La sequía en China puede llegar a provocar una crisis de desabastecimiento a nivel mundial en un contexto ya afectado por la inflación causada por la pandemia, los precios de la energía o la guerra en Ucrania.
El río Yangtsé es el más largo de china y el tercero del mundo en cuanto a longitud (detrás del Amazonas y del Nilo africano). Este río provee a un tercio de la población del gigante asiático posicionándose así como crucial para la economía y la cadena de suministros tanto nacional como global. La sequía en China puede llegar a provocar una crisis de desabastecimiento a nivel mundial en un contexto ya afectado por la inflación causada por la pandemia, los precios de la energía o la guerra en Ucrania.
Según analistas internacionales como Eduardo Saldaña, co-director de EOMy Profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute la sequía en China no solo impacta en el país. Entre los motivos de preocupación estarían, según el analista, el posible impacto en los precios de los alimentos, la influencia en los precios de la energía y los problemas derivados en la producción y cadenas de suministro global.
Aunque China ocupa el cuarto lugar en cuanto a reservas de agua dulce, es el segundo país del mundo con menor suministro de agua per cápita. El nivel del agua ha descendido una media de 1,5 metros al año desde 1990. En 1997, el río Yangtsé, que recorre el este asiático, se secó 780 kilómetros. Al mismo tiempo, la contaminación producida por la industria y los fertilizantes agrícolas han ocasionado qué gran parte del agua del río no sea apta el consumo.
Este verano, la ola de calor y el aumento de la demanda energética, y, como ya hemos mencionado, ha ocasionado la sequía del río Yangtsé, del que dependen varias regiones chinas. El Yangtsé, fluye a través de 19 provincias, abasteciendo a casi 600 millones de personas. En su rivera, están localizadas muchas de las compañías exportadoras en China, como Volkswagen, Toyota o Foxconn.
Además, el Yangtsé es el combustible de miles de centrales hidroeléctricas. Debido a la sequía del río, muchas de las centrales se han cerrado. Como resultado, varias empresas que dependían de la energía hidroeléctrica han tenido que parar su producción. Con la falta de flujo original, el extenso sistema hidroeléctrico de China ha ocasionado problemas en Sichuan, provincia cuyageneración de energía depende en un 80 % del río
China lanzó la semana pasada la primera alerta nacional de sequía del año después de que regiones como Shanghái experimentaran temperaturas extremas. Según el Centro Nacional del Clima la ola de calor que se está viviendo en China es la más larga desde que existen registros y ya dura dos meses.
Esta situación obliga a las autoridades del país a buscar métodos innovadores para tratar de garantizar el suministro de alimentos clave (como el arroz o la soja) en zonas del centro y suroeste de China. Entre ellas se encuentra la de los conocidos como «cazadores de nubes». Distintos departamentos meteorológicos de las provincias de Hubei y Hunan ya están utilizando esta técnica que consiste en aviones que disparan hacia el cielo cohetes con sustancias condensadoras como varillas de yoduro de plata para sembrar nubes y provocar lluvias.
Las altas temperaturas y la sequía presente en China, podrían provocar una crisis de desabastecimiento a nivel global. Los falta de suministro energético, ha provocado que las empresas que detienen la producción. Además, la escasez de agua influye en la producción de alimentos y en su suministro. Teniendo en cuenta los 1.400 millones de habitantes de China, lo que ocurre políticamente en el país es un problema mundial. La escasez agua de agua en China tiene consecuencias a nivel mundial.
En primer punto, la escasez de agua y su impacto en la economía podría afectar a la estabilidad política de la nación. China produce aproximadamente el 24% de la producción mundial de cereales. Por lo tanto, la caída de la producción acrecentará la crisis alimentaria actual, ocasionada por la pandemia y la guerra en Ucrania.
Además, la gestión del agua, está cada vez más relacionados con la calidad de los alimentos. También con los problemas de salud dentro y fuera del Estado chino, gran exportador de productos alimentarios. En la actualidad, China produce alrededor del 70% de todo el pescado de piscifactoría del mundo y se ha convertido en el mayor exportador de pescado del mundo. La escasez de agua, sumado a los residuos municipales e industriales, han sido fuentes de contaminación del agua de las piscifactorías chinas.
China y «la torre de agua de Asia»
Cabe destacar que en China los glaciares del Himalaya y el manto de nieve de la meseta tibetana son la fuente que nutre a los ríos chinos. El deshielo del Himalaya y la escasez de nieve en el Tíbet, sucesos ocasionados por el cambio climático, tendrá graves consecuencias para los ríos chinos. Estos alimentan y riegan la población de China y a la de los países del Sur y del Sudeste de Asia.
Los principales ríos que recorren Asia tienen su origen en la meseta tibetana. Sus cauces abastecen a un total de 1,3 millones de personas en el Sur y Sudeste asiático. Por lo tanto, la sequía, traería consecuencias no solo para China, sino también para el resto de países de la región.
Por este motivo, se dice que China controla la «torre del agua de Asia». El «control» del agua, otorga al Estado poder estratégico en el continente asiático. La Academia de Ciencias china, especula que el deshielo de los glaciares y las nevadas anuales de la región alimentan ríos que abastecen al 47% de la población mundial.
También sugiere que la región del Himalaya se verá afectada por el aumento de las temperaturas. Según las estimaciones, el deshielo incrementará los caudales en un primer momento. Sin embargo, a largo plazo, la escorrentía acabará disminuyendo, lo que resultará en la escasez de agua.
Según un estudio chino de 2007, los glaciares del Himalaya podrían disminuir en un tercio para 2050 y en la mitad para 2090. La pérdida prevista de recursos hídricos tendría un impacto negativo en el abastecimiento de agua, la producción de alimentos de China y la inflación mundial.
La gestión ineficiente del agua comenzó durante el periodo maoísta (1949-1978). A partir de 1949, el gobierno de la República Popular China, trató de promover el rápido desarrollo agrícola e industrial.
La expansión de las instalaciones de regadío dio lugar a la explotación masiva de los suministros de aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo, el gobierno no dio importancia con a la conservación de la calidad del agua. Desde 1978, año en el que China comienza a expandir su economía, la gestión del agua ha sido cada vez menos eficiente.
poder establecer unas características comunes de las personas que cometen delitos en el ciberespacio sería especialmente útil para poder prevenirlos.En este artículo profundizamos sobre el perfil de los ciberdelincuentes.
En las últimas décadas, como consecuencia de un mundo cada vez más globalizado y dependiente de Internet, no solo ha aumentado el número de usuarios en la red, sino también los ciberdelitos. Solo en España, se cometen cuarenta ciberdelitos por segundo.Un ciberdelito, como su propio nombre indica, hace referencia a un acto ilegal que se comete en el entorno digital. No obstante, ¿quién está detrás de los ciberdelitos?
El poder establecer un perfil y unas características comunes de los ciberdelincuentes sería especialmente útil para prevenir estos ataques cibernéticos. Por ello, en la última década, las autoridades e instituciones expertas en ciberseguridad han señalado la ciberdelincuencia como un problema relevante y que cada día afecta a más personas.
