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute analiza qué es el MERCOSUR, por qué el acuerdo sigue bloqueado y qué revela esta parálisis sobre el estado del multilateralismo y la gobernanza comercial global.

El MERCOSUR, acrónimo del Mercado Común del Sur, es un bloque regional de integración económica y política en América del Sur, fundado en 1991 por el Tratado de Asunción. Sus miembros de pleno derecho son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Venezuela fue admitida en 2012 y suspendida en 2016 y Bolivia se adhirió al MERCOSUR en 2024. Sin embargo, Bolivia está en proceso de adaptación normativa del MERCOSUR , para lo cual se la ha otorgado un período de 4 años desde su adhesión. Por lo tanto, la eventual entrada en vigor del Acuerdo UE-MERCOSUR no integrarían por ahora a Bolivia.

El principal objetivo del MERCOSUR es promover el comercio libre de bienes, servicios y factores productivos entre sus Estados Miembros y coordinar políticas económicas y sociales. Para ello, el MERCOSUR funciona con un Arancel Externo Común (AEC) para el comercio con terceros países, posee un Consejo del Mercado Común, un Parlamento del Mercosur (Parlasur) y varias instancias de apoyo técnico y administrativo.

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¿Qué es el acuerdo UE-MERCOSUR y por qué lleva más de 25 años negociándose?

El acuerdo UE-MERCOSUR es una asociación estratégica y cooperación que va más allá de la esfera económica. Esta asociación se estructura en torno a tres pilares: el comercio, la inversión y los servicios y la sostenibilidad política y la cooperación.

En el ámbito comercial, el acuerdo elimina progresivamente los aranceles entre la UE y el MERCOSUR de tal manera que más de un 90% del comercio bilateral queda liberalizado.  Asimismo, se adopta un acceso preferencial a los mercados de ambos bloques y se establecen medidas de salvaguardia para proteger a los sectores más sensibles. Todo ello sin bajar los estándares europeos, es decir, los productos de MERCOSUR deben cumplir las normas sanitarias, ambientales y de seguridad de la UE.

En el ámbito de los servicios y la inversión, el acuerdo provee una mayor seguridad jurídica para empresas, una apertura gradual de servicios y el acceso a la contratación pública en ambos bloques. 

En el ámbito de la sostenibilidad, la política y la cooperación, se establecen unos compromisos vinculantes sobre derechos laborales, medio ambiente y cambio climático. Además, se refuerza la cooperación en la transición verde, las materias primas críticas, la ciencia, la innovación y la digitalización.,

El origen de las negociaciones se remonta a 1999 si bien se estancaron durante el primer decenio del siglo XXI.  A partir de 2010 se volvieron a relanzar las negociaciones y se alcanzó un acuerdo político inicial en 2019. Desde entonces hasta la actualidad, el avance del acuerdo ha sido bloqueado por razones medioambientales, concretamente por el rechazo que causa a la amplia mayoría de los agricultores de la UE y por la división interna de la política de la Unión.

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¿Cuál es la transcendencia de este acuerdo?

La importancia de este acuerdo radica, en primer lugar, en que crea un espacio económico que abarca más de 750 millones de personas y en torno al 20% del PIB mundial, lo que crea a su vez la mayor zona de libre comercio del mundo. La trascendencia estratégica de este acuerdo ha aumentado en estos últimos años debido al aumento de las esferas de influencia en el sistema internacional actual.

En efecto, frente a la tensión geopolítica actual y el aumento del proteccionismo comercial y el deterioro del multilateralismo y de la cooperación internacional, el acuerdo UE-MERCOSUR refleja la importancia de la diversificación de socios comerciales y el establecimiento de asociaciones estratégicas que se vertebren alrededor de unos principios y valores compartidos.

Tras más de 25 años de negociación, el acuerdo fue finalmente el sábado 17 de enero de 2026 en Asunción. Sin embargo, la fragmentación política y social de la firma del acuerdo ha conllevado una nueva etapa de paralización del mismo.

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¿Por qué se ha bloqueado una vez más?

La decisión del Parlamento Europeo (P.E) de remitir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el acuerdo para revisar ciertas cuestiones ha frenado el avance del acuerdo. La votación en el Parlamento Europeo revela la división que crea este tema; la decisión de remitir el acuerdo al TJUE ha sido adoptada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. 

Tal y como ha afirmado el jurista Adriano Spedaletti, hay dos cuestiones fundamentales que deberá tratar el TJUE tras la remisión del acuerdo por parte del Parlamento Europeo. Una de fondo y otra de forma. 

