Tras las elecciones de 2025, Irak refleja una tensión entre estabilidad institucional y falta de legitimidad social. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Álvaro Aguilar del Hierro explica cómo el sistema sectario mantiene a las élites y frena las reformas.
A raíz de las recientes elecciones parlamentarias, Irak se encuentra en una encrucijada donde la estabilidad estatal choca con una profunda erosión de legitimidad popular. Más de 20 años después de la invasión de 2003, el país sigue atrapado en un sistema político confesional que reproduce élites, frena reformas y fragmenta la ciudadanía en comunidades administradas.
Lejos de avanzar hacia un Estado secular, la estructura del poder iraquí continúa definida por un complejo equilibrio entre la élite chií, las facciones islámicas y el persistente sistema de cuotas sectarias conocido como muhasasa.
Esta encrucijada no puede entenderse sin analizar la relación estructural entre las instituciones religiosas y un Estado adicto a su burocracia.
El consocionalismo y el quietismo político en Irak
El sistema político iraquí actual no solo es el producto de decisiones tomadas tras la caída de Saddam Hussein, sino también respuesta a una diversidad demográfica donde conviven suníes, chiíes, cristianos, y yazidíes entre otras minorías. Esta diversidad, junto a la persecución sistemática sufrida por los chiíes bajo el régimen baazista reforzó la necesidad de estructuras institucionales separadas, como las Dotaciones chií y suní, que terminaron por formalizar la división religiosa dentro del aparato estatal.
La institucionalización del sectarismo originó economías paralelas vinculadas a santuarios, peregrinaciones y redes de beneficencia. Estas diferencias favorecieron el consocionalismo, que consiste en la distribución de cargos teniendo en cuenta la división sectaria y étnica del territorio.
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Bajo este sistema de cuotas, la élite religiosa chií de Najaf, guiada por la figura del Gran Ayatolá Ali Sistani, opera bajo el llamado quietismo político. A diferencia de otras instituciones religiosas, como Al-Azhar en Egipto que busca un mayor control con fines políticos, el quietismo rechaza la toma directa del poder político por autoridades religiosas, siguiendo una estrategia de influencia en la sombra.
Este intento de separación también se refleja en la independencia financiera de la institución chií llamada Hawza. Una economía sostenida por los impuestos religiosos y la gestión de los santuarios que les permite desvincularse del Estado y evitar la centralización de sus recursos.
Sin embargo, el rol del quietismo no debe confundirse con falta de intervención. La intervención religiosa motivada por el Gran Ayatolá se ha situado en momentos de crisis, como en 2014 para combatir al Estado Islámico.
En paralelo, el Estado iraquí refuerza esta dinámica mediante lo que puede entenderse como una estrategia de delegación moral. En lugar de asumir directamente controversias sociales o normativas, sobre todo las relativas al derecho familiar y cuestiones de moral pública, los líderes políticos transfieren la autoridad a los clérigos.
La enmienda de este mismo año a la Ley de Estatuto Personal es un ejemplo claro. La consecuencia directa es que al permitir mayor influencia religiosa sobre decisiones civiles, el gobierno consolida su legitimidad sectaria y evita enfrentarse a las tensiones sociales que él mismo contribuye a perpetuar.
Sadr: populismo religioso y crisis de liderazgo
En este escenario, Muqtada al-Sadr representa la figura más disruptiva. Este político ha construido un liderazgo alternativo apoyándose en tres pilares: (i) el legado carismático de su padre, el ayatolá Mohammad Sadeq al-Sadr, (ii) su cercanía con diversos referentes religiosos sin subordinarse a ninguno, y (iii) una base social urbana, pobre y profundamente movilizada.
Sin embargo, Sadr se mueve en un espacio político casi imposible, ya que su fuerza depende de una autoridad moral que se erosiona cada vez que participa en el gobierno y se regenera cada vez que se retira o convoca protestas. Esta tensión lo impulsa a tomar decisiones radicales y volátiles: desde pactos transideológicos con el Partido Comunista hasta el boicot de las recientes elecciones.
Esta reacción es opuesta a la deriva de Irak, e incluso de la propia Hawza. Las autoridades religiosas demandan más apoyo social en un momento en el que los jóvenes tienden a un Estado más secular. Esta tendencia se refuerza con el papel que ocupa la educación chií en Irak.
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En aras de una mayor independencia, los estudios teológicos e islámicos expedidos por Hawza carecen de reconocimiento oficial, lo que desincentiva al estudiantado a perseguir este tipo de carreras. Los patrones observados durante los últimos años son estudiantes que prefieren un grado válido oficial antes que una institución religiosa independiente del Estado, lo que propugna tensiones entre políticas seculares y apoyo religioso.
Las elecciones de 2025 en Irak: estabilidad frente a legitimidad
Otros patrones importantes se observan en la victoria electoral de la coalición del primer ministro saliente Mohammed Shia al-Sudani. Sin embargo, su continuidad en el poder debe interpretarse como un triunfo del sistema más que una renovación de la confianza pública.
En primer lugar, una reciente reforma de la ley electoral revirtió el modelo que permitía a independientes y grupos reformistas obtener escaños, consolidando un sistema que favorece a los partidos tradicionales y aparta a las minorías.
Este sistema, además de servir de precedente para reciclar a las élites políticas, establece un modelo que obliga a construir amplias coaliciones multipartidistas. Dada la demografía iraquí, las coaliciones deben satisfacer su diversidad, lo que genera una interdependencia ideológica entre los partidos. Sin perjuicio de los beneficios sociales que ofrece el tener en cuenta opiniones distintas a las de uno, esta dependencia diluye la responsabilidad política y obstaculiza cualquier lucha efectiva contra la corrupción y la rendición de cuentas.
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Otro dato importante es que, pese al boicot sadrista, la participación ha aumentado de un 43% en 2021 a un 56%. Sin embargo, este dato no parece reflejar un entusiasmo democrático o una mayor confianza, sino la ausencia de alternativas. Los partidos consolidados lograron movilizar sus votos sin competencia significativa, mientras que el boicot representa la retirada de una gran parte de la población.
En definitiva, la estabilidad iraquí no depende solo del sistema político, sino del equilibrio (y desequilibrio) permanente entre clero y Estado. Los resultados ofrecen un país donde la estabilidad democrática (e.g. funcionamiento básico de las instituciones, ausencia de guerra abierta, continuidad administrativa y garantías de participación electoral) se mantiene a costa de cualquier transformación sustantiva del sistema, lo que empuja a preguntarse qué papel ocupa la estabilidad en una democracia ausente de legitimidad.
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