La Organización de las Naciones Unidas abordó esta problemática en el XIICongreso sobre ‘’Prevención del Delito y Justicia Penal’’ y estableció que no existía un perfil común debido a las características tan heterogéneas del ciberdelincuente.
Predominio del perfil masculino entre los ciberdelincuentes
A pesar de la complejidad de establecer un perfil concreto del ciberdelincuente, todas las investigaciones y estudios llevadas a cabo han llegado a una conclusión común: existe un predominio claro del perfil masculino.
Empresas expertas en ciberseguridad como Digiware han desarrollado estudios a gran escala en América Latina y han podido acotar algo más las características de los delincuentes digitales. Se trata, en su mayoría, de hombres de entre 14 y 50 años. Por su vulnerabilidad, normalmente los delitos están dirigidos hacia menores. También la ONU, en uno de sus informes señaló que la media de edad en los ciberdelincuentes estaba en torno a los 35 años y que un 70% son hombres.
En España existe muy poca investigación acerca de la ciberdelincuencia según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría del Estado de Seguridad, el 76% de los detenidos por delitos en la red son hombres de nacionalidad española y el principal delito que se comete es contra la libertad e indemnidad sexual’.
Aislamiento y superioridad: algunos rasgos de los ciberdelincuentes
Según Jesús P. López, director del bufete Abogado Amigo y experto en casos de ciberdelincuencia, los ciberdelincuentes se caracterizan por un sentimiento de superioridad en la mayoría de los casos. Confían en sus capacidades y en que no pueden ser descubiertos por las autoridades. «La frase más repetida es ‘a mi no pueden pillarme’”, añade el CEO de Abogado Amigo en unasdeclaraciones concedidas al periódico 20 minutos.
A pesar de la imagen que algunas películas han plasmado sobre los ciberdelincuentes, suelen ser personas con bastante autoestima y seguras de sí mismas. Tampoco cumplen las características estéticas que se describen en los libros o en la pantalla grande, a excepción de algunos grupos de criminales que utilizan distintivos específicos a modo de sello personal.
Esta sensación de superioridad y seguridad radica del aislamiento de los ciberdelincuentes en sus lugares de actuación, es decir, no necesitan mantener contacto físico con la víctima para cometer un delito sobre ella. Pero esto no tiene nada que ver, una vez más, con el prototipo de ciberdelincuente que carece de habilidades sociales y que no es capaz de relacionarse socialmente. No se ha establecido una relación entre patologías o trastornos de la personalidad y este tipo de criminales.
Por lo general, son personas formadas de forma autodidacta. Aprenden a navegar por la red y a delinquir a través de páginas webs, blogs o foros, por lo que, aunque en la mayoría de los casos son personas con conocimientos no suelen haber recibido formación profesional. No existe una relación entre el nivel educacional y el perfil de los ciberdelincuentes. Sin embargo, según los expertos, suelen ser personas dispuestas a aprender pero, normalmente, a través de medios no convencionales.
Motivaciones personales y económicasde los ciberdelincuentes
De la misma forma que establecer un perfil psicológico general de los ciberdelincuentes es complejo, los motivos que llevan a estas personas a delinquir también varían. Por un lado, muchos de estos delincuentes comenzaron motivados por una curiosidad o como una forma de desafiarse personalmente y ver hasta dónde pueden llegar. No obstante, no todos los comienzos se producen de forma tan “casual”. Existen ciberdelincuentes que motivados por un conflicto del pasado o ideologías extremistas, recurren a los ataques digitales como forma de venganza.
Como consecuencia de su presencia en la red, muchos ciberdelincuentes acaban posicionándose de alguna forma acerca del sistema económico y político de su lugar de residencia. Por lo general, suelen ser críticos con los salarios y las rentas, considerando que no son suficientes para ellos.
¿Qué tipos de ciberdelincuentes existen?
Marcus Rogers, psicólogo y experto en el comportamiento de los hackers, clasificó en su obra The Psychology of Hackers: The Need for a New Taxonomy cinco modelos de ciberdelincuentes que pueden ayudar a entender los tipos de perfiles existentes:
Toolkit/newbies y scriptkiddies: novatos en el uso de la tecnología, con algunas habilidades técnicas y conocimientos muy bajos; suelen utilizar un software ya preparado.
Cyberpunks: capaces de escribir programas pequeños, que utilizan principalmente para alterar páginas web, enviar correos spam, realizar actos vandálicos en el ciberespacio, etc.
Internals: empleados o ex empleados de una organización o empresa. Dañan el sistema de la compañía por venganza. Sus ataques no se basan en habilidades técnicas, sino en su conocimiento preciso del nivel y tipo de seguridad presente dentro de la organización. Coders (codificadores): que escriben códigos destinados exclusivamente a dañar otros sistemas.
Old-guard hackers: piratas informáticos que siguen los preceptos de la primera generación de hackers, también llamados true hackers o piratas informáticos auténticos, altamente calificados, sin intención criminal, que abrazan un código de comportamiento en el mundo virtual.
Professional criminals y cyberterrorists: son las categorías más peligrosas, tratándose de crackers con elevados conocimientos y especializados en espionaje industrial y operaciones de inteligencia contra gobiernos, agencias de seguridad nacional, etc.
A la hora de diferenciar y clasificar el perfil de los ciberdelincuentes y, con la influencia de la caracterización que películas y libros han hecho de este tipo de delincuentes, se comete el error de identificarlos como hackers.
«Un hacker es una persona con grandes habilidades en el manejo de los ordenadores, que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Los que utilizan esos conocimientos con fines delictivos, no son hackers, son cibercriminales», explica Roberto López, Profesor de LISA Institute.
Un artículo del colaborador de la Asociación para las Naciones Unidas en España, Marc Morros Bo, sobre la situación económica actual de inflación global y su relación con los derechos humanossegún la ONU.
A comienzos de 2022 se publicó el informe de la ONU «Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2022» (WESP, por sus siglas en inglés) en el que se pronosticaba un crecimiento del PIB mundial del 4% en 2022 y del 3,5% en 2023, comparativamente inferior al del 5,5% registrado en 2021. Sin embargo, el mundo vive hoy inmerso en altos niveles de inflación que pueden terminar llevando a un empeoramiento de dichas perspectivas, con el consiguiente impacto en los derechos humanos.
La ley de la oferta y la demanda nos permite entender el origen de este fenómeno consistente en el aumento sostenido de los precios. Según esta norma económica, cuando la oferta baja o la demanda sube, los precios tienden a subir y, al revés. Por poner un ejemplo, cuando se reduce a oferta de pisos en alquiler en Barcelona (España) con una demanda constante, su precio tiende al alza, y lo mismo sucede si se incrementa la demanda de pisos manteniéndose la oferta constante.
Aplicado al caso de la inflación general, se da hoy la casuística de que existe tanto una oferta de bienes y servicios baja, como una demanda de éstos alta. Por un lado, la oferta se ha reducido esencialmente por las medidas preventivas de la pandemia de COVID-19: la globalización implica que cada elemento de la cadena de producción se fabrique en un país distinto, de modo que los confinamientos y las restricciones comerciales todavía hoy presentes a raíz de la pandemia dificultan la coordinación en la producción mundial.