La cuestión de fondo concierne los requisitos medioambientales y fitosanitarios. En este sentido, algunos eurodiputados han señalado que a pesar de que los productos deben estándares europeos, los productos del MERCOSUR no tienen la obligación de cultivarse o producirse bajo las mismas normas que siguen los agricultores de la Unión. Es decir, que el MERCOSUR permite el uso de fertilizantes y de prácticas que en la Unión están prohibidas.

Por lo tanto, la UE regula el producto que entra en su mercado interior pero no regula el método de producción. Este elemento constituye el nudo gordiano de las negociaciones por la oposición que de los agricultores a aceptar tal situación.

La cuestión de forma cuestiona la legalidad del proceso de ratificación. El acuerdo contiene elementos comerciales, políticos y de medio ambiente que conllevan cláusulas democráticas, de patentes y derechos y libertades. Es decir, contiene elementos pertenecientes a la competencia exclusiva de la UE y otros elementos que pertenecen a la competencia compartida entre la UE y los Estados miembros.

Por lo tanto, al ser en principio un acuerdo mixto el TJUE deberá pronunciarse sobre la ratificación del acuerdo y determinar si deberá ser ratificado tanto por los Estados miembros como a la propia Unión.  En este sentido, se ha propuesto dividir el acuerdo en una parte comercial, cuya ratificación correspondería exclusivamente a la UE, y otra parte de asociación (mixto). De esta manera, se insta a una aplicación provisional del acuerdo.

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¿Qué futuro le espera al acuerdo UE-MERCOSUR?

No parece probable que esta opción sea viable porque el acuerdo en todo su contenido es mixto, no es puramente comercial y la parte comercial no puede separarse del resto de cláusulas que afectan directamente a las competencias de los Estados miembros. El TJUE tardará entre uno y dos años en pronunciarse, lo que hace postponer la entrada en vigor del acuerdo, al menos hasta 2027.  El acuerdo vuelve a estar inmerso en una situación de parálisis.

En conclusión, los obstáculos para que el acuerdo UE-MERCOSUR tenga vigencia reflejan los propios obstáculos y la desconfianza que impregnan el sistema internacional actual en reorganización. El multilateralismo y la cooperación se tornan cada vez más difíciles a nivel global. Además, las divisiones internas entre los Estados miembros de la UE y sus distintos grupos sociales también quedan patentes en la paralización de la ratificación del acuerdo.

No obstante, tal y como la Unión ya conoce, es en momentos de crisis donde el proyecto europeo forja su ADN e identidad. El hecho de que se haya paralizado el acuerdo testifica la consecución de normas internas de la UE. No sobra remarcarlo a día de hoy con el derecho internacional relegado a un segundo plano. Por consiguiente, se abre una oportunidad para debatir una posición común sobre este acuerdo y para reforzar, por extensión, el multilateralismo y la cooperación.

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Imperio otomano origen expansión y caída de una gran potencia histórica

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En este artículo se explica cómo surgió el Imperio otomano, quién estuvo detrás de su fundación y por qué acabó cayendo tras siglos de dominio en tres continentes.

Durante más de seis siglos, el Imperio otomano influyó de forma decisiva en la historia de Europa, Oriente Próximo y el norte de África.

No fue un imperio surgido de una gran hazaña inicial ni de una conquista fulminante. Creció despacio, aprovechando el desgaste de sus vecinos y ofreciendo algo muy valorado en la época: estabilidad. Esa combinación explica por qué logró mantenerse durante tanto tiempo.

En sus primeros años, los otomanos no parecían destinados a grandes logros. Partían de un territorio reducido, sin grandes ciudades ni una economía potente. Aun así, supieron adaptarse mejor que otros poderes de su entorno.

Mientras reinos y principados se desangraban en conflictos internos, ellos consolidaban su control y avanzaban con cautela. Esa forma de actuar les permitió asentarse sin provocar una resistencia generalizada.

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Con el paso de los siglos, el imperio alcanzó su máxima extensión y se convirtió en una potencia respetada y temida. Sin embargo, ese tamaño también trajo problemas. Gobernar territorios tan diversos exigía reformas constantes, y no siempre hubo voluntad ni capacidad para llevarlas a cabo.

Quién fundó el Imperio otomano y cómo empezó

El origen del Imperio otomano se sitúa a finales del siglo XIII en el noroeste de Anatolia. Su fundador, Osmán I, dirigía un pequeño principado fronterizo rodeado de rivales más grandes, pero también más debilitados. El Imperio bizantino apenas podía defender sus fronteras y el poder selyúcida estaba fragmentado.

Osmán supo moverse en ese contexto, atacaba cuando veía debilidad y pactaba cuando convenía. No buscó imponer cambios radicales a las poblaciones conquistadas. Permitió que muchas comunidades mantuvieran su religión y sus normas locales, siempre que aceptaran su autoridad y pagaran impuestos. Esa política redujo tensiones y facilitó la integración de nuevos territorios.

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Sus sucesores continuaron esa estrategia. El imperio creció hacia los Balcanes y Anatolia sin una oposición constante. La administración se organizó con eficacia y el ejército ganó disciplina. La toma de Constantinopla en 1453 consolidó ese proceso. La ciudad se convirtió en la capital imperial y en el símbolo definitivo del poder otomano.

Por qué cayó el Imperio otomano y cuándo terminó todo

La caída del Imperio otomano no fue repentina, sino que llegó tras décadas de desgaste. A partir del siglo XVIII, el atraso económico empezó a ser evidente. Mientras Europa avanzaba hacia la industrialización, el imperio mantenía estructuras económicas poco flexibles. Esa diferencia limitó su capacidad para competir y financiar reformas profundas.

El ejército, durante siglos una pieza clave, también perdió eficacia. Las reformas militares se toparon con resistencias internas y con una burocracia cada vez más corrupta. Las derrotas frente a potencias europeas se hicieron más frecuentes, y con ellas llegaron pérdidas territoriales difíciles de asumir.

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Además, el nacionalismo empezó a ganar fuerza dentro del imperio. Pueblos que habían convivido bajo el mismo gobierno comenzaron a reclamar independencia. Grecia logró separarse en 1830, y ese hecho marcó un precedente. A partir de ahí, las revueltas se multiplicaron y la cohesión interna se resintió.

La Primera Guerra Mundial fue el golpe definitivo. La alianza con Alemania colocó al Imperio otomano en el bando derrotado. Tras la guerra, las potencias vencedoras intentaron repartirse sus territorios y dejarlo reducido a la mínima expresión. En ese contexto surgió Mustafa Kemal Atatürk, que lideró un movimiento nacionalista decidido a romper con el pasado imperial.

En 1922 se abolió el sultanato. Un año después nació la República de Turquía. Con ese acto terminó oficialmente el Imperio otomano. Su desaparición no borró su legado. Muchas fronteras actuales y conflictos regionales se entienden mejor si se mira a esa larga historia de expansión, dominio y desgaste.

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¿Representa Estados Unidos un nuevo autoritarismo emergente?

En este artículo, Artiom Vnebraci Popa, alumno del  Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo, analiza el ascenso del trumpismo como una forma de autoritarismo adaptada al siglo XXI. A través del marco teórico de Jason Stanley, se exploran los elementos que lo diferencian del fascismo clásico. El texto recorre dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales para mostrar cómo se erosiona la democracia desde dentro.

La duda sobre si Estados Unidos de América, bajo la administración trumpista, representa una nueva forma de autoritarismo requiere un análisis más allá de la retórica mediática. Algunos incluso consideran que podría tratarse de un embrión fascista.

Usando el marco interpretativo y analítico del filósofo del lenguaje Jason Stanley en su obra How Fascism Works, se pueden constatar dinámicas autoritarias identificables en la política estadounidense contemporánea. Esto permite evaluar si estos patrones convergen con el fascismo histórico o representan una nueva tipología autoritaria del siglo XXI.

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Así, Stanley propone diez puntos para valorar la tendencia autoritaria de un Estado o un actor político:

  1. Un pasado mítico que el gran líder rememora.
  2. La propaganda que necesita que las noticias sean falsas.
  3. El anti-intelectualismo.
  4. La irrealidad (porque el fascismo histórico y el autoritarismo busca terminar con la verdad y que en su lugar emerjan teorías conspirativas).
  5. La jerarquía naturalizada (en la medida en que la política fascista necesita de un grupo que domine a los demás).
  6. La victimización de ese grupo dominante.
  7. El orden público que necesitan los «desobedientes por naturaleza». 
  8. La política de la ansiedad sexual (negación de identidades de género y sexualidades no-normativas).
  9. Pensar la ciudad como «Sodoma y Gomorra» (binomio pureza-decadencia/rural-urbano).
  10. La idea de que el trabajo te hará libre (arbeit macht frei).

El pasado mítico, Trump y MAGA («Make America Great Again«)

El eslogan del movimiento MAGA (Hacer América grande de nuevo) define la clásica invocación de una edad de oro ficticia. Tal instrumentalización de la nostalgia por parte del líder principal de este movimiento (Donald Trump) promueve una visión política de Estados Unidos previa a los movimientos por los derechos civiles.

Según esta visión, y supuestamente en ese entonces, existía una mayor cohesión social y una menor confluencia de conflictos. Esto es cierto sólo parcialmente si se considera la cosmovisión de los colonos blancos europeos después de los genocidios y saqueos de los pueblos indígenas. 

Asimismo, «restaurar» una posible grandeza implicaría retroceder en derechos humanos de mujeres y de múltiples grupos minoritarios. Estos derechos han sido conquistados a sangre y sudor durante los últimos cien años.