Por el otro lado, la demanda se ha incrementado fundamentalmente por las medidas económicas de respuesta a la pandemia: en los años 2020 y 2021 se aprobaron muy importantes estímulos fiscales y monetarios (v. gr., los planes ARP y AJO en Estados Unidos en marzo de 2021, dotados de 4,5 billones de dólares2) para evitar derrumbes en la economía.
Sin embargo, su afectación en la demanda ha sido tal que han llegado a recalentarla, máxime teniendo en cuenta que dichos estímulos se financiaron a través de déficits públicos (mayores gastos que ingresos) vía impresión de dinero. Por todo ello, la inflación en Estados Unidos se ha disparado hasta alcanzar un 9,1% interanual el pasado mes de junio, a la vez que el IPC de la eurozona ha registrado un valor del 8,9% en julio.
Desde el lado de la oferta, el problema de la cadena de producción ya referido parece que se solucionará solo, en la medida en la que se vaya dejando atrás la pandemia —con la eliminación de los confinamientos y las restricciones comerciales—. Sin embargo, en lo que a la demanda respecta, los anteriores niveles han supuesto que los bancos centrales de alrededor del mundo vean cómo su objetivo de mantener la inflación al 2% a medio plazo se aleje de la realidad, sin ser ello solucionable de forma natural.
En consecuencia, instituciones como la Reserva Federal estadounidense o el Banco Central Europeo (BCE) han respondido subiendo los tipos de interés. Lo que se consigue con esta política monetaria es dificultar la financiación a crédito —pues el interés ofrecido por los bancos comerciales es mayor—, y así desincentivar el consumo. Si volvemos a la ley de la oferta y la demanda, veremos que si la demanda (consumo) baja, también tenderán a hacerlo los precios: la inflación volvería al 2% deseado por los bancos centrales.
Esta es la secuencia lógica que explica la coyuntura macroeconómica actual, pero de la que es indispensable advertir cómo puede afectar a los derechos humanos y de qué manera debería, cautelosamente, actuarse en el futuro. Recuperemos la subida de los tipos de interés. Como ya he mencionado, financiarse se vuelve más caro, y en tanto que se van a poder pedir menos créditos, se comprará menos a crédito: los inmuebles, los vehículos o los electrodomésticos se consumirán en menor medida.
Ahora bien, ello no termina con una bajada de la demanda, sino que la oferta también se restringe: si las empresas venden menos, reducirán su oferta a aquella que sí obtenga demanda. Empero, tal reducción conlleva una bajada de los beneficios empresariales o incluso una incapacidad para cubrir costes; por tanto, las empresas contratarán menos o procederán con grandes despidos. En última instancia, pues, los ingresos de las unidades familiares se verán afectados, volviéndose de nuevo a reducir todavía más tanto la demanda como la oferta.
Se trata, por consiguiente, de un círculo vicioso: subida de los precios, subida de los tipos de interés, bajada de la demanda (consumo a crédito), bajada de la oferta (bienes y servicios en el mercado), bajada de los ingresos, bajada de la demanda (consumo a crédito), etc. Una espiral de desaceleración, pero en todo caso querida por los bancos centrales en tanto que moderará los precios.
Fijémonos en la magnitud de lo anunciado en el anterior párrafo: la reducción de ingresos de las unidades familiares ligada a la destrucción de tejido productivo es conditio sine qua non para estabilizar la inflación; en otras palabras, la solución para revertir los niveles disparados de los precios pasa por la recesión. Técnicamente, se entiende por recesión a la existencia de una tasa de variación del PIB negativa durante dos trimestres consecutivos. Aquí se usará en el sentido de decrecimiento de la actividad económica.
Es en este punto, pues, donde entran en juego los derechos humanos. En particular, la evidencia empírica ha puesto de manifiesto cómo recesiones tales como las vividas a raíz de las crisis de 1929, 1973 o 2008 son fuertemente intensas en la afectación a la vida y la salud —con suicidios, enfermedades y dificultades en el acceso a la sanidad— (arts. 3 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)), la igualdad —con desigualdad en los ingresos— (art. 23 DUDH), la educación —con dificultades en el acceso a estudios superiores (básicos) en países desarrollados (subdesarrollados)— (art. 26 DUDH) y, en definitiva, la dignidad —con la exclusión social— (art. 1 DUDH).
La crítica a esta afectación a los derechos humanos, sin embargo, no puede ir dirigida al aumento de los tipos de interés, ya que éste no ha sido más que una respuesta lógica a la inflación generada por un cisne negro (la pandemia).
Donde sí cabe hacer hincapié, en cambio, es en la indisciplina fiscal de los gobiernos precovid. Recapitulando, una subida de los tipos de interés implica que financiarse se vuelva más caro, pero ello no solo para los ciudadanos, sino también para los gobiernos: el coste de financiación de la deuda pública se dispara (sin ir más lejos, a inicios de año se registró un tipo de interés a diez años de la deuda pública española del 0,5%, mientras que hoy está rozando el 2,5%).
Pero no solo eso, sino que se estima que en lo que a Europa se refiere, el BCE cese en la compra de deuda pública —pues persistir estimularía todavía más la inflación—. En consecuencia, es posible que la prima de riesgo (sobreprecio que se paga para financiarse) de Estados europeos endeudados aumente notablemente, de modo que el financiamiento no solo se ve más costoso por la subida de tipos, sino que a ella se le añade una prima de riesgo.
En este sentido, el quid de la cuestión es que los nuevos compradores de deuda pública solicitarán garantías adicionales —a la prima de riesgo— para asegurarse cobrar lo prestado; es decir, que los países endeudados se verán obligados a aplicar ajustes de reducción del gasto (recortes) o de aumento de los ingresos (subidas de mpuestos).
En los países no endeudados, por el contrario, el aumento del coste en la financiación solo vendrá por el lado del aumento de los tipos, pues no se instarán garantías adicionales y su prima de riesgo apenas subirá ya que no dependen de que el BCE compre su deuda (al tener las finanzas saneadas, les es fácil encontrar otros inversores). Es presumible, por tanto, que los ciudadanos de los países endeudados vean mayores lacras en sus derechos humanos que aquellos que residan en Estados saneados.
Cuando los tiempos de recesión que vivimos y viviremos terminen y se recupere la bonanza económica de la segunda década del siglo XXI, una respuesta global y coordinada para aplicar políticas de disciplina fiscal será la adecuada. Ello permitirá reducir la deuda pública vía superávits (mayores ingresos que gastos) y hacer a los países más robustos frente a potenciales recesiones o, lo que es lo mismo, hacer a los derechos humanos de los ciudadanos más robustos frente a potenciales recesiones.
A 75 días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el Departamento de Defensa explica cómo está comprometido frente a la injerencia e influencia extranjerasen el ciberespacio.
El Grupo de Seguridad Electoral conjunto de Cybercom y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) pusieron en marcha a principios de 2022 los esfuerzos conjuntos de estas organizaciones para interrumpir, disuadir y mitigar la capacidad de los adversarios extranjeros estadounidenses para interferir e influir en la forma de votar de los ciudadanos estadounidenses y el recuento de votos.