Control propagandístico, pos-verdad e irrealidad en Estados Unidos

La administración Trump ha comenzado a insertar un ecosistema mediático-digital alternativo donde la verdad fáctica es regularmente trivializada. Asimismo, la actitud burlesca y la hostilidad sistemática hacia periodistas críticos (manifestada en el explícito rechazo a no responder preguntas críticas) y las mofas públicas a sectores intelectuales, configura un patrón de deslegitimación institucional progresivo.

Esto ha llegado a materializarse en demandas legales contra universidades, medios de comunicación y organizaciones internacionales de derechos humanos. En palabras más sencillas, se trata de una estrategia de intimidación que busca anestesiar y amputar el escrutinio independiente.

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También, uno de los desarrollos más alarmantes de 2025 fue la persecución sistemática de bufetes de abogados que representaron casos contra Trump o sus aliados. Mediante órdenes ejecutivas, la administración sancionó firmas como Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block, Susman Godfrey y Paul Weiss, suspendiendo sus acreditaciones de seguridad, prohibiendo el acceso a edificios federales y terminando contratos gubernamentales.

El caso de Paul Weiss es particularmente revelador: para evitar la sanción, el bufete acordó proporcionar 40 millones de dólares en servicios legales pro-bono alineados con la agenda de la administración y discontinuar sus políticas de diversidad. Esto establece un precedente donde los abogados deben demostrar lealtad política para ejercer su profesión.

Cabe mencionar también la marginación de republicanos que no están de acuerdo con la agenda MAGA. La eliminación del disenso interno y la exigencia de lealtad absoluta al líder, por encima de principios ideológicos o institucionales, definen un tipo de purga existencial. En este contexto, traicionar al personalismo equivale a traicionar los ideales y, por consiguiente, a la nación.

A su vez, la propuesta de revisar las redes sociales a inmigrantes y turistas en búsqueda de posibles críticas hacia Estados Unidos o sus valores caracteriza una de las manifestaciones más orwellianas del trumpismo.

Por otro lado, el Departamento de Estado exigió que los patrocinadores de programas de intercambio académico reporten denuncias de «acciones antisemitas proscritas» y «actividad terrorista o apoyo al terrorismo». Estos son términos deliberadamente vagos que pueden incluir prácticamente cualquier crítica a políticas israelíes o estadounidenses.

A su vez, y a raíz de los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en las manifestaciones en Minneapolis, Gregory Bovino (jefe del ICE) ha afirmado que ambos representaban una obstrucción y peligro para los oficiales de seguridad. Así, a pesar de que el análisis frame por frame confirmase que no había ningún tipo de peligro letal por parte de Renée Good o Alex Pretti, la administración trumpista ha abogado por la estrategia orwelliana de: “El partido te dijo que rechazaras la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden final, la más esencial”.

El problema es que tales propuestas y dinámicas administrativas no solo violan la Primera Enmienda. También establecen que la disidencia política es un criterio de exclusión, cuando en la sociedad norteamericana la disidencia ha sido tradicionalmente un motivo de orgullo histórico.

Anti-intelectualismo como orgullo de base en Estados Unidos

El desprecio público y sistemático hacia la Academia, los artistas, los expertos y los científicos es un elemento central de la ofensiva autoritaria de la agenda MAGA. Esta descalificación del intelecto y del pensamiento crítico que cuestione a cualquier administración favorece el rechazo al conocimiento especializado. Además, normaliza la «vagancia» de la pasividad intelectual.

Jerarquía y perfilación racial 

Las políticas migratorias de la administración Trump revelan una jerarquización de la ciudadanía, la legalidad y la cultura. La expulsión masiva de migrantes, las operaciones fronterizas cada vez más agresivas y la narrativa que presenta a ciertos grupos como amenazas existenciales (Black Lives Matter, Antifa, migrantes, mujeres liberales, minorías sexuales, entre otros), construyen una estructura jerárquica. En ella, algunos seres humanos son considerados inherentemente menos valiosos o menos dignos de derechos. 

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También, la tendencia a la victimización del hombre blanco cristiano se encuentra insertada parcialmente en el discurso republicano y completamente en el marco interpretativo de MAGA.

Por otro lado,ICE (Immigration and Customs Enforcement) comienza a codificarse como un posible futuro embrión paramilitar. Y es que el caso de esta agencia merece una atención especial. A pesar de que formalmente se considera una agencia federal, su tipo de operatividad y su poca transparencia la acercan a formaciones paramilitares-estatales.

Si a esto se le suma la suspensión de garantías constitucionales en zonas fronterizas, el panorama se agrava. También influye la difícil rendición de cuentas por el uso de la fuerza y las formas de detención, así como las muertes bajo custodia. Además, se cultiva una identidad corporativa unificada dentro de la propia agencia. El resultado es un cóctel que legitima la violencia estatal aplicada a minorías migrantes o a quien haga falta. Esto ya se demostró con el asesinato a quemarropa de una mujer estadounidense blanca.

Esto, a su vez, sugiere una institución que funciona y opera fuera de los límites del Estado de Derecho.

Represión de las manifestaciones y enaltecimiento del «orden público«

Durante el primer año de su mandato, la administración Trump intensificó la represión de manifestaciones y congregaciones públicas. Estas acciones se dirigieron contra quienes antagonizan las decisiones del gobierno actual.

Lo realmente alarmante del caso fueron (y son) los despliegues de tropas federales en ciudades controladas por demócratas, como Portland, San Francisco, Nueva York y Chicago. Esta intervención militar doméstica se justificó bajo pretextos de «seguridad» y supuesto crimen. En la lógica del fascismo clásico, la ciudad se asocia al pluralismo y a la diversidad racial, y por ello se percibe como un nodo de decadencia y corrupción moral.

Lo rural, en cambio (bajo la ideología tradwifista), se considera sinónimo de corrección moral. En septiembre del mismo año, el Departamento de Defensa fue cambiado por el Departamento de Guerra, un acto simbólico que revela las intenciones agresivas del trumpismo ante el mundo.

El despliegue o amenaza de despliegue de fuerzas armadas contra poblaciones civiles estadounidenses marca una línea roja democrática. Históricamente, esta ha sido la distinción entre gobiernos autoritarios que usan el ejército contra sus propios ciudadanos, y democracias que mantienen separación clara entre fuerzas armadas y aplicación de ley doméstica. Esta tendencia se llama boomerang imperialista (definido como prácticas de control, violencia y dominación que ejerce un Estado en el exterior, terminan aplicándose al interior de ese mismo Estado contra su propia población autóctona).

Por último, a esto se debe sumar la correlación con la empresa privada Palantir. Esta desarrolla algoritmos predictivos basados en directrices de persecución, seguimiento y vigilancia masiva de la ciudadanía, bajo órdenes del actual gobierno.

Aversión a la diversidad de género en Estados Unidos

En paralelo, las identidades de género y sexuales no-normativas son vistas como síntomas de esa misma corrupción, decadencia y colapso civilizatorio. El autoritarismo busca no solo enemigos externos, sino también internos; y si no lo encuentra en ideologías antagonizantes, lo buscará en identidades disidentes.

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La firma de la orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, titulada Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth To The Federal Government, establece que el gobierno federal solo reconoce dos sexos: masculino y femenino. Esta medida legitima formas tanto formales como informales de represión del espacio urbano asociado a la diversidad. También impone una configuración disciplinaria de los cuerpos en nombre de un supuesto orden y de una irreal normalidad perdida.

¿El trabajo nos hará libres? O la incongruencia del modelo estadounidense

La lógica privatizadora del modelo estadounidense (antes de Trump) ya consideraba la productividad laboral como criterio moral de pertenencia.Es decir, sólo quien trabaja y produce merece derechos básicos.

Pero la administración trumpista ha logrado acelerar y exagerar tal cosmovisión al glorificar al trabajador «productivo y obediente» frente al estigma de los que quedan fuera de tal ideal (desempleados, trabajadores «en negro», migrantes, beneficiarios de programas sociales, etc.). Estos son vistos como improductivos y amenazas a la estabilidad del orden económico estadounidense. Tal cosmovisión condiciona el acceso a servicios y derechos por el valor socioeconómico percibido de cada individuo.

Así, en este ecosistema de precariedad, la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, ha erosionado capacidades estatales vitales. Entre ellas se encuentran la administración pública, la seguridad social y el procesamiento de beneficios. Esto ha ocurrido mediante la reducción del funcionariado federal, reestructuraciones, despidos y pérdida de personal técnico estratégico. Como consecuencia, se debilita el Estado de Bienestar tradicional y su función distributiva.

Asimismo, la congelación o recorte de ayudas sociales y fondos federales para programas de apoyo ambiental o social subordina aún más la dignidad humana a criterios de productividad. Esta dinámica refuerza una lógica en la que el trabajo precario sin queja y la lealtad al régimen predominan sobre la universalidad de derechos y la protección social.

El broche de oro: neocolonialismo y agresividad de Estados Unidos en la política exterior

Las recientes presiones de Trump en política exterior hacia Venezuela y Groenlandia revelan una proyección imperialista renovada que erosiona aún más la legalidad internacional. 