«Se trata de una misión duradera y sin fallos para el Mando Cibernético de los Estados Unidos y la Agencia de Seguridad Nacional, que aportan ideas y acciones únicas al esfuerzo de todo el gobierno», dijo el general del ejército de los Estados Unidos Paul M. Nakasone, comandante del Mando Cibernético y director de la NSA/jefe del Servicio de Seguridad Central.
El grupo encabeza los esfuerzos del Departamento de Defensa y está codirigido por el general de brigada de la Fuerza Aérea Víctor Macías, codirector del Cibercom y comandante adjunto de la Fuerza de Misión Nacional Cibernética, y Anna Horrigan, alta ejecutiva de la NSA y codirectora de seguridad electoral.
«El equipo del ESG está compuesto por algunos de los mejores y más brillantes en este campo», dijo Horrigan. «Estamos aprovechando los éxitos anteriores, al tiempo que maximizamos nuestras sólidas relaciones y nos sincronizamos con frecuencia, lo que permite a Estados Unidos responder rápidamente a las amenazas electorales».
Los principales objetivos del ESG son: generar información sobre adversarios extranjeros que puedan interferir o influir en las elecciones; reforzar la defensa nacional compartiendo información con socios interagenciales, industriales y aliados; e imponer costes a los actores extranjeros que intenten socavar los procesos democráticos.
Al igual que en ciclos electorales anteriores, el Cibercomando y la NSA colaboran estrechamente con el gobierno y la industria y son un componente fundamental de un esfuerzo de todo el gobierno. El grupo apoya directamente a sus socios, como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, en la recopilación, desclasificación y puesta en común de información vital sobre adversarios extranjeros para permitir los esfuerzos nacionales en materia de seguridad electoral.
Según indica el Departamento de Defensa estadounidense, el ESG desempeña un papel único en la lucha y la interrupción de la actividad de los adversarios en este ámbito. «La recopilación de información extranjera y los conocimientos técnicos únicos de la NSA pueden proporcionar información sobre los planes de los adversarios y su estrategia cibernética, mientras que las operaciones cibernéticas de amplio espectro del Cybercom pueden defender y desbaratar a los ciberactores maliciosos», explican.
«El mayor éxito de los dos últimos ciclos electorales no fue sólo la defensa de nuestros procesos democráticos de la influencia e interferencia extranjera», dijo Macías. «También es el enfoque organizativo en esta misión duradera, las asociaciones creadas y las personas que vienen a trabajar todos los días para defender las elecciones de nuestra nación de los adversarios extranjeros».
Por ejemplo, si el ESG ve un ciberataque que se está produciendo en el espacio extranjero, podría comunicar esa información a los organismos nacionales para mitigar el problema y utilizar sus autoridades cibernéticas ofensivas para interrumpir y degradar las operaciones de ese actor cibernético extranjero. La seguridad electoral fue considerada un componente de infraestructura crítica en 2017 por el DHS.
Injerencia extranjera y operaciones de influencia
El gobierno de Estados Unidos se defiende activamente contra la interferencia extranjera y las operaciones de influencia en las elecciones de Estados Unidos, específicamente, centrándose en cómo los adversarios buscan socavar los intereses y la prosperidad de Estados Unidos, la voluntad de votar de la población, así como su confianza en la seguridad de sus elecciones.
Según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Rusia, China, Irán y otros actores extranjeros malintencionados pueden tratar de interferir en los procesos de votación de Estados Unidos e influir en la percepción de los votantes. Esta actividad extranjera puede amenazar con socavar los principios fundamentales de la democracia estadounidense e influir en el sentimiento de la población de Estados Unidos.
«En el complejo dominio del ciberespacio en el que operamos, tenemos que tener en cuenta tanto el panorama de amenazas de los adversarios como la escala de los avances tecnológicos», dijo Macías. «Estos adversarios utilizan operaciones cibernéticas discretas para lograr sus objetivos estratégicos y operan por debajo del umbral del conflicto armado. Nuestro trabajo es desbaratarlas».
Otro componente clave de la defensa electoral es la colaboración, no sólo con socios interinstitucionales como el DHS y el FBI, sino también con el sector privado y los aliados y socios de Estados Unidos. Aprovechando los éxitos del pasado, el ESG ha aumentado su compromiso con la industria para compartir las amenazas y las posibles vulnerabilidades.
«El éxito de la defensa contra las amenazas electorales requiere relaciones sólidas que incluyan intercambios de información e inteligencia entre los sectores público y privado», dijo Horrigan. «No podemos limitarnos a observar a nuestros adversarios: tenemos que hacer algo al respecto, ya sea compartir información oportuna o tomar medidas contra ese actor. Nuestra nación espera eso de nosotros».
Bandas latinas como Los Trinitarios o Dominican Don’t Play lideran frente al resto de pandillas en España. La asociación Gestión de la Integración Social (GINSO) ha publicado un estudio en el que se expone que la edad de los miembros de bandas en España es cada vez menor. Según este informe, cada vez más menores de entre 12 a 14 años se inician en este tipo de agrupaciones.
Las bandas latinas llegan a España en los años 2000 como el resultado de un conjunto de jóvenes de origen latinoamericano que no lograba integrarse en la sociedad española. «Algunos niños de 12 o 13 años perciben que las bandas no son tan malas porque ven cómo miembros de estos grupos ofrecen una construcción grupal consistente en estar protegido por una gran familia, donde tendrás protección, serás respetado, tendrás dinero y chicas», explica Joan Caballero en el Curso de Grupos Urbanos Violentosde LISA Institute.
Según los datos emitidos por GINSO, la posibilidad de rehabilitación para estos jóvenes es «especialmente alta» cuando ingresan en Centros de Internamiento para Menores Infractores. Según datos de la Comunidad de Madrid, el 90% se reinserta tras salir de estos centros.
«Al llegar a la edad penal pueden pasar dos cosas: primero, sigue con este estilo de vida y se implicará más, lo que le lleva a ser detenido. Segundo, superación personal, el joven hace un proceso de maduración interno y llega a la conclusión de que tiene que dejar esta mala vida, que es como la denominan los pandilleros», explica Caballero.
Las mujeres toman un papel más activo en las bandas
Según el estudio de GINSO, en los últimos años, las mujeres han cobrado un papel cada vez más importante también dentro de las bandas latinas. Aunque los número muestran que sigue existiendo una mayoría de hombres en estas organizaciones, el número de mujeres está creciendo exponencialmente.
Las funciones de las jóvenes son principalmente de captación de información, intendencia y participación en labores menos violentas. No obstante, en ocasiones sus roles tienen mayor riesgo cuando son obligadas a infiltrarse en bandas contrarias o incluso a ejercer la prostitución con miembros de la propia organización.
Cada banda tiene sus propias normas establecidas y su forma de captación de miembros. En el caso de Los Trinitarios, se invita a consumir estupefacientes como rito de iniciación, a la vez que se les enseña las principales normas de conducta de la banda.
Para entrar en los Dominican Don’t Play los futuros miembros tenían que soportar latigazos por parte de los integrantes. «En ocasiones, los futuros DDP tenían que soportar hasta 135 sesiones de latigazos», narra Joan Caballero. Una vez dentro obedecían al líder y pagaban cuotas semanales para mantener al grupo y adquirir armas.