El hecho de que Groenlandia (territorio autónomo bajo soberanía danesa y parte de la OTAN) pueda ser incorporada a Estados Unidos por motivos de «seguridad nacional», evoca recuerdos regresivos a dinámicas colonialistas de los siglos XVIII y XIX. Este impulso ha tensado aún más las relaciones con la Unión Europea, después de posicionarse en múltiples posturas con la Federación Rusa y Vladimir Putin (algo nuevo, también, en la emergencia de nuevos autoritarismos globales que superan sus rencillas históricas y ven la cooperación desde el prisma de valores existenciales compartidos).

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A su vez, la firma de un memorando para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales bajo el argumento de que «operan en contra de los intereses estadounidenses«, ha puesto otro clavo en la cooperación global en temas variados como derechos humanos, clima, migración y desarrollo.

Este giro político no puede considerarse únicamente en clave autárquica o aislacionista. Implica un desmantelamiento deliberado de redes institucionales que limitan la acción unilateral del poder ejecutivo, crean espacios de impunidad y reducen los mecanismos de escrutinio transnacional.

Conclusión: ¿fascismo clásico o autoritarismo del siglo XXI?

Los puntos analizados a lo largo de este análisis muestran que el fenómeno Trump/MAGA no reproduce fielmente el fascismo histórico europeo, pero tampoco puede entenderse como una simple anomalía retórica dentro del liberalismo democrático. Más bien, se podría definir por una tipología autoritaria híbrida, adaptada a las condiciones políticas, económicas y tecnológicas del siglo XXI.

A diferencia del fascismo clásico, esta forma de poder no requiere la abolición inmediata de las instituciones democráticas. Opera mediante su ocupación, distorsión y vaciamiento progresivo, preservando elecciones, tribunales y marcos legales, mientras reduce su capacidad de control efectivo.

En el plano económico, el autoritarismo trumpista no persigue una economía estatizada. Busca una simbiosis entre poder político y capitalismo corporativo, donde las élites económicas conservan autonomía a cambio de alineamiento ideológico y funcional. A ello se suman tecnologías de vigilancia y control social, impensables para los regímenes fascistas del siglo XX. Estas permiten una gestión más selectiva, preventiva y despolitizada de la disidencia. Además, un ecosistema mediático fragmentado sustituye el monopolio propagandístico por la coexistencia de realidades informativas paralelas.

En conjunto, estos factores sugieren que Estados Unidos no enfrenta un retorno literal del fascismo. En su lugar, se observa la consolidación de un autoritarismo post-liberal, electoralmente legitimado, culturalmente polarizado y tecnológicamente asistido. Su peligrosidad reside en su capacidad para normalizar la erosión democrática sin necesidad de romperla abiertamente.

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¿Qué es el ICE de Estados Unidos y qué funciones tiene?

Aprende qué es el ICE, cuáles son sus funciones y cómo actúa dentro de EEUU en materia de inmigración, detención y deportaciones.

En las noticias sobre migración hacia Estados Unidos aparece una sigla que se repite una y otra vez: ICE. Muchas personas la asocian con redadas, deportaciones y centros de detención, mientras que otras la relacionan con la lucha contra el crimen organizado internacional. Sin embargo, el alcance real de esta agencia es mucho más amplio que las imágenes que suelen aparecer en los medios. Entender su origen, su estructura y sus poderes resulta fundamental para comprender la política migratoria estadounidense actual.

¿Qué es el ICE?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas es una agencia policial federal adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración y de aduanas dentro del territorio estadounidense. Nació en 2003, cuando el gobierno reorganizó varias estructuras previas como el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización y parte del Servicio de Aduanas, integrándolas en un nuevo organismo orientado a la seguridad interior. Su misión declarada es proteger la seguridad fronteriza, económica y de infraestructuras, persiguiendo tanto la inmigración irregular como determinadas actividades criminales que afectan a Estados Unidos.

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¿Cuáles son sus funciones?

Las funciones principales del ICE se agrupan en dos grandes áreas operativas: las investigaciones de seguridad nacional (HSI) y las operaciones de cumplimiento y expulsión (ERO). Por un lado, la agencia investiga delitos como el tráfico de personas, el contrabando de drogas y armas, el blanqueo de capitales o el fraude migratorio, muchas veces con dimensión internacional. Por otro, localiza, detiene, custodia y expulsa a extranjeros en situación irregular que cuentan con órdenes de deportación o han infringido la normativa migratoria.

Estructura interna y componentes

El ICE está organizado en varias direcciones clave: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO) y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA), además de áreas de gestión y administración.

  • HSI concentra las funciones de investigación criminal y colabora con otras agencias federales y autoridades extranjeras en casos complejos relacionados con crimen transnacional.
  • ERO es la cara más visible hacia la opinión pública, porque se ocupa de arrestos administrativos, gestión de centros de detención y coordinación de traslados y expulsiones.

La agencia cuenta con decenas de miles de empleados, entre agentes, analistas, personal administrativo y equipos jurídicos, distribuidos en centenares de oficinas en todo el país y en misiones diplomáticas en el extranjero. Su presupuesto anual ronda varios miles de millones de dólares, destinados principalmente a operaciones de campo, centros de detención, logística, tecnología e investigación.

Diferencias con otras agencias migratorias

Aunque muchas veces se confunde el papel de los distintos organismos, el ICE no patrulla las fronteras. Esa función corresponde principalmente a la Patrulla Fronteriza, integrada en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El ICE actúa sobre todo dentro del territorio estadounidense, realizando redadas en lugares de trabajo, domicilios u otros espacios donde se sospecha la presencia de personas en situación irregular o vinculadas a delitos. Además, su estrategia combina la dimensión migratoria con la aduanera, supervisando flujos de mercancías y capital cuando se vinculan a delitos federales.

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Alcance legal y poderes de actuación

Los agentes del ICE tienen autoridad para detener a personas sospechosas de infringir las leyes de inmigración y aduanas, siempre dentro del marco de los estatutos federales y las regulaciones vigentes. Además, tienen multitud de poderes y competencias. Entre ellas, pueden realizar arrestos administrativos por infracciones migratorias, presentar casos ante tribunales de inmigración y gestionar la custodia de personas en proceso de deportación. Asimismo, en el ámbito de investigaciones criminales, pueden ejecutar órdenes de registro, incautar bienes vinculados a delitos y coordinarse con cuerpos policiales locales y estatales.

Debate público por sus actuaciones

El ICE se ha convertido en una de las agencias más polémicas del gobierno estadounidense debido al impacto humano de sus redadas, detenciones y deportaciones. Organizaciones de derechos humanos critican condiciones en algunos centros de detención, denuncias de detenciones de ciudadanos por error y el efecto disuasorio sobre comunidades migrantes que temen acudir a servicios públicos. Frente a ello, la agencia y sus defensores sostienen que su trabajo es esencial para la seguridad nacional y para combatir redes de crimen organizado que se aprovechan de los flujos migratorios.

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Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos (NDS 2026): doctrina, prioridades y consecuencias estratégicas

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 consolida una doctrina de poder postnormativa basada en fuerza, autonomía industrial y reparto de cargas con los aliados.

La Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos 2026 (National Defense Strategy, NDS) representa uno de los giros doctrinales más relevantes de la política de seguridad estadounidense desde el final de la Guerra Fría. Más que una actualización técnica, el documento formaliza una redefinición profunda del uso de la fuerza, la gestión de alianzas y el papel de Estados Unidos en el sistema internacional.

La NDS 2026 parte de una premisa clara: el orden internacional posterior a 1991 ya no garantiza la seguridad ni los intereses estratégicos de Washington. En consecuencia, Estados Unidos abandona cualquier pretensión de liderazgo normativo universal y adopta una lógica explícita de disuasión, coerción y priorización de intereses nacionales, bajo la idea de «paz a través de la fuerza».

Un diagnóstico sin ambigüedades: del ajuste a la ruptura estratégica

Uno de los elementos más relevantes de la Estrategia de Defensa Nacional 2026 es su diagnóstico de ruptura, no de transición. El documento describe un entorno caracterizado por la rivalidad entre grandes potencias, la erosión de las normas internacionales y la proliferación de amenazas simultáneas en múltiples dominios: militar, económico, tecnológico y cognitivo.

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Desde la óptica estadounidense, las últimas décadas estuvieron marcadas por un exceso de idealismo estratégico. La apuesta por el nation-building, las operaciones prolongadas de estabilización y la dependencia excesiva de aliados con escasa capacidad real de disuasión habrían debilitado la preparación militar y la base industrial de defensa.

La NDS reconoce abiertamente que este enfoque ha incrementado el riesgo de conflictos simultáneos en varios teatros, incluyendo escenarios de guerra de alta intensidad entre Estados.

«America First» como doctrina de defensa, no como aislacionismo

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 redefine el concepto de America First en clave estrictamente militar y estratégica. No se trata de un repliegue aislacionista, sino de una jerarquización explícita de amenazas, compromisos y aliados.

Estados Unidos afirma que no todas las crisis merecen el mismo nivel de implicación, ni todos los socios estratégicos el mismo grado de protección. Esta lógica introduce una clara ruptura con el discurso tradicional de seguridad colectiva universal y consolida un enfoque selectivo, condicionado y transaccional de las alianzas.