Los miembros establecen normas basadas en los valores de la banda que suelen ser: la hermandad y respeto entre miembros y el odio al contrario. También tienen símbolos, palabras y frases, música e incluso tatuajes para identificar a la banda.
El proceso de salida de una banda es complejo y peligroso, sobre todo para los miembros que ocupan altos cargos. En algunos casos, tienen que huir de la ciudad donde se encuentren y esconderse durante tiempo.
Este miércoles 24 de agosto se han reanudado los combates entre las fuerzas federales de Etiopía y los rebeldes de Tigré y después de cinco meses de tregua.
Ambas partes declararon que los conflictos habían iniciado por una ofensiva del otro bando. Los rebeldes de Tigré acusaron al gobierno de haber lanzado un ataque contra sus posiciones. Las fuerzas federales, sin embargo, señalaron a los rebeldes como culpables de haber roto la tregua que duraba ya cinco meses.
Getachew Reda, asesor del presidente de Tigré, publicaba: "El #AbyRegimeha lanzado una ofensiva contra nuestras posiciones en el frente Sur. Después de una semana de provocación utilizando las divisiones de las fuerzas especiales de Amhara". Haciendo referencia al gobierno de Abiy Ahmed Ali, Primer Ministro de Etiopía. "Nuestras fuerzas están defendiendo heroicamente nuestras posiciones", añadía Reda.
The #AbyRegime has launched an offensive against our positions in the Southern front. After week-long provocation using Amhara special force divisions, Amhara militia from all over the region and beyond as well as Fano from Wollo, the southern and sixth command of the regime has
En un comunicado, el gobierno de Ali recalcó las numerosas ofertas de paz que han hecho a los rebeldes. Según las fuerzas federales, el ataque se produjo la madrugada del miércoles en una zona al sur de Tigré.
Pese a las acusaciones vertidas por ambos bandos, no sé ha podido establecer una versión oficial ya que Tigré y sus regiones fronterizas están aisladas del resto del país.
La Organización de las Naciones Unidas no ha tardado en pronunciarse. Antonio Guterres, Secretario General de la organización, lamentó los hechos ante los medios a su llegada al Consejo de Seguridad. Pidió además el cese inmediato de los combates y la vuelta al diálogo para llegar a un acuerdo. También Estados Unidos instó al dialogo para cesar los conflictos.
El conflicto en Tigré comenzó en noviembre de 2020. Abiy Ahmed ordenó al ejercito acudir a la región para expulsar al gobierno que, según fuerzas federales llevaba meses cuestionando su autoridad, llegando a atacar bases militares.
Cinco años después del estallido de violencia y éxodo masivo de los rohingyas hacia Bangladesh tras la brutal represión de las autoridades birmanas no parece haber esperanza de que puedan regresar a su país. En este artículo te damos y un contexto para entender la represión contra la minoría musulmana en el país y qué podemos esperar en el futuro.
Cinco años después del estallido de violencia y éxodo masivo de los rohingyas hacia Bangladesh tras la brutal represión de las autoridades birmanas no parece haber esperanza de que puedan regresar a su país. Según denuncian las organizaciones de derechos humanos en torno a un millón de rohingyas viven hacinados en los campos de refugiados de Bangladesh, con problemas sanitarios, educativos y de habitabilidad, que se suman a la criminalidad, tráfico de drogas y asesinatos que ocurren de noche cuando los trabajadores humanitarios terminan su jornada.
El pasado 22 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para investigar el todavía presunto genocidio del país contra la minoría. Esta sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia de Naciones Unidas podría ser el primer paso hacia una solución y la primera piedra del camino de regreso para los refugiados rohingyas en Bangladesh. Recordamos que Gambia quien presentó el caso en 2019 y fue este julio cuando se rechazaron las objeciones presentadas por Birmania contra el país africano.
Desde agosto de 2017 más de 723.0000 se han visto obligadas a huir de Birmania a campos de refugiados en Bangladesh pero ha sido este de julio cuando la CIJ ha tomado esta decisión. El pasado mes de marzo Estados Unidos reconocía como «genocidio» la situación de los rohingya en Birmania reconocidos hasta entonces como una «limpieza étnica».
En este contexto destacamos cómo el pasado mes de julio diversas organizaciones internacionales y líderes internacionales han denunciado que en Birmania se han ejecutado a cuatro activistas pro democracia por primera vez en treinta años. Según los expertos la represión contra la población birmana (recordando en algunos casos a la situación rohingya) desde el golpe de Estado militar de febrero del año pasado.
¿Quiénes son los rohingya?
Los rohingyas son la minoría musulmana que habita en el oeste de Myanmar, antigua Birmania, país de mayoría budista.Como explican en EOM, Birmania pasó a llamarse Unión de Myanmar en 1989 por decisión de la junta militar que gobernaba el país entonces, para distanciarse de su pasado colonial.
Sin embargo, la elección del nombre del país tiene también una connotación política y algunos países no aceptan la denominación de Myanmar, entre ellos Estados Unidos o el Reino Unido, porque fue impuesto por un régimen militar no reconocido a nivel internacional.
«Myanmar se emplea en escritos oficiales y en el ámbito diplomático. Así lo reconocen la ONU o la Unión Europea además de numerosos países asiáticos vecinos», explican.
Según la Real Academia Española aunque la denominación oficial de este país asiático ha adoptado la forma vernácula Myanmar, sigue siendo «mayoritario y preferible» en español el uso del topónimo tradicional Birmania, al menos en los textos de carácter no oficial. En estos últimos se recomienda recordar la denominación tradicional, junto con el nuevo nombre oficial.
Tras esta contextualización y volviendo a la cuestión central del tema a tratar la comunidad rohingya estaría compuesta por más de un millón y medio de personas que vivían en el territorio birmano sin considerarse ciudadanos nacionales ya que no están incluidos en la lista de grupos étnicos reconocidos por el gobierno birmano. Se trata de una tribu apátrida.
Los musulmanes rohingyas llevan siglos viviendo en la misma zona geográfica; sin embargo, no se les reconoce ni el estatus de ciudadanos ni de refugiados. Cuando el reino británico llegó a la zona reconoció a los budistas como «Rakéin» pero no a los musulmanes como «rohingyas».
Esta situación unida al aumento demográfico de la comunidad musulmana hizo que, tras la descolonización británica, Birmania se escudara en que los rohingyas «no figuraban entre los grupos tribales antes de la colonización», por lo que no iban a reconocerles como etnia autóctona del territorio, sino como «inmigrantes ilegales».
Aún sigue el debate sobre la aparición de los rohingyas designados como tal en la zona,ya que puede observarse en crónicas anteriores a la invasión británica la forma en la que escritores expertos en el subcontinente indio, como fue el caso de Francis Buchanan, habla sobre la convivencia de pueblos designados como “yakein” (rakéin) y “rooinga” (rohinyá).
Sin embargo, expertosen la región como Jacques Leider, reconocen que los musulmanes llevan en la zona desde antes de la colonización. Sin embargo, el pueblo rohingya como tal nace tras la designación de las nuevas fronteras al abandonar el territorio la corona británica.
El «limbo legal» de los rohingya
«No necesitaban de ninguna identidad porque no les separaba ninguna frontera de sus hermanos bengalíes», explica el experto quien también considera que el «mal trazado» de fronteras por parte de los británicos fue la consecuencia del conflicto que hoy en día sigue perjudicando al reconocimiento de esta tribu.
A pesar de esta incertidumbre sobre la fecha de nacimiento de la etnia rohingya, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece ensu artículo 15 el derecho de toda persona a tener nacionalidad y a no ser privado de ella arbitrariamente, por lo que alguien nacido en un país y carente de otra nacionalidad, debería de corresponderle la del país de nacimiento. En el caso de los Rohingya, la birmana.
El estatuto de «apátrida» en el que se encuentra esta tribu repercute severamente en el día a día de estas personas, ya que no están protegidas bajo los derechos de un estado, y la nacionalidad es en la práctica es considerada «el derecho a tener derechos». Esta falta de reconocimiento por parte de un país dificulta el acceso a derechos individuales básicos como la educación, al trabajo o la sanidad, además de restringir el movimiento dentro del país.
El «limbo legal» en el que se encuentran ha sido la base de las violaciones de derechos que ha sufrido la comunidad musulmana por parte del Estado. Otro apoyo en el que se sostiene el Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Birmania) y el régimen budista ha sido la «intención de islamizar» Birmania, considerando a la religión islámica como una «amenaza directa» a pesar de que solo representa el 4%. «Tener una identidad es un derecho humano básico», dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, durante una reciente visita a Cox’s Bazar.
2017, el año de la escalada de violenciapara los rohingyas
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de un millón de rohingyas han huido de la violencia que les persigue en Birmania. Desde 1990 se han sucedido una serie de olas de ofensivas hacia el grupo en el estado de Rakhine, el estado en el que habitan al oeste del país.
En 2015 se acusó a Occidente de no ejercer presión sobre el gobierno de Myanmar por el interés económico que tienen en la zona. Dos años más tarde, en 2017, una escalada de violencia comenzó en agosto contra los rohingyas, provocando el desplazamiento de más de setecientos mil miembros de la tribu y unos mil muertos a manos de una ofensiva militar en Rakhine por parte del ejército birmano.
A mitad de la década pasada, hubo una intensificación de la campaña xenófoba dirigida por un grupo de monjes antimusulmanes en Myanmar. Ashin Wirathu, su líder, llevó a cabo una serie de proposiciones en contra de los Rohingya, instando al boicot de los negocios musulmanes y proponiendo medidas de restricción al gobierno para este grupo, entre ellas prohibiciones como el casamiento entre religiones.
La última ola de violencia reportada la encontramos ahí, en 2017, donde las violentas persecuciones por parte de movimientos budistas extremistas y del ejército obligaron a más de 700.000 rohingyas a buscar refugio en Bangladesh, generando una crisis entre países occidentales y el estado budista.
Tras las acciones militares del gobierno birmano, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió el cese inmediato de la violencia en contra de los rohingyas y la «limpieza étnica» en el estado de Rakhine, además de un acceso seguro y sin restricciones para las agencias humanitarias. También incitaron al gobierno a preparar condiciones que permitan un «retorno digno» de los desplazados.
El Consejo también condenó abiertamente las violaciones de derechos humanos, e hizo un llamamiento a las autoridades para enjuiciar a los responsables; sin embargo, a día de hoy, todavía siguen las persecuciones y los responsables siguen actuando libremente.
No obstante, la líder del Gobierno birmano Aung San Suu Kyi negó en 2019 la «limpieza étnica» y la amenaza de un genocidio hacia la tribu de la que se acusaba a Myanmar, por ello defendió la actuación del ejército ante el Tribunal Internacional de la Haya. Suu Kyi también ha sido acusada de bloquear la ayuda humanitaria ejercida desde ONGs en el territorio.
«La situación parece un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica», dijo el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al-Hussein, en un discurso en Ginebra sobre la crisis que enfrentan los musulmanes rohingya de Birmania. A pesar de que numerosas organizaciones, entre ellas Naciones Unidas y Amnistía Internacional, han denunciado los actos cometidos bajo el mando del gobierno, la líder del Gobierno birmano ha acusado al grupo de «terroristas» y culpabilizado a la tribu de la reciente agitación a causa de la «desinformación».
Según denuncian diversas organizaciones de derechos humanos, el ejército ha estado involucrado en «operaciones de limpieza», incluyendo el incendio de aldeas, disparos contra civiles desarmados, violaciones a las mujeres de la tribu y el asesinato de los herederos de las familias a manos de la milicia birmana por razones religiosas.
Birmania y los rohingya para Estados Unidos y China
La interpretación de la actuación que está ejerciendo el régimen de Birmania es diferente según los países. El presidente de Malasia Najib Razak avisó en 2017: «Según los informes que hemos recibido, (los rohingya) son discriminados y no se les concede piedad». Así acusaban al gobierno de Myanmar de hacerlo de «manera planificada» para que las personas sean torturadas, discriminadas, asesinadas y violadas, tratando esta persecución de «gran desastre».
Por otro lado, encontramos la posición de China, país que ha tenido una estrecha relación con el ejército desde la época de los militares y ha apoyado los esfuerzos del gobierno de Birmania para proteger su seguridad nacional. Este apoyo no es ninguna sorpresa, ya que la propia China tiene una situación similar en sus fronteras, con la etnia Uigur que sigue la religión islámica suní y son considerados desde el gobierno como «terroristas» y «extremistas religiosos».
Desde Estados Unidos, el 21 de marzo de 2022, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció formalmente el genocidio llevado a cabo por el ejército de Myanmar. En su discurso para el «Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos» también les ha acusado de crímenes de lesa humanidad, considerando de vital importancia para las víctimas y sobrevivientes de la tribu el reconocimiento de la persecución sistemática durante décadas de esta minoría musulmana.
El embajador Stuart E. Eizenstat, presidente del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, ha considerado que el discurso «no puede reparar el daño que han sufrido los rohingya, pero puede revitalizar los esfuerzos para salvar a los que siguen en riesgo en Birmania».
Según los expertos, si Estados Unidos no tomó esta decisión hasta este pasado marzo podría deberse a motivos geopolíticos. Al fin y al cabo el término «limpieza étnica» tiene poco significado en el derecho internacional y acusar de genocidio a Birmania podría haber conducido a un golpe militar que terminaría definitivamente con los intentos de establecer en el país.
El Museo ya advirtió desde 2015 sobre las condiciones en las que se encontraba el grupo, y el informe de 2017 de Museum and Fortify Rights, «Trataron de matarnos a todos», documentó las atrocidades del ejército birmano contra los rohingya, incluyendo los asesinatos en masa, violaciones, torturas y desplazamientos forzados de más de 700.000 personas.
A finales de 2018 la institucióndescribió«la evidencia convincente de que el ejército birmano cometió limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los rohingya». En 2021 se le dedicó a esta masacre una exposición denominada «El camino de Birmania hacia el genocidio» para dar voz a las víctimas, algo muy agradecido por parte de la tribu Rohigya ya que el gobierno birmano ha tratado de borrar su huella.