Defensa del territorio nacional y del hemisferio occidental

La prioridad absoluta de la NDS 2026 es la defensa del territorio estadounidense, entendida de forma ampliada. No se limita a las fronteras físicas, sino que incluye el espacio aéreo, el ciberespacio, el dominio nuclear y el control de enclaves estratégicos clave en el hemisferio occidental.

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En este marco, la estrategia recupera y actualiza la Doctrina Monroe, incorporando lo que el documento denomina el Trump Corollary. Este enfoque legitima el uso de instrumentos militares, económicos y coercitivos para impedir la presencia o influencia de potencias rivales en zonas consideradas vitales para la seguridad estadounidense, como Groenlandia, el Canal de Panamá o las principales rutas marítimas del continente americano.

Este planteamiento supone una militarización explícita de la seguridad hemisférica, con implicaciones directas para América Latina y el Ártico.

China como desafío estratégico central

La Estrategia de Defensa Nacional identifica a China como el principal competidor estratégico de Estados Unidos y el único actor con capacidad real para disputar el equilibrio de poder a escala global. El documento descarta explícitamente la búsqueda de un cambio de régimen en Pekín o una confrontación directa innecesaria.

En su lugar, Washington adopta una lógica de disuasión por negación (deterrencebydenial) en el Indo-Pacífico. El objetivo es impedir que China pueda imponer hechos consumados, especialmente en escenarios como Taiwán o el Mar de China Meridional, mediante una combinación de superioridad militar, alianzas regionales y control del entorno operativo.

La disuasión deja de ser simbólica o declarativa para convertirse en capacidad material demostrable, con énfasis en presencia avanzada, interoperabilidad aliada y superioridad tecnológica.

El nuevo enfoque sobre las alianzas: reparto de cargas y condicionalidad

Uno de los aspectos más disruptivos de la NDS 2026 es su tratamiento de las alianzas. Estados Unidos reafirma su compromiso con estructuras como la OTAN y con aliados clave en Asia, pero exige una redistribución radical de responsabilidades.

Europa debe asumir la defensa convencional frente a Rusia.
Los aliados asiáticos deben liderar la contención regional de China y Corea del Norte. En Oriente Medio, los socios regionales deben responsabilizarse de la disuasión frente a Irán y sus actores proxy.

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Estados Unidos ofrece apoyo estratégico, inteligencia, tecnología avanzada y disuasión nuclear, pero rechaza seguir actuando como proveedor principal de seguridad sin contrapartidas claras.

Reindustrialización y base industrial de defensa: la guerra como fenómeno industrial

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 identifica la base industrial de defensa como uno de los principales puntos débiles acumulados durante décadas. Sin capacidad de producción sostenida, rápida y a gran escala, la superioridad militar resulta insostenible en conflictos prolongados.

El documento apuesta por una movilización industrial nacional, comparable a las grandes fases de rearme del siglo XX. Esto incluye la relocalización de industrias críticas, la aceleración de la producción de municiones y plataformas, la integración de inteligencia artificial y la reducción de barreras regulatorias.

La guerra futura se concibe no solo como un enfrentamiento militar, sino como un conflicto industrial, tecnológico y logístico.

El problema de la simultaneidad y la lógica del endurecimiento estratégico

Uno de los conceptos centrales de la NDS 2026 es el denominado «problema de la simultaneidad». Washington asume que varios adversarios podrían actuar de forma coordinada u oportunista en distintos teatros, explotando la dispersión de recursos estadounidenses.

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Esta hipótesis explica el endurecimiento del discurso, el aumento del gasto en defensa y la presión sobre aliados. La disuasión eficaz, según la estrategia, solo puede lograrse mediante una combinación de fuerza propia preparada para múltiples escenarios y alianzas con capacidad real, no meramente declarativa.

Implicaciones estratégicas globales de la NDS 2026

La nueva Estrategia de Defensa Nacional tiene consecuencias sistémicas claras para el orden internacional. Normaliza el uso preventivo y coercitivo de la fuerza en defensa de intereses vitales, reduce el peso práctico del derecho internacional frente a la lógica del poder y acelera la fragmentación del sistema global en bloques estratégicos.

Para los aliados, la NDS plantea un dilema creciente: desarrollar una autonomía estratégica efectiva o aceptar una dependencia condicionada y cada vez más exigente de Washington.

Conclusión: una doctrina militar para un mundo postnormativo

La Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos 2026 no pretende restaurar el viejo orden liberal ni ofrecer garantías universales. Es una doctrina de poder diseñada para un entorno que Washington considera abiertamente postnormativo, competitivo y estructuralmente inestable.

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Estados Unidos propone estabilidad desde la fuerza, negociación desde la superioridad y alianzas basadas en intereses compartidos, no en dependencia automática. Para aliados y adversarios, el mensaje es inequívoco: la era de la ambigüedad estratégica y de la seguridad subvencionada ha terminado.