Naomi Kikoler, directora del Centro Simon-Skjodt para la Prevención del Genocidio, ha comparado la situación que vive esta tribu con la persecución judía por parte de los nazis, «más de ochenta años después del final del Holocausto y todavía vemos que algunos perpetradores nazis rinden cuentas» se lamentaba. También quiso avisar de que «la impunidad no prevalecerá» y se han comprometido de ayudar a la comunidad Rohingya a encontrar justicia.
Desde el Museo del Holocausto estadounidense, también se ha querido alarmar de la situación tras el golpe de estado que se lanzó en febrero de 2021. Esta acción por parte de los militares pone en riesgo a la sociedad civil, y las minorías están en alerta extrema, ya que son los que más riesgos corren de sufrir «atrocidades masivas», exponiendo a los rohingyas especialmente, ya que los sistemas de persecución y violencia de la que son objetivo aún permanecen, por lo que podría derivar a una escalada mayor de la situación.
Avances y retrocesos en el reconocimiento Rohingya
En 2019, ACNUR llevó a cabo una campaña de registro, otorgando a muchos miembros de la comunidad rohingya un documento de identidad por primera vez. Esta organización contó con el apoyo del gobierno de Bangladesh, para así poder planificar y orientar la asistencia a las necesidades que precisa el país respecto a estos refugiados.
El oficial del registro de ACNUR, Nurul Rochayati quiso aclarar que no se trataba de una acción de «retorno forzoso», sino de un ejercicio que consiste en «establecer su protección aquí y en establecer su derecho a regresar, regresarán cuando estén a salvo, con seguridad y dignidad».
No obstante, desde diciembre de 2021 amenazan con «confiscar» los documentos de identidad otorgados a los refugiados rohingya y reubicarlos por la fuerza a una isla remota si «violan» las leyes que prohíben ofrecer educación propia para sus niños.
«Primero, el gobierno bloqueó la educación significativa para los niños rohingya, luego cerró las escuelas que los rohingya establecieron para ellos mismos y ahora amenaza con desterrar a los maestros y estudiantes a una isla similar a una prisión», denunció Bill Van Esveld, director asociado de derechos del niño para Human Rights Watch.
Más de 22.000 refugiados rohingya ya han sido trasladados a la isla remota de Bashan Char, propensa a inundaciones y muy restringidos en movimiento, sufriendo escasez de alimentos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Los maestros han dejado de ofrecer apoyo escolar a los niños a causa del miedo infundado por los funcionarios del campamento, que amenazan tanto a profesores como a las familias que permiten que ejerzan la enseñanza, poniéndolos bajo «inmensa presión» y «creando pánico».
Van Esveld ha querido llamar a los gobiernos extranjeros a «denunciar a Bangladesh por bloquear implacablemente el derecho de estos niños a aprender». Desde la organización se ha denunciado también las consecuencias de estas acciones del gobierno en la situación de muchas niñas, obligadas a casarse tras ver sus escuelas cerradas y recibir amenazas sobre falsas acusaciones de «contrabando» hacia sus padres.
El director asociado de Human Rights también llamó la atención directamente a los gobiernos occidentales. «La UE, EE. UU. y otros donantes importantes deberían presionar a Bangladesh para que cambie de rumbo y garantizar que los niños refugiados no pierdan más de lo que ya tienen» aseguraba en un reclamo de acción «eficaz» para poder apaciguar las restricciones que siguen afrontando los rohingyas, incluso tras huir del estado opresor de Myanmar.
A pesar de los avances en la precaria situación de los rohingyas, como la entrega de los documentos de identidad (que, al menos, permite tener un «control»), es lo más cercano a un «reconocimiento» que han tenido y, más allá también de la declaración de Estados Unidos, aún queda mucho camino por recorrer.
La represión de la comunidad musulmana de Myanmar sigue vigente a día de hoy: estamos presenciando una «limpieza étnica» que atenta con los derechos humanos de los rohingya. Solo queda esperar una reacción más eficaz y voluntad política por parte de los gobiernos extranjeros que tengan influencia en la zona, para que cese la persecución del grupo, o al menos, como bien expresa Bill Van Esveld que «no pierdan más de lo que ya tienen».
El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, ha declarado la «guerra total» al grupo terrorista Al Shabaab tras uno de los más graves atentados desde que el presidente tomó el poder. En este artículo te explicamos la trayectoria de este grupo afiliado a Al Qaeda en Somalia.
Desde 1991, Somalia está sumida en una crisis política, que ha promovido la aparición de grupos terroristas. Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (que significa «Movimiento de jóvenes combatientes por el Islam»), también conocido como Al Shabaab, es un movimiento armado yihadista de origen somalí. Nació a principios de la década 2000, heredero de otra organización violenta, conocida como al Itihaad al-Islamiya o «Unión Islámica».
El pasado 19 de agosto Mogadiscio, la capital de Somalia, vivió uno de los peores ataques terroristas desde la elección en mayo del nuevo presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud. Los atacantes del grupo afiliado a Al Qaeda irrumpieron en un popular hotel en el centro de la capital donde estuvieron atrincherados durante alrededor de 30 horas.
Según las cifras oficiales, el atentado se saldó con al menos 21 fallecidos y 117 heridos. El hotel en el que sucedió el ataque es un lugar que suele ser frecuentado por representantes del Gobierno. Entre los heridos figurarían funcionarios de la Policía y la Inteligencia somalí.
Esa misma semana Estados Unidos anunciaba un ataque aéreo en el que habría abatido a 13 milicianos del grupo a unos 300 kilómetros de la capital. Esta fue la mayor operación estadounidense en el país desde que la Administración Biden decretara el regreso de un contingente a Somalia.
Según los expertos, este atentando ha puesto de relieve el peligro que representa el grupo en el país. Este, martes 23 de agosto, el presidente declaró la «guerra total» con el objetivo de «eliminar» al grupo yihadista en el país.
Desde 1991, Somalia vive inmersa en una pobreza endémica y en una situación de inestabilidad política. Ese mismo año, el dictador, Mohammed Said Barre, fue derrocado por las milicias rebeldes, que tomaron Mogadiscio, la capital oficial del país, y pusieron fin a su gobierno. Sin embargo, tras su derrota, el gobierno se dividió en diferentes sectores, cada uno de ellos liderado por un clan.
Desde ese momento, cada uno de los restos territoriales de Somalia está dirigido por los conocidos como «señores de guerra». Además, los territorios obedecen a la ley consuetudinaria propia de los clanes. Esto impide que Somalia tenga un gobierno efectivo y se haya convertido en un Estado fallido.
En 2004, los principales señores de la guerra, pusieron en marcha una iniciativa para conformar un gobierno y un sistema parlamentario. De este modo, se configuró el Gobierno Federal de Transición (GFT), que integraba a los representantes de los clanes somalíes. Se estableció en Kenia, bajo el respaldo de Etiopía.
A mediados de 2004 apareció la Unión de Tribunales Islámicos (UTI), un movimiento armado, procedente de agrupaciones islamistas, que se consideraba como la única fuerza capaz de imponer estabilidad en algunos barrios de Mogadiscio, donde se enfrentaban los señores de guerra.
El origen de al-Shabaab
Como hemos mencionado, Al Shabaab, nace como secuela de al Itihaad al Islamiya. Este último surgió en los años ochenta, y estuvo formado por un grupo de activistas que luchaban contra el autoritarismo de Siad Barre.
En 1997 fue desmantelado por las fuerzas somalíes y los resquicios del movimiento se desplazaron a Afganistán. En Afganistán, el grupo recibió formación y entrenamiento de Al Qaeda. En 2001, el movimiento volvió a establecerse en Somalia, pero lo hizo bajo el nombre de Al Shabaab.
El grupo se integró en la UTI (Unión de Tribunales Islámicos) y juntos tomaron la capital de Somalia y derrocaron al GFT (Gobierno Federal de Transición). En 2006, con el apoyó de la población somalí, Al Shabaab logró extender su dominio por el sur, el centro y el norte del país.
Como respuesta a la ocupación, en diciembre del mismo año, las autoridades etíopes lanzaron una intervención militar en Somalia. La operación tuvo el amparo de Naciones Unidas y la Unión Africana, que actuaba bajo la misión AMISON. La operación devolvió al GFT el control de Mogadiscio.
Después este altercado, la UTI se fragmentó en dos facciones principales: una conformada en torno al primer líder, el jeque Sharif Ammed, y otra formación más beligerante y radical, organizada en torno a la dirección de Al Shabaab.
¿Cómo ha sido la trayectoria deAl Shabaab?
En la actualidad, Al Shabaab, se considera un movimiento yihadista y radical, cuyo propósito es extender la yihad a todo el Cuerno de África y configurar un Estado unificado, respetuoso con las leyes de Alá. También simpatiza con el proyecto de yihad global de Osama Bin Laden.
Desde 2008, está declarado como una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Al Shabaab, ha continuado su lucha contra las tropas somalíes y la Unión Africana hasta la actualidad, perpetrando atentados terroristas en Somalia y en varios países africanos.
A pesar de que en el año 2011, la AMISON y el GFT, lanzaron una ofensiva contra el movimiento, que logró su retirada de Mogadiscio y disolvió parte del grupo, al-Shabaab continuó perpetrando atentados terroristas.
A día de hoy aún controlan amplias zonas de Somalia sobre todo zonas rurales del sur y el centro del país y siguen teniendo capacidad para realizar acciones letales contra objetivos civiles y militares. En 2011, llegó a controlar Mogadiscio desde donde fueron expulsados por la Unión Africana. Al Shabaab lleva más de 10 años tratando de derrocar al Gobierno somalí.
La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, ha recordado que los prisioneros de guerra también tienen derechos y si se llevara a cabo podría ser considerado un crimen de guerra.
Según Shamdasani habría señales claras de que Rusia y grupos armados bajo las órdenes de Moscú en Donetsk estarían preparando ese juicio en un edificio de Mariúpol. Según se denuncia habría vídeos y fotografías de la construcción de "enormes jaulas" con la intención de colocar a los prisioneros en ellas durante las audiencias.
Además, la portavoz incide en que el Derecho Humanitario Internacional "prohíbe la creación de cortes con el único propósito de juzgar a prisioneros de guerra, lo que priva al procesado de su derecho a un proceso ordinario y justo, y lo que supone un crimen de guerra".
Según contempla el Derecho Internacional, los prisioneros de guerra también deben ser juzgados por una figura imparcial, es decir, que no participe en el conflicto con la intención de garantizar un proceso judicial legal y justo. Zelenski ya ha advertido que si los juicios se celebran no habrá negociaciones con Moscú.
El pasado lunes 22 de agosto, la policía de Pakistán presentó cargos de terrorismo contra el ex primer ministro Imran Khan. Las acusaciones se basan en unas declaraciones que Khan emitió durante un mitin el viernes 20 en Islamabad.
En su discurso, el ex primer ministro acusó directamente a altos cargos de la Policíay del Gobierno de torturar a uno de sus ayudantes más cercanos, Shahbaz Gill, después de arrestarlo el pasado 9 de agosto. Gill es uno de los líderes de su partido político, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), y fue acusado de sedición e incitación al motín después de que dijera en un programa de televisión que los oficiales militares subalternos no deben seguir las órdenes que van en contra de la opinión pública.
Las autoridades pakistanís negaron las acusaciones de Khan y le denunciaron en el marco de la ley antiterrorista por difundir "discursos de odio" provocativos contra instituciones y funcionarios estatales y acusaciones "sin fundamento".
El Tribunal Superior de Islamabad impuso este lunes tres días de detención domiciliaria y cientos de personas habrían rodeado su domicilio para evitar que la policía le detuviera. El regulador de los medios de comunicación de Pakistán ha prohibido la transmisión en directo de los discursos del expresidente.
“Si Imran es arrestado (…) tomaremos Islamabad”, advirtió el ex ministro de Ingresos y Hacienda y ex ministro federal de Asuntos de Cachemira y Gilgit Baltistán del PTI, Ali Amin Khan Gandapur, a través de Twitter.
If imran khan is arrested by the imported govt we will take over Islamabad and my message to police is that don’t be part of this political war anymore otherwise will deal u as pdm workers not police anymore let pti and pdm leadership and workers fight and decide once and for all
Entre la polémica, Human Rights Watch (HRW) instó este miércoles, 24 de agosto, al Senado pakistaní a aprobar de forma "urgente" un proyecto de ley que tipifique la tortura como un delito penal en el país y denuncia que esta es una "práctica frecuente" entre las fuerzas de seguridad de país".
El expresidente fue elegido primer ministro en 2018, lo que generó cierta polémica y se cuestionó la validez de las elecciones. Durante la crisis del COVID-19, la notable subida del precio de los alimentos y suministros hizo que se generalizara el descontento hacia Khan.
A finales de 2021, perdió el apoyo del ejército y de muchos de sus compañeros de partido. Pese a sus intentos por mantener el cargo, en abril de 2022 fue destituido en una moción de censura.
A pesar de su ruidosa salida, Imran Khan continuó teniendo cientos de seguidores en el país y siguió dando mítines y discursos por todo el territorio. Este verano logró la victoria en las elecciones de Punjab, que limita con Pakistán. El nuevo Gobierno continúa teniendo problemas económicos que siguen sin solucionarse.
Las tensiones entre el gobierno y Khan son cada vez mayores y su posible vuelta al cargo en las próximas elecciones generales supone una amenaza constante para el gobierno de Sharif. Según analistas internacionales como Eduardo Saldaña, co-director de EOM y Profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, no hay que dejar de tener un ojo puesto en Pakistán.
No dejaría de tener un ojo puesto en Pakistán: el antiguo PM, Imran Khan, ha sido acusado en el marco de la ley antiterrorista. Esto no ha gustado a sus seguidores. Todo en un contexto de mucha tensión política y con la economía muy debilitada.https://t.co/vIwephU2Kg
"No dejaría de tener un ojo puesto en Pakistán: el antiguo PM, Imran Khan, ha sido acusado en el marco de la ley antiterrorista. Esto no ha gustado a sus seguidores. Todo en un contexto de mucha tensión política y con la economía muy debilitada", escribió en Twitter.
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